FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría de Economía con Carlos Candelaria, en la que participaron representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de fortalecer la estrategia de comercialización del frijol en la entidad.

Durante el encuentro se acordó reforzar la coordinación interinstitucional y dar seguimiento puntual a las acciones orientadas a garantizar mejores condiciones para las y los productores sudcalifornianos.

El mandatario estatal destacó que, mediante el Plan México, se impulsarán medidas para incentivar la inversión, el crecimiento y la prosperidad del sector primario, para que los beneficios lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

“El campo no se abandona: se respalda con hechos”, subrayó, al reiterar el compromiso de su administración de dignificar la actividad agrícola y fortalecer la economía rural.

Estas acciones se alinean con la política nacional de autosuficiencia alimentaria, que promueve esquemas de comercialización justa, precios de garantía y la reducción de la intermediación en beneficio de pequeñas y pequeños productores.

Finalmente, el Gobernador reafirmó que en Baja California Sur se continuará trabajando en coordinación con el Gobierno de México para consolidar una política agroalimentaria que priorice el bienestar desde abajo y fortalezca la soberanía alimentaria en la región.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el firme propósito de lograr justicia, fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reducir las desigualdades estructurales, evitar normalizar la violencia y contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de Baja California Sur, el 4.° Parlamento de Mujeres del Estado emitió una serie de exhortos dirigidos a distintas autoridades estatales.

Desde tribuna, las parlamentarias alzaron la voz para pedir justicia para las mujeres y niñas, presentando tres puntos de acuerdo en la sesión solemne celebrada este viernes en la sala de sesiones, en materia económica, se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, a diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia para las mujeres.

En una sesión presidida por la mesa directiva integrada por las diputadas Mariana Liceaga Gómez, presidenta de la Mesa Directiva del 4to Parlamento de Mujeres, Bárbara Angélica Salgado Cota, vicepresidenta, y Ana Gabriela Salinas Altamirano, secretaria, Claudia Meza de la Toba, subsecretaria de Gobierno, en representación del gobernador Víctor Castro Cosío.

Entre las principales acciones propuestas destacan la reducción de la brecha salarial, el combate a la discriminación laboral —especialmente por razones de género, embarazo o responsabilidades de cuidado—, así como el impulso a la formalización del empleo femenino.

Asimismo, se planteó la creación de un Programa Estatal de Impulso Económico para Mujeres Empresarias y Emprendedoras, con el objetivo de generar un ecosistema integral que permita a las mujeres desarrollar, formalizar y escalar sus negocios de manera sostenible, mediante capacitación, financiamiento y acompañamiento.

En el ámbito de la salud y el bienestar, se exhortó al Gobierno del Estado a implementar políticas públicas con enfoque territorial y de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud sexual, reproductiva y psicológica, especialmente en comunidades rurales. También se propuso la creación de brigadas itinerantes de atención psicológica, programas de apoyo para personas cuidadoras y campañas de concientización para prevenir la violencia y fortalecer el bienestar emocional.

En materia de justicia, llamó a la Procuraduría General de Justicia del Estado para la elaboración de un protocolo de investigación con perspectiva de género e interseccional, así como la certificación del personal de primer contacto, con el fin de evitar la revictimización.

De igual forma, se exhortó a la Secretaría de Educación Pública a incorporar de manera transversal la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención de la violencia en los programas educativos, promoviendo el liderazgo de niñas y adolescentes, así como la capacitación docente y campañas permanentes de sensibilización.

En el ámbito legislativo, se solicitó a diversas comisiones del Congreso del Estado analizar y dictaminar la iniciativa de la Ley para la Protección Integral de Madres Buscadoras, garantizando la participación de colectivos y especialistas, así como la incorporación de principios de debida diligencia, perspectiva de género y no revictimización.

Además, se propuso la implementación de un Mecanismo Estatal de Protección para Madres Buscadoras, que contemple medidas como evaluación de riesgos, acompañamiento policial, atención psicológica especializada y apoyos económicos emergentes.

En materia de seguridad digital, se exhortó al Congreso del Estado a tipificar como delito la creación y difusión de contenido íntimo mediante inteligencia artificial (deepfakes), estableciendo sanciones de 3 a 6 años de prisión, en protección de la dignidad y privacidad de las personas.

Entre otros acuerdos relevantes, se planteó la creación del Instituto de Salud para las Mujeres, la incorporación de la igualdad sustantiva en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, así como el fortalecimiento de acciones para prevenir la violencia en jóvenes deportistas. Finalmente, se exhortó al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral a continuar vigilando el cumplimiento de la paridad de género en partidos políticos y procesos electorales.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de BCS aprobó el pasado jueves el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se reforma el Artículo 343 del Código Penal estatal, para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos quirúrgicos estéticos practicados de manera indebida.

La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas Parra, la cual plantea incorporar como conducta sancionable la realización de procedimientos quirúrgicos de orden estético en personas menores de edad cuando no se cuente con la autorización expresa de madres, padres o tutores, y cuando dichos procedimientos no tengan fines estrictamente reconstructivos para mejorar la calidad de vida.

El dictamen aprobado determina que, en los casos en que se pretenda autorizar una cirugía de esta naturaleza en una persona menor de edad, deberá acreditarse legalmente el ejercicio de la patria potestad o tutela, además de contar con un dictamen médico que justifique la necesidad del procedimiento y un dictamen psicológico que certifique que la persona menor de edad posee la madurez física y emocional suficiente para comprender sus implicaciones y riesgos.

Olivas Parra precisó que lo que se busca con la reforma aprobada es que el Poder Legislativo cierre cualquier espacio de riesgo, prevenir abusos y garantizar una mayor tutela del interés superior de la niñez, particularmente ante intervenciones que pueden comprometer la integridad física, emocional y el desarrollo de las y los menores.

El dictamen y análisis estuvo a cargo de dicha Comisión integrada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, presidente; Fernando Hoyos Aguilar, secretario; y Sergio Guluarte Ceseña, secretario.

En el régimen transitorio se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, se precisa que los procedimientos penales iniciados con anterioridad continuarán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro expresó su respaldo a una reforma que fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes ante procedimientos médicos de riesgo y recordó que dicha reforma está fundamentada en el caso de “Melany”, la cual busca garantizar mayor seguridad y bienestar para la niñez sudcaliforniana.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede decidir, a través de una votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente el cargo para el que fue elegida, por pérdida de la confianza.

En el marco normativo mexicano, esta figura se concibe como un instrumento de control democrático “intermedio” entre elecciones periódicas. Opera por “voluntad colectiva” y no necesariamente como respuesta a una falta grave probada, que amerite un procedimiento sancionatorio, como el juicio político o el juicio de procedencia, coloquialmente llamado “desafuero”.

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La revocación federal se regula en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) que asigna competencias al Congreso de la Unión, al INE y al TEPJF.

La solicitud solo procede si la promueve la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y esas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, con mínimo 3% en cada Estado.

En cuanto al “cuándo”: el inicio del proceso puede pedirse una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La propia ley prevé una fase de aviso al INE y un periodo para recabar firmas.

Etapas de procedimiento

◆ Aviso y recolección de firmas. Las personas promoventes informan al INE y recaban apoyos con formatos y/o herramientas tecnológicas autorizadas. Si se usan formatos distintos, la solicitud puede desecharse.

◆ Presentación formal de la solicitud. Debe incluir datos mínimos (promoventes, representante, anexos con formatos, etc.). Si hay omisiones, puede haber prevención para subsanar.

◆ Verificación de apoyos. El INE verifica si las firmas corresponden a la lista nominal y a los porcentajes; la ley contempla reglas sobre apoyos no contabilizables (datos falsos/incompletos, duplicados, etc.).

◆ Convocatoria. Si se cumple el umbral, el Consejo General emite la Convocatoria, con elementos como fundamento, etapas, fecha, y la pregunta legal.

◆ Jornada de votación. Debe celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincidir con jornadas electorales federales o locales.

◆ Validez y resultado. Para que sea vinculante, debe participar al menos 40% de la lista nominal; la revocación procede por mayoría en la votación válida emitida.

Lineamientos y reglas de equidad

En términos generales, el modelo busca neutralidad institucional: el INE organiza, promueve participación con fines informativos y administra tiempos oficiales. Los lineamientos del INE (publicados en DOF) detallan conceptos operativos (aplicación móvil, mesas de casilla para RM, etc.) y su calendario.

Reglas típicas de blindaje, comunes también en lo local: evitar uso de recursos públicos y propaganda gubernamental durante etapas clave; y limitar contratación privada de propaganda en radio/TV orientada a influir.

Revocación de mandato local (Gobernador) en BCS

La Constitución de Baja California Sur reconoce el derecho a participar en revocación de mandato y define el caso del Gobernador como un instrumento para determinar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La Ley de Revocación de Mandato, publicada en 2024 que asigna competencias al Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral establece un diseño procedimental muy específico:

• Convoca el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) a petición ciudadana.
• Se requiere 10% de la lista nominal estatal,
• con un criterio territorial: que la solicitud corresponda al menos a la mitad más uno de los municipios y que represente mínimo 10% de la lista nominal de cada uno de ellos.
• El IEE BCS verifica y emite convocatoria dentro de los 30 días siguientes a recibir la solicitud.
• Puede solicitarse una sola vez y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
• La ciudadanía puede recabar firmas durante el mes previo, usando formatos/medios y lineamientos que emita el IEE.
• La votación ocurre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincide con jornadas electorales locales o federales.
• Para validez: participación mínima 40% de lista nominal; procede por mayoría absoluta.
• El IEE organiza y computa; los resultados pueden impugnarse ante el Tribunal Estatal Electoral, que realiza cómputo final y, en su caso, emite la declaratoria y se aplica el régimen de faltas absolutas previsto en la propia Constitución local.
• Este diseño local, además, replica reglas de veda y neutralidad: prohibición de usar recursos públicos para firmas/promoción; difusión a cargo del IEE con fines informativos; prohibición de contratar propaganda en radio/TV para influir; y suspensión de propaganda gubernamental con excepciones (salud, educación, protección civil).

Corolario

La revocación de mandato no es un juicio ni una sanción penal: es un veredicto político canalizado por reglas constitucionales y electorales. Su valor democrático depende de que el umbral y la temporalidad eviten su banalización y que existan controles para impedir captura por propaganda, recursos públicos o desinformación.

En Baja California Sur, el marco legal está diseñado para desalentar la revocación de mandato, cuyo costoso procedimiento exige un esfuerzo organizativo y territorial relevante (10% y distribución municipal), y deposita en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral la organización y el cierre jurisdiccional del procedimiento, con plazos y recursos que de aplicarse en su conjunto hacen inviable la revocación, pues cabe la posibilidad de que el Gobernador termine su mandato, antes de que concluya el procedimiento relativo a la revocación, convirtiéndose así todo el proceso en una costosa, compleja y estéril simulación.

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FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En reconocimiento a los grandes aportes culturales al Estado, el Congreso del Estado develó la inscripción de las letras doradas del sudcaliforniano ilustre profesor Néstor Agúndez Martínez en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón.

En sesión solemne celebrada en apego al decreto 3236 que mandata la inscripción, representantes de los tres poderes rindieron homenaje al ícono cultural de Baja California Sur, académico, luchador social, artista, y promotor cultural; en suma, toda una historia de trabajo.

La mesa directiva y representantes de los poderes judicial y ejecutivo realizaron la develación de la leyenda. El presidente de la Mesa Directiva e iniciador de la propuesta del homenaje, diputado Martín Escogido Flores, dio lectura al decreto 3236. Externó que Agúndez Martínez construyó procesos culturales de gran importancia para todas y todos quienes vivimos en esta gran entidad, ganándose el aprecio el reconocimiento de propios y extraños.

El presidente de la Comisión de Cultura y Artes, diputado Fabrizio del Castillo Miranda, pronunció que “las personas trascienden por sus hechos y cuando estos estuvieron puestos a favor de la cultura y el arte de un pueblo, la trascendencia cobra mayor interés”. Por ello, dijo, el compromiso que como nueva generación de sudcalifornianos tenemos es seguir difundiendo el patrimonio que nos legó.

En representación de la sociedad civil, el maestro Rubén Manuel Rivera Calderón afirmó en la tribuna que Néstor Agúndez es parte cultural de nuestra historia: “Muy pocas personas lo igualaron. No solo promovió la cultura sudcaliforniana, sino que, en parte, fue creación suya”. Desde la tribuna compartió fragmentos de sonetos escritos por el admirado sudcaliforniano.