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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de la sesión de la diputación permanente en el Congreso del Estado, la Diputada Anita Beltrán Peralta rindió el informe del tercer año de trabajo legislativo y de gestión social del que destacó 30 iniciativas, 34 dictámenes en acciones a favor de condiciones de igualdad para personas con discapacidad, niñez, jóvenes, transparencia, registro civil, entre otros.

Al hacer uso de la máxima tribuna del Estado por última vez como diputada plurinominal de la XV Legislatura, Beltrán Peralta dijo encontrarse completamente satisfecha por el deber cumplido, porque “me conduje siempre con respeto y congruencia; porque antepuse siempre mis ideales y convicciones, honrando la representación popular y mi investidura como Diputada, dignificando la participación de las mujeres y apoyando e impulsando a las juventudes”.

Ante la mesa directiva y la dirigencia de su partido, la Diputada entregó a las diputadas electas por su partido, de la XVI Legislatura, Gabriela Cisneros y Paz Ochoa Amador, el compendio de su trabajo legislativo en la XV Legislatura e iniciativas pendientes, a las que les pidió dar seguimiento.

La diputada destacó entre su trabajo legislativo 106 acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales de los sudcalifornianos con temas de relevancia como la creación de clubes de música, canto y lenguaje de señas mexicano en escuelas públicas; señalización de estacionamientos frente a viviendas de personas con discapacidad; aplicación de la prueba del tamiz ampliado a infantes.

También adiciones a la Ley de Turismo para establecer el turismo accesible; regulación de la adopción de jóvenes mayores de edad; proyectos inmobiliarios de vivienda accesible para personas con discapacidad; participación política de las personas con discapacidad; reforma al Código Penal en relación con la importancia de mayor influencia y atención por parte de los gobiernos en materia de maltrato familiar, proponiendo este delito pueda seguirse de forma oficiosa.

Además de promover la expedición de constancias de concubinato por parte de las Oficialías de Registro Civil Estatal para brindar certeza jurídica; y la legislación para la creación de un Padrón de deudores alimentarios; servicios bancarios adaptados a múltiples discapacidades, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de ampliar derechos y eliminar obstáculos legales para el ejercicio de la docencia por parte de los comisionados y personal profesional del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, la diputada Anita Beltrán Peralta propuso modificar el Artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, informó el Congreso de Baja California Sur.

La representante del PRI dijo que la disposición vigente contraviene a la Constitución General, que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, mientras que la legislación en materia de transparencia, si bien permite la docencia, no permite recibir remuneración alguna por esta profesión o actividad extracurricular.

En ese tenor, propone modificar el articulado a fin de que los comisionados y el personal profesional del Instituto puedan realizar actividades docentes y científicas en instituciones públicas y privadas, “las cuales podrán desempeñar fuera de su horario de trabajo siempre que no interfieran con sus funciones”.

También propone eliminar obstáculos legales para el ejercicio de la docencia, la profesión y la función pública estatal en Baja California Sur para sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de incorporar  el elemento “biopsicosocial” a  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y Adolescentes  del  Estado  de  Baja  California  Sur reconociendo la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los  derechos  de  las  personas  adolescentes  en  correlación  con  la  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para este sector de la población, la diputada Anita Beltrán Peralta presentó una iniciativa  con  proyecto  de  decreto por la que  se reforman y adicionan diversas disposiciones, informó el Congreso sudcaliforniano.

La visión de legisladora es reconocer el elemento biopsicosocial en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que éste existe e impacta de manera directa, de forma endógena o exógena, la vida y el desarrollo de las y los adolescentes.

Apuntó que, al ser el adolescente una persona sujeta de derechos no puede estar aislada de los componentes biológicos como ejemplo la carga genética, el funcionamiento fisiológico, su estructura corporal, el estado de salud y sus afectaciones.

En lo correspondiente a las aportaciones psicológicas, existen diversas variables en las que destacan las creencias e ideas, los hábitos y las costumbres, las emociones y sus trastornos mentales; y por lo que corresponde a la consideración social, influyen las interacciones personales, grupales, escolares y familiares, el contexto comunitario y la cultura.

La conjunción de estos elementos construye un modelo de 3 dimensiones en las que su configuración condiciona el desarrollo biopsicosocial de las personas, sin excluir desde luego a los adolescentes, tanto a quienes despliegan conductas con apariencia de delito como de los que no lo hacen. La prevalencia de desintegración familiar, desinterés parental, abandono, adicciones, alcoholismo, pobreza, hambre, deserción escolar, exclusión comunitaria, desempleo, violencia, y en general, condiciones nocivas entorno a la vida de las y los adolescentes, condiciona el pensamiento humano y el movimiento corporal logrando como resultado el despliegue de conductas delictivas.

Con estas consideraciones la diputada pretende realizar los impulsos legislativos para que en cualquier materia prevalezca y se garanticen el interés superior de la niñez.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por considerar riesgos a la intimidad y la vida privada en el desarrollo de tareas y actividades de manera virtual, derivado de la pandemia por el COVID-19, la diputada Anita Beltrán Peralta propuso reformas y adiciones a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado, informó el Congreso sudcaliforniano.

Al no admitir su consentimiento, dado que considera que su privacidad se invade, nos hemos colocado en el ámbito del derecho de la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, afirmó la representante del PRI; indicó que la información personal, los atributos de las personas, la imagen, el honor, la honra y la personalidad, son los considerandos que se ponen en riesgo en un tiempo y en un espacio en el que la extorsión y el riesgo son una constante que amenaza la dignidad y la integridad personal cotidianamente.

Las propuestas consisten en adicionar una porción normativa a la fracción XIV del Artículo tercero, el primer párrafo del Artículo Sexto, adicionar un segundo párrafo a las fracciones I, II, V y VI del Artículo 75 y se adicionan los párrafos segundo y tercero al Artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales.

En ese sentido, al Artículo sexto se le agrega que “el derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Mientras que en el Artículo 75 se adiciona que “tratándose de sujetos obligados, de naturaleza educativa, públicas y privadas, de todos los niveles y de todas las modalidades, deberán realizar jornadas de capacitación a personal docente y administrativo en materia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales”.

Así como que para el acceso y manejo de la información, datos personales, datos personales sensibles, sin excepción alguna, será necesario la emisión de los avisos de privacidad, por medio virtual o presencial, así como del mutuo consentimiento de los educandos con el personal docente y administrativo, y viceversa. Éstos últimos serán considerados encargados conforme se dispone en el Título Cuarto de dicha Ley.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Anita Beltrán Peralta, propuso reformas a la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad a fin de que quede plasmado en dicha ley, la adaptación de espacios físicos, arquitectónicos, así como aplicaciones y tecnologías dirigidas a la población con discapacidad en el uso de servicios bancarios, informó el Congreso de Baja California Sur.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el Congreso de Baja California Sur, sostuvo que la mayoría de los dispositivos distribuidos en Baja California Sur, carecen del catálogo de opciones de accesibilidad para que las personas en condiciones de discapacidad y/o limitación de alguna capacidad corporal o intelectual estén socialmente integradas, con espacios óptimos en ventanillas de atención, cajeros automáticos (ATM) de todas las firmas bancarias nacionales y extranjeras que ofrecen servicios en el territorio estatal.

Para la propuesta de dicha iniciativa, la diputada Beltrán Peralta consultó normas y acuerdos nacionales e internacionales, por lo que afirmó que la ausencia de estas medidas constituye actos de discriminación que impactan en las satisfacciones de sus necesidades básicas. “Nuestro argumento es muy sencillo, pero es importante, se trata de un asunto de igualdad sustantiva para las personas con discapacidad y otras consideradas como integrantes de grupos vulnerables”, recalcó.

En concreto, propone adicionar una fracción tercera al Artículo nueve sobre actos de discriminación: “actos discriminatorios por motivos de discapacidad los siguientes: no facilitar el acceso a los servicios bancarios, y no contar con la implementación aplicaciones digitales accesibles, ni de cajeros automáticos adaptados, correctamente señalados para múltiples discapacidades, tales como discapacidad visual (Braille), discapacidad motora (Altura correcta para silla de ruedas) y discapacidad auditiva o intelectual (Tableros de fácil entendimiento).

Añade a las facultades del Ejecutivo estatal el promover la implementación de servicios bancarios adaptados a múltiples discapacidades, así como cajeros en comercios que cuenten con total y seguro acceso para las personas con discapacidad, libres de toda barrera tecnológica y arquitectónica.

Reforma el Artículo 96 a fin de que en entidades bancarias, los cajeros automáticos inteligentes, cajeros para pago de servicios, casas de cambio, estén adaptados a múltiples discapacidades de la población.