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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Arlene Moreno Maciel (PT) propuso reformar y armonizar el Código Penal para el Estado, para ampliar en Baja California Sur, la definición de abuso sexual, elevar las sanciones para los agresores y la obligación de acudir a talleres educativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado, así como establecer la atención psicológica especializada para la víctima, hasta su total recuperación.

La iniciativa reforma y adiciona el Artículo 179 referente al delito de abuso sexual. Forma parte de una agenda nacional impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para armonizar el delito de abuso sexual.

Establece que en lo sucesivo, también se considerará abuso sexual a “quien sin consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre si, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”.

Y es que la abanderada del PT recordó el reciente caso de agresión contra la Presidenta de la República, como ejemplo de que ninguna mujer está exenta de esta violencia, como lo viven miles de mexicanas cada día.

“Denunciar, es parte fundamental para erradicar estos abusos sexuales, así como lo hizo la presidenta e interpuso su denuncia, nosotras también debemos perder el miedo y no dejar pasar estas conductas que han perdurado en la sociedad”.

La propuesta mantiene que a quien cometa este delito se le impondrá una sanción de tres a nueve años de prisión, sin embargo eleva las multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Moreno Maciel manifestó su convicción de legislar para construir espacios seguros, sanciones y normas con el máximo peso de la ley, pues es una de las formas en las que puede contribuir al bienestar de la sociedad y en especial a las mujeres.

La propuesta, modifica también el concepto de acto sexual, en el cual se incorporarán los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

De igual manera, no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.

FOTOS: Modesto Peralta Delgado | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, la diputada Arlene Moreno Maciel presentó al Congreso del Estado, que se decrete sede temporal de los Poderes del Estado de Baja California Sur a San José del Cabo, para llevar a cabo la sesión solemne a las 18:00 horas el 8 de abril de cada año, en la Plaza Antonio Mijares, ubicada frente al Palacio Municipal; posteriormente los poderes regresarán nuevamente a su sede oficial en La Paz.

Al enlistar algunos pasajes históricos que refieren la actitud valerosa y comprometida de algunos ciudadanos del municipio de Los Cabos, la diputada Arlene Moreno Maciel señaló que es de suma importancia reconocer la importancia de la  participación de hombres y mujeres en los momentos más decisivos para la consolidación de la nación y del Estado, así como el reconocimiento al valor de quienes pusieron el interés general por encima de su bienestar personal, a aquellos que asumieron una responsabilidad cívica para las causas de la entidad.

Ahí mismo, la promovente añadió que, el honrar la memoria histórica de las poblaciones fundacionales de la entidad, conforma parte de las acciones para conmemorar el 295 aniversario de la fundación del municipio de Los Cabos.

“San José del Cabo no es solo un punto geográfico; es el corazón histórico de Los Cabos, cuna de tradiciones y crisol de culturas que han moldeado una identidad distintiva. Conmemorar su fundación es celebrar la historia viva de su gente y espíritu emprendedor que hoy, define a todo el municipio”, concluyó la legisladora del Congreso del Estado.

FOTO: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de salvaguardar el derecho en menores de 18 años, así como de personas con discapacidad, la diputada Arlene Moreno Maciel (PT) propuso reformar el Código Penal estatal en materia de terapias de conversión tanto para salvaguardar la integridad de ese sector vulnerable como para aumentar sanciones a quienes induzcan dichas prácticas, incorporando sanciones cuando se trate de servidores públicos, informa el Congreso del Estado.

A poco más de una año que las terapias de conversión quedaron prohibidas en México, aún prevalece la falta de armonización legislativa en algunas entidades, como es el caso de Baja California Sur. En el Código Penal estatal está normado en el capítulo de discriminación, sin embargo, no salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta también procura impactar en la Ley de Salud estatal, buscando mayor protección y en su caso, la reparación del daño integral de las víctimas, estableciendo consecuencias en el caso de atentar contra el libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta de Moreno Maciel aumenta al doble la sanción actual, es decir de cuatro a 12 meses de prisión y multa de 2 mil  a 4 mil veces el valor diario de la UMA, a quien “realice, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad”.

En caso de que quien incida en la conducta, se valga de función pública para cometer el delito, la victima podrá presentar una denuncia para iniciar la investigación de los hechos. En caso de incumplimiento del Ministerio Público, éste será sancionado conforme al Código Penal y la legislación aplicable.

También considera que, en los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.

En tanto en la reforma a la Ley de Salud, establece en el Artículo 32 Quater que, las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, esa conducta serán sancionadas conforme el Artículo 205 bis del Código Penal estatal y serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años, concluye el Congreso del Estado.

FOTOS: Archivo / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Arlene Maciel presentó una proposición con punto de acuerdo exhortando al Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) para que analice la incorporación en su plan anual de gastos, una partida destinada a la rehabilitación y mantenimiento anual del Teatro de la Ciudad de La Paz.

Destacó la importancia que el Teatro de la Ciudad de La Paz y la necesidad de que esté en óptimas condiciones, pues es pieza fundamental para garantizar los derechos culturales, mismos que son parte esencial de los derechos humanos y tienen como objetivo primordial alcanzar la dignidad humana a través de su visibilidad, promoción, protección y respeto, se lee en el comunicado del Congreso del Estado.

“Estamos conscientes que el año pasado se realizó una inversión aproximada de 4 millones de pesos”, expresó la Diputada de PT, inversión que se hizo en cuatro etapas y se tradujo en la impermeabilización de mil metros cuadrados en el área de butacas; alfombrado de toda la planta baja; pintura a la fachada principal y rehabilitación las letras exteriores y  de un salón de la escuela de teatro, sin embargo, dadas las condiciones en que se encuentra actualmente, esa inversión no es suficiente.

El recinto fue inaugurado el 26 de enero de 1986 y reinaugurado el 2 de marzo de 1987, y ha sido testigo de obras teatrales, ópera, música, danza, eventos escolares y cívicos, conferencias, festivales e informes de gobierno, ofreciendo espectáculos de elevada calidad artística, tanto local, nacional e internacional. La propuesta de la diputada Moreno Maciel, fue turnada a Comisión Permanente de Cultura y Arte.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Buscamos un cambio real, inmediato y aplicable porque la violencia en todos sus tipos, es un problema de toda la sociedad, no sólo de las mujeres”, afirmó la diputada Arlene Moreno Maciel, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, al iniciar los trabajos del III Parlamento de Mujeres, que concluirá con la sesión solemne el jueves 28 de noviembre en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón.

Junto a las diputadas secretarias, Alondra Torres y Dalia Collins Mendoza, acompañadas de autoridades de los tres niveles, poderes y autoridades organizadoras como el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, inauguraron los trabajos que iniciaron la tarde del martes 26 de noviembre, con 20 integrantes.

Moreno Maciel explicó que la intención es accionar, trabajar erradicar y cambiar la cultura, y usos y costumbres que afectan a las mujeres, «pero que también tenga un impacto en nosotras, en nuestras hijas, en otras generaciones y que haya hombres deconstruidos», se lee en el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Afirmó que el objetivo del III Parlamento de Mujeres es no sólo legislar con perspectiva de género para erradicar la violencia en todos sus tipos, si no que se genere un cambio verdadero, porque la violencia es un problema de toda la sociedad y no sólo de las mujeres “queremos hacer un cambio real, inmediato, que ya no haya cabida para expresiones machistas; buscar protegernos entre mujeres».

Por su parte, la diputada secretaria Alondra Torres se comprometió a dar seguimiento a las propuestas que deriven del parlamento, desde las comisiones de igualdad de género como de asuntos políticos. Más tarde se llevó a cabo la elección de la mesa directiva que dirigirá los trabajos de la sesión solemne del III Parlamento de las Mujeres de BCS.

Posteriormente, se instalaron las mesas de trabajo, en las que las parlamentarias trabajaron en tres mesas, 1: Entornos urbanos y seguros, 2: Violencia digital y redes sociales y 3: Autocuidado y prevención de la violencia.