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La Paz, Baja California Sur (BCS). Se trata del dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, de las iniciativas presentadas por la diputada Karina Olivas Parra y el diputado Fernando Hoyos Aguilar, mediante la cual se reforman y adicionan el Código Penal Estatal, cuya materia de estudio abarca la legítima defensa de mujeres que son sometidas a diversos tipos de violencia, dictaminándolas viables.

En relación a la iniciativa de la legisladora Olivas Parra persigue que se reconozca en el Código Penal que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo y al momento en que ésta se acredite haber estado en un estado de miedo o terror.

Con respecto a la iniciativa del diputado Hoyos Aguilar, pretende tutelar la libertad personal de las mujeres cuando, actuando en legítima defensa, lesionan o privan de la vida a su agresor, aun en caso de tentativa, cuando éste, teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado.

En tal sentido, quedará sentado en el marco jurídico la agravante de las penas por feminicidio cuando la víctima pertenece a grupos vulnerables o en condiciones especiales, y también si el agresor es servidor público que abusó de su cargo. El agresor pierde todos los derechos respecto a la víctima, incluidos los sucesorios, así como cualquier derecho sobre los hijos de la víctima. Además, se incorpora la perspectiva de género como metodología para identificar y combatir la desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Por su parte, la diputada Olivas Parra, también promovente de la iniciativa, reconoció la importancia de la reforma que atienda el caso de mujeres que han sido privadas de la libertad por haberse defendido en contextos de violencia, resaltando la “Ley Alina” como ejemplo de lucha a nivel nacional. Hizo un llamado a juzgar con perspectiva de género y fortalecer la protección de las mujeres en BCS.

FOTOS: Archivo | Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs (Morena), mediante el cual se emiten diversos exhortos a autoridades municipales y federales, con el propósito de atender inquietudes sociales relacionadas con el desarrollo urbano y el aprovechamiento de recursos naturales en comunidades del municipio de La Paz.

El resolutivo plantea un respetuoso exhorto a la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, para que se suspenda la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) en el polígono de Las Playitas, Todos Santos y El Pescadero, hasta que sea revisado con la participación de las comunidades involucradas y se alcancen acuerdos que garanticen un desarrollo equilibrado, sin vulnerar los derechos históricos de sus habitantes.

Asimismo, el Congreso del Estado aprobó exhortar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, para que informe sobre los criterios utilizados en la asignación de permisos para el avistamiento de orcas en la zona de Agua Amarga, La Ventana y El Sargento.

Se solicitó a la misma dependencia federal revisar y, en su caso, revocar los permisos otorgados a empresas ajenas a dichas comunidades, al considerar que su expedición ha generado desplazamiento de habitantes locales que históricamente han desarrollado actividades vinculadas al mar, así como conflictos sociales en la región.

Se destacó la importancia de preservar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del patrimonio natural, así como de garantizar que las comunidades sudcalifornianas que participen en las decisiones que impactan directamente su entorno y su forma de vida.

Por su parte, la diputada Lupita Saldaña (PAN) apoyó la propuesta y sentenció que ambos temas expuestos tienen en común la falta de consulta a las comunidades.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde la conversación pública suele inclinarse hacia el turismo, la plusvalía y las postales del mar, hay otro paisaje que sostiene una parte menos fotografiada de la economía: los valles agrícolas del norte y del centro, donde el desierto produce tomate, espárrago, papa, garbanzo y alfalfa gracias a una agricultura que depende casi por completo del riego. Ahí, entre surcos, malla sombra y jornadas temporales, se mueve una fuerza de trabajo sin la cual el campo sudcaliforniano simplemente no camina.

Baja California Sur no es solo hoteles frente al mar. También es Valle de Santo Domingo, Valle del Vizcaíno, Los Planes y las zonas agrícolas de Todos Santos y San José del Cabo. Es, además, un territorio donde Comondú concentra casi toda la producción estatal de papa, espárrago, garbanzo, trigo, naranja y alfalfa, según documentos estratégicos del propio Estado. Esa geografía desmonta una ficción cómoda: la de creer que el campo sudcaliforniano es marginal. No lo es. Lo que ocurre es que su músculo humano suele quedar escondido detrás del brillo de otras economías más visibles, más rentables para la narrativa oficial y más atractivas para la vitrina pública.

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Los datos más duros ayudan a ponerle tamaño a esa sombra. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 58,184 personas en la mano de obra agropecuaria, pero lo más elocuente es la forma en que se reparte esa carga: 43,763 correspondieron a mano de obra eventual, es decir, puestos de trabajo de jornal, frente a 14,421 de mano de obra permanente. No es un detalle técnico. Es la radiografía de una estructura que descansa, sobre todo, en trabajo temporal, frágil y reemplazable. Un campo que exporta valor, pero administra la vida de quienes lo levantan como si fuera un insumo más del ciclo agrícola.

Esa fragilidad no empieza en Baja California Sur, ni termina en sus límites. De acuerdo con estudios de CONEVAL, la población jornalera agrícola en México enfrenta tres marcas persistentes: trabajo intermitente, desgaste físico extremo y movilidad constante. Los mismos diagnósticos ubican a los valles del noroeste dentro de las rutas de especialización y destino de esa mano de obra; entre ellas aparece el Valle del Vizcaíno, enlazado con las temporadas agrícolas de otras entidades. El propio gobierno sudcaliforniano ha reconocido que el sector demanda trabajadores procedentes de distintos estados y que la movilidad laboral interna sigue siendo un mecanismo central para abastecer esa necesidad. Dicho de otro modo: una parte del campo sudcaliforniano se sostiene con personas que llegan, trabajan, cosechan y vuelven a partir, muchas veces sin que el Estado les garantice un arraigo mínimo de derechos.

Ahí está el corazón incómodo de esta historia. A escala nacional, CONEVAL estimó que en 2022, 88 de cada 100 personas jornaleras agrícolas carecían de acceso a la seguridad social y que 67.7% no tenía acceso efectivo a servicios de salud. No puedo confirmar con la misma precisión una cifra estatal reciente exclusiva para Baja California Sur, porque el propio CONEVAL advierte que para la entidad las estimaciones disponibles deben leerse con cautela por su menor precisión estadística. Pero precisamente esa falta de nitidez pública ya dice mucho: el Estado conoce la importancia estratégica de esta mano de obra mejor de lo que conoce, o transparenta, la dimensión exacta de sus carencias. Lo que sí está claro es el patrón: donde el trabajo es eventual y migrante, la protección suele llegar tarde, fragmentada o de plano no llegar.

Las autoridades no ignoran el problema. La Secretaría del Trabajo estatal ha sostenido que realiza inspecciones permanentes en campos agrícolas, que vincula a jornaleros solo con empresas avaladas y que bajo ninguna circunstancia debe permitirse el trabajo infantil. En paralelo, la SEP de Baja California Sur mantiene atención educativa para familias jornaleras migrantes y el propio plan estatal de educación reconoce planteles destinados a hijos de jornaleros agrícolas, algunos de habla indígena. Todo eso importa, pero también exhibe una verdad más áspera: cuando un Estado necesita programas especiales de movilidad, vigilancia e inclusión escolar para que una población no quede a la intemperie, lo que tiene enfrente no es una anomalía menor, sino una precariedad estructural. El problema no es solo que existan apoyos; el problema es que la vida de miles de personas siga dependiendo de apoyos parciales para acceder a lo que debería ser piso básico.

En Baja California Sur, la abundancia casi siempre se cuenta desde arriba: cuartos de hotel, inversión, ocupación, crecimiento, desarrollos. Pero abajo, en el otro mapa del Estado, la riqueza tiene las manos partidas. El campo sudcaliforniano depende casi totalmente del riego, opera con agricultura protegida, produce mercancías valiosas y sostiene cadenas comerciales enteras. Sin embargo, sobre esa modernización productiva sigue descansando una forma antigua de desigualdad: la de quienes hacen posible la cosecha sin ocupar un lugar equivalente en la conversación pública, la seguridad social, la vivienda digna o la protección integral de sus familias. Se modernizó la agricultura; no al mismo ritmo la justicia laboral que debería acompañarla.

La salida no pasa por romantizar al jornalero, ni por usarlo como telón moral del progreso ajeno. Pasa por algo más concreto y menos cómodo: registro fino, inspección verificable, afiliación real a salud y seguridad social, seguimiento interestatal de la movilidad, vivienda temporal digna, protección efectiva a niñas y niños, y datos públicos suficientemente robustos para que la invisibilidad deje de ser una coartada. Porque un Estado no se mide solo por lo que presume, sino por la dignidad que garantiza a quienes lo sostienen. Y si Baja California Sur quiere llamarse próspero sin sonrojarse, tendrá que empezar por mirar de frente a quienes alimentan su tierra sin haber probado todavía los frutos de la justicia.

Referencias:
INEGI, Censo Agropecuario 2022. Resultados definitivos. Baja California Sur.
CONEVAL, La población jornalera agrícola en México y su situación de pobreza y Estudio sobre la población jornalera agrícola en México.
Gobierno de Baja California Sur / SETUE, Información Estratégica 2025: Baja California Sur e Información Estratégica 2025: Comondú.
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social de Baja California Sur, boletines sobre movilidad laboral, inspección y atención a jornaleros agrícolas.
SEP Baja California Sur, materiales sobre atención educativa a población migrante e hijos de jornaleros agrícolas.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En grupos de WhatsApp, transmisiones en vivo en redes sociales y anuncios patrocinados que aparecen entre videos de entretenimiento, la promesa es siempre la misma: aprender a invertir, multiplicar el dinero y alcanzar la anhelada “libertad financiera”. Lo que inicia como un curso gratuito o una invitación a formar parte de una comunidad exclusiva, termina, para miles de personas en México, en pérdidas económicas difíciles de recuperar y en una red de engaños cada vez más sofisticada. En los últimos años, autoridades financieras y de seguridad han advertido sobre el crecimiento acelerado de plataformas y esquemas que, bajo el discurso de la educación financiera, operan en realidad como fraudes masivos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha alertado recientemente sobre la proliferación de publicaciones que utilizan su imagen institucional para promover cursos falsos que prometen “altos rendimientos garantizados”, una característica clásica de las estafas financieras. Este fenómeno no es aislado ni reciente. Es la evolución de esquemas piramidales y fraudes tradicionales que han encontrado en el entorno digital un terreno fértil para expandirse.

A diferencia de las estafas tradicionales, los esquemas actuales no se presentan abiertamente como inversiones de alto riesgo. Se disfrazan de programas educativos, mentorías o comunidades de trading. En apariencia, no venden un producto financiero, sino conocimiento. Sin embargo, las autoridades han identificado patrones claros. Los defraudadores contactan a las víctimas a través de redes sociales o mensajería instantánea, prometen asesoría personalizada y muestran resultados ficticios para generar confianza. Una vez que la persona realiza una primera inversión, se le incentiva a depositar más dinero bajo el argumento de que sus ganancias están creciendo rápidamente. La Guardia Nacional, a través de su unidad CERT-MX, ha documentado cómo estas dinámicas se replican en esquemas conocidos como “tareas piramidales”, donde se pide a los usuarios realizar pequeñas inversiones iniciales con la promesa de recuperarlas rápidamente. El engaño se consolida cuando se exige un segundo depósito mayor, tras el cual los responsables desaparecen o inventan pretextos para retener el dinero. El elemento diferencial en estos nuevos fraudes es la narrativa: ya no se trata solo de invertir, sino de “aprender a invertir”. Esa promesa reduce la percepción de riesgo y amplía el universo de víctimas potenciales.

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Uno de los factores clave en la masificación de estos esquemas es el uso de redes de confianza. A diferencia de fraudes impersonales, estas plataformas suelen expandirse a través de recomendaciones entre amigos, familiares o conocidos. En muchos casos, las primeras personas que ingresan sí reciben ganancias iniciales —financiadas con el dinero de nuevos participantes— lo que refuerza la credibilidad del sistema y convierte a las propias víctimas en promotores involuntarios. Este modelo reproduce la lógica clásica de los esquemas piramidales, donde los beneficios de los primeros inversionistas dependen de la incorporación constante de nuevos participantes. La diferencia es que ahora el proceso está mediado por plataformas digitales, interfaces profesionales y estrategias de marketing sofisticadas. La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha advertido que estas aplicaciones y sitios web imitan la imagen de empresas legítimas y utilizan testimonios falsos y gráficos manipulados para convencer a los usuarios . En muchos casos, incluso utilizan nombres de instituciones reconocidas o figuras públicas sin autorización.

El auge de estos fraudes no puede entenderse sin considerar el contexto económico y social de México. La digitalización de los servicios financieros ha crecido de forma acelerada en la última década, facilitando el acceso a herramientas de inversión, pero también abriendo nuevas vulnerabilidades. Al mismo tiempo, factores como la inflación, el bajo crecimiento económico y la precarización laboral han generado un terreno propicio para la búsqueda de ingresos alternativos. En ese escenario, la promesa de obtener ganancias rápidas con poca inversión resulta particularmente atractiva. Las plataformas fraudulentas capitalizan esta aspiración. Utilizan un lenguaje que mezcla conceptos de emprendimiento, libertad económica y superación personal, creando una narrativa aspiracional que conecta con amplios sectores de la población. A ello se suma el auge de fenómenos como las criptomonedas y el trading en línea, que han popularizado la idea de que es posible generar riqueza a través de inversiones digitales, aunque sin una comprensión generalizada de los riesgos asociados.

A pesar de las alertas constantes, el marco legal mexicano enfrenta limitaciones para prevenir estos esquemas y proteger a las víctimas. La Ley Fintech establece que las plataformas que ofrecen servicios financieros digitales deben estar autorizadas por la CNBV. Sin embargo, muchas de estas operaciones fraudulentas se realizan desde el extranjero o utilizan estructuras opacas que dificultan su regulación y persecución. Además, la velocidad con la que surgen nuevas plataformas supera la capacidad de respuesta institucional. Según registros de la CONDUSEF y otras autoridades, cada año se identifican decenas —o incluso cientos— de entidades fraudulentas, muchas de las cuales desaparecen rápidamente para reaparecer bajo otro nombre. En respuesta, la CNBV ha fortalecido en años recientes las disposiciones para prevenir fraudes dentro del sistema financiero formal, obligando a entidades como las Sofipos a implementar controles más estrictos y programas de auditoría . Sin embargo, estas medidas tienen un alcance limitado frente a plataformas que operan fuera del sistema regulado.

El impacto de estos fraudes va más allá de las pérdidas individuales. Para muchas víctimas, se trata de ahorros de toda una vida, recursos destinados a educación, vivienda o retiro. Además del daño económico, existe un componente psicológico significativo: sentimientos de culpa, vergüenza y desconfianza que dificultan la denuncia y el acceso a mecanismos de apoyo. Las autoridades han reconocido que ciertos grupos son particularmente vulnerables, como adultos mayores o personas con menor acceso a educación financiera. Sin embargo, el fenómeno atraviesa todos los niveles socioeconómicos, en parte debido a la sofisticación de las estrategias utilizadas. A nivel macro, la proliferación de estos esquemas también erosiona la confianza en el sistema financiero, lo que puede tener efectos negativos en la inclusión financiera y en el desarrollo económico.

México no es ajeno a los fraudes financieros de gran escala. Casos como el de Ficrea, intervenido por autoridades tras detectarse desvíos millonarios de recursos, evidenciaron las debilidades del sistema para detectar irregularidades a tiempo. Sin embargo, el fenómeno actual presenta diferencias importantes. Mientras que fraudes como Ficrea operaban dentro del sistema financiero formal, las nuevas plataformas fraudulentas se desarrollan en un entorno descentralizado, global y altamente dinámico. Esto dificulta no solo su regulación, sino también la recuperación de los recursos y la sanción de los responsables.

A pesar de la complejidad del fenómeno, las autoridades coinciden en ciertos indicadores clave para identificar posibles fraudes:

• Promesas de rendimientos altos o garantizados en poco tiempo.
• Uso indebido de nombres o logotipos de instituciones oficiales.
• Presión para invertir de inmediato.
• Solicitud de datos personales o depósitos a través de canales no oficiales.

La CNBV ha sido enfática: ninguna inversión legítima puede garantizar ganancias sin riesgo, y cualquier oferta que utilice su nombre para captar recursos debe considerarse sospechosa.

El crecimiento de estas plataformas refleja una convergencia de factores: avances tecnológicos, vacíos regulatorios, condiciones económicas adversas y una cultura emergente de inversión digital. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un problema estructural que requiere una respuesta integral. Esto incluye no solo el fortalecimiento de la regulación y la persecución penal, sino también estrategias de educación financiera que permitan a la población identificar riesgos y tomar decisiones informadas. Mientras tanto, los grupos de WhatsApp siguen creciendo, los anuncios continúan apareciendo en redes sociales y nuevas plataformas surgen cada día con promesas renovadas. Para miles de personas, la búsqueda de libertad financiera se ha convertido, paradójicamente, en una puerta de entrada al fraude. Y en ese contraste se encuentra uno de los mayores desafíos del sistema financiero contemporáneo en México: cómo democratizar el acceso a las oportunidades económicas sin abrir la puerta a la explotación masiva.

Referencias

Asset Shield Legal. (s.f.). Plataformas de inversión falsas en México. Recuperado de: https://assetshieldlegal.eu/plataformas-de-inversion-falsas-en-mexico/

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2025). Alerta por intentos de fraude mediante cursos falsos de inversión. Citado en: El Porvenir. Recuperado de: https://elporvenir.mx/economico/cnbv-alerta-por-intentos-de-fraude/955539

Expansión. (2025). CNBV cambia reglas para Sofipos para prevenir fraudes. Recuperado de: https://expansion.mx/economia/2025/12/26/cnbv-cambia-reglas-sofipos-prevenir-fraudes

Financera. (s.f.). Empresas fraudulentas en México. Recuperado de: https://financera.mx/prestamos/empresas-fraudulentas-en-mexico/

Gobierno de México – Guardia Nacional (CERT-MX). (s.f.). Fraudes a través de inversiones piramidales en línea. Recuperado de: https://www.gob.mx/gncertmx/articulos/fraudes-a-traves-de-inversiones-piramidales-en-linea

SinEmbargo. (2024). La Policía Cibernética alerta sobre apps y plataformas fraudulentas de inversión. Recuperado de: https://www.sinembargo.mx/4673574/la-policia-cibernetica-alerta-sobre-apps-y-plataformas-fraudulentas-de-inversion/

Wikipedia. (s.f.). Fraude de Ficrea. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_de_Ficrea

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FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de armonizar la legislación estatal con el marco normativo federal en materia educativa, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, representante del Partido Verde en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación de Baja California Sur.

La propuesta responde a las reformas recientes a la Ley General de Educación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, las cuales establecen la incorporación transversal de la perspectiva de género, el fomento a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la implementación de acciones para prevenir y atender la violencia en los entornos educativos.

El legislador destacó que resulta necesario actualizar el marco jurídico estatal para garantizar una educación inclusiva, equitativa y con enfoque de derechos humanos.

Entre los principales cambios propuestos, contempla fortalecer el combate a la discriminación y a las violencias, especialmente las que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres; incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los procesos educativos; y promover el derecho a una vida libre de violencias dentro de la comunidad escolar.

Agúndez Cervantes planteó que las autoridades educativas deben implementar protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, incluyendo mecanismos para la detección oportuna, la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, así como la resolución pacífica de conflictos.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de políticas incluyentes, con enfoque diferenciado y de género, orientadas a garantizar el acceso, permanencia y continuidad de los estudios, especialmente en grupos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos para su dictaminación.