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Vientos de Pueblo
José Luis Cortés M.
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde el mar se vende en postales y el metro cuadrado sube como marea alta, miles de jornaleros agrícolas habitan rancherías donde el agua llega tarde, la luz falla y los servicios públicos parecen una promesa redactada para otros. El Estado con algunos de los destinos turísticos más rentables de México también guarda, tierra adentro, una geografía del descarte.
Al amanecer, la península huele a sal en los corredores turísticos y a polvo en los caminos agrícolas. En los hoteles de Los Cabos, las albercas despiertan antes que muchos trabajadores. En los campos de Comondú, La Paz y el valle de Mulegé, la jornada empieza donde termina el pavimento. Allí viven familias que cosechan hortalizas, empacan producto, limpian surcos y sostienen una parte silenciosa de la economía regional. Muchas llegaron desde Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas o Michoacán. Otras nacieron ya en el norte árido, pero heredaron la misma intemperie.
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Baja California Sur suele figurar entre las entidades con mayor crecimiento económico impulsado por turismo, construcción y servicios. La imagen oficial del progreso se mide en ocupación hotelera, inversión extranjera, plusvalía y expansión inmobiliaria. Pero el desarrollo también puede leerse por ausencia: casas sin drenaje, colonias sin transporte suficiente, asentamientos sin regularización, rancherías donde una pipa vale más que un discurso. Según datos públicos y diagnósticos oficiales de rezago social, persisten carencias en acceso a servicios básicos y vivienda adecuada en zonas rurales y periferias urbanas del estado.
La paradoja tiene forma de cisterna vacía. En una de las regiones con mayor estrés hídrico del país, el agua se reparte con jerarquías no escritas. Primero la demanda turística, la expansión urbana, los desarrollos residenciales y la actividad económica de alto consumo. Después, cuando alcanza, las comunidades laborales. Especialistas en gestión hídrica han advertido durante años que la península depende de acuíferos sobreexplotados, desalación costosa y una lluvia escasa e irregular. Aquí cada litro tiene biografía.
En las rancherías agrícolas, esa biografía suele contarse en cubetas. Hay hogares donde almacenar agua es una tarea diaria y no una contingencia. Donde bañarse depende del horario de bombeo. Donde una fuga tarda semanas en repararse porque nadie mira hacia allá. No puedo confirmar una cifra única y actualizada de cuántas comunidades viven esa situación hoy, porque los registros públicos varían por municipio y año, pero la precariedad aparece de forma consistente en censos, reportes académicos y testimonios documentados.
La invisibilidad no es casual: es funcional. El turismo necesita mano de obra barata en limpieza, jardinería, cocina, mantenimiento y construcción. El campo necesita brazos temporales y permanentes para cosechar. La ciudad necesita quien cargue, barra, repare y atienda. Pero el modelo no siempre devuelve vivienda digna, transporte suficiente, escuelas cercanas o centros de salud robustos para quienes lo sostienen. La riqueza se concentra donde se fotografía; la carencia, donde casi nadie entra.
En Los Cabos, el contraste es brutal: fraccionamientos de lujo junto a colonias populares con presión demográfica acelerada. En temporadas de expansión, llegan trabajadores más rápido que la infraestructura pública. La tierra formal se encarece; la informal crece. El mercado inmobiliario organiza la ciudad según capacidad de pago, no según necesidad humana. Lo mismo ocurre, con otra escala, en zonas agrícolas donde la vivienda para jornaleros depende de renta precaria, cuartos improvisados o campamentos temporales.
También hay una dimensión moral del paisaje. Un Estado puede presumir modernidad mientras normaliza que quienes recogen alimento o levantan hoteles vivan lejos del agua continua, del transporte seguro o de la certeza jurídica sobre su casa. Puede celebrar récords turísticos mientras niñas y niños recorren kilómetros para estudiar o esperar una consulta médica. Puede hablar de competitividad sin preguntarse quién subsidia realmente ese éxito con tiempo de vida, salud y desgaste físico.
Las responsabilidades están repartidas, pero no diluidas. Los municipios arrastran rezagos de planeación y recaudación limitada. El Estado administra crecimiento sin cerrar brechas históricas. La Federación sostiene programas sociales, pero no siempre infraestructura suficiente ni inspección laboral constante. El sector privado se beneficia de la disponibilidad de trabajo, aunque rara vez asume en proporción el costo territorial que genera. Y la sociedad consumidora prefiere no mirar demasiado.
Las salidas existen, aunque requieren algo menos frecuente que el dinero: decisión política. Vivienda asequible vinculada al empleo formal. Redes de agua y saneamiento priorizadas por derecho y no por rentabilidad. Transporte metropolitano y rural digno. Regularización territorial con servicios. Supervisión real de condiciones laborales en agricultura y construcción. Planeación hídrica que ponga primero a las personas antes que al ornamento. Impuestos y contribuciones del auge turístico reinvertidos donde hoy solo llega el polvo.
Baja California Sur no es únicamente playas perfectas ni atardeceres de catálogo. También es esta otra postal: jornaleros que sostienen con sus manos una prosperidad de la que apenas participan. Mientras el lujo se riega cada mañana y la periferia espera la pipa, el problema ya no es la escasez de agua, sino la abundancia de indiferencia. Y ningún destino puede llamarse paraíso si necesita esconder a quienes lo mantienen vivo.
Referencias consultadas
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (tabulados estatales y municipales sobre vivienda y servicios básicos).
CONEVAL, Medición de pobreza y rezago social por entidad federativa.
Documentos públicos y diagnósticos sobre servicios básicos y desarrollo territorial en Baja California Sur.
Literatura académica sobre turismo, desigualdad territorial y presión hídrica en regiones turísticas de México.
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