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Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). La contienda por la gubernatura de Baja California Sur aún no inicia formalmente. El calendario electoral marca que faltan meses para el arranque oficial del proceso rumbo a 2027. Sin embargo, en las calles, en redes sociales, en eventos públicos y en el debate político cotidiano, la sucesión ya comenzó. Lo que para algunos actores representa un legítimo ejercicio de posicionamiento político, para otros constituye una serie de actos anticipados de campaña que amenazan con alterar las condiciones de equidad democrática antes, incluso, de que la ciudadanía sea convocada a las urnas.
Durante los primeros meses de 2026, la discusión sobre los actos anticipados de campaña se convirtió en uno de los temas centrales de la vida política sudcaliforniana. Diversos partidos, organizaciones y actores públicos comenzaron a señalar que algunos perfiles con aspiraciones a la gubernatura estaban aprovechando cargos públicos, programas institucionales, eventos masivos o estrategias de comunicación para fortalecer su imagen de manera anticipada.
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El fenómeno no es exclusivo de Baja California Sur. En prácticamente todas las entidades donde habrá renovación de gubernatura en 2027 se observan movimientos similares. Sin embargo, en una entidad relativamente pequeña, donde los liderazgos son ampliamente conocidos y la cercanía entre ciudadanía y gobernantes es mayor, estos procesos adquieren una visibilidad particular.
El debate gira alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuándo comienza realmente una campaña política? La legislación electoral mexicana establece límites claros respecto a la promoción personalizada y a los actos anticipados de precampaña o campaña. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur prohíbe expresamente la realización de actos anticipados de campaña por parte de personas aspirantes a cargos de elección popular. Asimismo, corresponde al Instituto Estatal Electoral y a los tribunales electorales determinar cuándo una conducta rebasa los límites permitidos por la ley. Sin embargo, en la práctica, la frontera entre una actividad institucional legítima y una estrategia de posicionamiento electoral suele ser compleja. Un informe de gobierno, una gira de trabajo, una entrevista, una publicación en redes sociales o una reunión con simpatizantes pueden interpretarse de maneras distintas dependiendo del contexto y de los elementos que acompañen la acción.
En Baja California Sur, las denuncias más visibles durante 2026 han estado relacionadas con figuras de alto perfil dentro del escenario político estatal. El Partido Acción Nacional presentó denuncias formales ante el Instituto Estatal Electoral por presuntos actos anticipados de campaña en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, y del alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez. Los promoventes sostienen que ciertas actividades públicas, mensajes y estrategias de posicionamiento podrían constituir promoción anticipada rumbo a la sucesión gubernamental. Las acusaciones se producen en un contexto donde ambos personajes aparecen de manera recurrente en análisis políticos, encuestas y especulaciones relacionadas con la elección de 2027. Ninguno de ellos ha sido declarado candidato oficial, pero ambos forman parte de la conversación pública sobre quién podría suceder al actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.
El caso adquirió mayor relevancia cuando dirigentes panistas cuestionaron públicamente decisiones de las autoridades electorales respecto a denuncias previamente presentadas. En marzo de 2026, dirigentes estatales del PAN señalaron supuestas contradicciones entre el reconocimiento público de aspiraciones políticas por parte de actores partidistas y la interpretación jurídica realizada por la autoridad electoral respecto a la existencia de actos anticipados de campaña.
Más allá de los nombres específicos, el fenómeno revela una transformación profunda de la política contemporánea. Tradicionalmente, las campañas comenzaban cuando la ley lo permitía. Hoy, las redes sociales han modificado radicalmente esa lógica. Los aspirantes construyen presencia pública permanente, generan comunidades digitales, difunden actividades diarias y fortalecen su reconocimiento ciudadano mucho antes de los tiempos formales establecidos por la legislación.
La exposición continua en plataformas digitales ha reducido la eficacia de los límites temporales tradicionales. Un político puede incrementar significativamente su notoriedad pública sin emitir un solo mensaje explícito de solicitud de voto. La promoción de logros, la difusión de recorridos territoriales, la participación en eventos multitudinarios o la producción constante de contenidos audiovisuales pueden generar efectos políticos similares a los de una campaña convencional.
Este escenario plantea uno de los mayores retos para las autoridades electorales. La legislación fue diseñada para un contexto dominado por medios tradicionales y campañas delimitadas temporalmente. Sin embargo, la comunicación política contemporánea opera de manera permanente y descentralizada, dificultando la identificación precisa de cuándo una conducta constituye promoción electoral indebida.
Los antecedentes nacionales ayudan a comprender la magnitud del problema. En distintos Estados del país, las autoridades electorales han recibido denuncias relacionadas con espectaculares, propaganda personalizada, giras políticas, informes de actividades y campañas digitales consideradas anticipadas. Incluso dentro de Morena, partido gobernante a nivel federal y estatal, el debate ha alcanzado relevancia nacional. En marzo de 2026, el Consejo Nacional morenista discutió nuevas reglas internas destinadas a evitar actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de aspirantes a cargos de elección popular.
La preocupación responde a un problema de fondo: cuando los actores con mayores recursos institucionales pueden posicionarse antes del inicio formal de las campañas, se generan condiciones de competencia desigual. Los aspirantes con acceso a cargos públicos, presupuesto de comunicación social o exposición mediática permanente parten con ventajas significativas frente a quienes no ocupan posiciones de gobierno.
En Baja California Sur, además, la sucesión gubernamental coincide con un contexto político particularmente sensible. Diversos estudios de opinión publicados durante 2025 y 2026 muestran un escenario abierto, con varios liderazgos buscando consolidar su presencia entre el electorado. Las encuestas reflejan altos niveles de conocimiento público para figuras vinculadas a Morena, pero también la existencia de sectores importantes de ciudadanos indecisos respecto a la elección de 2027. Esta incertidumbre incrementa los incentivos para posicionarse anticipadamente. Cuanto más abierta se percibe una contienda, mayor es la tentación de construir ventajas antes del inicio oficial del proceso electoral.
Las consecuencias potenciales de este fenómeno son múltiples. La primera es el desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando la población percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme o que algunos actores cuentan con privilegios indebidos, aumenta el desencanto hacia la política y disminuye la credibilidad de las autoridades encargadas de garantizar elecciones equitativas.
La segunda consecuencia afecta directamente la competencia electoral. Los procesos democráticos descansan sobre el principio de igualdad de oportunidades entre quienes buscan representar a la ciudadanía. Si algunos aspirantes pueden desarrollar campañas de facto durante años mientras otros esperan los tiempos legales, la contienda deja de desarrollarse sobre condiciones equilibradas.
La tercera consecuencia es presupuestal. Aunque las denuncias deben probarse caso por caso, el debate público suele centrarse en la posibilidad de que recursos institucionales sean utilizados para fortalecer posicionamientos personales. Esa percepción genera cuestionamientos permanentes sobre la separación entre funciones gubernamentales y actividades políticas.
Frente a estos desafíos, especialistas en derecho electoral han propuesto diversas soluciones. Una de ellas consiste en fortalecer los mecanismos de fiscalización digital. Las autoridades electorales enfrentan el reto de monitorear campañas de comunicación que se desarrollan simultáneamente en múltiples plataformas y formatos. La incorporación de herramientas tecnológicas especializadas permitiría detectar patrones de promoción anticipada con mayor precisión.
Otra propuesta apunta hacia una mayor claridad normativa. Diversos expertos consideran necesario actualizar los criterios legales para responder a las nuevas formas de comunicación política. Conceptos como influencer político, publicidad segmentada, campañas digitales permanentes y promoción institucional personalizada requieren definiciones más precisas dentro del marco regulatorio.
También se plantea fortalecer la cultura democrática dentro de los propios partidos políticos. Las organizaciones partidistas podrían establecer reglas internas más estrictas para quienes aspiran a candidaturas, evitando prácticas que, aunque formalmente legales, puedan interpretarse como intentos de obtener ventajas indebidas.
Finalmente, la participación ciudadana resulta fundamental. Las denuncias, observaciones y señalamientos realizados por ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación continúan siendo herramientas esenciales para visibilizar conductas potencialmente irregulares y exigir rendición de cuentas.
A poco más de un año de que inicie formalmente la disputa por la gubernatura de Baja California Sur, el debate sobre los actos anticipados de campaña se ha convertido en un termómetro de la salud democrática estatal. Las denuncias presentadas, las respuestas institucionales y las resoluciones que eventualmente emitan las autoridades electorales marcarán precedentes importantes para el proceso de 2027.
Por ahora, la batalla principal no se libra en las urnas, sino en la interpretación de las reglas. Mientras algunos actores aseguran estar realizando únicamente actividades inherentes a sus responsabilidades públicas, otros sostienen que la carrera por la gubernatura comenzó hace tiempo. Entre ambas posiciones se encuentra la tarea de las autoridades electorales: garantizar que, cuando finalmente llegue el momento de las campañas, la competencia se desarrolle bajo condiciones de legalidad, equidad y confianza ciudadana.
Fuentes
https://pan.org.mx/2026/01/24/pan-bcs-denuncia-actos-anticipados-de-campana-de-alcaldes-de-la-paz-y-los-cabos/ «PAN BCS denuncia actos anticipados de campaña de …»
https://www.cbcs.gob.mx/LEYES-BCS/LInstitucionesProcElectoralesBCS-.doc «DECRETO No. 2945»
https://www.diarioelindependiente.mx/2026/03/denuncia-el-pan-promocion-anticipada-de-milena-quiroga-y-cuestiona-al-iee-por-desechar-denuncias «Denuncia el PAN promoción anticipada de Milena Quiroga y …»
https://elpais.com/mexico/2026-03-07/morena-ensaya-en-su-consejo-nacional-un-antidoto-contra-la-corrupcion-politica.html «Morena ensaya en su Consejo Nacional un antídoto contra la corrupción política»
https://gobernarte.com.mx/rumbo-a-las-elecciones-en-baja-california-sur-2027-resultado-de-8-de-enero-2026/ «Rumbo a las Elecciones en Baja California Sur 2027»
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