FOTO: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de salvaguardar el derecho en menores de 18 años, así como de personas con discapacidad, la diputada Arlene Moreno Maciel (PT) propuso reformar el Código Penal estatal en materia de terapias de conversión tanto para salvaguardar la integridad de ese sector vulnerable como para aumentar sanciones a quienes induzcan dichas prácticas, incorporando sanciones cuando se trate de servidores públicos, informa el Congreso del Estado.

A poco más de una año que las terapias de conversión quedaron prohibidas en México, aún prevalece la falta de armonización legislativa en algunas entidades, como es el caso de Baja California Sur. En el Código Penal estatal está normado en el capítulo de discriminación, sin embargo, no salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta también procura impactar en la Ley de Salud estatal, buscando mayor protección y en su caso, la reparación del daño integral de las víctimas, estableciendo consecuencias en el caso de atentar contra el libre desarrollo de la personalidad.

La propuesta de Moreno Maciel aumenta al doble la sanción actual, es decir de cuatro a 12 meses de prisión y multa de 2 mil  a 4 mil veces el valor diario de la UMA, a quien “realice, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad”.

En caso de que quien incida en la conducta, se valga de función pública para cometer el delito, la victima podrá presentar una denuncia para iniciar la investigación de los hechos. En caso de incumplimiento del Ministerio Público, éste será sancionado conforme al Código Penal y la legislación aplicable.

También considera que, en los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.

En tanto en la reforma a la Ley de Salud, establece en el Artículo 32 Quater que, las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, esa conducta serán sancionadas conforme el Artículo 205 bis del Código Penal estatal y serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años, concluye el Congreso del Estado.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La actualización del marco ambiental estatal, iniciativas en materia de protección civil,  juventud, salud, ciencia y tecnología, igualdad, inclusión de personas con discapacidad así como responsabilidad de los servidores públicos, integran la agenda verde que trabajará el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes en el segundo periodo ordinario de sesiones que inicia este 15 de marzo próximo en la XVII Legislatura, informa el Congreso del Estado.

Ante medios de comunicación y acompañados del representante de su partido, Andrés Liceaga, asi como regidores de Los Cabos y La Paz, el representante del Partido Verde en la XVII Legislatura, dio a conocer su agenda legislativa, la cual, dijo, se orienta a la promoción del desarrollo sustentable, porque BCS enfrenta muchos retos ante el cambio climático y estrés hídrico.

Entre las propuestas que trabajará destacó la expedición de una Ley de Prevención y Gestión de Residuos Sólidos para Baja California Sur, reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, o en su caso, una nueva ley en la materia, Ley de Economía Circular para promover prácticas sostenibles, Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

En materia de Protección Civil, la modernización del marco normativo estatal, la armonización con los criterios nacionales así como la actualización constante de los Atlas de Riesgo Estatales y Municipales.

En juventud, indicó que buscará la reducción de costos en los trámites de titulación universitaria, la modernización del marco jurídico estatal en favor de la juventud.

En ciencia y tecnología, la creación de una nueva legislación estatal alineada con la ley general, modificar la denominación de la comisión legislativa a Comisión Permanente de Humanidades, Ciencia, Tecnología e innovación, así como sus facultades.

En Salud, incorporar el concepto de Salud en la ley estatal; en responsabilidades administrativas de los servidores públicos, armonizar el marco federal en la materia así como incluir las figuras de simulación de acto jurídico y nepotismo en la legislación.

En materia de inclusión de Personas con Discapacidad, trabajará iniciativas para actualizar la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con discapacidad estatal y establecer el uso de lectura fácil en las instituciones de administración e impartición de justicia.

En Igualdad de Género, armonizar el marco normativo estatal para cerrar la brecha salarial de género y garantizar espacios y transportes públicos seguros para mujeres, adolescentes y niñas, así como la actualización de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, sin reformas desde 2021.

Esta agenda busca dar respuesta a las necesidades sociales mediante la creación y actualización de leyes que fortalezcan el desarrollo sustentable y la seguridad de los ciudadanos de Baja California Sur, concluye el comunicado del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por mayoría de votos, aprueba el Congreso del Estado de BCS el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la armonización legislativa a la Reforma del Poder Judicial de la Federación, presentada por los diputados Eduardo Valentín Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar.

Con la aprobación del mismo, además dar cumplimiento al ordenamiento que mandata la Carta Magna, puntualizaron quienes dictaminan, dichas reformas permitirán que la justicia sea más expedita y haya equilibrios entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, señala el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.

La aprobación del dictamen da paso a la reducción del periodo de encargo; la desaparición de las Salas Unitarias, para que el Tribunal Superior de Justicia sólo funcione mediante el Pleno y Salas Colegiadas y, que las sesiones sean públicas; la desaparición de la pensión vitalicia para actuales y futuros Magistrados y Magistradas, y el que las remuneraciones de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial se ajusten al tope máximo establecido para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado sin excepción alguna, permitiendo una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que en la impartición de justicia haya mayor eficiencia, austeridad y transparencia.

En cuanto a la elección de Magistradas y Magistrados tanto del Poder Judicial como del Tribunal de Disciplina Judicial, juezas y jueces, fue aprobado que sea mediante el voto directo de la ciudadanía en procesos electorales estatales, con excepción de quienes integraran el Órgano de Administración Judicial quienes serán designados por los tres poderes del Estado, así mismo, se establece la duración de nueve años para el cargo de personas Magistradas sin derecho a reelección y personas Juezas del Poder Judicial del Estado con derecho a reelección por un periodo igual de nueve años.

Por lo anterior, legisladores a cargo del dictamen coincidieron con los iniciadores, que al modificar la estructura y organización de las instancias en discusión se bifurque en dos órganos con funciones especializadas que permitan el mejor cumplimiento de sus tareas, el Órgano de Administración Judicial, que administrará y operará la carrera judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, con jurisdicción especializada en el conocimiento, investigación, juzgamiento y sanción por infracciones de las personas servidoras públicas judiciales, por la otra.

No obstante, precisaron respecto a la elección de las personas Magistradas Electorales, no se incluirán en la reforma local, en razón de que su elección sigue siendo una facultad del Senado de la República en términos de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Constitución; así mismo, el que no se incluya en la iniciativa en comento, lo relativo a las reformas al Artículo 99, toda vez que están relacionadas con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; se deroga el Artículo 95 referente al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.

En lo concerniente al tema presupuestal, se dictaminó, con base a lo informado por Bertha Montaño Cota, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que el Estado cuenta con los recursos financieros necesarios para la implementación de la Reforma Judicial.

Cabe señalar que, durante la discusión del tema, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros, manifestó su voto en contra, al considerar que la aprobación del mismo abona a la creación de acciones autoritarias para México, “se contará con una mayoría de ministros que representen la voluntad de los gobernantes y no de la defensa del Estado de derecho”, al tiempo que añadió se trata de una reforma de ley deficiente y amañada para construir un Poder Judicial “a modo”, toda vez que, el procedimiento legislativo no fue el correcto dada la importancia del tema, “no podemos aprobar un proceso de esta naturaleza que acabará con la especialización, mérito y autonomía de las y los juzgadores”, concluyó.

Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez quien mostró su voto aprobatorio, expuso en su intervención que la reforma en comento se  trata de una oportunidad histórica, al ser las y los ciudadanos quienes tendrán en sus manos la decisión de elegir a quienes impartirán la justicia en el Estado, dijo además, abonará a combatir la impunidad, corrupción y rezagos para hacerle justicia al pueblo.

Finalmente la diputada Arlene Moreno Maciel y el diputado Fabrizio del Castillo Miranda solicitaron la modificación del Articulado 78° y 91° respectivamente a fin de incluir en la redacción de ambos artículos y en todos aquellos en los que sea necesario, las vertientes y enfoque con perspectiva de género.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que la impartición de justicia en materia civil y familiar en BCS se ejerza con perspectiva de género, el diputado Sergio Guluarte Ceseña (Morena) propuso establecerlo como una obligación para los entes impartidores de justicia, mediante una propuesta de reforma y adiciones al Código Civil estatal, informa el Congreso del Estado.

Juzgar con perspectiva de género pretende detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por cualquier condición e impiden la igualdad, como sucede con los grupos vulnerables, como grupos y niñez indígena, por ejemplo, explicó el iniciador.

“El juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza, barreras culturales y lingüísticas”, añadió.

Afirmó que en el caso particular de la materia civil y familiar, ya no será solo una cuestión enunciativa la aplicación del protocolo correspondiente, ya que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con perspectiva de género de conformidad con los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La propuesta del legislador complementa las reformas propuestas por la presidente de México, Claudia Sheinbaum, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, hoy vigentes en el país.

La iniciativa adiciona un párrafo al Artículo 19 de Código Civil estatal que establece que “en toda controversia judicial, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se deberá tomar en cuenta por el Juzgador o la Juzgadora a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, resolviendo en estos casos, con perspectiva de género”.

La iniciativa fue turnada la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado dio lectura a las minutas enviadas por la Cámara de Diputados que propone reformar y adicionar los Artículos 55, 59, 82, 115, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral.

Por lo que respecta a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se propone establecer no tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección una serie de vínculos (estipulados en el proyecto) con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación; así mismo, que las personas senadores y senadoras al Congreso de la Unión no puedan ser reelectas para el periodo inmediato porterior al ejercicio de su mandato.

Se añade que en ningún caso, podrá participar en la elección para presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección diversos vínculos con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula, por lo que, para tales efectos se establecerá la prohibición de la reelección consecutiva para los cargos antes mencionados.

Del mismo modo, cuando tengan el carácter de propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato en carácter de suplente, no obstante, las que cuenten con carácter de suplente sí podrán ser electas como propietarias para el periodo inmediato, concluye el comunicado del Congreso del Estado.