FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En respuesta al creciente uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad de proteger la intimidad sexual de las y los sudcalifornianos, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, informa el Congreso del Estado.

La propuesta busca modificar el Código Penal, con el objetivo de sancionar de manera más efectiva la elaboración, divulgación, distribución y difusión no consentida de imágenes, audios, videos o cualquier otro tipo de contenido sexual o íntimo, incluso cuando este sea alterado o simulado a través de tecnologías avanzadas como la IA.

«La expansión de la tecnología ha traído grandes beneficios, pero también nuevos riesgos, especialmente en el ámbito de la violencia digital sexual. La modificación propuesta atiende la urgente necesidad de adaptar nuestras leyes a los avances tecnológicos para garantizar que las víctimas de este tipo de delitos reciban la protección adecuada», explicó la diputada Vázquez Jacinto.

La iniciativa también busca reconocer la violencia digital sexual, definiéndola como el acto de difundir sin consentimiento contenido sexual o íntimo a través de plataformas digitales. Asimismo, establece penas de prisión de tres a seis años y multas económicas a quienes cometan estos delitos.

La diputada subrayó la importancia de que esta reforma atienda la violencia de género en el ámbito digital, tomando en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de estos delitos. Además, recordó que otros estados de la República Mexicana, como Sinaloa, ya han comenzado a legislar sobre el uso de la IA en estos contextos.

Esta reforma se alinea con la Ley Olimpia y otras iniciativas nacionales e internacionales que buscan sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual de las personas, especialmente en un contexto donde el ciberacoso y la difusión no consentida de contenido íntimo son cada vez más comunes.

Fue planteada por estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en su intensión de involucrar en el ejercicio de la profesión y aportación a su entorno.

FOTOS: Archivos | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda presentó hoy una iniciativa para que el Registro Civil expida constancias de concubinato, lo que permitirá a las parejas que viven en unión libre demostrar legalmente su relación, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado.

Del Castillo Miranda considera de vital importancia el reconocimiento de la armonización legislativa con nuestro contexto social. “La atención al reclamo constante de la ciudadanía sudcaliforniana de realmente tener acceso efectivo, eficiente y expedito a todos sus derechos, hace factible que en nuestro Estado debería ser el Registro Civil quien reglamente y expida el documento referido en la presente iniciativa, ya que cuenta con la infraestructura, organización y la información documentada relacionada con el estado civil de la población sudcaliforniana, lo que brindará mayor certeza jurídica para quienes requieren tramitar esta constancia”, expresó.

Y es que, en la actualidad, existe una notable tendencia a que las parejas que deciden hacer su vida juntos, no estén interesadas en casarse ni por la vía civil, y tampoco por la vía religiosa; ya sea porque consideran que decidir hacerlo les implica realizar muchos trámites, o simplemente porque creen que casarse no limita el generar responsabilidades y obligaciones entre ellos, y por lo tanto, no necesitan una mayor formalidad para ello, por lo que deciden vivir en concubinato.

La propuesta del representante del PRI en la XVII legislatura, implica adicionar el atículo 331 BIS, adicionar una porción normativa a la fracción I del artículo 339, y reformar el artículo 39, todos del Código Civil de BCS. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes 25 de marzo, el pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual contiene proyecto de decreto mediante la que se proponen reformas a diversos artículos de la Constitución en materia de no reelección y en contra del nepotismo electoral.

Se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115,116 y 122 de la Constitución, de tal manera que quedará establecido en el marco jurídico no tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección vínculos con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación; así mismo, que senadores y senadoras al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Del mismo modo, en ningún caso, podrán participar en la elección para presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección vínculos con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula; se establecerá la prohibición de la reelección consecutiva para los cargos antes mencionados, no obstante, las que cuenten con carácter de suplente sí podrán ser electas como propietarias para el periodo inmediato.

En ese tenor, el diputado Fernando Hoyos Aguilar, con los argumentos históricos, políticos, sociales y jurídicos planteados en la reforma en materia de nepotismo electoral y no reelección presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheimbaun Pardo, fue quien presentó al pleno la iniciativa mediante la cual pretende homologar a la Constitución estatal los valores, principios y lenguaje incluyente o neutro contemplados en la propuesta de reforma a la constitución general, antes descrita. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Políticos.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la presentación del libro Por la Democratización de Sudcalifornia de la autoría de Eleazar Gámez Rascón, quien también fue diputado en la V Legislatura del Congreso del Estado, inició el  Ciclo de Conferencias: Origen y Poblamiento en el Sur de la Península de Baja California, que lleva a cabo la XVII Legislatura con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Que la ciudadanía sepa que queremos romper el estigma de que el trabajo legislativo es sólo martes y jueves, no se llega y se levanta la mano, sino que hay un trabajo previo, hay plenarias, además hay un trabajo inherente, y hoy inicia un ciclo de conferencias que forma parte del Plan de Desarrollo Legislativo”, expresó el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Educativos.

Refirió que el plan de desarrollo legislativo contempla cinco ejes de trabajo, del que deriva el ciclo de conferencias que tiene como finalidad llegar a más ciudadanía y destacó que en particular el título literario y testimonios de Eleazar Gámez Rascón, son de relevancia para la ciudadanía.

Por su parte, el autor hizo un recuento de la lucha de izquierdas a la que perteneció y que hoy es representada por la Presidente de la república.

En representación de la legislatura, la Comisión de Asuntos Educativos que integran las diputadas Lupita Saldaña, Lourdes Cornejo, secretarias y el diputado Martín Escogido, entregaron un reconocimiento al autor.

El ciclo de conferencias continua el miércoles 26 de marzo  a las 10:00 horas  con la Conferencia Magistral Poblamiento Temprano de la Península de Baja California por la aqueóloga Harumi Fujita Kawabe, investigadora del INAH.

El  23 de abril a las 10:00 horas se presentará la Conferencia Magistral El Patrimonio Cultural en Baja California Sur impartida por la restauradora Julieta Cabriada Martínez, investigadora del INAH.

Y el  21 de mayo, 10:00 horas Conferencia Magistral Los Rancheros Sudcalifornianos, impartida por el etnólogo Armando de Jesús Romero Monteverde, investigador del INAH.

FOTO: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de salvaguardar el derecho en menores de 18 años, así como de personas con discapacidad, la diputada Arlene Moreno Maciel (PT) propuso reformar el Código Penal estatal en materia de terapias de conversión tanto para salvaguardar la integridad de ese sector vulnerable como para aumentar sanciones a quienes induzcan dichas prácticas, incorporando sanciones cuando se trate de servidores públicos, informa el Congreso del Estado.

A poco más de una año que las terapias de conversión quedaron prohibidas en México, aún prevalece la falta de armonización legislativa en algunas entidades, como es el caso de Baja California Sur. En el Código Penal estatal está normado en el capítulo de discriminación, sin embargo, no salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta también procura impactar en la Ley de Salud estatal, buscando mayor protección y en su caso, la reparación del daño integral de las víctimas, estableciendo consecuencias en el caso de atentar contra el libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta de Moreno Maciel aumenta al doble la sanción actual, es decir de cuatro a 12 meses de prisión y multa de 2 mil  a 4 mil veces el valor diario de la UMA, a quien “realice, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad”.

En caso de que quien incida en la conducta, se valga de función pública para cometer el delito, la victima podrá presentar una denuncia para iniciar la investigación de los hechos. En caso de incumplimiento del Ministerio Público, éste será sancionado conforme al Código Penal y la legislación aplicable.

También considera que, en los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.

En tanto en la reforma a la Ley de Salud, establece en el Artículo 32 Quater que, las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, esa conducta serán sancionadas conforme el Artículo 205 bis del Código Penal estatal y serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años, concluye el Congreso del Estado.