FOTOS: Seguridad Pública Estatal.
Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.
Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.
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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.
Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.
Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.
El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.
La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?
Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.
Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.
Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.
Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.
En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?
Referencias:
https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»
https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»
https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»
https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»
https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»
https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»
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