IMÁGENES: IA.
Vientos de Pueblo
El Vigía del Desierto
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En las asambleas ejidales de Cabo del Este y La Ribera, el desmantelamiento de la propiedad colectiva no comenzó con maquinaria pesada, sino con portafolios de dinero en efectivo y contratos de cesión redactados en un lenguaje incomprensible. Durante la última década, despachos jurídicos al servicio de desarrolladoras transnacionales han desplegado una minuciosa fragmentación comunitaria, seduciendo a ejidatarios ancianos que, agobiados por la falta de apoyos al campo y la precariedad médica, ceden parcelas con frente de playa por una ínfima fracción de su valor real. De acuerdo con testimonios locales y expedientes agrarios en litigio, las asambleas viciadas y las promesas de empleo terminan siempre del mismo modo: se aprueba el dominio pleno sobre las tierras de uso común y, pocos meses después, el litoral donde antes anidaban tortugas y fondeaban pangas queda confinado tras bardas perimetrales, abriendo paso a complejos residenciales de ultra lujo, campos de polo náutico irrigados con pozos concesionados y dársenas privadas donde el habitante originario solo ingresa con uniforme de servicio.
Ese cerco se extiende hacia el norte, sobre la curvatura del Golfo de California, donde la privatización no necesitó de reformas ejidales para consumarse en los hechos. En las bahías de La Ventana y Los Barriles, la bonanza del turismo de viento consolidó enclaves residenciales donde compradores foráneos clausuraron de facto la movilidad histórica del territorio. Brechas tradicionales, arroyos y servidumbres de paso que durante más de un siglo permitieron a las familias rancheras arrear ganado o descender a la playa para la pesca artesanal hoy lucen bloqueadas por portones automáticos, candados y guardias privados. Según registros municipales y denuncias vecinales desatendidas, las advertencias de propiedad privada proliferan sobre vías que legalmente constituyen bienes públicos, obligando a los lugareños a rodear kilómetros de terreno agreste mientras las velas del kitesurf copan la bahía. La costa, concebida en la ley federal como un espacio de libre tránsito, se convirtió en una franja segregada donde el origen foráneo y la solvencia en dólares definen quién puede mirar el horizonte.
También te podría interesar: Se apaga: el verano que desnuda los límites del paraíso
En la ribera opuesta, sobre el océano Pacífico, el despojo no viste ropajes inmobiliarios sino la torpeza de la ingeniería oficial. En la comunidad pesquera de Puerto Chale, donde generaciones de familias han vivido de la captura de camarón y curvina, obras de infraestructura portuaria ejecutadas sin estudios hidrodinámicos rigurosos desataron un desastre silencioso. El levantamiento de escolleras defectuosas y dragados mal calculados alteró el régimen de mareas, provocando el azolvamiento acelerado de las bocabarras que oxigenan el estero. De acuerdo con diagnósticos técnicos y registros de las cooperativas pesqueras, los bancos de arena taponaron las rutas de navegación y arruinaron las zonas de desove, dejando decenas de pangas varadas en lodazales pestilentes durante la bajamar. Con las redes pudriéndose al sol, los pescadores más jóvenes abandonan los motores fuera de borda para contratarse como albañiles o lavaplatos en el sur turístico, confirmando que una escollera mal trazada puede liquidar un modo de vida con la misma contundencia que una cerca de alambre.
Lo que articula estos tres frentes no es la casualidad geográfica, sino la lógica extractiva de un modelo que sacrifica la vocación comunitaria de las costas para satisfacer un consumo de élite. La omisión sistemática de la Procuraduría Agraria y la negligencia de las autoridades ambientales operan como un aval tácito: se solapa el acaparamiento hídrico para residencias exclusivas, se tolera el bloqueo de pasos vecinales y se desatiende el deterioro ecológico en las lagunas ribereñas. En esta recomposición forzosa del espacio, el territorio deja de ser raíz cultural y sustento alimentario para mutar en mero activo financiero, arrinconando a ejidatarios y pescadores en periferias desérticas donde el mar les queda vetado y el agua potable se compra por pipa a precios abusivos.
Baja California Sur encara una encrucijada ética inaplazable: tolerar que este desarrollo depredador extinga a sus comunidades tradicionales o restituir la primacía del bien común sobre la especulación inmobiliaria. Porque cuando a un pueblo ribereño se le arrebata el camino al agua y se le clausura el estero, no solo se le despoja de su sustento productivo; se le mutila la memoria y el sentido mismo de pertenecer a una tierra. En esta geografía de alambradas y exclusión, desterrar a los pobladores de sus propias orillas no engendra progreso alguno, sino la amarga certeza de convertirlos en extranjeros dentro de su propia cuna.
Fuentes consultadas y referencias técnicas
▪ Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). Estudios de dinámica costera, sedimentología y azolvamiento en esteros y complejos lagunares del Pacífico sudcaliforniano. La Paz, B.C.S.
▪ CONAPESCA. Padrón de cooperativas pesqueras ribereñas y registros de arribos de curvina y camarón en el litoral de Puerto Chale y Bahía Magdalena.
▪ Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad (La Paz y Los Cabos). Planos catastrales, expedientes de servidumbres de paso y denuncias por invasión de caminos públicos en La Ventana y Los Barriles.
▪ Procuraduría Agraria (Delegación BCS). Expedientes de regularización, asambleas de dominio pleno y controversias en ejidos La Ribera y Cabo del Este.
▪ Registro Agrario Nacional (RAN). Cartografía ejidal y padrón de sujetos agrarios certificados en el estado de Baja California Sur.
▪ Secretaría de Marina (SEMAR) y API BCS. Proyectos ejecutivos de dragado, muelles de atraque y obras de protección costera en comunidades pesqueras de BCS.
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.