FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Una vez receptada y admitida por los tribunales federales de Baja California Sur, la primer demanda de amparo en contra del proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, la Contraloría Ciudadana (ONG) tiene lista la demanda colectiva que habremos de presentar la última semana del mes de enero, dentro del plazo que al efecto establece la Ley de Amparo, de 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

Debido a que la elaboración y  presentación de la demanda de forma individual implica el consumo de muchas hojas de papel, dada la extensión de la demanda y al número de copias que deben acompañarla, se considera más conveniente elaborar y presentar la demanda en forma colectiva, lo que implicará un significativo ahorro en tiempo, tramitología y papel empleado.

También te podría interesar El derecho de réplica.

El procedimiento es muy sencillo. Quienes estén interesados en suscribir la demanda, únicamente deben —desde este momento y hasta el 26 de enero como límite—, proporcionar su nombre completo, tal y como aparece en su identificación oficial, al comité organizador de la Contraloría Ciudadana.

Las personas mayores de edad, sea nacional o extranjera, podrá proporcionar su nombre para ser integrado a la demanda enviando un inbox al Facebook Contraloría Ciudadana, La Paz, Bcs. La firma respectiva se recabará del 27 al 30 de enero, en las cabeceras municipales de la Entidad.

En síntesis: cada persona mayor de edad, residente en Baja California Sur, sin importar su nacionalidad o actividad económica, podrá firmar la demanda de amparo contra la Ley de Seguridad Interior.

En la fase inicial, únicamente deberá proporcionar vía inbox su nombre completo, indicando en qué cabecera municipal desea firmar la demanda. Posteriormente, entre el 27 y 30 de enero, deberá presentarse con identificación oficial a firmar en la mesa receptora que al efecto se pondrá a su disposición en cada cabecera municipal. Y eso es todo. Los abogados de la Contraloría Ciudadana se encargarán a partir de ese momento de toda la tramitología. Este procedimiento nos permite facilitar la participación de un mayor número de personas interesadas en interponer el amparo, a un costo mínimo.

¿Porqué una demanda de amparo?

Porque es el único recurso ciudadano con que contamos para combatir una Ley que resulta violatoria a los Derechos Humanos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México, y garantizados por nuestra Constitución Política.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior permite la represión de la expresión crítica de los habitantes de la nación, mediante el uso de las fuerzas armadas, propiciando su intervención, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada discrecionalmente por el Presidente de la República como una amenaza o riesgo a la seguridad interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática.

La Ley contraviene principios de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los Derechos Humanos, pues establece que toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, e impone a todos los organismos públicos o privados, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.

Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede suceder que –por ejemplo— cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue violaciones a Derechos Humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que en esos casos no exista verdad, justicia y reparación.

Esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues las mismas, de igual forma, estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre las investigaciones que realicen.

La Ley pretende legalizar el uso de las fuerzas armadas, como mecanismo de represión y control político, lo que es inadmisible en un estado de derecho, democrático y popular.

Esperamos la nutrida participación de los residentes en el Estado, en este ejercicio de participación ciudadana.

No faltan las voces pesimistas –alentadas desde el poder público— que pretenden desanimar este esfuerzo colectivo, vaticinando resultados negativos. Recordemos que la apatía e indiferencia son los principales aliados del abuso del poder, y que la participación ciudadana es el único antídoto eficaz en su contra.

FOTO: Internet.

Érase una vez

Por Pablo Reynosa

“Donde la moral del pueblo, consiste en someterse, en subordinarse, en la política de la sagacidad, de la astucia, de la desfiguración, del sometimiento rastrero, no se pueden formar caracteres; un terreno semejante sólo produce esclavos y sirvientes –aquellos que alcanzan la posición de amos, no son más que lacayos disfrazados, dominadores brutales contra los de abajo, cobardes y serviles ante los de arriba. Para el desarrollo del carácter hace falta a los hombres desde temprano el sentimiento de seguridad. Pero este sentimiento íntimo y subjetivo de seguridad, tiene por condición la seguridad exterior, objetiva, dentro de la sociedad, y esta última es garantizada a los hombres por el derecho”, Fragmento de El Fin en el Derecho, escrito por Rudolf von Ihering (1818 – 1892).

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 12 de julio se celebró el Día del Abogado en México, tal y como ha venido sucediendo desde hace 57 años, pero ¿por qué?

La historia apunta que en 1959 el Diario de México, en voz del licenciado Rolando Rueda de León, pidió al entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, que se declarara el 12 de julio como el Día del Abogado en México. Dicha propuesta fue aceptada y entró en vigor desde 1960.

La fecha elegida para dignificar la abogacía, encuentra sustento en dos acontecimientos de suma relevancia, el primero es que el 12 de julio de 1533 se estableció en la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del Derecho y se dictaron las primeras Ordenanzas de Buen Gobierno, a partir de lo cual el rey Carlos V de España ordenó, por cédula de fecha 21 de septiembre de 1551, establecer en la Ciudad de México una universidad de todas ciencias, que dio lugar a la inauguración de la Real y Pontificia Universidad de México, el 25 de enero de 1553.

También te podría interesar El día que las mujeres mexicanas acudieron a votar. Se cumplen 62 años.

El segundo acontecimiento que consolida la fecha elegida para la celebración del abogado en México, es que el 12 de julio de 1553 se dictó en América la primera cátedra de Derecho, Prima de Leyes, de la Real y Pontificia Universidad de México, impartida por el licenciado Bartolomé Frías y Albornoz. “La carrera de leyes (…), comprendía de cinco años de Prima y Vísperas de Derecho y dos cursos más de un año de Jurisprudencia Civil, en el que se daba las herramientas necesarias a los futuros abogados”, narra Leonel Cásares García en el artículo 12 de julio Día del Abogado, publicado en la edición número 21 de Hechos y Derechos, revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

FOTO: Juristas UNAM.

Hace más de cuatro siglos y medio que comenzaron a impartirse las materias correspondientes al Derecho en el territorio que actualmente ocupa el Estado mexicano, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al primer trimestre de 2016, la población ocupada como abogado asciende a 342 mil 809 personas.

Otros datos de interés que proporciona la encuesta del INEGI antes referida son:

1. Las entidades que presentan un mayor porcentaje de abogados en el país son la Ciudad de México con el 23.4%, el Estado de México con el 13.7% y Jalisco con el 9.8%, que concentran en conjunto un 46.9% de estos ocupados. Las entidades con un menor porcentaje de abogados son Campeche con el 0.5%, Baja California Sur con el 0.6% y Durango con el 0.6%.

2. En materia de género, de cada 100 abogados que hay en el país, 62 son hombres y 38 son mujeres, y su edad promedio es de 39.5 años; en los hombres es de 40.9 y en las mujeres de 37.1 años. Su estructura por edad muestra que 80 de cada 100 de estos ocupados tienen menos de 50 años.
3. Por lo que se refiere al nivel de escolaridad de los abogados en México, el 90.3% cuenta con licenciatura, el 9.2% con maestría y el 0.5% con doctorado.
4. En cuanto a las características del empleo, el 98% de los abogados se emplea en el sector terciario o de servicios. De cada 100 de ellos, 63 trabajan en servicios profesionales, financieros y corporativos, 34 se desempeñan en actividades administrativas gubernamentales y de organismos internacionales y extraterritoriales; los tres restantes en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, o servicios sociales.

En México son cientos de miles quienes profesan el Derecho. Sin embargo, los buenos abogados, según comenta el abogado constitucionalista Miguel Carbonell, en el video de Youtube intitulado Enseñanza del Derecho, “tienen que ser sobre todo humanistas, por eso es importante que un abogado tenga una cierta formación literaria, una cierta sensibilidad artística también y que sepa apreciar el mundo contemporáneo, porque de esa forma descubrirá la justicia; la justicia tiene que ver con una representación del mundo, con una representación de los valores, en ese sentido el abogado necesita una formación humanista que no encontrará solamente en las leyes y en los códigos, sino que tiene que buscar mucho más allá, en la buena literatura, en la buena pintura, en las buenas películas y, por supuesto, e Internet, en donde también hay un conglomerado de información impresionante, que puede ayudar a la formación cultural de los futuros abogados”.

Quienes hemos estudiado la carrera de Derecho, debemos ser en nuestra vida profesional garantes de la seguridad y de la justicia, para que al igual que a Sancho Panza nos esperen días luengos, si seguimos un código ético, como el que para la gobernanza aportó Miguel de Cervantes Saavedra, a través de Don Quijote de la Mancha, al mundo.