Cuando la casa deja de ser hogar: la otra cara del Airbnb en Baja California Sur

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La noche cae sobre La Paz con esa quietud tibia que sólo conocen las ciudades junto al mar. Pero debajo de esa calma hay un murmullo que crece, un rumor que se esparce entre estudiantes, trabajadores y familias jóvenes: cada vez hay menos lugares donde vivir. Y no porque falten viviendas, sino porque muchas han dejado de ser hogares para convertirse en vitrinas digitales, alojamientos temporales que brillan en plataformas como Airbnb mientras la oferta de renta tradicional se desvanece.

El fenómeno no es exclusivo del Estado, pero aquí adopta una forma particular. En zonas de alta demanda turística —desde el centro de La Paz hasta colonias de Cabo San Lucas y San José del Cabo— la transformación es visible. Lo que antes eran casas ocupadas por familias ahora son estudios remodelados para viajeros; departamentos que antes se rentaban por año ahora están disponibles por noches. Según datos públicos consultados en 2024, el número de alojamientos de renta temporal en Baja California Sur creció de forma sostenida en los últimos años, especialmente en áreas urbanas con acceso a playa, centros comerciales o zonas de vida nocturna. La cifra exacta es difícil de delimitar porque la regulación estatal y municipal aún es insuficiente y fragmentada, pero los registros muestran una tendencia clara: la vivienda se está volviendo negocio antes que derecho.

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Las historias personales dan vida a las cifras. Una joven estudiante de La Paz contó que pasó más de cuatro meses buscando un cuarto accesible sin éxito. Cada lugar que encontraba terminaba convertido en “suite vacacional”. Lo mismo dijo un trabajador de Los Cabos, quien explicó que necesitó compartir departamento con tres personas porque el dueño decidió retirar la renta fija para entrar al mercado turístico. Una pareja con un bebé recién nacido relató que fue desalojada tras años de vivir en la misma casa porque “los huéspedes dejan más”.

Detrás de estas vivencias hay un patrón: el rendimiento económico del alquiler turístico supera ampliamente al de la renta tradicional, especialmente en ciudades donde los turistas internacionales pagan en dólares. Para muchos propietarios, la decisión es lógica. Para quienes buscan un lugar donde vivir, es devastadora. No sólo se encarecen los precios; se reduce la disponibilidad, aumentan los depósitos, se alargan los filtros y se normaliza la incertidumbre.

En Los Cabos el impacto es aún más evidente. La llegada continua de visitantes y residentes temporales ha empujado la conversión masiva de departamentos a renta vacacional. Informes locales han señalado que la presión inmobiliaria está desplazando a trabajadores del sector turístico hacia colonias cada vez más lejanas, lo que prolonga los tiempos de traslado y encarece la vida diaria. Un análisis reciente sobre vivienda en destinos turísticos de México advierte que esta tendencia, si no se regula, puede profundizar la desigualdad urbana: ciudades habitadas por quienes pueden pagar estar cerca y operadas por quienes deben viajar hasta dos horas para llegar a su empleo.

Lo más inquietante es la falta de reglas claras. Aunque algunos municipios han intentado crear registros de alojamientos temporales, la implementación es irregular y la supervisión insuficiente. No existe un marco estatal que delimite cuántas viviendas pueden destinarse a uso turístico por zona, ni una política robusta que garantice oferta mínima de renta a largo plazo. En otras ciudades del mundo se han implementado medidas como límites de noches al año, registro obligatorio de anfitriones, impuestos específicos y restricciones en zonas de vivienda social. Aquí, el debate apenas comienza.

La pregunta es inevitable: ¿cómo encontrar un equilibrio entre el beneficio económico del turismo y el derecho a una vivienda digna? Algunas soluciones posibles ya circulan entre especialistas: crear listas públicas de alojamientos regulados, establecer requisitos para la conversión de viviendas, fomentar desarrollos exclusivamente turísticos para despresurizar colonias habitacionales, y diseñar programas que incentiven la renta accesible para estudiantes y trabajadores. No son recetas mágicas, pero sí pasos concretos hacia un modelo urbano más justo.

La historia de Airbnb en Baja California Sur no es sólo una historia de éxito turístico; es también una historia sobre lo que ocurre cuando una ciudad olvida que su gente necesita techo antes que estancias boutique. Cuando una plataforma crece sin reglas, el mercado encuentra su beneficio, sí, pero la comunidad pierde algo más profundo: su tejido, su estabilidad, su posibilidad de futuro.

Si la vivienda se convierte en mercancía absoluta, la ciudad se vuelve un escenario sin alma. Recuperarla empieza por recordar que un hogar no tiene precio, pero sí tiene valor. Y ese valor merece ser defendido, casa por casa, calle por calle.

Referencias y fuentes consultadas

– Registros públicos de oferta de rentas temporales en Baja California Sur (2023–2024).
– Informes nacionales sobre vivienda en destinos turísticos y efectos de plataformas digitales.
– Datos del INEGI sobre disponibilidad de vivienda y movilidad urbana (2023–2024).

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Propone Diputada la Ley Ingrid en BCS, contra difusión de imágenes de víctimas

FOTO: Colngreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.




Presentan reforma para eliminar candidaturas comunes; buscan paridad de género alternada

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó iniciativa para reformar el Artículo 36 de la Constitución de Baja California Sur con el fin de eliminar la figura de las candidaturas comunes, derogada ya del marco jurídico electoral nacional y prohibida por la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa también elimina la Fracción IX sobre candidaturas comunes y armoniza diversas disposiciones para fortalecer la coherencia del sistema electoral estatal.

El legislador señaló que con esta iniciativa se frenarán prácticas fraudulentas en materia de paridad de género, ya que los vacíos legales permiten que partidos concentren candidaturas femeninas en municipios del norte, utilizándolos como “laboratorios electorales”.

En su lugar, el Diputado de la fracción parlamentaria de Morena plantea un sistema de paridad alternada, mediante el cual partidos y coaliciones deberán postular un género distinto al de quien ganó la elección previa en gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, sin que el Instituto Estatal Electoral pueda aplicar criterios adicionales.

La iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Asuntos Políticos y de Igualdad de Género, para su análisis y dictaminación; de aprobarse, en el proceso electoral  2026-2027, los partidos podrán decidir libremente el género de la candidatura a la gubernatura, pero en elecciones posteriores deberán cumplir la alternancia.

Con esta reforma, se busca garantizar la participación plena de las mujeres, evitar el uso discrecional de los municipios del norte y cerrar espacios que permiten la permanencia de partidos sin representación efectiva.




Realizaron el MaQueCho 2025 en San Antonio; Gobernador de BCS lo inauguró

FOTOS: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho) 2025 celebró su cuarta edición en San Antonio, municipio de La Paz, consolidándose como uno de los principales encuentros gastronómicos de la región al reunir a más de 80 productores y artesanos, destacó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien llamó a recobrar la esencia y las tradiciones para fortalecer la riqueza cultural del Estado.

El mandatario sudcaliforniano subrayó que el crecimiento del MaQueCho ha sido evidente, ya que en su primera edición participaron alrededor de 30 exponentes y, en esta ocasión, la cifra superó los 80; este avance —dijo— refleja el compromiso de quienes preservan la gastronomía típica y contribuyen al fortalecimiento de la economía local, al atraer cada año a miles de visitantes.

El evento registró una amplia afluencia y ofreció un variado programa artístico-cultural, concursos de gastronomía tradicional, exposición de artesanías y actividades recreativas para todas las edades, reafirmando su relevancia como un espacio que promueve identidad, tradición y convivencia comunitaria.

Durante su recorrido por los módulos del festival, el Gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro; así como por el delegado de San Antonio, Agustín Avilés Zamora.




Proponen en Congreso de BCS construir Monumento al Minero en Santa Rosalía

FOTO: Modesto Peralta Delgado | INTERIOR: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y a la presidenta del XVIII Ayuntamiento de Mulegé, a unir esfuerzos para concretar en 2026 la construcción del “Monumento al Minero” en un espacio público de Santa Rosalía, con el propósito de convertirlo en un símbolo de orgullo para residentes y visitantes.

El punto de acuerdo, presentado en sesión ordinaria por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, destaca la importancia de rendir homenaje a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México y un referente histórico para Baja California Sur.

La obra propuesta no solo busca reconocer a quienes hoy laboran en la extracción de minerales, sino también a las generaciones que, con esfuerzo incansable, han aportado al desarrollo de la región y al bienestar de sus familias, contribuyendo a la modernización de las comunidades.

“Al minero anónimo, a sus familias y a quienes han forjado nuestra identidad, queremos ofrecer un reconocimiento permanente desde esta XVII Legislatura, junto con el ciudadano gobernador del Estado y la presidente municipal de Mulegé, en representación de la sociedad sudcaliforniana”, expresó el legislador.

Durante el debate, los diputados Fabrizio del Castillo Miranda y Karina Olivas Parra respaldaron la propuesta, subrayando que se trata de una acción que fortalece la memoria colectiva y rescata la identidad histórica de Santa Rosalía, al tiempo que proyecta un legado de orgullo para las futuras generaciones.