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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). El lunes 1 de junio de 2026, las escuelas de Baja California Sur amanecieron con una quietud inusual. En muchas colonias, madres y padres de familia hicieron la misma pregunta antes de salir de casa: si habría clases o si el paro anunciado por el magisterio se mantendría. La respuesta llegó pronto, por mensajes de directivos, grupos escolares y comunicados sindicales: las actividades quedaban suspendidas en numerosos planteles. Lo que comenzó como una jornada de presión laboral se convirtió, con el paso de los días, en un conflicto estatal que ha puesto frente a frente a docentes, autoridades educativas, gobierno estatal, familias y estudiantes.
El origen inmediato del paro estuvo en las demandas del magisterio sudcaliforniano relacionadas con pensiones, servicios médicos, condiciones salariales y problemas administrativos acumulados. La Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Elmuth Castillo Sandoval, confirmó la movilización y la extendió durante los días siguientes. Al mismo tiempo, expresiones del magisterio mantuvieron sus propias acciones de protesta, con plantones y concentraciones en espacios públicos de La Paz y otros municipios.
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La causa más profunda del conflicto se encuentra en la inconformidad contra el régimen de cuentas individuales derivado de la Ley del ISSSTE de 2007. Para miles de docentes, ese modelo modificó la expectativa de jubilación digna y trasladó parte del futuro laboral a un esquema financiero que consideran insuficiente. La exigencia de eliminar las cuentas individuales y regresar a un sistema solidario de pensiones se convirtió en el núcleo de la protesta. A ello se sumaron reclamos por deficiencias en los servicios médicos del ISSSTE, falta de especialistas, desabasto de medicamentos, trámites rezagados y la demanda de resolver cargas fiscales vinculadas al llamado “doble patrón”.
La protesta local coincidió con un contexto nacional de movilización magisterial. La CNTE había convocado a un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, también centrado en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el rechazo a las cuentas individuales y la exigencia de mejores condiciones laborales. Aunque Baja California Sur tiene una dinámica sindical propia, el clima nacional fortaleció la presión en la entidad y dio mayor visibilidad a una inconformidad que ya venía acumulándose desde meses anteriores.
El Gobierno de Baja California Sur recibió previamente un pliego petitorio del magisterio, con planteamientos laborales y salariales. Ese documento mostró que la inconformidad no se limitaba a una sola demanda, sino a un conjunto de asuntos que combinan temas estatales y federales. Ahí radica una de las dificultades centrales del conflicto: algunas respuestas dependen del gobierno estatal, pero otras requieren intervención directa de la Federación, del ISSSTE, de la Secretaría de Educación Pública federal, de Hacienda o incluso de reformas legislativas.
La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, encabezada por Alicia Meza Osuna, reconoció la legitimidad de varias demandas, pero llamó a terminar el paro para cerrar adecuadamente el ciclo escolar 2025-2026. La dependencia advirtió que junio es un mes clave para evaluar el tercer trimestre, aplicar exámenes finales, elaborar boletas y certificados. La postura oficial fue clara: el derecho laboral de manifestarse debía equilibrarse con el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a concluir sus actividades escolares en tiempo y forma.
El paro afectó principalmente a la educación básica. Desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, la suspensión de actividades modificó la rutina de miles de familias. En hogares donde ambos padres trabajan, la falta de clases obligó a buscar cuidados alternativos. En comunidades rurales, donde la escuela también funciona como centro de organización social, el cierre temporal de planteles generó incertidumbre. En secundarias y primarias, estudiantes quedaron a la espera de saber si habría exámenes, recuperación de contenidos o ajustes al calendario.
Las consecuencias educativas no son menores. Cada día sin clases representa contenidos que deberán reorganizarse, evaluaciones que se posponen y procesos administrativos que se acumulan. Para estudiantes próximos a cerrar grado escolar, la incertidumbre pesa más. Para docentes, el dilema también es complejo: protestan por derechos laborales que consideran fundamentales, pero lo hacen desde una profesión cuya razón de ser está directamente vinculada con la continuidad del aprendizaje.
En las calles de La Paz, el conflicto adquirió forma visible. Docentes se instalaron en Palacio de Gobierno, en la Plaza de la Reforma, en instalaciones de la SEP y en otros puntos de presión. Las pancartas hablaban de pensiones, salud, justicia laboral y retiro digno. No era una protesta improvisada: detrás había años de inconformidad, asambleas, consultas, comunicados y una sensación extendida de que las respuestas institucionales habían sido insuficientes.
El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, intervino solicitando apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir una mesa nacional que revisara el régimen de cuentas individuales. Ese gesto fue leído por la dirigencia sindical como un respaldo político importante, aunque no suficiente para levantar la movilización. El magisterio pidió compromisos medibles, minutas firmadas y rutas concretas de solución. La experiencia de conflictos anteriores ha hecho que los docentes desconfíen de los acuerdos generales sin fechas, montos o responsables definidos.
Uno de los avances reportados fue la instalación de mesas de negociación con el gobierno estatal para revisar asuntos contractuales, salariales y administrativos. También se mencionó la atención a temas de salud, incluyendo brigadas médicas en regiones apartadas como Pacífico Norte y comunidades rurales de Los Cabos. Sin embargo, esas acciones fueron vistas como respuestas parciales frente a demandas de mayor alcance. La eliminación del régimen de cuentas individuales, por ejemplo, no puede resolverse desde una oficina estatal.
El paro también mostró diferencias internas dentro del magisterio. Por un lado, la estructura institucional de la Sección 3 del SNTE encabezó movilizaciones y negociaciones formales. Por otro, grupos disidentes mantuvieron presión propia y colocaron demandas adicionales, como la abrogación completa de la Ley del ISSSTE de 2007 y la solución al problema fiscal del doble patrón. Esa diversidad de voces refleja la complejidad del movimiento: no se trata de un bloque uniforme, sino de un gremio amplio, con corrientes, estrategias y grados distintos de confianza hacia las autoridades.
Para las autoridades educativas, el principal reto inmediato es recuperar la normalidad escolar sin ignorar las causas del conflicto. Obligar al regreso sin respuestas podría profundizar el malestar. Pero prolongar indefinidamente el paro afectaría a estudiantes y familias. La solución requiere diálogo, pero también precisión: qué demandas puede resolver el Estado, cuáles debe gestionar ante la Federación, qué plazos son realistas y cómo se verificará cada compromiso.
Para el magisterio, el reto es mantener legitimidad social. La defensa de pensiones, salud y salario tiene respaldo entre amplios sectores, pero la suspensión de clases genera preocupación en familias que dependen de la escuela. La fuerza del movimiento dependerá no solo de su capacidad de presión, sino también de explicar con claridad por qué sus demandas impactan en la calidad educativa. Un docente con incertidumbre laboral, sin atención médica adecuada o sin perspectiva de retiro digno trabaja bajo condiciones que tarde o temprano afectan al sistema completo.
El conflicto deja una lección de fondo: la educación pública no se sostiene únicamente con planes de estudio, libros de texto o calendarios escolares. También requiere estabilidad laboral, servicios médicos funcionales, pensiones justas y canales permanentes de diálogo. Cuando esos elementos fallan, la inconformidad termina llegando a las aulas, aunque se exprese en las calles.
Hasta este jueves 4 de junio, el paro continuaba y las clases seguían suspendidas en educación básica en Baja California Sur. Los resultados aún son parciales: hay mesas abiertas, pronunciamientos oficiales, gestiones ante la Federación y medidas emergentes en salud, pero no una solución definitiva al núcleo del conflicto. La disputa por las pensiones y la seguridad social seguirá siendo el punto más difícil.
El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para convertir la presión en acuerdos verificables. Si las mesas producen compromisos claros, el paro podría abrir una ruta de solución. Si predominan las respuestas generales, el conflicto puede reaparecer con mayor fuerza. En medio quedan los estudiantes, las familias y los propios maestros, atrapados entre la urgencia de volver a clases y la necesidad de resolver problemas que llevan años esperando.
Baja California Sur vive así una pausa incómoda. Las escuelas cerradas no solo muestran un conflicto laboral; revelan una fractura más profunda entre las condiciones reales del trabajo docente y las exigencias sociales depositadas sobre la educación pública. El paro iniciado el 1 de junio no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de una acumulación de promesas, reformas, rezagos y demandas que llegaron a un punto límite. Su solución exigirá más que llamados al regreso: requerirá acuerdos serios, presupuesto, voluntad política y seguimiento público.
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