FOTOS: Joel Cosío.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto inmobiliario Misión Punta Norte, se oferta como un desarrollo residencial de 200 hectáreas y 4 mil 675 lotes totalmente urbanizados. Se encuentra ubicado a 21 km al Norte de la ciudad de La Paz, en la localidad de El Centenario.

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Observaciones

1. El proyecto aumentaría gravemente la presión hídrica sobre el acuífero de La Paz.
2. El predio tiene dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el PDUCP-LPZ, resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar.
3. El proyecto no puede contar con evaluación de impacto ambiental Estatal, ya que el PDUCP-LPZ indica como prohibidas el tipo de actividades que el proyecto pretende desarrollar.
4. El proyecto carece de autorización para la publicidad de la venta de sus predios conforme al Artículo 77 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano vigente para Baja California Sur.
5. El proyecto afecta zonas federales de cuerpos de agua. Conforme a la cartografía del PDUCP-LPZ, el polígono del proyecto se ve atravesado por un arroyo de tipo intermitente (arroyo Garambullo), sin contar con concesión federal para ello.
6. La zona del proyecto es considerada como de riesgo según el atlas de riesgo de La Paz.
7. La ciudad no cuenta con las capacidades de dotar servicios públicos a un proyecto de la magnitud que se plantea.
8. Los programas de desarrollo urbano no pueden ser modificados en términos puntuales por el Cabildo, ni cualquier otra autoridad municipal, sino mediante el procedimiento por el que fueron creados: Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Cronograma

El 24 de octubre de 2019, mediante oficio DPYRU/DPU/811/2019, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUyE) niega el uso de suelo para dos grandes extensiones de terreno rústico, afectas al proyecto de desarrollo urbano denominado Misión Punta Norte, por encontrarse una parte en Área de Preservación Ecológica y otra parte en Área de Bienes Nacionales.

El 20 de mayo de 2020 el promovente solicita que su petición de cambio de uso de suelo sea estudiada por Cabildo.

El 4 de junio de 2020 la DGDUyE envía petición del promovente a la Secretaría General del Ayuntamiento de La Paz.

El 14 de agosto de 2020, durante la XXXIV sesión de cabildo, se turna a la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente para el dictamen de la petición.

El 16 de diciembre de 2020, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología  y Medio Ambiente presenta dictamen en el que establece que el Cabildo no cuenta con facultades para autorizar cambio de uso de suelo, pues debe observarse la normativa que establece que deben respetarse el PDU y que para cambiar el uso de suelo, es forzoso modificar el PDU siguiendo lo establecido para ello, es decir, la convocatoria, foros, consulta, presentación de observaciones por parte de la ciudadanía, corrección al instrumento, valoración por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, presentación al cabildo, aprobación y publicación. Ya que, como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, en el párrafo último del Artículo 17: “Cualquier modificación a los planes de desarrollo urbano, o a la zonificación en ellos contenida que se efectúe sin haberse observado el procedimiento que establece este artículo, estará afectado de nulidad absoluta”.

El 16 de diciembre de 2020, en sesión de cabildo, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez promueve el desechamiento del dictamen presentado por la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, a la que por razón de materia compete el asunto, y propone a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, (comisión incompetente) que el propio alcalde preside, para elaborar un nuevo dictamen al respecto de la petición de cambio de uso de suelo del proyecto Misión Punta Norte. Cabildo vota a favor.

El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria de Cabildo, la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, en su dictamen autoriza el cambio de uso de suelo para el proyecto Misión Punta Norte.

El 13 de mayo de 2021, la Secretaría General gira oficio SG/DTC/1278/2021 a la DGDUyE, informándole que el Cabildo autorizó el cambio de uso de suelo, para que haga sabedor de ello al promovente.

El 21 de mayo de 2021 la DGDUyE mediante oficio DGDUyE-1101/240-21 hace del conocimiento del promovente lo acordado por Cabildo.

Estatus procesal actual

La causa penal SIFI 1197/2024 se encuentra en etapa inicial, que incluye la formulación de imputación, la solicitud de medidas cautelares, y la solicitud de vinculación a proceso. El 4 de abril de 2025 debió llevarse a cabo la audiencia inicial, pero la defensa solicitó el diferimiento, para poder estudiar las diversas constancias que contiene la carpeta de investigación LPZ/4446/2021, motivo por el cual, la audiencia se difirió para el 29 de mayo hogaño a las 12:00 horas.

El objetivo en esta etapa del proceso penal, audiencia inicial, es lograr la vinculación a proceso de RUBÉN GREGORIO “N” alias “EL MENTIRITAS”, JUAN RAMÓN “N” sin alias conocido y PILAR EDUARDO “N” alias “El Pílalo”, por el hecho que la ley señala como delito de USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur, en relación con los Artículos 21 fracción III, 22 fracción I y 26 fracción I inciso C del mismo ordenamiento, cometidos en agravio del Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en lo específico, y de todos los habitantes de esta circunscripción territorial municipal, en lo genérico.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Yale Climate Connections | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para discutir y plantear propuestas para la conservación y protección del medio ambiente, el diputado Sergio Polanco Salaices (Morena) propuso la realización de un foro estatal anual, así como que el Poder Legislativo instituya la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente para distinguir a las ciudadanas, ciudadanos y asociaciones civiles que destaquen en acciones de protección al medio ambiente.

El legislador propuso una iniciativa con proyecto de decreto para que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de junio, se lleven a cabo ambas acciones conmemorativas que buscan no solo concientizar, sino aportar propuestas que impulsen políticas públicas vanguardistas.

Será la Comisión Permanente de Ecología la que convocará a la sociedad en general al foro; establecerá las bases, número de participantes y otros aspectos de los lineamientos que deberán ser determinados en una convocatoria pública.

De igual manera, en lo que se refiere a la medalla la comisión emitirá convocatoria destinada a quienes destaquen en logros académico proambiental, compromiso social a favor del desarrollo comunitario sustentable, fortalecimiento a la cultura ambiental, acciones de protección al medio ambiente, ingenio emprendedor a favor de las economías verdes, protección de playas sudcalifornianas y otras que determinen.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y dictaminación.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). «Las tres Californias, podemos ser un modelo de integración para el mundo y desarrollo binacional», expresó el asambleísta David Álvarez, presidente de la Comisión de Asuntos Binacionales México-Estados Unidos del Congreso de California, quien tomó la tribuna en sesión ordinaria, al concluir este martes la gira de trabajo de una delegación de asambleístas del Estado de California en Estados Unidos.

En su intervención en el Congreso del Estado, el legislador destacó que el futuro está en las tres Californias, que no sólo comparten el nombre sino también una historia, cultura y potencial inmenso para la cooperación, desde el comercio hasta el turismo, pasando por el desarrollo sostenible y la seguridad.

Señaló que La Paz, que la distingue la calidez de su gente y la belleza, con su dinamismo y vocación internacional, es un ejemplo de cómo las relaciones entre los territorios pueden generar beneficios reales para nuestra gente; así mismo, se comprometió a continuar trabajando para fortalecer lazos y llevar la cooperación a un nuevo nivel.

Los demás integrantes de esta delegación, José Luis Solache y Juan Carrillo, por espacio de cuatro días tuvieron un acercamiento a Baja California Sur, para dialogar con autoridades estatales y municipales, así como con representantes de los sectores productivos de La Paz, buscando fortalecer la relación entre los dos estados, pero, sobre todo, entre las dos naciones.

FOTOS: Ineaf.Es | CastilloCastrillon Abogados.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de las severas críticas que ha recibido la reforma constitucional que desarticuló la estructura del sistema judicial mexicano, y sustituyó la carrera judicial y la selección por examen y concurso de oposición como método de designación de juzgadores por la elección mediante sufragio popular, han surgido voces que sugieren que se reinstale en México, el jurado popular. Muy probablemente, quienes esto proponen, no conocen la historia del jurado popular en México.

El jurado popular tiene sus raíces en la Antigua Grecia, y encontró arraigo en la Roma Iimperial, donde se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. Sin embargo, el concepto moderno se desarrolló en Inglaterra hasta la Edad Media.

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Un poco de historia

En la Antigua Grecia, se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. En Atenas, se utilizaba un sistema de jurados llamado heliaia, que estaba compuesto por ciudadanos que se reunían para juzgar casos de sus pares, es decir, ciudadanos que pertenecían al mismo gremio laboral o comercial del enjuiciado.

En la Antigua Roma, se utilizaban sistemas de jurados similares, como el judicium y el quaestio, que estaban compuestos por ciudadanos que se reunían para juzgar casos. El Judicium se centraba en resolver disputas civiles y mercantiles entre particulares, como litigios sobre propiedades, contratos y deudas. El Quaestio Se enfocaba en juzgar delitos, como homicidios, robos y traiciones.

El concepto de jurado popular como se conoce en nuestros días, se desarrolló en Inglaterra en la Edad Media. En el siglo XII, el rey Enrique II estableció el sistema de jurados en Inglaterra, que se basaba en la idea de que los ciudadanos sin título nobiliario que enfrentaran un proceso fueran juzgados por sus pares, tal y como sucedía con los miembros de la realeza, los militares y los eclesiásticos, que contaban con procedimientos de enjuiciamiento privilegiado, a cargo de sus pares.

En el siglo XIII, el sistema de jurados se consolidó en Inglaterra, y se establecieron las bases para el sistema de jurados moderno, cuyo formato se consolidó en sus colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

En la mayoría de estos países, el sistema de jurados se utiliza para juzgar delitos graves, y se considera un derecho fundamental de los ciudadanos.

El fracaso del jurado popular en México

En México, el sistema de jurado popular se estableció en la Constitución de 1857, y se consolidó en la Constitución de 1917 como garantía de que el acusado fuera juzgado por un juez o un jurado de ciudadanos. En la práctica, esta garantía tuvo una evolución compleja, generando más debates y reformas a lo largo de los años, que buenos resultados, motivo por el cual cayó en desuso.

Uno de los juicios más famosos por jurado popular en la historia de México fue el de María Teresa Landa, primera Señorita México en 1928, acusada de asesinar a su esposo, el general Moisés Vidal. Este juicio fue muy mediático y conmovió al país, y es considerado como el último juicio importante ante un jurado popular en México. Después de este juicio, el sistema de jurados populares cayó en desuso.

En 1929, el jurado popular fue suprimido en la Ciudad de México, y posteriormente, en 2008, fue eliminado por completo de la Constitución Federal, debido en parte a la falta de eficacia y eficiencia en el sistema de jurados, así como a la creciente complejidad de los casos judiciales, y, sobre todo, a las constantes críticas sobre la falta de imparcialidad en los jurados, lo que llevó a una pérdida de confianza en el sistema. En su lugar, se optó por un sistema de jueces profesionales que podrían manejar casos más complejos y tomar decisiones más informadas.

El postulado del constituyente de 1857 estimó que el jurado popular permite al pueblo participar directamente en la justicia y constituye la máxima expresión de su soberanía, argumentos similares a los que se invocan en la propaganda oficialista del proceso de elección popular de juzgadores.

Todos los inconvenientes que presentaba el jurado popular y que motivaron su desaparición en el marco legal mexicano, son los mismos que generará el que llaman el nuevo sistema de justicia mexicano o “justicia democrática”, con el agravante de que el jurado popular era la excepción y la justicia democrática será la regla, con tribunales formados por jueces sin carrera judicial, electos al calor del arbitrio popular, y con compromisos sectarios o partidistas.

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FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur, un Estado con 2,230 kilómetros de costa y ecosistemas emblemáticos como el desierto de El Vizcaíno, enfrenta una contradicción devastadora: su economía crece al 4.5% anual (INEGI, 2023), pero el 34.6% de su población vive en pobreza (Coneval, 2022). En Los Cabos, el precio de la vivienda aumentó un 78% entre 2015 y 2020, el mayor incremento nacional (INEGI). Para 2023, adquirir una casa de interés social exige ingresos mensuales de $25,000 MXN, mientras el salario promedio es de $8,200 MXN (ENOE). Sólo el 10% de las viviendas construidas entre 2018 y 2023 fueron destinadas a habitantes locales (SEDATU), una cifra que refleja la exclusión sistemática de quienes sostienen la industria turística, responsable del 45% del PIB estatal.

El desplazamiento de comunidades es un fenómeno cuantificable: el Centro de Derechos Humanos de La Paz documentó 1,200 casos entre 2015 y 2022, vinculados a megaproyectos como Puerto Los Cabos, un complejo de 1,200 hectáreas con campos de golf y marinas. En La Paz, rentar un departamento de dos habitaciones cuesta $15,000 MXN mensuales (Inmobiliarias México, 2023), pero el 67% de los empleos turísticos son informales, con salarios entre $4,000 y $6,000 MXN (IMCO, 2022). Aunque la inversión extranjera alcanzó $1,450 millones de dólares en 2023 (Secretaría de Economía), el 80% de las escuelas públicas carecen de acceso diario a agua potable (Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2023), una paradoja que desnuda la inequidad del modelo económico.

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La crisis ambiental es igual de alarmante. En La Paz, el 65% de los manglares han sido destruidos desde 1990 (UABCS, 2021), principalmente por desarrollos como Marina CostaBaja, donde amarrar un yate cuesta $1,500 USD diarios. Cada campo de golf consume 2.5 millones de litros de agua al día (Conagua, 2023), equivalente al uso de 9,000 personas, en un territorio donde el 80% sufre estrés hídrico (Conagua, 2022). En 2022, el desarrollo Costa Palmas desvió el cauce del arroyo San José para construir villas de lujo, secando una fuente vital para agricultores, según denuncias de organizaciones ambientales avaladas por permisos de la Semarnat.

La propiedad extranjera profundiza la fractura social. En Todos Santos, el 38% de las viviendas pertenecen a estadounidenses y canadienses (Registro Público de la Propiedad, 2022), mientras en El Pedregal (Cabo San Lucas), el 60% de las residencias están vacías 10 meses al año (Diagnóstico Urbano de Los Cabos, 2021). La Ley de Inversión Extranjera (1993) permite este acaparamiento mediante fideicomisos: el 22% de los permisos en zonas costeras son para ciudadanos estadounidenses (Senado de la República, 2021). Mientras tanto, el gobierno estatal destina solo el 0.7% de su presupuesto a vivienda social, frente al 12% asignado a promoción turística. Proyectos como el Corredor Turístico La Paz-Los Cabos, con 15 hoteles en construcción, priorizan el 70% del agua para turismo y agricultura de exportación (Profepa, 2023), mientras 12,000 familias carecen de hogar.

La gentrificación también erosiona la cultura local. En Todos Santos, la Fiesta de la Fundación, antes una celebración comunitaria, ahora cobra entradas de $500 MXN, inaccesibles para residentes (Red Sudcaliforniana de Cultura Popular, 2023). El 40% de los negocios tradicionales, como talleres de artesanía y fondas familiares, han cerrado en la última década, reemplazados por cafeterías y tiendas de lujo (Cámara de Comercio de BCS, 2023). Este fenómeno no es exclusivo de BCS: en Quintana Roo, el modelo de Cancún dejó el 45% de su población en pobreza (Coneval, 2022) y el 90% del agua contaminada con nitratos (Universidad del Caribe, 2023), un precedente que BCS parece ignorar.

Frente a esto, iniciativas como las cabañas ecoturísticas de El Sargento, gestionadas por pescadores, protegen 200 hectáreas de manglar y generan empleos formales. Sin embargo, proyectos comunitarios reciben menos del 1% del financiamiento estatal para turismo (Secretaría de Turismo de BCS, 2023).

Los números finales son contundentes: cada segundo, 380 litros de agua se destinan a campos de golf; 300 familias son desplazadas anualmente por alzas de renta (Centro de Derechos Humanos de La Paz, 2023); y para 2030, se proyectan 10 nuevos desarrollos de lujo en áreas naturales protegidas (Semarnat, 2023). La pregunta no es si el modelo es insostenible, sino ¿cuánto más debe sangrar Baja California Sur antes de que el Estado priorice a su gente?

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