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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para proteger a la infancia y adolescencia sudcaliforniana frente a riesgos propios de la era digital, dotándoles de herramientas preventivas que les permitan desenvolverse en entornos seguros, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que establece la obligatoriedad de que los planes y programas de estudio contemplen una asignatura, o al menos un eje transversal, en prevención de delitos cibernéticos y seguridad digital.

La incorporación de contenidos vinculados a la educación digital responsable y a la prevención de riesgos en entornos virtuales, responde a las transformaciones sociales y tecnológicas que inciden directamente en la formación de estudiantes, buscando dotarles de herramientas que fortalezcan su desarrollo integral.

Desde su óptica, la asignatura deberá abordar, de forma gradual y acorde a la edad del alumnado: uso responsable de Internet y redes sociales; identidad y huella digital; reconocimiento de riesgos (grooming, ciberacoso, fraudes digitales y demás); protocolos de actuación y denuncia; derechos digitales de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de una cultura de autocuidado y apoyo entre pares.

La educación que se imparta en el Estado, promoverá en las personas estudiantes el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para el uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías de la información, comunicaciones y entornos digitales, así como la prevención de delitos cibernéticos.

Por su parte, el Estado y municipios garantizarán la calidad en la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, y la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de las personas estudiantes.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora de la bancada de Morena, argumentó que su iniciativa no solo se ajusta al marco jurídico vigente, sino que lo enriquece al reconocer nuevas realidades educativas y de seguridad en el entorno digital, asegurando que la educación pública en Baja California Sur avance en concordancia con los retos del presente y en plena observancia del principio de progresividad de los derechos humanos.

Su propuesta no contraviene las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y abre un margen de acción a las entidades federativas para desarrollar y fortalecer derechos que ya se encuentran reconocidos en el marco normativo nacional. La reforma que plantea, implica modificar el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado y desde ahora es analizada por las comisiones de Educación y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada del Partido Acción Nacional, Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho humano a la protección civil. La propuesta surge como respuesta a las graves experiencias vividas por la entidad ante desastres naturales, especialmente, el huracán Liza en 1976, que dejó severas consecuencias humanas y materiales en La Paz.

Este acontecimiento marcó un antes y un después en la gestión de riesgos en el Estado, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de atención a la población ante fenómenos naturales. Aunque se ha avanzado en la legislación local, aún persisten retos, particularmente tras la desaparición del FONDEN en 2020, lo cual ha limitado la capacidad de respuesta del Estado.

La iniciativa plantea reconocer la protección civil como un derecho humano integral, vinculado a la seguridad, la vida y el patrimonio de las personas. Propone que el Estado y los municipios asuman como obligación garantizar este derecho, y se contempla la creación de un Fondo Estatal de Protección Civil con recursos estatales, municipales, federales (cuando sea posible) y de los sectores privado y social.

Asimismo, se busca asegurar la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la prevención, atención y recuperación ante desastres, con énfasis en la atención a los grupos más vulnerables, en concordancia con los principios de derechos humanos y el principio pro persona.

También se establece la necesidad de armonizar la legislación estatal con instrumentos internacionales como el Marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que promueven la gestión integral de riesgos como pilar del desarrollo sostenible.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de llevar oportunidades de empleo, de capacitación y otros beneficios a la ciudadanía, el Servicio Nacional de Empleo (SNE BCS), del Gobierno del Estado, socializó en el Congreso del Estado los programas y servicios que ofrece de manera gratuita a quien requiere una fuente de trabajo.

“Esta es una mecánica que hemos estado llevando al IV Distrito con buena respuesta y que buscamos que se lleve a todo el Estado a través de sus representantes en los distritos”, manifestó el diputado Sergio Guluarte Ceseña, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social de la XVII Legislatura.

Representantes del SNE BCS acompañados del director, José Manuel Rojas Aguilar, expusieron los principales programas que tienen como finalidad ayudar a personas con desempleo o en subempleo. 

Dieron a conocer los programas para buscadores de empleo, para la parte patronal, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá (PTAT), de movilidad interna de jornaleros agrícolas, así como de la bolsa del trabajo, portal de empleo, Chambachat, Jóvenes Construyendo el Futuro, capacitaciones y ferias de empleo.

Dieron a conocer del proceso de reclutamiento de enfermeras y enfermeros para Alemania, convocatoria abierta del 29 de septiembre al 1 de octubre.

El director del SNE BCS, Rojas Aguilar, invitó a legisladores y legisladores a aprovechar la plataforma de la dependencia para llevar el beneficio a la ciudadanía.

También exhortó a la gente a acercarse a cualquiera de las instalaciones del SNE BCS ubicadas en los cinco municipios en Santa Rosalía, Loreto, Ciudad Constitución, San José del Cabo, Cabo San Lucas y las oficinas centrales en La Paz en Ignacio Allende entre Melitón Albañez y Ensenada, colonia centro.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En su segundo día de trabajo por el municipio de Mulegé, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la entrega de 42 acciones para mejoramiento de vivienda en la modalidad paquetes de materiales, en la comunidad de San Ignacio, a familias que resultaron afectadas por las pasadas lluvias del 15 y 16 de septiembre.

Adicionalmente, se formalizó la reubicación de 10 familias, que serán beneficiadas con recámaras con baño incluyente, además de 5 cuartos dormitorios con baño incluyente, construcción que dará inicio este lunes.

El mandatario estatal precisó que también se apoyará a 15 viviendas con enseres y electrodomésticos, como refrigeradores, estufas, camas, comedor y lavadora, con el fin de ayudar un poco en lo que perdieron.

Castro Cosío subrayó estos apoyos responden al compromiso de su gobierno por velar por el bienestar de toda la población de Baja California Sur, “los recursos del pueblo tienen que volver al pueblo, de manera eficiente, transparente y con prontitud”.

Reconoció a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la alcaldía de Mulegé, a decenas de voluntarios y las instituciones estatales por todo el apoyo que brindaron a San Ignacio para que vuelva a la normalidad.

Reitero todo el respaldo del pueblo de BCS y de los tres órdenes de gobierno, “San Ignacio no está solo, seguirá siendo el gran pueblo y referente de la fortaleza y unidad de su gente, juntos haremos frente a la adversidad”, concluyó.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Los Cabos, donde el sol inclemente se funde con el azul del mar, dos compañías de transporte público dominan las rutas que conectan dos puntos esenciales de la ciudad: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ruta del Desierto, con 20 unidades, y Cabo Baja, con solo 5, protagonizan una competencia feroz que, lejos de mejorar el servicio, ha creado un ambiente de tensión, inseguridad y desatención. Los residentes que dependen de este transporte a diario se ven atrapados en un sistema que, aunque esencial, no cumple con las expectativas mínimas de calidad y servicio.

El problema no radica únicamente en la cantidad de unidades disponibles, sino en cómo estas unidades operan. Las unidades de ambas compañías, aunque necesarias, carecen del mantenimiento adecuado, lo que genera una experiencia incómoda y, en ocasiones, peligrosa para los usuarios. El aire acondicionado, en vez de ofrecer un alivio en el calor sofocante del desierto, a menudo no funciona correctamente. Aunque algunos camiones tienen el sistema encendido, este termina por liberar gotas de agua, empapando a los pasajeros, lo que transforma un viaje que debería ser cómodo en una incomodidad diaria.

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Sin embargo, lo más crítico no es el mal funcionamiento de un sistema de refrigeración. Lo que realmente está en juego es la competencia entre las dos empresas, que ha dejado de centrarse en mejorar el servicio y se ha transformado en una guerra por los pasajeros. Ruta del Desierto, con su flota más grande, parece llevar la ventaja, pero su enfoque en ganar terreno y llenar los camiones a toda costa no ha mejorado la calidad del servicio. De hecho, a menudo se pasan de largo cuando los residentes intentan hacer una parada. Los conductores, más enfocados en seguir su ruta y cumplir con los horarios, parecen ignorar las señales de los locales que dependen de estas unidades para sus desplazamientos cotidianos.

Uno de los testimonios más comunes entre los usuarios frecuentes es la frustración por el trato desigual que reciben los locales en comparación con los turistas. «A veces los camiones pasan vacíos y no se paran. Sólo se detienen si ven turistas. A veces escucho a los conductores decir, ‘no, esos no, déjalos pasar’», es lo que muchos afirman haber escuchado mientras viajan. Este comportamiento, lejos de ser aislado, parece ser una norma dentro del sistema de transporte.

Los conductores de Ruta del Desierto, con una flota más grande, se ven en una posición de poder que no están dispuestos a dejar ir. Mientras tanto, Cabo Baja, con su flota mucho más pequeña, se ve en desventaja, luchando por cubrir las rutas con unidades que, además de estar en menor cantidad, no cuentan con el mantenimiento adecuado. En lugar de centrarse en mejorar la experiencia del usuario, el objetivo parece ser una carrera constante para ver quién puede ganar el pasaje más rápido, sin importar el daño que esto pueda causar en la seguridad de los pasajeros.

Los accidentes, aunque no siempre reportados, son cada vez más frecuentes. Las unidades viejas, con sistemas de frenos que no funcionan correctamente o suspensión en mal estado, se han convertido en una amenaza diaria para los pasajeros. Esto, sumado a la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades locales, genera un entorno de desconfianza y riesgo para quienes utilizan el transporte público como medio principal de movilidad.

«Es como si no importáramos», menciona un residente que utiliza el transporte público a diario. «Nos ven esperando, pero no se paran. Si ven turistas, lo primero que hacen es frenar. A nosotros, los locales, nos ven como si no tuviéramos valor».

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del transporte o la competencia entre empresas. Es una cuestión de justicia social. Los residentes de Los Cabos merecen un sistema de transporte que funcione para ellos, no solo para los turistas. Este desprecio por los locales y la competencia salvaje entre Ruta del Desierto y Cabo Baja han dejado claro que las prioridades están mal enfocadas. Los pasajeros, quienes dependen de este servicio a diario, no deberían ser tratados como un número más, ni como un obstáculo en una carrera que no les beneficia.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que las empresas de transporte comprendan que su verdadera misión no es ganar una carrera, sino servir a todos por igual, con respeto, seguridad y calidad. La batalla por el pasaje no debería ser una carrera peligrosa, ni un campo de indiferencia hacia quienes realmente construyen la vida de Los Cabos. El futuro del transporte público en esta ciudad no se trata de quién tiene más unidades o quién puede llegar primero, sino de quién puede ofrecer un servicio que realmente valore a todos sus usuarios.

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