Salud en transición. Los desafíos de IMSS-Bienestar en BCS (I)
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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando una madre llega con su hijo enfermo a un centro de salud en un poblado apartado de Baja California Sur, poco importa quién administra el edificio, quién paga la nómina del médico o qué dependencia federal compró los medicamentos. Lo único que espera es encontrar atención oportuna, personal suficiente y el tratamiento que necesita. Sin embargo, detrás de esa consulta médica existe una profunda transformación administrativa que ha cambiado por completo la organización de los servicios públicos de salud en la entidad y que continúa generando retos para autoridades, trabajadores y usuarios.
La incorporación de Baja California Sur al modelo IMSS-Bienestar representa uno de los cambios institucionales más importantes que ha vivido el sistema estatal de salud en las últimas décadas. La transferencia de hospitales generales, centros de salud, unidades especializadas, personal médico, infraestructura y equipamiento desde el gobierno estatal hacia un organismo federal buscó construir un sistema único para atender gratuitamente a la población que no cuenta con seguridad social. Sin embargo, el proceso ha estado acompañado por dificultades operativas que siguen siendo motivo de debate.
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El origen de esta transformación se encuentra en la estrategia del Gobierno de México para sustituir el modelo operado anteriormente por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuya desaparición dio paso a la consolidación del organismo público IMSS-Bienestar como responsable de la atención médica para millones de personas sin acceso al IMSS o al ISSSTE. La intención oficial consistía en terminar con la fragmentación del sistema de salud y centralizar la administración de hospitales, medicamentos, infraestructura y personal.
En Baja California Sur, el proceso comenzó formalmente en 2022, cuando el gobierno estatal firmó los acuerdos de incorporación al nuevo modelo. Durante la presentación del programa, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que serían transferidas 66 unidades médicas: 57 centros de salud de primer nivel, seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas. Asimismo, se anunció una inversión inicial superior a 231 millones de pesos destinada al mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura hospitalaria. Las metas oficiales eran ambiciosas. Además del fortalecimiento de la infraestructura, el nuevo modelo prometía mejorar el abasto de medicamentos, incrementar la contratación de especialistas, homologar salarios, reducir las desigualdades entre estados y garantizar atención médica gratuita para toda la población sin seguridad social.
Incluso, durante los primeros meses de operación, las autoridades federales informaron que el abastecimiento de medicamentos había pasado de aproximadamente 73 a 99 por ciento, además de anunciar la llegada de médicos especialistas para cubrir vacantes históricas en hospitales como Loreto y otras regiones del estado. No obstante, la realidad cotidiana de un sistema sanitario resulta mucho más compleja que los indicadores administrativos. Baja California Sur enfrenta condiciones geográficas excepcionales. Su enorme extensión territorial, la dispersión de comunidades rurales y la separación física entre localidades mediante largas carreteras convierten la prestación de servicios médicos en un desafío permanente. Mientras ciudades como La Paz, Los Cabos o Ciudad Constitución concentran buena parte de la infraestructura hospitalaria, numerosas comunidades dependen exclusivamente de pequeños centros de salud donde la ausencia temporal de un médico puede significar recorrer cientos de kilómetros para recibir atención.
A estas condiciones naturales se suman problemas estructurales que no nacieron con IMSS-Bienestar, sino que arrastran décadas de rezago. Entre ellos destacan el déficit nacional de médicos especialistas, el envejecimiento de parte de la infraestructura hospitalaria, las dificultades para atraer personal médico hacia zonas alejadas y la creciente demanda de atención derivada del acelerado crecimiento poblacional de Baja California Sur. Los Cabos constituye un ejemplo claro. Su rápido desarrollo demográfico ha incrementado significativamente la demanda de servicios hospitalarios en pocos años, presionando una infraestructura diseñada para una población mucho menor.
La federalización tampoco significó una solución inmediata para los problemas administrativos. Durante el proceso de transferencia fue necesario integrar expedientes laborales, regularizar plazas, incorporar inventarios de equipo médico, redefinir responsabilidades entre Federación y Estado y establecer nuevos mecanismos de operación para cientos de trabajadores. En julio de 2024 incluso se formalizó, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el convenio específico para la transferencia de bienes inmuebles relacionados con hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud del estado al organismo IMSS-Bienestar, consolidando jurídicamente la federalización del patrimonio destinado a la atención médica.
Sin embargo, la transición administrativa ha generado incertidumbre entre diversos sectores laborales. Algunos trabajadores han manifestado inquietudes respecto a procesos de basificación, antigüedad, condiciones contractuales y definición de responsabilidades administrativas entre las autoridades estatales y federales, mientras que organizaciones sindicales han solicitado mayor claridad sobre los mecanismos de incorporación al nuevo esquema. Estas preocupaciones han sido documentadas durante los últimos años conforme avanzó la implementación del modelo.
A la par, diversos usuarios continúan reportando dificultades relacionadas con tiempos de espera, disponibilidad de medicamentos especializados, programación de cirugías y consultas con especialistas. Si bien muchas de estas problemáticas existían antes de la federalización, la expectativa generada por el nuevo sistema ha incrementado el escrutinio público sobre sus resultados.
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