FOTO: Congreso del Estado.

 La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado designó a Irlendy Ingrid García Silva como titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur (TEE BCS) para el periodo 2026-2030.

En sesión del jueves 1 de octubre, la Comisión de Asuntos Políticos que preside la diputada Alondra Torres García presentó el dictamen con los 10 aspirantes que se registraron, de los cuales dos reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria: Irlendy Ingrid García Silva y Mario Alberto Carrazco Rodríguez.

La elección se dio luego de ser aprobado el dictamen de la comisión y previa comparecencia de los aspirantes, en apego al Decreto 3287, mediante el cual se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para crear la nueva figura de la defensoría.

En apego al dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Eduardo Van Wormer Castro, tomó la protesta de ley a la titular electa por el pleno.

Cabe recordar que  la Comisión Permanente de Asuntos Políticos emitió una nueva convocatoria, realizó la revisión de las solicitudes y documentación de las personas aspirantes registradas y emitió el dictamen puesto a consideración del pleno.

La Defensoría Pública Electoral del TEE BCS es una figura destinada a la defensa de los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos, enfocada particularmente en los sectores vulnerables como la comunidad indígena, afrodescendiente, mujeres, adultos mayores, entre otros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diferencias en los viáticos deben provenir de las circunstancias de la comisión y no de la jerarquía de quien la cumple, señaló la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena), al presentar ante el pleno iniciativa que busca adicionar un Artículo 36 Bis a la Ley de los Trabajadores, para eliminar como factor de diferenciación, exclusivamente, la condición personal del puesto, categoría, nivel salarial o jerárquico de quien cumple la comisión.

Vázquez Jacinto enfatiza al mencionar que no se busca sustituir las facultades que corresponden a los poderes del Estado, ayuntamientos y demás entes públicos para administrar sus recursos, puesto que cada autoridad podrá establecer, dentro del marco jurídico, las medidas que estime adecuadas siempre y cuando se dé cumplimiento a los principios de no discriminación laboral.

Ahí mismo, aseveró que la adición del Artículo 36 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur pretende reconocer expresamente que las personas trabajadoras designadas para cumplir una comisión fuera de su lugar de adscripción reciban los viáticos necesarios para sufragar los gastos indispensables con motivo de su cumplimiento.

“Los recursos que se asignan para cumplir con dicha encomienda del servicio público se asignan con un criterio que resulta contrario a los principios de equidad y no discriminación, ya que, entre más alto el rango del funcionario, mayores viáticos se le asignan; por el contrario, trabajadores de menor rango reciben menos apoyo para salir a cumplir con las comisiones”, planteó.

Indicó que la iniciativa no establece cantidades específicas, ni determina un incremento obligatorio de las partidas destinadas a viáticos, no obstante, cada ente público deberá realizar las adecuaciones que resulten necesarias atender los derechos de las y los trabajadores designados, considerando la duración, la necesidad de pernocta, las condiciones de traslado, los costos del lugar de destino y otras circunstancias.

Finalmente, expresó que la reforma establece expresamente que cuando dos o más personas, sean trabajadoras o servidoras públicas, deban salir a cumplir comisiones, deberán recibir iguales cantidades por concepto de viáticos cuando concurran las mismas circunstancias, con independencia de su puesto, categoría, nivel salarial o jerárquico.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por las comisiones unidas del Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, mediante el cual determinaron en sentido positivo adecuaciones al lenguaje del cuerpo normativo de la Ley Orgánica de la Escuela Superior de Cultura Física (ESCUFI) “Profesor Román Pozo Méndez”, para incorporar el “deporte adaptado” a fin de que todos los espacios sean aptos para cualquier persona, independientemente de su condición.

Cabe señalar que la comisión encargada del estudio y análisis coincide plenamente en el objetivo del promovente, diputado Sergio Guluarte Ceseña, toda vez que el principio del deporte adaptado se basa en que todos los espacios sean aptos para cualquier persona independientemente de su condición física, intelectual, emocional, lingüística o de otra índole; siendo el deporte adaptado, por su concepción, inclusivo, entendiéndose que todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones y oportunidades en los espacios y actividades que programen docentes y metodólogos de la educación física.

Por lo que, para tales efectos, se reforman las fracciones I y V del artículo 2; y se adiciona la fracción VI al artículo 2, todas de la Ley Orgánica de la Escuela Superior de Cultura Física “Profesor Román Pozo Méndez”, para promover el deporte adaptado, sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones o preferencias, con igualdad de participación en dichas actividades con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A 50 años de la tragedia más grande en Baja California Sur, causada por el huracán Liza, la XVII Legislatura del Congreso del Estado rindió un sentido homenaje a la memoria de las víctimas, rescatistas, tanto sobrevivientes como quienes ya fallecieron, así como a ciudadanas y ciudadanos sobrevivientes.

En sesión solemne que reunió a titulares de los 3 poderes del Estado encabezados por el gobernador Víctor Castro Cosío, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Eduardo Van Wormer Castro, así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Cota Peña, fueron reconocidos los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos que ese 30 de septiembre de 1976 auxiliaron a la población de La Paz durante la tragedia provocada por el huracán Liza.

El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, impulsor del homenaje, externó la gratitud hacia quienes participaron en aquellas labores, tanto a los presentes como a quienes han fallecido, pues su servicio es parte de la memoria histórica de La Paz y de Baja California Sur, y  su ejemplo prevalece y se les debe honrar.

«50 años después, la Estación Central 69 sigue aquí: en nuestra memoria, en nuestra historia y en la gratitud de un pueblo que no olvida a quienes estuvieron ahí cuando más lo necesitó.» «A quienes están aquí y a quienes siguen viviendo en nuestra memoria: honor, gratitud y memoria siempre.», puntualizó en tribuna.

Durante la sesión, las autoridades develaron letras doradas de la leyenda “En honor a las víctimas del huracán Liza”. En tribuna a nombre de la sociedad civil, el comandante Felipe Ángel Lara Romero, quien prestó servicios de auxilio durante el huracán, compartió desde su experiencia las memorias de ese día y de los 45 días posteriores de labores de rescate y atención a damnificados.

Determinó que a 50 años la diferencia la hace la protección civil e instrumentos vigentes como los atlas de riesgos,  “No contábamos con protección civil, no contábamos con una respuesta institucional, hoy tenemos una respuesta orgánica, eficaz y supervisada por nuestras autoridades federales, estatales y municipales; nos facilita información de los modelos físicos, de las trayectorias e intensidad de los ciclones que a través de los pronósticos y alertas tempranas nos ayuden para que la población asentada en lugares en riesgo puedan tomar medidas de prevención con el objeto de evitar la pérdida de vidas y reducir los daños”, afirmó.

Por su parte, el gobernador del Estado hizo un reconocimiento a los caídos, a sus familias, a los héroes y a sobrevivientes de esa parte de la historia de BCS. “Hoy es tiempo de recordar, pero es tiempo también de organizarnos mejor y es tiempo de que el pasado no nos vuelva a pasar en este tipo de hechos”, determinó.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objeto de elevar el rango de la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de BCS a Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes (PVEM) presentó al pleno iniciativa que propone diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y se expida la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado.

Agúndez Cervantes afirmó que elevar el rango a Secretaría implicaría un cambio institucional para fortalecer la capacidad de dirección, coordinación y ejecución de las políticas públicas en la materia, a fin de prevenir, reducir y administrar los riesgos antes, durante y después de una emergencia.

Ahí mismo, añadió que mediante un artículo transitorio se establece la creación de la Secretaría en un término de 18 meses, estipulando además que las trabajadoras y trabajadores que se encuentran asignados a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado pasarán a formar parte de la Secretaría de Protección Civil bajo las mismas condiciones laborales en que se encuentren actualmente, dejando por ende a salvo sus derechos laborales.

En ese tenor, el promovente indicó que para tales efectos se tiene como propósito establecer una nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado y Municipios de BCS, que permita consolidar un sistema estatal de protección civil eficaz, coordinado y con atribuciones claramente definidas, incorporar el enfoque de gestión integral del riesgo como eje rector de las políticas públicas en la materia, fortalecer la prevención mediante la identificación, análisis y reducción de riesgos a impulsar la cultura de la autoprotección y la participación social.

Agúndez Cervantes concluyó al señalar que la iniciativa responde a la necesidad urgente de contar con un marco jurídico actualizado e integral que permita salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, así como garantizar el desarrollo sostenible del Estado.