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Ius et ratio
Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). A un año de la elección por voto popular de personas juzgadoras: La reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 transformó uno de los pilares tradicionales del constitucionalismo mexicano: el acceso a la judicatura mediante carrera judicial y nombramientos institucionales. La elección extraordinaria del 1 de junio de 2025 constituyó la primera experiencia nacional de elección mediante voto popular de integrantes del Poder Judicial Federal.
A un año de distancia, podemos realizar una evaluación preliminar con cierto grado de objetividad. Sin embargo, debe reconocerse una limitación metodológica importante: un año es insuficiente para medir plenamente la calidad jurisdiccional de las personas electas, pues los efectos más relevantes y trascendentales de cualquier reforma judicial suelen manifestarse entre tres y diez años después de su implementación.
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Diagnóstico general
La justicia mexicana sigue enfrentando problemas estructurales que existían antes de la reforma y que no fueron resueltos automáticamente mediante la elección por voto popular:
- Rezago procesal.
- Lentitud en la resolución de asuntos.
- Acceso desigual a la justicia.
- Altos costos de litigación.
- Déficit de defensores públicos.
- Percepción ciudadana de corrupción e impunidad.
- Distancia entre el Poder Judicial y la sociedad.
La reforma modificó principalmente los mecanismos de integración y control del Poder Judicial, pero no eliminó por sí misma los problemas operativos históricos del sistema.
Ventajas
Los defensores del modelo sostienen que
1.- Fortalece la legitimidad de origen de los juzgadores y reduce la percepción de que el Poder Judicial era una élite cerrada y autorreproducida. Afirman que la ciudadanía recibe más información sobre la existencia y funcionamiento del Poder Judicial que antes de la reforma.
- Ruptura parcial de estructuras corporativas. La reforma debilitó el antiguo sistema de ascensos internos basado en carrera judicial y relaciones burocráticas, lo que abrió espacios para abogados, académicos y operadores jurídicos que anteriormente tenían pocas posibilidades reales de acceder a la judicatura federal.
- Mayor escrutinio público. Los perfiles de los candidatos quedaron expuestos a revisión ciudadana, mediática y académica. Antes de la reforma, gran parte de los nombramientos judiciales ocurrían fuera del interés público.
- Incentivos para la rendición de cuentas. La posibilidad de futuras evaluaciones electorales genera incentivos para que los juzgadores mantengan una imagen de independencia, eficiencia y cercanía social. Este es uno de los argumentos más utilizados en favor de la elección judicial.
Desventajas y riesgos
- Baja participación ciudadana. Esto acusa falta de legitimidad material del proceso.
La misión de observación de la OEA reportó una participación aproximada del 13%, uno de los niveles más bajos observados en procesos electorales de la región, además de registrar una proporción significativa de votos nulos o no marcados. Existe una diferencia importante entre legitimidad jurídica y legitimidad sociológica. Formalmente los juzgadores fueron electos democráticamente, pero la escasa participación limita la fuerza política de dicho mandato.
- Riesgo de politización. El principal cuestionamiento formulado por académicos, organizaciones civiles y organismos internacionales. La función judicial exige resolver controversias contra actores políticamente poderosos. Cuando el acceso al cargo depende de campañas electorales, existe el riesgo de que algunos juzgadores busquen aprobación pública o respaldo político para preservar su posición.
- Debilitamiento de la carrera judicial. Durante décadas se formó un sistema profesional especializado basado en concursos, capacitación y ascensos.
La sustitución acelerada de gran parte de la estructura judicial plantea interrogantes sobre:
◆ Experiencia técnica
◆ Especialización
◆ Continuidad institucional
◆ Calidad de las resoluciones. Éste es el costo más alto de la reforma.
- Influencia de grupos de poder: Grupos políticos; organizaciones corporativas; liderazgos regionales; estructuras partidistas informales y facciones relacionadas o integrantes del crimen organizado. La OEA observó preocupaciones relacionadas con la participación de actores políticos durante el proceso y señaló que el modelo no tiene precedentes equivalentes a escala mundial.
- Complejidad del modelo electoral. resultó difícil de comprender para el electorado. Problemas de información, conocimiento de perfiles y comprensión del proceso electoral.
Balance actual (2026)
No existen parámetros oficiales objetivamente analizables, pero en general podemos apuntar que la escasa participación ciudadana efectiva en la elección, se traduce en falta de legitimación del proceso, sin mencionar el uso de acordeones, que, en estricto rigor, hicieron nula la elección.
A un año de la reforma, encontramos un retroceso en aspectos torales, tales como independencia judicial, calidad técnica de las sentencias, tiempos procesales, estabilidad institucional y acceso real a la justicia. La conclusión objetiva es que el primer año no demuestra el fracaso definitivo de la reforma, pero sí marca una sostenida tendencia negativa en las expectativas generadas.
El costo social de la reforma judicial deberá estimarse a partir de:
Փ La permanencia de problemas estructurales
Փ Los avances limitados en legitimidad democrática
Փ la calidad jurisdiccional heterogénea
Փ Los conflictos ocasionales entre poderes
Փ La adaptación gradual de los operadores jurídicos
El riesgo que implica mantener el modelo de elección judicial por voto popular implica que aumente la influencia política sobre las decisiones judiciales, disminuya la calidad técnica de las resoluciones, se utilice el sistema disciplinario como mecanismo de presión, desaparezca la carrera judicial y se premie más la estrategia electoral que el mérito profesional, la capacidad, el conocimiento y la experiencia.
Depender del voto popular debilita la independencia judicial y aumenta la incertidumbre jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.
Corolario
Desde una perspectiva estrictamente jurídica e institucional, el sistema de justicia mexicano atraviesa el proceso de transformación más profundo desde la reforma judicial de 1994.
Pretender “democratizar” un proceso de selección que por naturaleza debe basarse en evaluación técnica y concurso por oposición, amenaza la independencia judicial, aniquila la carrera judicial y pone en riesgo la calidad técnica de las resoluciones.
En lo sucesivo, la verdadera prueba de la reforma no será quién gane las elecciones judiciales, sino cómo se resuelvan los asuntos más sensibles del país: derechos humanos, control del poder público, corrupción, seguridad, medio ambiente y protección de las minorías.
Ahí es donde se medirá, en definitiva, la salud del nuevo modelo de justicia mexicano.
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