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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En días recientes, Tatiana Clouthier, diputada federal de Morena y ex coordinadora de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su libro Juntos hicimos historia, en el que señala que en 2006, Enrique Coppel no sólo apoyó abiertamente a Felipe Calderón sino que fue uno de los empresarios que estuvo detrás de la guerra sucia contra AMLO, y que en 2018 encabezó un movimiento en favor de José Antonio Meade. La aversión de los hermanos Coppel a López Obrador no es nueva, su “pejefobia” es bien conocida, pues en 2006 los trabajadores de Grupo Coppel recibieron llamados para votar por Felipe Calderón del Partido Acción Nacional. Asimismo, en 2018 Enrique Coppel fue uno de los partidarios de la unión del Partido Revolucionario Institucional y el PAN para derrotar a Morena. Ese proselitismo político parece ya haber traspasado los límites de lo permitido electoralmente.

Clouthier también señala que Agustín Coppel generó una campaña negra para las elecciones de 2018 mediante la empresa Expertaria, que inició desde 2016 y cuyos integrantes crearon vídeos, memes, bots, trolls y páginas falsas cuya función era denostar al candidato de Morena y favorecer a Ricardo Anaya, todo dentro de una operación internacional, cuya base general de operaciones fue una casa con el número 245 en la calle de Berlín en laAlcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. De acuerdo a Tatiana Clouthier, en esta campaña se sumó Enrique Krauze después de concertar su colaboración con Agustín Coppel.

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«Juntos hicimos historia» de Tatiana Clouthier

Gente cercana a Krauze, como Fernando García Ramírez, columnista en El Financiero y parte del consejo editorial de Letras Libres —publicación dirigida por Krauze— coordinó la elaboración y difusión de temas para denostar a AMLO, como el ya famoso caso de la intervención rusa en el proceso electoral mexicano de ese año o el del Eje México-Caracas-La Habana, entre otros; toda la información generada se almacenó en el portal PejeLeaks.Org, sitio patrocinado por empresarios mexicanos para difundir fake news en contra del tabasqueño. Las acusaciones vertidas en Juntos hicimos historia incluyen también a los comentaristas Pablo Hiriart y Ricardo Alemán. Ante tales acusaciones —retomadas por Carmen Aristegui—la respuesta de Krauze fue hecha pública el 14 de marzo en el programa de noticias de la periodista; en su comunicado, niega todas las imputaciones y se dice víctima de una persecución desde el poder, mencionando que se reserva su derecho de tomar acciones legales.

La revelación de la campaña negra contra AMLO no paro ahí. El 14 de marzo aparece una investigación periodística en el portal Eje Central, titulada Operación Berlín: conjura anti-AMLO, en la que un informante llamado Miguel Ángel detalla la trama del complot. El 17 de marzo Aristegui Noticias publica el texto Krauze operó contra AMLO. Testimonio sobre la insidia, firmado por Ricardo Sevilla, quien al día siguiente declaró en entrevista con Carmen Aristegui que formó parte del equipo de Krauze, incluso que fue él quien lo reclutó y orquestó gran parte del complot mediático. Sevilla no sólo aseveró muchas de las revelaciones hechas por Clouthier, además detalló la manera en que funcionó el equipo de Krauze, desde lo operativo hasta lo administrativo, y dijo tener las suficientes pruebas para demostrar sus dichos.

Sevilla también mencionó que estuvieron involucrados varios panistas como Germán Martínez, ahora director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se adhirió a Morena poco antes de las elecciones presidenciales; también hizo énfasis en Margarita Zavala, entre otras personalidades del PAN. De igual forma, Sevilla aseveró que como parte del trabajo que efectuaban fabricaron tópicos para los debates electorales de Ricardo Anaya y con pleno conocimiento del candidato panista, señalando que todo fue financiado por los empresarios Alejandro Ramírez, director de Cinépolis; Germán Larrea, presidente de Grupo México; y Agustín Coppel, cerrando así la trama que Clouthier comenzó narrando con los hermanos Coppel. Lo anterior descubre el contubernio de empresarios, intelectuales y políticos en contra de AMLO durante el proceso electoral del año pasado. Las intenciones de Sevilla al confesar la confabulación y la operación de la campaña negra en la que participó, pueden basarse en su arrepentimiento —como él señala— o pueden ser una estrategia para no “hundirse” junto a Enrique Krauze y los otros conspiradores, después de lo que destapó Clouthier en su libro.

Ricardo Sevilla en el programa de Carmen Aristegui

Muy lejos está Krauze de ser coartado en sus libertades y mucho más de ser un perseguido en un país donde periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos caen ante las balas del crimen organizado y sufren represión de los diversos niveles de Gobierno, incluso ahora cuando la llamada Cuarta Transformación ha iniciado. Es importante recordar que la noche del 1 de julio pasado, Enrique Krauze dio su opinión sobre el triunfo de AMLO en el canal 2 de Televisa, dijo que López Obrador debía cuidar sus palabras: “…las palabras son las que cuentan, las palabras son las que hay que cuidar, la claridad de las palabras; si no creemos en las palabras, en el peso de las palabras, no creemos en la verdad, en la verdad objetiva […] tono, modales, formas, cultura y el respeto a la palabra”.

Esa noche Krauze reconoció con palabras conciliadoras y elogiosas al que en junio de 2006, en la revista Letras Libres, bautizó como “El Mesías Tropical”, en un ensayo erudito basado en el concepto del “Poder tropical de Tabasco”, referente a una fuerza espiritual ligada a la naturaleza. En ese entonces él empleó una palabra de “mucho peso”: Mesías, la cual con el tiempo derivó en una postura antiobradorista que permeó en gran parte de la sociedad. Desde entonces Krauze planteó una posición abiertamente contraria a las aspiraciones políticas de AMLO.

Con las recientes revelaciones de Clouthier y Sevilla, que descubren la participación de Krauze en la Operación Berlín, el intelectual derechista bien puede ser llamado Enrique Fakerauze, pues el elaborado entramado de la campaña negra se basó en memes, perfiles falsos y fake news dirigidos para descarrilar de la elección presidencial a Obrador. En las acciones realizadas dentro de la operación se puede determinar si se cometieron o no delitos electorales, pues todo estuvo patrocinado por empresarios nacionales, y en México la utilización de recursos económicos de empresas privadas para campañas que incidan en un proceso electoral está regulado, por lo que sin duda se requiere una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, La unidad de Inteligencia Finaciera de la Seceretaría de Hacienda y Crédito Público y demás instancias pertinentes.

Enrique Krauze

Después de que fue expuesto el Complot Berlín, en una de sus conferencias mañaneras, AMLO dijo que: Enrique Krauze es un buen historiador. Tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar […] al Estado para perseguir a críticos. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos.

Y es correcto que no sea Andrés Manuel López Obrador quien dirima esta batalla político-mediática, pues como Presidente ya no le toca a él medir las palabras de sus críticos, y más en el caso de Krauze, quien ha sido uno de sus más férreos detractores. Krauze respondió a AMLO mediante un tweet: Yo también lo respeto a usted, Señor presidente López Obrador. Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades. En un sólo tweet, Krauze olvidó su dura crítica y “abrazó” el proyecto obradorista; únicamente le faltó decir que aceptaba con el “corazón abierto” el advenimiento del “Mesías Tropical” en la Cuarta Transformación.

Enrique Krauze, devenido de adalid de la palabra y la verdad en propagandista de memes y fake news, ya sabrá por donde dirimir estas acusaciones, incluida la vía legal para responder a lo expuesto por Tatiana Clouthier y Sevilla. Por lo pronto todo parece indicar que el afamado intelectual de derecha poco tiene de demócrata y que es capaz de inventar la trama más ruin e inverosímil, como aquella basada en una supuesta injerencia rusa, misma que AMLO tomó como bandera para hundir la campaña negra en su contra al llamarse a sí mismo Andrés Manuelovich.

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Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La oposición ya se lamentó por la muerte del ex gobernador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora Martha Érika Alonso; ahora se regodean en la especulación y afilarán los comentarios tendenciosos para sugerir un magnicidio tramado desde el Gobierno Federal o la facción morenista de Puebla, con el segundo lugar de la pasada elección de gobernador Miguel Barbosa como figura central.

Por si fuera poco, en la Puebla de los Demonios tenemos otro ingrediente explosivo en esta trama política: el crimen organizado, sobre todo en su división huachicolera, que logró incrustarse en el estado gracias a la confabulación de algunas autoridades políticas, militares y policíacas, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex) con los saqueadores, de otra manera no se explica el grado de impunidad de esta modalidad de robo en la entidad.

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Días antes del accidente de la aeronave circularon algunas columnas de opinión, sobre todo en medios poblanos, en las que se llegó a mencionar que la ira de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para con Moreno Valle y Alonso era inconmensurable y de alcances inimaginables, debido al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tras la elección –manchada por el fraude– dio la gubernatura a la panista Martha Érika Alonso ante el descontento de un gran sector de los poblanos. Es así que «el caldo de cultivo» para hablar de conspiraciones políticas y un posible magnicidio serán en los días que siguen «la rebatinga» de las redes sociales y los medios acomodaticios.

La oposición buscará sacar de la muerte de los políticos poblanos el mayor beneficio, y es que así es la política; denostarán e intentarán desacreditar el proceder de las autoridades en la investigación del accidente. Y mientras Jesús Rodríguez Almeida funciona como responsable del gobierno en lo que se nombra un gobernador interino y se organizan nuevas elecciones, la oposición tal vez buscará aliarse para vencer a Morena, pues ya sin el control total del panismo sobre las autoridades electorales y de otras dependencias en el estado poblano, la cancha electoral será más pareja y mucho dependerá de las alianzas políticas y del descrédito que dé el Gobierno Federal logren los esbirros del prianismo en este lapso.

Lo más deseable en este turbio asunto es que se tratara de un accidente y que las autoridades lo esclarezcan con prontitud y no dejen lugar a dudas de los sucedido; por lo pronto las especulaciones sobre un posible atentado desde el crimen organizado y/o desde el gobierno no se dejarán esperar, de hecho, ya circulan en las redes diversos comentarios de algunos de los políticos «de medio pelo» más rancios del panismo y el priísmo, así como de los internautas más tirados a la derecha, de esos que no sólo no concuerdan con la nueva administración de la República, si no que la odian desde los puntos de vista —coherentes o ilógicos— más recalcitrantes.

Desgraciadamente, la transición política a la que estamos asistiendo ha incomodado en demasía a los sectores económicos y mediáticos alienados al priísmo y al panismo y, hasta que las autoridades no esclarezcan a cabalidad lo sucedido, desde la derecha más testaruda se dará una intentona de desestabilización de la nueva administración federal.

La fila de muertes, individuales y grupales, sin esclarecer en este país es por centenas milenaria y es necesario que se vayan solventando las investigaciones sobre éstas; ese debe ser uno de los puntos torales de este sexenio. Sin embargo, en este momento es indispensable que las autoridades investiguen a profundidad las muertes de Moreno Valle y Érika Alonso, pues en los tiempos de la encrucijada política que vivimos, es de vital importancia —por la estabilidad de país— que los decesos del senador panista y la gobernadora de Puebla sean esclarecidos con celeridad y con la transparencia que el asunto merece.

De no ser así, la ahora oposición hará lo que históricamente ha hecho hasta en sus filas cuando de muertes y asesinatos se ha tratado, enredar el asunto y sacar la mayor «raja política» de éste. Esperemos que en breve Puebla vuelva a ser de los Ángeles y no de los Demonios que desde hace tiempo la aquejan.

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FOTO: López Dóriga Digital / Interior: Red Es Poder.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La desinflada marcha fifí del 2 de diciembre es resultado de la impericia y falta de compromiso de los detractores del nuevo gobierno, aunque las mantas y pancartas impresas sí estuvieron listas. La convocatoria fue a nivel nacional y en el interior de la República tuvo repercusiones de hasta seis participantes como en el caso de Cuautla, Morelos (manifestación cancelada); y en la Ciudad de México pasó de 5 mil marchistas en la edición anterior a menos de un millar tras la toma de protesta como presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los detractores del nuevo gobierno tienen mucho camino que andar —y no me refiero a que hagan marchas de largo aliento: no se protesta sólo los domingos y el resto de la semana se critica por las redes, si se hace disenso político-social este debe ser el pan de todos los días aunque sea durante años y hasta décadas; se marcha cuando es necesario, así sea en lunes por la tarde o en viernes por la mañana; en el plantón se duerme, y a la mañana siguiente de ahí uno se va a trabajar y regresa por la tarde, y hasta se sale de viaje si en otro lugar necesitan refuerzos para levantar la moral y mostrar músculo al adversario.

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Los comentarios elitistas, desinformados y tendenciosos de algunos manifestantes de la segunda marcha fifí han quedado registrados gracias a Hernán Gómez, quien entrevistó a varios quejosos. Sus razonamientos van de lo ridículo a lo apocalíptico. El Zócalo capitalino —dijeron— se llenó de gente para la toma de posesión de AMLO porque les pagaron 500 pesos, ¡calcule usted la cifra gastada si asistieron más de 140 mil personas! Este comentario es la continuidad de las difamaciones de que hemos sido objeto desde hace décadas, tal vez el caso más sonado fue el plantón de Avenida Reforma en 2006; nuestros detractores sólo sabían decir que estábamos ahí por unos pesos y una torta, y al parecer siguen la misma línea de argumentación. Se refirieron a los mexicanos que arroparon a nuestro nuevo presidente como borregos, acarreados, manipulados, limitados y estúpidos; y como en la fifí protesta anterior, entre los asistentes permeaba el terror a volvernos Venezuela. La mentira y la difamación explayada por algunos de los detractores del nuevo gobierno es apenas una muestra de la verdadera dimensión de la vileza que encarnan sus dirigentes políticos.

El reciente comercial del Partido Acción Nacional (PAN) en el que se advierte: Estos hombres llevaron a la ruina a sus naciones. Todos ellos tienen algo en común: El autoritarismo, y aparecen las fotografías de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, José Stalin, Kim-Jong-Un y Adolfo Hitler; y que continúa: En México no dejaremos que esto pase. México es de todos, es una muestra de que ese partido –ahora una segunda y lejana fuerza política–, está sin rumbo. Lanzar una campaña de miedo y odio similar a la de 2006 de AMLO es un peligro para México, cuando fueron avasallados en las elecciones por más de 17 millones de votos con respecto a los obtenidos por su candidato Ricardo Anaya; puede ser interpretado como las patadas de un ahogado; inclusive se han portado menos ostentosos, aunque como siempre cínicos: los priístas que le exigen al presidente Obrador y a los legisladores de Morena transparencia, honradez y apego a la ley, ¡ahí está el chiste del año!

En la pasarela política del ridículo se pavonearon los legisladores panistas y le exigieron a Obrador que baje los precios de los combustibles, cuando ellos fueron con los priístas los artífices del incremento de los mismos; y en el colmo de la hipocresía, le gritaron en del 1 al 43, pero muy tarde se desgarraron la investidura que les da el Congreso: el Presidente estaba por firmar su primer decreto para llegar a la verdad sobre el crimen de Ayotzinapa. Es así que hoy los priístas exigen honradez y el PAN —que de origen es el partido con más tentaciones fascistas—, compara a nuestro nuevo Presidente con Hitler y vaticina un holocausto en un país donde sus simpatizantes son capaces de enlutarse por un aeropuerto, pero no por las centenas de miles de muertos producto de una estúpida guerra iniciada por el que llevaron a usurpar la Presidencia hace 12 años. ¿Qué hay más autoritario que consumar un fraude y empantanar a un país a una guerra interna?

Los mexicanos estamos divididos desde hace décadas y más atrás, ideológica y económicamente, lo que nos fracciona a grosso modo entre un 70% – 80% que apoyamos la Cuarta Transformación, y un 20% – 30% que la desestima, y aunque estos últimos hoy son minoría pertenecen a un sector poderoso económica y mediáticamente; por lo que los que creemos que es necesario un cambio en el país debemos defender el proyecto de nación que hemos diseñado en los últimos años. Ante las difamaciones callejeras o mediáticas y las campañas del odio que ya enarbolan los mexicanos de inclinación fascista, nuestra responsabilidad es defender lo que hemos logrado. Defenderemos al Presidente de ser necesario en las calles, y por supuesto en el razonamiento y la crítica escrita, y en el meme y con el hashtag, porque debemos contrarrestar a esos que hoy intentan ser oposición y aspiran a ser dignos adversarios, por que más allá de nuestras diferencias, nos estamos jugando el destino de la nación.

Protestar y ser resistencia ante un modelo económico, político y social con el que no estás de acuerdo, no significa hablar a la ligera y difamar al contrario. Protestar no es una moda, es un asunto de convicciones. Así que mis estimados adversarios político-ideológicos a practicar, tienen seis años durante los cuales nosotros, los de este lado, seguiremos siendo la oposición al sistema, ahora apoyando a nuestro gobierno, incluso a los que hablen de dobleces y reveses; y si mis ideas no les cuadran pues es de ustedes la libertad de expresión y me pueden replicar, ya que este nos es un régimen autoritario y disentir es su derecho, y si tienen convicciones políticas es además su obligación moral.

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FOTOS: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Enorme inquietud ha generado entre los habitantes de Baja California Sur, la declaración vertida por el presidente electo, en el sentido de someter a la consulta popular, el tema de la operación en la entidad, de la mega minería de metales preciosos a cielo abierto, tóxico lesiva y depredadora por definición. Y es que nadie sabe a ciencia cierta, de llevarse a cabo dicha consulta, quién, cómo, cuando y donde se llevará a cabo, qué autoridad convocará, qué marco legal regulatorio será aplicado, quién elaborará el cuestionario; a quién se consultará, y así las interrogantes, hasta completar un largo etcétera, sin contar que la dichosa consulta no resulta vinculante, si no se ajusta a un marco legal que la regule.

En tanto se resuelven las interrogantes, solicitamos al Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS, una opinión técnico jurídica de la consulta popular, a la luz del marco constitucional y convencional. Aquí presentamos el aporte emitido por el doctorando Marcos Ignacio Peralta Piriz, a quien agradecemos la forma sintética en que abordó el tema, y la sencillez del lenguaje empleado, que facilita la comprensión y el análisis del texto.

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Implicaciones

La consulta al gobernado, prevista en el Artículo 35 Fracción VIII de la CPEUM se halla contemplada como uno de los tantos derechos o prerrogativas inherentes al “ciudadano” enfatizando este concepto o definición (ciudadano), por la razones a las que más adelante haré referencia; la consulta popular al igual que la iniciativa ciudadana resultan ser un modelo que con clara limitantes empodera al ciudadano, pretendiendo constituir una muestra de una reingeniería jurídica teniente a la transición hacia una democracia directa.

Respecto de esta es importante destacar que las consultas populares presentadas dotan al ciudadano del derecho  para votar  sobre temas de trascendencia nacional, sin perjuicio de quien convoque a la misma de acuerdo a los incisos a), b) y c) del fundamento Constitucional citado.

Bajo ese contexto es importante definir con precisión que debemos entender por temas de “trascendencia nacional” y en qué casos puntuales acudir o promover este tipo de consultas; en principio y en mi opinión cualquier afectación a intereses del dominio público y que directa o indirectamente tengan por objeto la alteración o modificación del estatus jurídico y/o social de las personas que residen en territorio nacional (en lo general, para no puntualizar la infinidad de supuestos que podrían contemplarse) serán materia de estas consultas, siempre y cuando no se cuenta con la normatividad tutelar preexistente, de lo contrario estaríamos frente a una práctica ociosa sustitutiva del poder legislativo; esta figura podría ser comparable a lo que se conoce como “referéndum por vía de petición popular” lo cual es algunos sistemas no es otra cosa que la petición de los votantes sobre ciertas leyes aprobadas para que sean sometidas a su consideración.

No menos importante resulta definir el universo social que puede contar con dicha prerrogativa y como el artículo citado el inicio refiere de modo puntual al “ciudadano” y determinar que debemos entender como tal ya que la propia CPEUM define al ciudadano como la persona de nacionalidad mexicana en su artículo 34, mismo que necesariamente nos remite al diverso artículo 30, ambos de la norma constitucional la que describe que debe entenderse como ciudadano mexicano, excluyendo de forma clara y precisa a todo extranjero conforme lo dispone el artículo 33 de la propia Constitución, mismos a los que califica como “persona” y no “ciudadano”; en ese mismo orden de ideas no puede dejarse de lado que cualquier determinación que se adapte respecto de la instalación o no de la multicitada “minería toxica” es sin lugar a dudas afecta derechos sustantivos en caso de ser autorizada y fundamentalmente el o los actos de autoridad que eventualmente la permitieran resultan claramente violatorios de los derechos humanos del acceso al agua y del medio ambiente sano [1] como concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro.

En consecuencia y tal como disponen los Artículos 1º, 4º, 133, de la CPEUM, este derecho es inherente a “todas las personas” motivo por el cual debe definirse si el ámbito de decisión es privativo a los ciudadanos mexicanos o a toda persona nacional o extranjera que resida en territorio nacional, encontrándonos con una severa contradicción que deberá ser resulta y definida previamente a promocionar consultas de esta naturaleza.

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[1]  Artículos 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el Informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible.

FOTOS: Gladys Navarro y Roberto Galindo / PORTADA: Gladys Navarro.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha sudcaliforniana contra la minería tóxica –¿cuál no lo es?–, lleva de manera organizada más de una década y ahora está bien representada por diversas organizaciones civiles: agrupaciones nutridas de ciudadanos, colectivos que gozan del respeto de la sociedad, mismos que con el paso del tiempo han logrado decenas de miles de miembros y simpatizantes. En 2014 con la firma del Pacto de Todos Santos en una multitudinaria asamblea ciudadana –que no pudo ser boicoteada por los acarreados pro-mineros, ni por el silencio o tergiversación de algunos medios de comunicación–, se demostró que en Baja California Sur se quiere vivir libre de minería.

La popularidad anti-minera que ha rebasado por mucho a los pocos pro-mineros, es el resultado del trabajo en varios frentes contra diversos proyectos, cuyas vertientes de acción van desde informar a pie sobre los devastadores efectos de la minería, con el uso de redes sociales, en eventos culturales y, por supuesto, en las protestas que se han realizado. Por otro lado, los grupos más organizados han investigado sobre las legislaciones relativas al establecimiento o restricción para emplazamientos mineros, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, y han informado a la sociedad acerca de las leyes que protegen su hábitat y aquellas que lo afectan, lo que ha derivado en una participación civil más activa en el conflicto minero.

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A pesar de ello los pequeños grupos pro-mineros, manejados por grandes corporaciones, no han cejado en impulsar la mega minería tóxica, al igual que las otras pequeñas minerías, bajo falsas banderas como: “minería sustentable” o “minería responsable”… Podrían llamarla minería humanamente caritativa, eso no va a cambiar la animadversión de los sudcalifornianos. Cuando los “pro-mineros” se han manifestado se han evidenciado el acarreo y las dádivas otorgadas a los “manifestantes”, la mayoría gente de zonas humildes, susceptible de ser “convencida” de arengar sin saber el porqué, claro, motivada por ofertas de miles de empleos bien pagados; la eterna promesa del “progreso y el desarrollo”, que al final los empresarios mineros siempre rompen. Sudcalifornia no necesita esa ilusión, su vocación es el turismo, sustentado gracias a su naturaleza, a su Estado casi virgen, a su belleza del paisaje. Al menos, en el Sur del Estado muchos de los atractivos turísticos y la sustentabilidad económica dependen de la más importante reserva y fuente de agua dulce: la Sierra de la Laguna, la que pondría en riesgo el proyecto de mega minería tóxica Los Cardones.

La lucha social y legal se ha dado durante años. El movimiento anti-minero ha engrosado sus filas, así lo han demostrado las manifestaciones del pasado lustro, incluida la masiva reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lunes 17 de septiembre en La Paz, en la que más de 3 mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones; la minería submarina que quiere ser operada en el Golfo de Ulloa; y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular.

Manifestación en visita de AMLO a La Paz, septiembre de 2018. FOTOS: Gladys Navarro.

La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales… López Obrador no complació a la masa, pero hizo mucho más que otros ante los reclamos, dijo: “…lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera. Y sí, es cierto, el pueblo ya decidió, eso ha quedado claro desde hace años, sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, cuando protestó frente a TV Azteca. La consulta puede ser un arma poderosa para no sólo detener el proyecto Los Cardones, sino para adelantar el blindaje de Sudcalifornia contra la minería, pero eso dependerá del tamaño de la participación ciudadana.

Manifestantes apoyando el Pacto de Todos Santos. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera de TV Azteca en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta ciudadana en Cabo San Lucas, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta durante foro de presentación de la minería submarina en Ciudad Constitución, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

En asuntos tan delicados la política no puede ser ejercida del grito a la promesa y de esta a la ley para la complacencia del manifestante, como esperaban muchos, los que hoy inundan las redes con su decepción de quien aún no es Presidente en funciones. Además de que en el tema minero la decisión no sólo es del titular del ejecutivo, intervienen los poderes federales, sí, pero a través de diversas instancias, como la Semarnat, entre otras que al amparo de leyes a modo o manipulación de éstas han concedido permisos parciales a Los Cardones, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); o como el Cabildo Municipal de La Paz —el priísta, el de la legislatura pasada—, que violentando los procedimientos otorgó un cambio de uso de suelo a la empresa Desarrollo Zapal, mismo que fue negado en diferendo legal por el Cabildo panista actual. La ley no es tan digerible en beneficio social, es trocable, manipulable y en algunos casos benéfica para determinados aspectos de proyectos tan perniciosos como el que nos ocupa. Por lo anterior, la consulta ciudadana podría evolucionar una lucha de años, esa que se ha topado una y otra vez con autoridades y gobernantes que han favorecido a intereses ajenos a la entidad.

AMLO dijo: Y de una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur… …vamos a ser respetuosos, de verdad, del estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento, vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo, voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir sobre este asunto… Y ante el insistente grito de “ya lo decidimos” reviró: “Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad…”. Ahí está el anhelado “no a la mina”, pero menos romántico y subversivo de lo que esperaban muchos. De obtener una victoria abrumadora en la consulta se podría obligar a los diferentes niveles de gobierno a aprobar la iniciativa de ley ciudadana anti-minera que apenas hace unas semanas se discutía con el Secretario de Gobierno Estatal. Claro que la consulta no implica dejar de avanzar por el lado legal, ambas luchas pueden conciliarse, por ejemplo el 20 de septiembre pasado Lucía Trasviña, legisladora de Morena, presentó una propuesta de iniciativa de ley al respecto en el Senado de la República.

La respuesta de AMLO no fue obligada por los reclamos, ya se sabía que los manifestantes corearían el “no a la mina”. Era evidente que la asamblea se volvería el principal escaparate de la protesta anti-minera. Y aunque a muchos les pese, un Presidente elegido democráticamente, no puede y no debe mostrarse autoritario en sus decisiones, por más que se defiendan los Derechos Humanos más básicos. Que las leyes y la política se impulsen desde la plaza pública es maravilloso, pero la transformación de ideales y luchas en hechos se deben hacer en democracia y legalmente, eso implica la consulta ciudadana y el proceso legal que ya se está dando. Esas transformaciones no se deben hacer al grito de guerra, pues empezaríamos a deslegitimizar al que tal vez sea el Presidente más legítimo en décadas. Y si como algunos dicen, la consulta ciudadana sólo es valorativa y no efectiva, si todo depende de las leyes y de los legisladores, entonces ¿por qué exigir al presidente electo una solución si las leyes ya nos protegen? Sólo recuerden que antes ningún otro político del tamaño de AMLO nos tomó en cuenta para decidir un futuro sin minería.

Las consultas ciudadanas son para privilegiar la decisión de la gente, incluso por encima de los llamados intereses de la nación, que muchas veces son simulados; el asunto, es que los candados que han sufrido consultas pasadas —como la que se llevó a cabo en referencia a las reformas energéticas—, deberán ser removidos en los congresos, en los que ahora Morena tiene mayoría; de acuerdo a AMLO eso se hará a petición expresa de él una vez que tome posesión y mande la iniciativa correspondiente. No es momento de rechazar diferentes caminos de lucha, ni de dividir objetivos comunes en lo que se avizora como una democracia participativa. En este sentido será fundamental que las agrupaciones anti-mineras se involucren en la consulta ciudadana, en su organización, sobre todo en el tipo de cuestionamientos a ponderar. No es momento de dividir, sino de sumar y de redoblar esfuerzos. O qué, ¿creyeron que AMLO les iba a decir a todo que sí o no, dependiendo su postura?

Caravana de protesta en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera del Palacio de Gobierno del Estado en La Paz, 2018. FOTO: Roberto Galindo.