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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Lavado de dinero, extorsión y corrupción, son las tres grandes amenazas para las pequeñas y medianas empresas en Baja California Sur.  Nos haremos cargo de cada una de ellas en diferentes entregas, empezando por el lavado de dinero.

El lavado de dinero o blanqueo de capitales, es un delito financiero que consiste en ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos mediante actividades criminales (narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, contrabando) con el objetivo de darles una apariencia de legitimidad.

Marco Legal Nacional Aplicable

a) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Establece obligaciones para quienes realizan “actividades vulnerables” (art. 17), incluyendo inmobiliarias, joyerías, servicios financieros, entre otros. Tras la reforma de 2025 se amplía la gama de sujetos obligados, exige identificación del beneficiario controlador (umbral reducido al 25%), y obliga a reportar operaciones sospechosas en 24 horas.

b) Código Penal Federal

Tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 400 Bis)

c) Reglamento de la LFPIORPI

Art. 12: exige inscripción en el padrón y envío electrónico de información.

Marco Estatal en Baja California Sur

a) Constitución Política del Estado

Art. 160: reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, útil en caso de omisiones institucionales que afecten a PYMES.

b) Código Penal del Estado de BCS

Tipifica delitos relacionados con operaciones ilícitas y puede ser invocado en coordinación con el Código Penal Federal.

c) Ley de Extinción de Dominio de BCS

Permite la pérdida de bienes vinculados a delitos como el lavado de dinero, incluso sin sentencia penal, lo que exige especial cuidado en la trazabilidad de activos.

d) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado

Refuerza la obligación de transparencia en el uso de recursos públicos y privados, aplicable a contrataciones con entes gubernamentales.

Jurisprudencia Relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La SCJN ha establecido que los contratos deben tener “fecha cierta” para ser válidos ante el SAT y en investigaciones por lavado de dinero. Esto implica que las PYMES deben formalizar sus operaciones ante fedatario o autoridad competente.

La Tesis 2010241 Valida la obligación de inscripción en el padrón de actividades vulnerables y el envío electrónico de información como medidas proporcionales y constitucionales.

En el marco de la convencionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC-29/22 en la que reafirma que las medidas de control financiero deben respetar el principio de legalidad, no discriminación y proporcionalidad, especialmente cuando afectan a sectores vulnerables como las PYMES.

Estrategia preventiva para PYMES

1. Compliance Interno y Cultura Organizacional

• Implementar un manual de prevención de lavado de dinero con enfoque basado en riesgos.
• Designar un oficial de cumplimiento con capacitación anual obligatoria.
• Establecer políticas de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo de operaciones.

1. Formalización y Trazabilidad

• Garantizar que todos los contratos tengan fecha cierta mediante notarización e inscripción pública.
• Digitalizar y conservar documentación por al menos 10 años, conforme a la reforma 2025.

1. Tecnología y Reportes Automatizados

• Invertir en sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar operaciones inusuales.
• Presentar “avisos en ceros” cuando no haya operaciones sospechosas, como medida preventiva.

1. Capacitación y Vinculación Interinstitucional

• Capacitar al personal sobre señales de alerta y obligaciones legales.
• Establecer canales de comunicación con la UIF, SAT, y autoridades estatales para reportes oportunos.

Recomendaciones finales

Auditoría preventiva: realizar revisiones internas periódicas para detectar vulnerabilidades.

Blindaje reputacional: evitar relaciones comerciales con entidades de alto riesgo, siguiendo prácticas de “de-risking” como lo hacen los bancos.

Asesoría legal continua: mantener contacto con despachos especializados en cumplimiento normativo y derecho penal empresarial.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de la gestión del gobernador Víctor Castro Cosío se han invertido más de 870 millones de pesos en la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para beneficio del alumnado, personal docente y administrativo de planteles públicos de todos los niveles de enseñanza de los cinco municipios, informó Pablo Cota Núñez, director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

Entre las acciones realizadas, destacó dos escuelas primarias, dos secundarias y un centro preescolar en Los Cabos, así como una telesecundaria en el municipio de Comondú y seis nuevas aulas en la primaria Venustiano Carranza, de La Paz.

Por lo que se refiere a las instituciones de nivel superior, se construyó la llamada Nave Porcina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en San Pedro, el nuevo campus Portales de la misma universidad en Los Cabos y la extensión en Ciudad Insurgentes.

Para finalizar, Cota Núñez agregó que el ISIFE cumple la misión de vigilar que las obras se realicen conforme a la instrucción de tener planteles inclusivos, para lo cual se han construido rampas de acceso para personas en sillas de ruedas y se han instalado accesorios que facilitan el uso de sanitarios y lavamanos.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de fortalecer la economía local y respaldar a quienes buscan iniciar o consolidar una actividad productiva, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la entrega de apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social, beneficiando a 42 emprendedoras y emprendedores del municipio de La Paz.

Durante el evento realizado en las instalaciones del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal entregó de manera simbólica los primeros ocho apoyos económicos por un monto de 20 mil pesos cada uno, destacando que en esta ocasión se aplicaron recursos por el orden de 830 mil pesos.

Castro Cosío señaló que, en lo que va de su administración, se han otorgado más de mil microfinanciamientos, impactando de forma directa e indirecta a cerca de 5 mil ciudadanas y ciudadanos.

“Se trata de una ayuda modesta que, sin embargo, representa un impulso significativo para la economía de las familias y el desarrollo local. Se han destinado más de 24 millones de pesos a este programa y nuestro compromiso es duplicar esta cifra en los próximos dos años”, afirmó el Gobernador de BCS.

Los financiamientos entregados están destinados al crecimiento de actividades productivas como venta de pescados y mariscos, reparación de calzado, herrería, venta de hot dogs y cafetería, entre otras iniciativas que reflejan el esfuerzo, talento y determinación de las y los sudcalifornianos.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita Valentín Vázquez alzó la voz en el Congreso del Estado en nombre de los habitantes del norte del Estado, para solicitar una vez más al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que establezca campañas de atención fiscal de manera permanente en los municipios de Loreto y Mulegé.

En un pronunciamiento, la Diputada reconoció la colaboración previa del SAT, mencionando que gracias a gestiones pasadas, se han realizado brigadas itinerantes en la región. Ejemplificó que en 2023, en Santa Rosalía, se atendió a cientos de personas. Estos esfuerzos han permitido a los ciudadanos registrarse, actualizar sus datos fiscales y cumplir con sus obligaciones sin tener que viajar largas distancias.

A pesar de los resultados positivos, la Diputada enfatizó que las brigadas eventuales ya no son suficientes. «La demanda no ha disminuido, por el contrario, va en aumento,» declaró. Por esta razón, el llamado actual es para que el SAT convierta estas visitas en campañas de atención constantes y programadas.

Valentín Vázquez subrayó la importancia de contar con un calendario público y una amplia difusión de estas campañas. Además, hizo un llamado para que se evalúe la posibilidad de instalar, al menos, un módulo de atención fijo en Mulegé o Loreto.

Y es que la Diputada señaló que la creciente actividad laboral y el aumento de emprendimientos en estas zonas han generado una necesidad constante de servicios fiscales; la falta de un módulo permanente del SAT no debe ser una barrera para que los ciudadanos accedan al trabajo, a la facturación legal, a apoyos, y a todos los derechos.

«La demanda de servicios fiscales en el Norte de nuestro Estado es una realidad creciente y constante,» afirmó, destacando que el acceso a trámites del SAT no debería ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos”, sentenció. Con este pronunciamiento, busca garantizar que en Baja California Sur, la distancia no sea un impedimento para el cumplimiento fiscal.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de brindar mayor certeza, claridad y uniformidad al trámite de los pronunciamientos de las y los diputados ante el Pleno, la diputada Alondra Torres García, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal.

Actualmente, dicho artículo establece plazos fijos para registrar los asuntos a tratar en sesión, sin contemplar mecanismos que permitan dar atención inmediata a temas urgentes o de alta relevancia social que surgen de manera inesperada.

La propuesta incorpora dos excepciones a esos plazos, permitiendo el registro e inclusión de pronunciamientos fuera de tiempo siempre que se justifique su urgencia o importancia para la sociedad y cuenten con la aprobación de la asamblea o de la mesa directiva: urgencia para la sociedad (asuntos apremiantes, críticos o de atención inmediata) e importancia para la sociedad (temas de interés general o alto impacto social).

Con esta reforma, Torres García busca eliminar ambigüedades normativas, evitar múltiples interpretaciones y garantizar que el congreso pueda posicionarse con oportunidad frente a hechos relevantes para la ciudadanía.

El proyecto contempla que, si se cumplen estos criterios y se obtiene mayoría de votos, los pronunciamientos podrán ser incluidos en el orden del día aunque no se hayan registrado en los plazos reglamentarios.