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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, con el objetivo de visualizar el derecho de las personas adultas mayores a que las autoridades competentes apliquen a su favor las medidas precautorias y de protección que se prevén en las leyes para la protección de su integridad y bienes, la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas (Morena) propuso adiciones a Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado.

Y es que la iniciadora refirió que a nivel internacional el sector de adultos mayores se identifica como uno de los grupos sociales en desventajas o en situación de vulnerabilidad en sus derechos humanos, por lo que se requiere de una atención especial de los Estados, sociedad civil y organismos internacionales.

La representante de la fracción de Morena dijo en tribuna que busca fortalecer el marco jurídico de las mujeres y hombres que se encuentran en su etapa de vida de adulto mayor con normas que garanticen plenamente su acceso a la justicia, en condiciones de igualdad.

Propone que se incluya en la ley, la obligación de que se garantice la integridad y el patrimonio de las personas adultas mayores, sin distinción de sexo, mediante la aplicación de las medidas precautorias y de protección que prevengan las leyes.

Así como que toda persona, institución o autoridad que tenga conocimiento de alguna acción, omisión, situación o hecho que vulnere o pudiera vulnerar derechos de alguna persona mayor, tiene el deber de denunciarlo por cualquier medio y sin necesidad de formalidad alguna ante las autoridades competentes.

Con esta propuesta se adicionaría en la fracción VI del artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que “A que se garantice la integridad y el patrimonio de las personas adultas mayores, sin distinción de sexo, mediante la aplicación de las medidas precautorias y de protección que prevengan las leyes; Construyendo una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, por mayoría de votos, el pleno de la XVI Legislatura aprobó adicionar un artículo 167 Bis al Código Penal para el Estado de Baja California Sur, reformar los artículos 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20,26, 28, 32, 42 y 46, y adicionar un párrafo segundo a la fracción I, y un segundo párrafo a la fracción III del artículo 28, reformar las fracciones II y V del artículo 30 y reformar la fracción 31 de la Ley de  los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Baja California Sur, a fin de que el abandono de las personas adultas mayores en Baja California Sur sea erradicado, del cual hasta entonces no se contaba con la capacidad legal ni  económica para hacerle frente de manera contundente, expuso la iniciadora, la diputada Marbella González.

Al respecto, la iniciadora señaló que la necesidad de legislar para que autoridades estatales y municipales asuman la representación jurídica de las personas adultas mayores obligará a las instancias competentes y a los familiares a que se responsabilicen de la atención debida del adulto mayor.

En ese tenor, quienes integran las Comisiones Permanente Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, De la Salud, la Familia y la Asistencia Pública y De Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad coincidieron con los argumentos vertidos por la iniciadora, y a favor de que se sancione a quienes tengan la obligación de dar alimentos a los adultos mayores, previsto en el Código Civil para el Estado de Baja California Sur en su artículo 450, artículo 452, artículo 455.

En la discusión del tema, la diputada María Luisa Ojeda González (PRD) urgió a reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para reglamentar el trabajo plural y colegiado de respeto a las minorías, toda vez que en dicho dictamen no fue considerado el principio de igualdad y no discriminación, por lo que, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género es también responsable de velar por la seguridad de las personas adultas mayores. Así mismo solicitó modificaciones de redacción en el artículo 167 Bis: la modificación de fondo al artículo 26 en relación a la promoción de actividades turísticas para las personas adultas mayores; El uso de la correcta denominación de, la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad; modificar el término “Adulto Mayor” por “Personas Adultas Mayores” en los apartados I y III del artículo 28.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, a fin de frenar el abandono, omisión de cuidados y violencia hacia las personas adultas mayores, la diputada Marbella González Díaz presentó una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores estatales para perseguir de oficio el abandono de personas, iniciativa que se elaboró en coordinación con los sistemas DIF estatal y municipales, el Poder Judicial y sus juzgados e instituciones competentes.

La presidenta del Sistema DIF SEDIF en el Estado, profesora Imelda López Navarro, el magistrado Rodrigo Serrano, representantes de los sistemas municipales DIF y juezas familiares atestiguaron la presentación de la iniciativa que surgió a raíz de las situaciones que se presentan en las procuradurías de los sistemas DIF como en los juzgados.

La diputada Marbella González indicó que con esta iniciativa se dará una herramienta legal a las instituciones públicas del Estado, que les servirá para fortalecer el proceso de la protección de los adultos mayores que requieren de la ayuda, asistencia o cuidados.

Por su parte la presidenta del SEDIF profesora Imelda López afirmó que la mayor violencia que ejercemos voluntaria o involuntariamente es la omisión; dijo que el DIF impulsa una política integral hacia la mejora de calidad de vida del adulto mayor, pues reparó en que la población va hacia esa etapa.

En tanto que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Luis Armando Díaz dijo que el trabajo coordinado tendrá un repercusión favorable en beneficio de la población adulta mayor en Baja California Sur, agradeció el respaldo a la iniciativa y reiteró la coincidencia de ambos poderes en el impulso de políticas públicas para la atención de los sectores vulnerables, concluyó el boletín de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, la diputada Eda María Palacios Márquez presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto, que busca adicionar los artículos 1529, 1531 y 2252 del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, para garantizar al cónyuge que sobreviva (mujer u hombre) pueda disfrutar de manera vitalicia hasta su muerte, la vivienda producto del matrimonio, y que no pueda ser vendido por quienes lo recibieron en donación.

Al respecto, Palacios Márquez, detalló que las reformas antes mencionadas proponen adicionar que, “cuando exista un sólo bien inmueble producto de la herencia, el cónyuge que sobrevive tendrá el derecho al usufructo vitalicio, siendo éste un derecho real que será intransferible”; “En caso de existir un sólo bien inmueble, producto de la herencia, el cónyuge que sobrevive tendrá el derecho al usufructo vitalicio, siendo éste un derecho real que será intransferible”; “Cuando el o los donantes sean personas de 60 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación, deberá incluir la cláusula de usufructo vitalicio sobre bienes otorgados a los donatarios”

La representante popular reiteró, se propone que la figura del usufructo vitalicio en el artículo 2252 del Código Civil, prevenga que los adultos mayores puedan ser víctimas de engaños o de abusos cuando tienen a bien donar un bien inmueble como una vivienda y protegerlo de no ser desplazado del inmueble que constituía la sede del hogar matrimonial.

Lo anterior, dijo, en razón de que cuando una persona envejece, disminuyen las condiciones financieras, toda vez que, los ingresos suelen ser inferiores a los ingresos percibidos durante la vida laboral, lo que significa la disminución del poder adquisitivo, situación que, sin duda alguna, impacta en el nivel y calidad de vida de las mismas, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, el Diputado Luis Armando Díaz presentó ante el pleno de la XVI Legislatura , una proposición con punto de acuerdo mediante el cual exhorta al Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, y al profesor Oscar Leggs Castro, presidente Municipal del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, para que mediante los instrumentos jurídicos y financieros necesarios, se construya en San José del Cabo un asilo de ancianos, el cual, atienda la problemática que representa el abandono y la falta de atención de los adultos mayores que se encuentran en dichas circunstancias.

El legislador consideró de vital importancia que se realicen los estudios necesarios y en base a ello, se construya en San José del Cabo el asilo que tenga como fin combatir el abandono, No olvidemos que nuestros adultos mayores tienen el derecho de que se les proporcione una vejez digna, en la que se les garantice cuidados especializados de acuerdo a cada una de sus necesidades, sentenció, Armando Díaz.

Al respecto, puntualizó que, de acuerdo con cifras oficiales emitidas por el INEGI en el año 2020, en Baja California Sur había 75 mil 608 personas de 60 años y más, representando el 9.5% de la población total; caso particular de Los Cabos, dijo; al 2020 se registraban 12 mil 209 adultos de 65 años y más, siendo así de mayor preocupación salvaguardar la salud de un sector de la población altamente vulnerado

Del mismo modo, el de atender lo que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores estipula en su artículo 5º, siendo los siguientes: De la integridad; dignidad y preferencia; De la certeza jurídica; De la protección de la salud, la alimentación y la familia; De la educación; De trabajo y sus capacidades económicas; De la asistencia social; De la participación; De la denuncia popular; Del Acceso a los servicios; De la información, plural, oportuna y accesible, la cual será garantizada por el Estado, concluyó el comunicado de prensa.