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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó iniciativa para reformar el Artículo 36 de la Constitución de Baja California Sur con el fin de eliminar la figura de las candidaturas comunes, derogada ya del marco jurídico electoral nacional y prohibida por la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa también elimina la Fracción IX sobre candidaturas comunes y armoniza diversas disposiciones para fortalecer la coherencia del sistema electoral estatal.

El legislador señaló que con esta iniciativa se frenarán prácticas fraudulentas en materia de paridad de género, ya que los vacíos legales permiten que partidos concentren candidaturas femeninas en municipios del norte, utilizándolos como “laboratorios electorales”.

En su lugar, el Diputado de la fracción parlamentaria de Morena plantea un sistema de paridad alternada, mediante el cual partidos y coaliciones deberán postular un género distinto al de quien ganó la elección previa en gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, sin que el Instituto Estatal Electoral pueda aplicar criterios adicionales.

La iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Asuntos Políticos y de Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación; de aprobarse, en el proceso electoral  2026-2027, los partidos podrán decidir libremente el género de la candidatura a la gubernatura, pero en elecciones posteriores deberán cumplir la alternancia.

Con esta reforma, se busca garantizar la participación plena de las mujeres, evitar el uso discrecional de los municipios del norte y cerrar espacios que permiten la permanencia de partidos sin representación efectiva.

FOTOS: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho) 2025 celebró su cuarta edición en San Antonio, municipio de La Paz, consolidándose como uno de los principales encuentros gastronómicos de la región al reunir a más de 80 productores y artesanos, destacó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien llamó a recobrar la esencia y las tradiciones para fortalecer la riqueza cultural del Estado.

El mandatario sudcaliforniano subrayó que el crecimiento del MaQueCho ha sido evidente, ya que en su primera edición participaron alrededor de 30 exponentes y, en esta ocasión, la cifra superó los 80; este avance —dijo— refleja el compromiso de quienes preservan la gastronomía típica y contribuyen al fortalecimiento de la economía local, al atraer cada año a miles de visitantes.

El evento registró una amplia afluencia y ofreció un variado programa artístico-cultural, concursos de gastronomía tradicional, exposición de artesanías y actividades recreativas para todas las edades, reafirmando su relevancia como un espacio que promueve identidad, tradición y convivencia comunitaria.

Durante su recorrido por los módulos del festival, el Gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro; así como por el delegado de San Antonio, Agustín Avilés Zamora.

FOTO: Modesto Peralta Delgado | INTERIOR: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta del XVIII Ayuntamiento de Mulegé, a unir esfuerzos para concretar en 2026 la construcción del “Monumento al Minero” en un espacio público de Santa Rosalía, con el propósito de convertirlo en un símbolo de orgullo para residentes y visitantes.

El punto de acuerdo, presentado en sesión ordinaria por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, destaca la importancia de rendir homenaje a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México y un referente histórico para Baja California Sur.

La obra propuesta no solo busca reconocer a quienes hoy laboran en la extracción de minerales, sino también a las generaciones que, con esfuerzo incansable, han aportado al desarrollo de la región y al bienestar de sus familias, contribuyendo a la modernización de las comunidades.

“Al minero anónimo, a sus familias y a quienes han forjado nuestra identidad, queremos ofrecer un reconocimiento permanente desde esta XVII Legislatura, junto con el ciudadano gobernador del Estado y la presidente municipal de Mulegé, en representación de la sociedad sudcaliforniana”, expresó el legislador.

Durante el debate, los diputados Fabrizio del Castillo Miranda y Karina Olivas Parra respaldaron la propuesta, subrayando que se trata de una acción que fortalece la memoria colectiva y rescata la identidad histórica de Santa Rosalía, al tiempo que proyecta un legado de orgullo para las futuras generaciones.

FOTO: Archivo | INTERIOR: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa presentada por los diputados Fernando Hoyos Aguilar y Sergio Ricardo Huerta Leggs, mediante la cual se busca que el Estado promueva y difunda la cultura regional que caracteriza las raíces históricas, identidad y tradiciones, atendiendo la diversidad cultural existente en Baja California Sur.

Hoyos Aguilar expuso que lo que persigue la iniciativa es que se reconozca en la Constitución a las comunidades originarias del Estado, a los descendientes de la cultura ranchera, de costas y agrícola, por medio de la promoción de políticas públicas que logren abatir las desigualdades entre las ciudades y el campo y las costas, sin desnaturalizar sus elementos que los hacen reconocibles como tal.

En consecuencia, dijo, se aspira a que la ley provea las disposiciones que sean necesarias para elevar su bienestar social y preservar, promover y enriquecer la identidad, tradiciones, costumbres, conocimientos y modo de vida de sus comunidades originarias.

A su vez, el diputado Sergio Huerta Leggs manifestó que lo que se busca es obtener una protección a todos aquellos elementos que constituyan la identidad, tradiciones y costumbres, dentro del marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado, así como promover el desenvolvimiento social, cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico de la comunidad. “Por medio de este impulso, consideramos preservar la cultura ranchera, de costas y agrícola que proviene de sus comunidades originarias”, afirmó.

Huerta Leggs concluyó que dicho proceso parlamentario surgió del deseo legítimo de mineros, rancheros, pescadores, y familias de las costas del Golfo y del Pacífico, del Norte y del Sur sudcaliforniano quienes por generaciones con su presencia y trabajo han dado vida y sentido de pertenencia para México y los mexicanos a las más de 2 mil 500 comunidades en los más de 77 mil kilómetros cuadrados de nuestra geografía sudpeninsular.