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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Mesa Directiva de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur turnó para su análisis las propuestas de Ley de Ingresos 2026 de los cinco municipios que conforman la entidad.

La diputada presidenta, Cristina Contreras Rebollo, indicó el turno de cada una de las iniciativas a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, cuyos integrantes y asesores presentarán los dictámenes antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

Durante la sesión ordinaria del martes 18 de noviembre, la Mesa Directiva también turnó para su análisis y dictaminación la iniciativa de reforma a la Ley Hacendaria del municipio de Comondú, en la que se proponen actualizaciones de contribuciones en materia de autorizaciones de taxis, estacionamientos, instalación de comercios, licencias y refrendos comerciales, entre otros conceptos.

Asimismo, se envió a comisión la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de La Paz, que proyecta concluir el presente periodo en 3,098 millones 543 mil pesos, es decir, 448 mil pesos más que la cantidad aprobada inicialmente por el Poder Legislativo.

Por municipio, para el año 2026, los ayuntamientos proyectan percibir y recaudar:

• Mulegé: 610 millones 109 mil 954 pesos

• Los Cabos: 7,365 millones 579 mil 106 pesos

• Loreto: 418 millones 20 mil 53 pesos

• La Paz: 2,905 millones 974 mil 532 pesos

• Comondú: 817 millones 244 mil 119 pesos

Las iniciativas serán revisadas en comisiones en el marco del proceso legislativo de análisis, dictamen y eventual aprobación de las leyes de ingresos municipales.

FOTO: CONGRESO BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS).En representación del Poder Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada María Cristina Contreras Rebollo, recibió el Informe del Cuarto Año del Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondiente a la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez, entregó la mañana de este viernes el documento a la Mesa Directiva, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón”.

En su intervención, la diputada presidenta señaló que este acto es muestra de una administración que “trabaja con rumbo, con estabilidad y profundo compromiso con las familias sudcalifornianas”, y reafirmó el compromiso de que el Informe sea conocido y analizado por el Poder Legislativo y, a través de él, por toda la ciudadanía.

La legisladora precisó que la coordinación institucional entre los poderes es una herramienta fundamental para avanzar en las soluciones que la gente demanda.

El Informe será distribuido entre las diputadas y los diputados que integran la XVII Legislatura, para que, en un ejercicio republicano de rendición de cuentas y contrapeso de poderes, puedan revisarlo y, en su caso, solicitar que algunos rubros se amplíen, se precisen o se aclaren dudas sobre su contenido.

Foto: Gobierno de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío recibió en Palacio de Gobierno a la embajadora del Estado de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed, con quien dialogó sobre la situación que enfrenta su país y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expresó su respaldo, el de su administración y el del pueblo sudcaliforniano, al reiterar que Baja California Sur mantiene un firme compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y el diálogo como vía para resolver cualquier conflicto.

Castro Cosío destacó la relevancia de impulsar el intercambio cultural, académico y técnico con Palestina, al considerar que este tipo de acciones contribuyen al entendimiento mutuo y al desarrollo de sociedades más justas y solidarias.

Por su parte, la embajadora Nadya Rasheed agradeció el recibimiento y la solidaridad manifestada por las instituciones sudcalifornianas, señalando que estos gestos representan un mensaje significativo para su nación en momentos de alta complejidad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas partes se comprometieron a avanzar en dos líneas de acción principales:

• la exhibición de material gráfico sobre la realidad palestina en los cinco municipios del estado, y

• la exploración de esquemas de intercambio académico y técnico, particularmente en áreas vinculadas con la ciencia, la cultura y las energías renovables.

“Con esta visita reitero mi compromiso de trabajar junto a Palestina en la promoción de iniciativas que contribuyan al progreso compartido de nuestras comunidades, siempre con respeto, solidaridad y orientación hacia la consolidación de la paz y del bienestar”, concluyó Castro Cosío.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Buscando dar mayor seguridad a los automovilistas de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas Parra, propuso una iniciativa en materia de sanción de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”.

En ese sentido, propone reconocer la figura del “accidente simulado con fines de extorsión”, como una modalidad criminal autónoma; incorporar como agravantes el ejercer violencia contra las víctimas, actuar en pandilla o cuando se perpetre en contra de personas en situación de vulnerabilidad; y prever el pago de la reparación del daño, no solo material, sino moral.

La legisladora de la bancada del PT, arguye que Baja California Sur, enfrenta una amenaza creciente, una de las más peligrosas y recurrentes en zonas urbanas, es la que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”, la cual consiste en provocar o simular accidentes de tránsito para extorsionar a las víctimas con amenazas, presiones o engaños; es decir, se trata de una forma de criminalidad organizada que mezcla elementos de fraude, extorsión, coacción y violencia psicológica, todo bajo el disfraz de un “hecho de tránsito”.

Son los denominados “montachoques”, que operan generalmente en células o grupos organizados, los cuales incluso pueden llegar a simular ser agentes de tránsito, ajustadores de aseguradoras o servidores públicos. Incluso, han llegado a retener personas contra su voluntad para forzarlas a pagar o entregar documentos, si bien estos casos apenas empiezan en nuestra entidad, en el interior de la república es pan de cada día.

En la mayoría de los casos, las víctimas de esta conducta, son mujeres que viajan solas, adultos mayores, jóvenes y turistas, a quienes se perciben como blancos fáciles por su perfil vulnerable.

Operan bajo una mecánica premeditada, un vehículo colisiona o simula haber sido impactado por otro automóvil, de forma leve o incluso sin contacto físico;  los ocupantes del auto provocador increpan al conductor víctima, a quien acusan de provocar el accidente; después, aparecen supuestos testigos o cómplices disfrazados de ajustadores, quienes amenazan con llamar a la policía, “retener” el vehículo o levantar cargos judiciales y  en este contexto de presión, miedo e incertidumbre, la víctima accede a entregar dinero o firmar documentos sin comprender el alcance legal de sus actos.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión Puntos Constitucionales y de Justicia, implica adicionar que un artículo 352 Bis al Capítulo II denominado “Ataque a la Seguridad del Tránsito Vehicular”, que contempla delitos como el “ataque a la seguridad del tránsito vehicular y la conducción en estado de ebriedad”.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como diversas reformas a las leyes que rigen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista, una abstención del PRI y un voto en contra del PAN.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, destacó que esta nueva legislación permitirá un acceso más amplio y efectivo a la información pública en la entidad, consolidando los principios de transparencia y gobierno abierto.

La nueva ley contempla la creación de Comités y Unidades de Transparencia en cada sujeto obligado, la integración del Estado al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública mediante un Subsistema Estatal, así como el uso obligatorio de la Plataforma Nacional de Transparencia para recibir solicitudes y publicar información de manera accesible y oportuna. Además, promueve el uso de datos abiertos, formatos accesibles y tecnologías digitales, bajo los principios de máxima publicidad, igualdad y no discriminación.

La ley establece principios, bases y procedimientos para que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir información en posesión de autoridades estatales y municipales, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y particulares que ejerzan recursos públicos, prohibiendo expresamente reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En materia de responsabilidades, se contemplan sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que incluyen multas, apercibimientos y posibles denuncias ante autoridades competentes, según la gravedad de la falta.

Asimismo, se crea el Instituto de Transparencia para Baja California Sur, autoridad garante local dependiente de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, encargado de coordinar la política estatal en materia de transparencia y de resolver los recursos de revisión que interpongan los ciudadanos.

Las iniciativas fueron presentadas por el ciudadano Fabricio González, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Finalmente, el pleno del Congreso de BCS aprobó la solicitud de reserva del diputado Fabrizio Del Castillo Miranda para garantizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.