FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la Conferencia para el Pueblo, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que Baja California Sur mantiene una política laboral orientada a fortalecer los ingresos de las familias, generar empleo y lograr que el crecimiento económico se refleje en bienestar social.

El mandatario resaltó la paz laboral que distingue a la entidad, donde las diferencias entre trabajadores y empleadores se han resuelto mediante el diálogo y la conciliación, fortaleciendo la estabilidad y la confianza para la inversión. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de seguir promoviendo la actividad económica y la creación de oportunidades para las y los sudcalifornianos.

Por su parte, Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS), informó que durante la presente administración se han recuperado cerca de mil 455 millones de pesos en favor de trabajadoras y trabajadores de Baja California Sur.

El titular del área precisó que estos recursos corresponden a salarios, finiquitos, prestaciones, convenios, laudos y otros derechos laborales. Añadió que este resultado es producto del trabajo entre el Centro de Conciliación Laboral del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo.

Zavala Agúndez mencionó que Baja California Sur se ubicó en el primer trimestre de 2026 como la entidad con menor pobreza laboral del país, con una tasa de 14.1 por ciento, frente al promedio nacional de 30.7 por ciento.

Asimismo, señaló que estos avances forman parte de las acciones impulsadas en materia laboral, entre las que destacan la recuperación del salario mínimo, vacaciones dignas, democracia sindical y el fortalecimiento de la justicia laboral.

Finalmente, resaltó la coordinación que mantiene el Gobierno del Estado con el sector empresarial, relación que ha contribuido a la generación de más de 50 mil empleos formales en la entidad.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos y responder a nuevas formas de exclusión social, el Congreso de Baja California Sur recibió una iniciativa para expedir una nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la entidad.

La propuesta fue presentada por la diputada Alondra Torres García y el diputado Martín Escogido Flores, y plantea una actualización integral de la legislación vigente, incorporando herramientas para prevenir, atender, sancionar y reparar actos discriminatorios.

La iniciativa está integrada por 74 artículos, ocho capítulos y ocho disposiciones transitorias, bajo principios como igualdad, inclusión, accesibilidad, perspectiva de género, interseccionalidad, participación ciudadana y cultura de paz.

Se reconocen diversas modalidades de discriminación, como la directa, indirecta, estructural, sistémica, interseccional y por asociación. Se establecen sanciones administrativas para quienes cometan actos discriminatorios. Las multas podrían ir de 20 a 1300 veces el valor diario de la UMA, además de contemplar trabajo comunitario.

Se amplía la protección legal para mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes y adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y afromexicanas, población LGBTTTIQNB+, personas migrantes, en situación de calle, privadas de la libertad y otros sectores considerados prioritarios.

Con la ley, se crea el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, el cual emitirá políticas públicas, atenderá quejas y reclamaciones, emitirá resoluciones, impulsará campañas de sensibilización con indicadores y evaluación de resultados. La nueva legislación busca convertir la igualdad en una obligación para las instituciones, mediante seguimiento y evaluación combatir la discriminación eficazmente.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La protección de la infancia frente a cualquier forma de violencia motivó la presentación de una iniciativa que busca reforzar las restricciones legales para la recuperación de la patria potestad en Baja California Sur.

La diputada Alondra Torres García presentó una propuesta de reforma a los Artículos 511 y 513 del Código Civil del Estado, con el propósito de privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes cuando hayan sido víctimas de violencia física o sexual por parte de quienes ejercían sobre ellos la patria potestad.

La iniciativa plantea que, en los procedimientos de restitución de este derecho, los juzgados cuenten con una valoración pericial psicológica formal sobre la personalidad del solicitante, sustituyendo la figura actualmente prevista de un diagnóstico psicológico, con la finalidad de contar con elementos más sólidos para evaluar su capacidad de crianza y rehabilitación.

También se propone establecer de manera expresa que no proceda la recuperación de la patria potestad cuando la pérdida de esta haya sido consecuencia de hechos de violencia física o sexual cometidos en contra de niñas, niños o adolescentes.

La legisladora argumentó que la protección integral de la infancia exige mecanismos legales que eviten exponer nuevamente a las víctimas a entornos de riesgo, particularmente en casos donde existieron agresiones que vulneraron su desarrollo, dignidad e integridad.

La propuesta fue turnada para su análisis legislativo a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado avanza en la construcción de espacios laborales seguros, incluyentes y libres de discriminación al aprobar la propuesta presentada por la diputada Arlene Moreno Maciel, mediante la cual se adopta una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, así como los lineamientos y el protocolo para prevenir y atender actos de violencia de género al interior del Poder Legislativo.

La medida establece mecanismos institucionales permanentes orientados a garantizar el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la erradicación de cualquier conducta discriminatoria o de violencia dentro de los recintos, instalaciones y espacios legislativos.

Lo anterior, expresó Moreno Maciel, con la finalidad de lograr una cultura permanente de respeto y libre de violencia de género, que asegure un proceso transparente y colegiado que vele por la integridad de sus partes desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

Entre los instrumentos aprobados destaca la creación de procedimientos específicos para la atención de denuncias relacionadas con violencia de género, hostigamiento y acoso sexual o laboral, así como medidas de protección para las personas afectadas y acciones preventivas enfocadas en la capacitación, sensibilización y fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el respeto.

El acuerdo refuerza el trabajo encaminado desde el Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y No Discriminación, órgano encargado de dar seguimiento a las acciones que permitan garantizar ambientes laborales dignos, accesibles y libres de violencia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de las acciones para fortalecer la atención y el desarrollo de la niñez sudcaliforniana, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado avanza en el proyecto para que la Estancia de Desarrollo Integral Infantil  “Luz Davis de Mendoza” opere como jardín de niños a partir del próximo ciclo escolar.

La propuesta fue abordada durante una visita de trabajo encabezada por la secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, acompañada por el subsecretario de Administración, Jorge Humberto Bautista Rodríguez; el director general de Recursos Humanos, Jesús Aguilar Covarrubias, y la directora de la estancia, Miriam Hernández Cárdenas.

Durante el recorrido, las autoridades supervisaron las condiciones físicas y operativas del centro, además de dialogar con el personal para identificar necesidades y áreas de oportunidad que contribuyan al fortalecimiento de los servicios que actualmente se brindan.

En este marco, coincidieron en la importancia de ampliar la capacidad de atención mediante la conversión de la estancia en jardín de niños, lo que permitirá ofrecer mayores oportunidades de formación a las niñas y niños beneficiarios, así como fortalecer un espacio que por años ha contribuido al bienestar de las familias trabajadoras.