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Vientos de Pueblo
José Luis Cortés M.
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.
Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.
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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.
La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.
La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.
El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.
Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.
Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.
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