Aprueban Ley Melanie y Ley Monse en el Congreso de BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XVII Legislatura de Baja California Sur aprobaron dos importantes iniciativas en materia de combate y erradicación de diferentes tipos de violencia contra la mujer; se trata de la “Ley Melanie” que previene y castiga la violencia en el noviazgo y de la “Ley Monse” que penaliza casos de encubrimiento de familiares o amigos de responsables de los delitos de feminicidio y homicidio.

La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidió con la promotora de ambas iniciativas de reformas al Código Penal estatal, la diputada Karina Olivas Parra.

La iniciativa de la “Ley Melanie” busca prevenir y castigar la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra la mujer. Fue equiparada al delito de violencia familiar, en su Artículo 202, evocando el postulado de que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler.

Este paso legislativo fortalece al marco jurídico estatal, ya que se suma a la armonización vigente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo quinto, donde se reconoce como un tipo de violencia familiar.

En el caso de la “Ley Monse”, la comisión dictaminadora observó viable la propuesta que armoniza el Código Penal de BCS con la reforma que hizo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Código Penal federal en octubre de 2022.

Se elimina de las excusas absolutorias en los casos de encubrimiento de un responsable de feminicidio u homicidio, es decir ni parejas, familiares, ni amigos u otra persona a fin, será eximido de responsabilidad penal como ocurría con la legislación anterior a la reforma penal.

“Estamos mandando un mensaje muy claro a la sociedad sudcaliforniana de que estamos ocupados en fortalecer el marco jurídico que permita a las mujeres su desarrollo pleno, y libre de violencia. Pero al mismo tiempo de que habrá un castigo”, estableció el dictamen.




Que el Congreso de BCS participe en el Plan Estatal de Desarrollo, pide Diputado

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La Paz, Baja California Sur (BCS),. Para fortalecer los mecanismos democráticos y fomentar la corresponsabilidad entre poderes, donde el Congreso del Estado participe directamente en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, el diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, presentó iniciativa con proyecto de decreto.

Su propuesta busca consolidar un modelo de planeación participativo, democrático y corresponsable, donde el Congreso actúe no solo como observador, sino como garante, evaluador y coadyuvante en el desarrollo estatal.

El Plan Estatal de Desarrollo constituye el instrumento rector mediante el cual el Gobierno del Estado orienta sus políticas públicas, programas y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental; y por el que el nuestro estado se alinea al Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, a nivel local, su elaboración, aprobación y evaluación han recaído históricamente de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo, limitando con ello la participación activa del Poder Legislativo, máxima representación popular, en un tema de interés público y de trascendencia estatal.

Desde su perspectiva, para el legislador abanderado del PRI, es necesario que el Congreso del Estado participe de manera directa en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, asegurando que dicho instrumento responda de forma efectiva a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Y es que, otorgar al Congreso la facultad de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo permitirá fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y equilibrio institucional, generando una planeación más plural, incluyente y con visión de Estado.

La iniciativa propone también que el Poder Ejecutivo informe de manera periódica al Congreso sobre el grado de cumplimiento del plan, a fin de que éste, mediante las comisiones competentes, pueda emitir observaciones, realizar un seguimiento puntual y evaluar los resultados alcanzados, lo que robustece la evaluación del desempeño gubernamental, promueve un ejercicio más responsable de la función pública, y fomenta la obtención y cumplimiento de resultados.

Esto permitirá que los informes presentados por el Ejecutivo, mejoren como instrumentos efectivos de rendición de cuentas, orientados a la evolución positiva continua de las políticas públicas y al cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal, y nos encaminará a que la población sudcaliforniana aumente la confianza en sus gobernantes.

Aprobar la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, implica reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de Baja California Sur y la Ley de Planeación, relativas al Plan Estatal de Desarrollo.




Proponen reformas para garantizar la implementación del “Turismo Accesible” en BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Asuntos Comerciales y Turísticos, la iniciativa presentada por la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza, mediante la cual se busca incluir en la Ley de Turismo para el Estado que cuando los turistas sean personas con discapacidad, se les garanticen el servicio y permita el acceso con los implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su movilidad, uso personal, incluyendo cualquier animal de asistencia o apoyo.

Al hacer uso de la tribuna, Collins Mendoza puntualizó que se busca fortalecer las normas existentes en la materia, en cuanto a las obligaciones que tienen los prestadores de servicios turísticos a fin de darle una mayor claridad y dimensión protectora a dichas disposiciones.

Lo anterior, precisó la legisladora, en atención a lo que establece la Ley de Turismo estatal, marco legislativo que tiene por objetivo, facilitar y garantizar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible, estipulado en el concepto de “Turismo Accesible”, como política pública

Por lo que, a fin de respaldar el principio de accesibilidad en las instalaciones turísticas de manera que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan acceder a las instalaciones en igualdad de condiciones, con la mayor autonomía posible, es que la diputada Dalia Collins Mendoza propuso iniciativa que propone fortalecer las normas de “Turismo Accesible”.




Gobernador se reúne con autoridades involucradas en la estrategia “Échale Montón»

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, se reunió con titulares de dependencias estatales, federales y municipales que participan en la estrategia “Échale Montón”, programa que implementa políticas públicas para reducir la pobreza en comunidades rurales y urbanas de alta marginación en los cinco municipios de Baja California Sur.

Acompañado de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro, el mandatario sudcaliforniano destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre las instancias y evaluar continuamente cada acción, asegurando que los programas generen resultados tangibles para las familias y localidades más vulnerables.

Actualmente, la estrategia opera en 101 comunidades, distribuidas de la siguiente manera: en Los Cabos, 1 rural y 3 urbanas; en La Paz, 4 rurales y 26 urbanas; en Comondú, 4 rurales y 7 urbanas; en Loreto, 13 rurales y 3 urbanas; y en Mulegé, 3 rurales y 12 urbanas, alcanzando así a diversos sectores vulnerables en todo el Estado.

Los trabajos se planifican con base en los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), considerando pobreza extrema, acceso a alimentación, salud, educación, vivienda y cohesión social.

Los avances más significativos incluyen que la cobertura de seguridad social aumentó, beneficiando a 108 mil personas adicionales, la vivienda mejoró en 11 mil hogares y la pobreza se redujo en 25 mil personas, reflejando resultados positivos de dicha estrategia.

Entre los retos identificados se encuentran el rezago educativo, que afecta a 8 mil personas que no han iniciado o concluido educación básica, y el acceso a servicios de salud, que aún requiere atención para 18 mil personas en la entidad.

Ante ello, el gobernador Víctor Castro Cosío reiteró que se continuarán desarrollando proyectos integrales, impulsando actividades productivas y fortaleciendo la calidad de vida de las familias en Baja California Sur.




Acude gobernador Víctor Castro a Informe de Actividades del Poder Judicial

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, asistió al informe de labores de la titular del Poder Judicial de Baja California Sur, Claudia Jeanette Cota Peña, donde expresó su reconocimiento al trabajo realizado para fortalecer la calidad y el sentido de justicia en beneficio del pueblo sudcaliforniano.

El acto se realizó en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, donde el mandatario destacó que los resultados presentados por la magistrada presidenta reflejan un año de avances y consolidación en el proceso de transformación que vive el sistema judicial en el estado.

“Hoy corresponde a este equipo —a las magistradas, magistrados, juezas y jueces— la oportunidad de hacer de la justicia un proceso en el que confiemos plenamente”, enfatizó.

En este sentido, el Gobernador de BCS hizo referencia a la prioridad de avanzar en la consolidación de la confianza ciudadana en el Poder Judicial, construyendo una institución sólida, confiable y cercana al pueblo, alejada de privilegios que en el pasado dañaron a México.

“La unidad y el compromiso son evidentes; les pido que continúen trabajando con el mismo honor, responsabilidad y dedicación, siempre unidos por Baja California Sur”, expresó.

Finalmente, Víctor Castro Cosío reafirmó su disposición para seguir trabajando de manera coordinada con el Poder Judicial, con el propósito de garantizar que en la entidad la justicia se aplique siempre con honor y apego a los valores que la sociedad demanda.