¿Urnas o concurso por oposición?

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empeñarse en sostener la elección popular de jueces, pone en riesgo el orden jurídico mexicano.

En México, el derecho no es una abstracción: es el conjunto de reglas que permite que la vida en sociedad funcione, que los conflictos se resuelvan y que los derechos humanos de todos se respeten.

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A este entramado se le conoce como orden jurídico mexicano: una estructura de normas, instituciones y principios que, organizados jerárquicamente, regulan la actuación del Estado y de las personas.

En términos sencillos, el orden jurídico es el “sistema de reglas” que define lo que podemos o no hacer, y cómo se resuelven los conflictos. Tiene su base en la Constitución de 1917, que es la ley suprema, y se complementa con leyes, reglamentos, jurisprudencia y costumbre.

Este sistema descansa en un principio fundamental: la división de poderes. El Poder Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial las interpreta y resuelve controversias.

Sin un Poder Judicial fuerte e independiente, el orden jurídico pierde su equilibrio.

Por eso, históricamente, México ha apostado por un modelo profesional basado en la carrera judicial y concursos de oposición, donde el mérito técnico es el principal criterio para ser juez.

El marco convencional: una obligación internacional

México no está solo en este diseño. Forma parte de tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar un Poder Judicial independiente, imparcial y profesional.

Organismos internacionales han recordado que los jueces deben seleccionarse mediante procedimientos objetivos, transparentes y basados en mérito, precisamente para asegurar el derecho de todas las personas a un juicio justo.

La reforma judicial: de la técnica al voto popular

La reforma constitucional impulsada por Morena en 2024 cambió radicalmente este modelo. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular.

México se convirtió así en el único país del mundo con este esquema generalizado.

La propuesta se justificó con el argumento de “democratizar” la justicia. Sin embargo, el cambio sustituye un sistema basado en conocimiento técnico por uno regido por la lógica electoral.

El costo oculto: jueces populares, pero no necesariamente competentes.

Elegir jueces en las urnas implica trasladar decisiones altamente especializadas al terreno de la política. Pero juzgar no es hacer campaña: requiere formación jurídica profunda, experiencia y rigor técnico.

Diversos análisis han advertido que el voto popular no garantiza la idoneidad de los perfiles ni la calidad del sistema de justicia, debido a la ausencia de filtros técnicos robustos.

El riesgo es evidente:

Փ El electorado difícilmente puede evaluar trayectorias jurídicas complejas.

Փ Las campañas incentivan discursos simplistas o populistas.

Փ Se reduce el peso del mérito frente a la popularidad.

Como resultado, se corre el peligro de tener jueces más conocidos que preparados, lo cual deteriora la calidad de las resoluciones judiciales y genera incertidumbre jurídica.

La amenaza a la certeza y al Estado de derecho

La certeza jurídica —es decir, la confianza de que las leyes se aplicarán de forma coherente— depende de jueces capacitados e independientes.

Cuando la elección depende del voto, los jueces pueden verse tentados a resolver pensando en su permanencia política, y no en la legalidad del caso.

Expertos y organizaciones han advertido que este modelo puede:

◆ Politizar las decisiones judiciales, al responder a intereses electorales.

◆ Debilitar la independencia judicial, al introducir presiones externas.

◆ Afectar el equilibrio entre poderes, comprometiendo el Estado de derecho.

El verdadero costo: la pérdida de autonomía judicial

El mayor riesgo no es solo la inexperiencia, sino la pérdida de independencia.

La justicia debe ser contrapeso del poder político, no su extensión. Sin embargo, la reforma ha sido señalada como un mecanismo que podría capturar o someter al Poder Judicial a las lógicas del gobierno en turno.

Cuando los jueces dependen de procesos políticos para llegar o mantenerse en el cargo, la línea entre justicia y política se desdibuja peligrosamente.

¿Democratización o regresión?

La reforma responde a un diagnóstico real: la existencia de problemas de corrupción e ineficiencia en el sistema judicial, pero la experiencia reciente pone en evidencia en que la solución no era sustituir el mérito por el voto, sino fortalecer los mecanismos de selección y evaluación.

El cambio partió de una premisa equivocada, y la prueba es el meme nuestro de cada día, el bochornoso y grotesco espectáculo de ministros y magistrados exhibiendo su ignorancia e impericia, pero estamos a tiempo de revertir y reencausar el procedimiento de selección judicial: en las elecciones intermedias, a verificarse en el 2027, votemos por candidatos a diputados que se comprometan a revertir la reforma judicial, privilegiando la experiencia y el concurso por oposición, y no el voto popular para la elección de jueces, magistrados y ministros.

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