1

Solicitan comparecencia de Daniel Gallo Rodríguez ante Congreso de BCS

FOTO: Congreso.

 

La Paz, Baja California Sur (BCS).Este día, el abogado Arturo Rubio Ruiz, solicitó ante el Congreso del Estado la comparecencia de Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en relación a su permanencia en dicho puesto por 11 años, argumentando que con base en las leyes, debió durar sólo tres.

En la Mesa Directiva del Congreso de BCS se dio lectura a su solicitud, quedando turnada a la comisión de Asuntos Políticos, con lo cual, se recibe y daría continuidad a esta propuesta ciudadana. Su petición señala que la Constitución del Estado es claro en establecer tres años para la presidencia del Tribunal de Justicia, sin embargo, Gallo Rodríguez ha sido reelecto en cuatro ocasiones.

En su documento, Rubio Ruiz refiere que “el Artículo 95 de la Constitución Política de la entidad, establece en su párrafo final, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado durará en su encargo tres años. El constituyente estableció la limitación temporal del encargo, para evitar que se formaran cotos de poder y se perpetuara una persona en el encargo”.

Sin embargo, continúa: “el actual Presidente del Tribunal de Justicia Estatal lleva ejerciendo ilegalmente el encargo durante 11 años, consecutivos en ininterrumpidos, violando flagrantemente la Constitución del Estado (…) El hecho de que el magistrado Presidente del Tribunal en cita haya resultado reelecto por sus pares, para ocupar dicho cargo en cuatro periodos consecutivos, no legitima su nombramiento, pues la autonomía del Poder Judicial no implica que el pleno judicial pueda erigirse en poder supraconstitucional”.

Finalmente, con fundamento en la Fracción XVII del Artículo 64 constitucional estatal, el ciudadano solicitó la comparecencia ante la tribuna del Congreso de BCS, al Presidente del Tribunal de Justicia “a efecto de que se pronuncie al respecto. Justa, fundada, motivada y procedente mi solicitud, espero se acuerde favorablemente a la misma, agradeciendo de antemano la celeridad con que se sirvan obsequiarla”, concluye el documento leído en la tribuna del Congreso estatal.

 




Ciudadanos mandatan a Diputados de BCS resolver sus diferencias

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Derivado de los recientes conflictos al interior del Poder Legislativo local, el licenciado Jesús Arturo Rubio Ruiz presentó un Mandato Ciudadano ante la Mesa Directiva de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, solicitando a los legisladores sudcalifornianos la creación y conformación de una Mesa de Diálogo en la que intervengan mediadores para la solución del conflicto interno que vive el Congreso, lo anterior, de acuerdo al documento en cita, ante la incapacidad de solucionar sus problemas por sí mismos.

La mediación propuesta estaría a cargo de un grupo ciudadano conciliador integrado por representantes de la sociedad civil, organizaciones empresariales, colegios de profesionistas y representantes de partidos políticos, quienes, con pleno respeto a la autonomía y soberanía del Congreso del Estado de Baja California Sur, intervendrían como conciliadores para abonar a la reflexión y la solución pacífica de los conflictos internos del Poder Legislativo.

 

“Me apersono mediante la presente petición de particulares para hacerles un encarecido llamado a la integración de un verdadero parlamento, ya que en los últimos meses, pese a la pandemia que vivimos y las consecuencias colaterales de la misma en materia económica, el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, se ha convertido en un centro de polarización política que en nada contribuye a la estabilidad de la vida democrática de nuestro Estado”, se puede leer en el documento que presentó el día de hoy Rubio Ruiz.

 

Esta petición se realiza al amparo de lo establecido en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 106 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

 

Asimismo, vía redes sociales, Arturo Rubio pone a disposición pública un formato simplificado de este de Mandato, para los ciudadanos que deseen sumarse a la propuesta y solicitar a los diputados que se sometan a una mediación para la solución pacifica de sus diferencias. Este formato deberá solicitarse al citado abogado quien lo hará llegar vía correo electrónico, en una sola hoja, a la que solo hay que ingresar el nombre y correo electrónico del promovente, acompañar de copia del INE y presentar en oficialía de partes.

Baja California Sur, necesita un Congreso unido, un Congreso que dialogue y construya, lamentablemente y evidentemente, los conflictos personales e internos los han superado, no han podido por sí mismos solucionar sus diferencias bajo los esquemas de la coordinación y concertación política”, manifiesta Rubio Ruiz en el cuerpo del documento en cita.




Liberan a John y Joella; siguen en proceso pero fuera del Cereso

FOTOS: Cortesía.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de 93 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta capital, acusados por despojo agravado con furtividad, John Joseph Moreno Rutowski y Joella Corado fueron liberados este lunes, con la resolución a su favor de un amparo federal; ahora, y tras pagar 15 mil pesos de fianza cada uno, se ha indicado que el proceso en su contra sigue pero fuera del penal, por lo que tendrán que estar yendo a firmar al Poder Judicial del Estado.

El caso de John y Joella ha llamado la atención de la sociedad civil, sumándose varios, moralmente y en su defensa, al considerarlo un “preso político”, pues el primero ha representado a pescadores de Punta Lobos, cerca de Todos Santos, al Sur del municipio de La Paz, quienes se han opuesto a la instalación del desarrollo turístico Tres Santos; se presume que fue esta la causa “no oficial” de haberlo aprehendido, y en su momento se delataron diversas irregularidades, como el uso de pruebas falsas, lo que Arturo Rubio Ruiz calificó como “terrorismo de Estado”.

También te podría interesar Feminicidio en Baja California Sur. La violencia nuestra de cada día (III).

El mismo abogado, a través del un breve texto por redes sociales anunció que “siendo las 14.00 horas del 21 de agosto, la Juez Primero Penal de La Paz, BCS, resuelve otorgar la libertad provisional bajo caución a John Moreno. Segurá enfrentando la acusación del supuesto delito de despojo pero sin restricción de su libertad personal. En cumplimiento a la resolución de amparo otorgado a John por la Justicia federal, se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se revocó la misma para dictar en su lugar una libertad caucional.”

Este lunes, tras ser liberados John y Joella, fueron recibidos por su familia, activistas y pescadores de Todos Santos, en las afueras del Cereso de La Paz. Alan Flores, de Diario El Independiente publicó que John Moreno “se dijo consciente de ser un “preso político” y expuso que su batalla legal y las denuncias interpuestas en contra del desarrollo inmobiliario “Tres Santos” fueron factor para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercitara acción penal en su contra, “cualquier conocedor en el ramo del derecho lo podrá advertir muy rápido”, dijo el abogado”.

“Finalmente relató —se cita en la misma fuente— que en sus más de 3 meses en prisión preventiva fue bien recibido por sus compañeros de celda, “son unas personas muy buenas, unos seres humanos que la verdad mis respetos por ellos”, así como con el personal administrativo y guardias del Cereso de La Paz, quienes aseguró “en todo momento me mostraron mucho respeto (…) Siempre me dieron mi espacio, pues uno simplemente se dedicó a reflexionar, a estudiar, a leer, yo no salía de mi celda más que de vez en cuando a escuchar los cantos que mis compañeros, toda mi familia y mis seres queridos me ofrecían por las tardes y por las noches”.




Represión, fabricación de delitos y mentiras oficiales en BCS

Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

También te podría interesar La prisión preventiva oficiosa: el remedio a la incompetencia.

Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales“.

Yo no “descalifiqué” al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.




Diego, el litigante

Diego Fernández de Ceballos. Foto: Proceso.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mi admiración por Diego Fernández de Ceballos data de hace cuarenta años. Yo era agente del Ministerio Público Federal y él era un pujante abogado penalista. Lo que haya realizado años después, ya encumbrado como prominente político, es harina de otro costal.

Entonces, me desempeñaba como jefe de control de procesos en la PGR, y tenía a mi cargo el grupo XII que abarcaba los estados de Chiapas y Yucatán. Es en ese entonces que por motivos laborales conocí a Diego, no personalmente, sino a través de sus promociones presentadas por escrito en los tribunales federales, unos diez años antes de que iniciara su carrera política como diputado. Era un combativo abogado penalista, y en sus escritos desplegaba una gran calidad argumentativa. Eso es lo que generó mi admiración.

También te podría interesar El caso de las luminarias del Ayuntamiento de La Paz

Para ubicarnos en el contexto histórico, en ese tiempo todo nuestro sistema penal era positivista, y se regía la argumentación bajo el esquema a veces simplista, de la lógica aristotélica. Premisa Mayor, Premisa Menor y Conclusión. Aplicado al derecho penal, llevó ese sistema a grandes injusticias que sobre poblaron las cárceles mexicanas. “Si parece delito, es delito”; “en caso de duda condena”, y el principio “in dubio societas” se imponía al “in dubio pro reo”. No existía la presunción de inocencia, aunque en el discurso se dijera lo contrario.

Contra la lógica aristotélica positivista, surge una corriente inspirada en la corriente filosófica griega clásica que diera origen a la escuela romana de los proculeyanos, liberales y contestatarios, que influyeron en la escuela alemana, de la que emergen los modernos penalistas, que nos hablan del funcionalismo y garantismo.

Esa escuela es la que moldea el pensamiento de litigantes como Diego que a finales de los 70’s hicieron una gran contribución reformista a nuestro sistema de justicia penal.

Era común en los 70’s y 80’s que llegara el ejército a las plantaciones de marihuana o amapola en las zonas serranas, y detuviera a los cultivadores –indígenas en gran proporción—, y se les procesara penalmente por la siembra y cultivo de la hierba, mientras los grandes traficantes, como Caro Quintero, en el Pacífico, y Díaz Parada, en la zona del Istmo, acumulaban enormes fortunas comercializando la droga, lejos del brazo de la ley. A los campesinos los detenían y en automático les imponían condenas de siete años y dos meses.

Gracias a la argumentación de abogados como Diego Fernández de Ceballos, la Suprema Corte terminó por reconocer que a esos campesinos no los movía el “animus doli” —el deseo de delinquir—, sino la extrema necesidad, la ignorancia y la falta de oportunidades. Criterios reiterados llevaron a modificar el Código Penal Federal, y muchos campesinos, recuperaron su libertad. La mayoría de ellos ni siquiera hablaba español y realmente nunca entendieron los pormenores de los procesos que los llevaron a prisión.

Con Diego se inicia el ejercicio en el foro judicial, de exigencias garantistas, soportadas en impecables ejercicios de argumentación jurídica, con bases que inspiraron a la postre la gran reforma al sistema penal del 2008. No fue el único ni el más importante, pero si el que mejor argumentaba. Como Jefe de control de procesos en PGR tuve oportunidad de leer todas sus promociones en procesos federales, y de ahí mi reconocimiento y admiración al abogado visionario. Que después haya alcanzado un enorme poder y se le relacione con descarados actos de corrupción, es una historia posterior.

Es a los tiempos de su abuso del poder, posteriores a la brillantez en el litigio, los que generan todos los comentarios malos que aparecen en la foto que publiqué en Facebook. Sobre ellos no tengo nada que decir, probablemente esa mala fama la tiene bien ganada, pero –insisto—, esa es harina de otro costal.

Diego Fernández de Ceballos con Arturo Rubio Ruiz. Foto: Cortesía.

Mi admiración y respeto es al abogado que hace cuarenta años aportó al sistema judicial mexicano una tendencia revolucionaria, garantista y humanista. Lo que haya hecho después, ya sentado el poder, no le resta mérito a su aporte previo.

Si nos fijamos, solamente por la edad de quienes comentan en esa publicación, ninguno de ellos tuvo oportunidad de conocer al penalista Diego de los 70’s y 80’s, y solo conocen el lado oscuro del personaje.

Cuando tengan oportunidad, acudan a la Casa de la Cultura Jurídica, y pidan la versión pública de los procesos penales contra los indígenas por cultivo, previos a la reforma que refiero. Se van a sorprender de la riqueza argumentativa empleada por los defensores de esa corriente, y de entre ellos, Diego fue el más destacado. Compartirán seguramente mi reconocimiento a ese importante aporte dado a nuestro sistema de justicia penal.

Si me dicen que años después, abusando del poder político hizo cosas descalificables, les diré que por ello merece el mayor de los reproches, pero el brillante penalista que hizo un enorme aporte hace 40 años, ahí queda. Podrán denostarlo y condenarlo a cadena perpetua y diez años más por todo lo que hizo después, al amparo del poder, pero como dijo la viejita: “esa es otra historia”.