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Vientos de Pueblo
José Luis Cortés M.
San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En mayo de 2025, personal del Ayuntamiento de La Paz llegó a tres caminos que conducían al Pacífico. En El Pescadero, dos accesos habían sido cerrados con piedras y otros objetos. En Cerritos, una caseta sin licencia pretendía cobrar por el paso. La intervención municipal retiró los obstáculos después de denuncias ciudadanas. No hubo una batalla espectacular: sólo maquinaria, funcionarios y la evidencia material de una pregunta que recorre la península como una grieta: si la playa es pública, ¿quién garantiza el camino hasta ella?
La ley parece tajante. Las playas y la franja federal contigua son bienes de uso común; su acceso no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado. Cuando no existe una vía pública, la legislación prevé que la autoridad ambiental acuerde accesos con propietarios colindantes, mediante compensación y servidumbres. También contempla multas de tres mil a doce mil unidades de medida y actualización, e incluso la revocación de concesiones en casos reincidentes.
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Pero entre la letra y la arena se abre un territorio de competencias fragmentadas. La Federación administra la zona marítima; el municipio controla usos de suelo, licencias, catastro y vialidades; los estados regulan el desarrollo urbano; los particulares defienden sus predios. La playa puede ser pública y el terreno anterior, privado. En ese intersticio prosperan los caminos borrados, las rutas desviadas y la incertidumbre que suele favorecer a quien posee abogados, planos y tiempo.
En 2024, una investigación periodística local documentó conflictos en Pichilingue y El Caimancito. En Pichilingue, cercos y mobiliario de un club de playa obstaculizaban el tránsito; autoridades municipales y federales clausuraron el establecimiento. En El Caimancito, otro negocio retiró sombras y camastros tras ser notificado por ocupación irregular. Los episodios mostraron que la privatización de hecho no siempre requiere cerrar por completo: también puede consistir en ocupar tanto espacio público que el visitante común se sienta intruso.
La presión crece al ritmo del valor de la costa. Los Cabos registraba en la información estratégica estatal de 2025 un total de 185 hoteles y 21,744 habitaciones: tres de cada cuatro cuartos disponibles en Baja California Sur. En 2024, la ocupación hotelera municipal fue de 70 por ciento; el destino contaba además con 18 campos de golf. El censo de 2020 ya situaba a Los Cabos como el municipio más poblado del Estado, con 351,111 habitantes.
En una península árida, el crecimiento no ocupa solamente suelo: exige agua, vialidades, energía, saneamiento y vivienda. En julio de 2026, el organismo operador de Los Cabos mantenía calendarios de tandeo para numerosas colonias de San José del Cabo. Estos datos no prueban que un hotel cierre una playa ni que un campo de golf cause por sí solo la escasez doméstica. Sí revelan la escala de las demandas que compiten en el mismo territorio y la desigual capacidad de sus usuarios para asegurar suministro, acceso y paisaje.
Tampoco toda limitación es privatización. Balandra mantiene cupos y horarios por tratarse de un área natural protegida; en 2025 el aforo oficial era de 450 personas por turno. Proteger dunas, manglares y zonas de anidación puede exigir restricciones legítimas. La diferencia moral y jurídica está en quién decide, con qué evidencia y para beneficio de quién: conservar un ecosistema no equivale a reservarlo para clientes.
En junio de 2026, La Paz aprobó un reglamento municipal que ordena crear un inventario público y georreferenciado de playas y accesos, actualizarlo al menos una vez al año, señalizar rutas, impedir cobros y obstáculos, inspeccionar caminos y exigir que nuevos desarrollos costeros prevean accesos públicos. La norma reconoce, en su propia exposición, que el desarrollo inmobiliario ha generado controversias sobre el ingreso a bienes nacionales. Sin embargo, en los portales oficiales revisados para esta crónica no fue posible confirmar que el inventario ya se encuentre publicado.
Ahí comienza la prueba verdadera. Un reglamento sin mapa, presupuesto, inspecciones y sanciones puede convertirse en otra puerta dibujada sobre un muro. La salida exige catastros abiertos, servidumbres registradas, accesibilidad para personas con discapacidad, coordinación efectiva con Semarnat y Profepa y una obligación simple: que cada autorización costera demuestre, antes de construirse, por dónde seguirá entrando la comunidad.
Quienes pagan el cierre son las familias que cargan hieleras por brechas más largas, los pescadores que pierden rutas tradicionales, los trabajadores turísticos que sirven frente al mar pero no siempre pueden disfrutarlo, y una ciudad que aprende a confundir desarrollo con exclusividad. La costa no se privatiza únicamente cuando alguien compra la vista. Se privatiza cuando el horizonte continúa siendo público, pero llegar hasta él deja de serlo. El mar pertenece a todos sólo mientras exista un camino que no obligue a pedir permiso.
Referencias
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley General de Bienes Nacionales, texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025.
- XVIII Ayuntamiento de La Paz. Gaceta Electrónica número 17, 4 de junio de 2026: Reglamento de Acceso a Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre.
- Ayuntamiento de La Paz. Primer Informe de Actividades 2025, acciones de recuperación de accesos en Cerritos y El Pescadero.
BCS Noticias. Liberan tres accesos bloqueados a playas en El Pescadero y Cerritos, 26 de mayo de 2025.
Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur. Información Estratégica 2025: Los Cabos.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 para Baja California Sur.
OOMSAPAS Los Cabos. Calendario de tandeo para San José del Cabo, julio de 2026.
Daniela Reyes, Playas libres: desocupan las playas de El Caimancito y Pichilingue, Diario Humano, 17 de septiembre de 2024.
- Ayuntamiento de La Paz. Continúa el acceso controlado a Playa Balandra durante temporada vacacional, 3 de agosto de 2025.
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