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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 30 de julio de 2025, en La Paz, Baja California Sur, una llamada telefónica convirtió una jornada laboral ordinaria en una pérdida millonaria. Una empleada de una joyería local recibió la instrucción, supuestamente en nombre de la compañía, de entregar joyas a un mensajero. El tono de autoridad y la urgencia transmitida por la voz al otro lado de la línea fueron suficientes para anular cualquier sospecha. En cuestión de minutos, la trabajadora reunió piezas valuadas en 1.5 millones de pesos y las entregó sin resistencia. El engaño se consumó sin violencia física ni armas, pero con un impacto económico demoledor para el negocio. Este episodio, documentado por medios noticiosos de nuestro Estado, es solo un eslabón más en la cadena de extorsiones y fraudes telefónicos que se multiplican por todo México.
Desde principios de la década de 2000, la extorsión telefónica ha pasado de ser un fraude dirigido principalmente a personas vulnerables —familiares de presos, adultos mayores— a un esquema cada vez más sofisticado contra comercios. Los delincuentes han perfeccionado técnicas de manipulación psicológica, suplantación de identidad y uso de datos personales obtenidos ilegalmente. Hoy, el blanco más frecuente son micro y pequeñas empresas con estructuras de seguridad limitadas, dependientes de la confianza interna y sin protocolos claros para manejar emergencias.
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Las cifras son contundentes. En 2023, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calculó pérdidas anuales por extorsión y engaños telefónicos de 1,300 millones de dólares, de acuerdo con un reporte citado por AP News. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 97% de estos delitos no se denuncian, lo que crea una “cifra negra” que oculta la magnitud real del problema. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) de 2023, se registraron 747,000 incidentes de extorsión en unidades económicas, siendo las más afectadas las micro y pequeñas empresas.
El impacto no se limita a las pérdidas directas: el miedo genera cambios en la forma de operar, obliga a inversiones adicionales en seguridad, y en algunos casos, lleva al cierre definitivo. La joyería afectada en La Paz probablemente tendrá que reducir personal, suspender compras de inventario y replantear sus operaciones diarias. Seguramente algunos negocios, alertados por el caso, implementarán capacitaciones para que empleados detecten señales de fraude, aunque esto implicará gastos adicionales que, en un mercado ya presionado por la inflación, pueden ser difíciles de absorber.
Expertos en criminología advierten que este tipo de delitos se alimenta de tres factores: la impunidad, la facilidad para obtener datos personales y la baja cultura de denuncia. Mientras los números de teléfono desde los que se realizan estas llamadas no sean bloqueados de inmediato y no haya investigaciones efectivas, los delincuentes seguirán operando con éxito. Incluso se han detectado operaciones desde centros penitenciarios, lo que agrava la percepción de que no existe un control real por parte de las autoridades.
En el plano económico, la extorsión y el fraude telefónico tienen efectos colaterales que se extienden a toda la comunidad. El costo de los bienes robados no es el único golpe: muchos comerciantes trasladan esas pérdidas a los precios, generando incrementos en productos y servicios. En el caso de sectores básicos, como el de alimentos, esto ha contribuido a aumentos de hasta el 20% en artículos de primera necesidad, de acuerdo con reportes de Banxico y Reuters. De esta forma, el delito impacta no solo a las víctimas directas, sino también a los consumidores y al poder adquisitivo de la población.
El problema se concentra en ciertos estados, como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que en conjunto acumulan el 66% de los casos de extorsión, según datos de SinEmbargo. A pesar de ello, como muestra el caso de La Paz, ninguna región está exenta. El modus operandi varía: en algunos casos, la amenaza es directa y violenta; en otros, como en la joyería sudcaliforniana, la estrategia se basa en engaños bien estructurados que explotan la obediencia y el miedo.
A pesar de la magnitud del problema, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. En 2025, el gobierno federal anunció una estrategia nacional para combatir la extorsión, que incluye líneas de denuncia anónima, cancelación de números telefónicos vinculados al delito y la creación de fiscalías especializadas. La presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades locales han insistido en que la denuncia es clave, pero la desconfianza ciudadana en la capacidad de las instituciones para actuar sigue siendo un obstáculo.
El caso de La Paz también plantea un debate sobre la responsabilidad compartida. Los empleadores deben establecer protocolos claros de verificación de instrucciones y manejo de llamadas, mientras que los empleados necesitan herramientas y capacitación para reconocer intentos de fraude. Sin una cultura preventiva arraigada, las medidas reactivas resultan siempre tardías.
El fraude telefónico y la extorsión son delitos que minan la base misma de la economía local: la confianza. Las llamadas sospechosas que obligan a un comerciante a colgar con el corazón acelerado erosiona el tejido social y económico. Las pérdidas millonarias que no se recupera desalienta la inversión y el emprendimiento. El silencio cómplice que surge del miedo permite que el ciclo se repita.
En un país donde contestar el teléfono puede significar el inicio de una tragedia financiera, la prevención y la denuncia son herramientas importantísimas. La historia de la joyería en La Paz debería servir como advertencia y como catalizador para exigir respuestas más firmes, protocolos más sólidos y una cultura de seguridad compartida. Porque, mientras las llamadas que roban en silencio sigan encontrando víctimas desprevenidas, la economía de los comercios mexicanos seguirá pagando un precio demasiado alto.
Referencias:
BCS Noticias (30 de julio de 2025) – Empleada de joyería en La Paz cae en engaño telefónico; entrega 1.5 millones de pesos en mercancía.
AP News (11 de julio de 2025) – He closed his store after years of threats… why Mexico’s extortion problem is getting worse, con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre pérdidas anuales por extorsión.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2023.
SinEmbargo.mx – Extorsión, el principal delito que ha ido al alza en México al amparo de la impunidad (2023), con estadísticas sobre entidades más afectadas.
Reuters (27 de agosto de 2024) – Reporte sobre impacto inflacionario derivado de extorsiones en productos básicos.
Banxico – Datos sobre la inflación y su relación con prácticas de cobro ilegal en cadenas de suministro.
Insight Crime – Artículos de análisis sobre evolución y sofisticación de las técnicas de extorsión telefónica en México.
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