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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En los últimos años, el llamado mensaje de odio ha entrado con fuerza al debate público y legal en México. Gobiernos, congresos y tribunales lo presentan como una herramienta necesaria para proteger a grupos históricamente discriminados. Sin embargo, cada vez más voces alertan sobre un riesgo: que, mal regulado, se convierta en una forma moderna de censura. La pregunta es inevitable: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el discurso que debe ser sancionado por la ley?

¿Qué se entiende por mensaje de odio en México? Aunque se habla mucho del tema, lo cierto es que no existe una definición única y clara a nivel federal. La Constitución Mexicana prohíbe la discriminación y ordena proteger la dignidad humana, pero no penaliza por sí misma las ideas u opiniones, por ofensivas que resulten.

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Las leyes federales apuntan más bien a prevenir actos discriminatorios reales, no a castigar palabras en automático.

El problema comienza en el ámbito estatal, donde varios Congresos locales han creado delitos que sancionan el mensaje o discurso de odio. En algunos Estados, como Sinaloa, se castiga a quien “provoque” o “incite” expresiones de odio contra ciertos grupos. Eso llevó el debate directamente a la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué ha dicho la Suprema Corte?

La Suprema Corte ha sido clara en algo fundamental: no todo lo que molesta o incomoda puede ser delito. En diversos casos, nuestro máximo tribunal ha sostenido que la libertad de expresión protege incluso mensajes ofensivos, polémicos o impopulares, siempre que no crucen una línea muy concreta: la incitación directa a la violencia, a la discriminación grave o al daño real.

Por ejemplo, la Corte ha validado sanciones cuando un mensaje busca deshumanizar a un grupo y empujar a otros a agredirlo. Pero también ha frenado leyes mal redactadas que podrían castigar desde una expresión crítica hasta una nota periodística.

Al resolver la controversia constitucional 152/2024, el 20 de abril del año en curso la Corte invalidó parcialmente la Fracción I del Artículo 189 del Código Penal sinaloense, porque era tan amplia que podría convertir en delito incluso informar o reproducir una opinión ajena, generando miedo y autocensura.

¿Y qué dicen los tratados internacionales?

México forma parte de varios tratados internacionales que obligan a sancionar las formas más extremas de odio, como la incitación al genocidio o a la violencia racial. Pero ninguno de estos tratados autoriza castigar ideas solo por ser incómodas.

Tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos coinciden en algo clave: el derecho penal debe ser el último recurso, no el primero. Criminalizar la palabra debe ser la excepción, no la regla.

De hecho, la propia ONU reconoce que no existe una definición jurídica universal de discurso de odio y advierte que combatirlo no significa callar a la sociedad.

Un vistazo a la historia: por qué existe este debate

Las leyes contra el odio nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo vio cómo la propaganda racista y deshumanizante preparó el terreno para el Holocausto. El objetivo era claro: evitar que las palabras se vuelvan armas.

Pero la historia también muestra el otro lado del peligro: regímenes autoritarios que han usado conceptos vagos como odio, extremismo u ofensa para silenciar opositores, periodistas y movimientos sociales. Por eso el tema sigue siendo tan sensible.

El punto más delicado: ¿control político disfrazado de protección?

Aquí está la gran alarma: cuando el concepto de mensaje de odio es impreciso, puede convertirse en un instrumento de control político.

Si la ley no define con claridad qué está prohibido, cualquier crítica dura, sátira o protesta puede ser presentada como odio.

El resultado no es justicia, sino miedo: periodistas que dudan en publicar, ciudadanos que prefieren callar y opositores bajo amenaza penal.

La propia Suprema Corte ha reconocido este riesgo y ha dejado claro que el derecho penal no puede usarse para imponer una visión oficial ni para castigar el disenso.

Entonces, ¿qué hacer?

• La respuesta no está en negar el problema del odio real ni en tolerar la violencia verbal que termina en violencia física, pero tampoco en abrir la puerta a leyes ambiguas que castiguen opiniones. La clave está en el equilibrio:
• Proteger a los grupos vulnerables, respetando la libertad de expresión como base de la democracia.
• Usar el derecho penal solo cuando las palabras realmente generan peligro grave y tangible, porque cuando el Estado decide qué se puede decir y qué no, sin reglas claras, el silencio deja de ser una elección y se convierte en obligación.
• El mensaje de odio debe ser regulado con bisturí constitucional, no con mazo penal.
• Proteger a los grupos vulnerables es una obligación del Estado; proteger la libertad de expresión, también.
• El desafío democrático consiste en no sacrificar una en nombre de la otra, ni permitir que la legítima lucha contra el odio se transforme en un sofisticado mecanismo de censura.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El paisaje de Guerrero Negro, en el norte de Baja California Sur, parece detenido en el tiempo. Desde el aire, enormes espejos blancos reflejan el sol del desierto: son las salinas de la Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), una de las mayores instalaciones de producción de sal marina del mundo. Durante décadas, este complejo industrial no solo transformó el entorno natural de la laguna Ojo de Liebre, sino también la vida de miles de familias que encontraron en la sal un motor económico. Hoy, sin embargo, ese paisaje es también el escenario de una crisis profunda. Lo que alguna vez fue un símbolo de éxito industrial y exportador enfrenta una combinación de problemas estructurales, decisiones políticas, conflictos laborales y desafíos ambientales que ponen en duda su viabilidad futura.

La historia de ESSA se remonta a mediados del siglo XX, en un contexto de expansión industrial y demanda global de materias primas. El 7 de abril de 1954, el empresario estadounidense Daniel K. Ludwig obtuvo una concesión del gobierno mexicano para explotar los salitrales de la laguna Ojo de Liebre. La elección del sitio no fue casual. La región ofrecía condiciones ideales: alta salinidad, clima árido y grandes extensiones de planicies costeras aptas para la evaporación solar. El proyecto incluyó la construcción de infraestructura portuaria, estanques de evaporación y sistemas logísticos que permitieron escalar la producción a niveles industriales. En pocos años, la salinera se convirtió en la más grande del mundo. Para la década de 1970, alcanzaba producciones cercanas a los cinco millones de toneladas anuales, consolidándose como un actor clave en el mercado internacional. El crecimiento de ESSA dio origen al propio poblado de Guerrero Negro, fundado en torno a la actividad salinera. La empresa no solo generó empleo, sino que estructuró la economía regional, convirtiéndose en el eje de la vida social y productiva.

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El éxito de ESSA no puede entenderse sin considerar el contexto global. Durante la segunda mitad del siglo XX, la sal era un insumo estratégico para industrias como la química, la alimentaria y la deshielación en países del norte. En 1973, el gobierno mexicano adquirió la mayoría de las acciones de la empresa, asociándose con la corporación japonesa Mitsubishi, que se encargó de la comercialización internacional. Esta alianza resultó clave. Japón se convirtió en uno de los principales destinos de exportación, junto con Estados Unidos, Corea y otros países de la cuenca del Pacífico. Durante décadas, ESSA mantuvo una producción estable cercana a los 7 u 8 millones de toneladas anuales, posicionándose como líder global en la industria de la sal marina. El modelo parecía exitoso: una empresa estatal con participación privada, integrada a los mercados internacionales y con una base productiva sólida. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad se acumulaban tensiones que con el tiempo se volverían evidentes.

Diversos reportes y registros documentan que, desde al menos la década de 2010, la empresa enfrentaba problemas de gestión y controversias administrativas. Casos de irregularidades en contratos, compras y manejo de recursos evidenciaron debilidades en su gobernanza. A ello se sumaba una dependencia estructural de mercados externos, particularmente del japonés. Esta dependencia hacía vulnerable a ESSA frente a fluctuaciones de precios y decisiones comerciales de sus socios. Además, el modelo productivo, basado en grandes extensiones de evaporación solar, implicaba retos ambientales. Desde finales del siglo XX, organizaciones ambientales señalaron impactos en los ecosistemas de la laguna, considerada santuario de ballenas grises y biodiversidad marina. Estos factores no provocaron una crisis inmediata, pero sentaron las bases de una fragilidad estructural que se haría evidente en el siglo XXI.

En febrero de 2024, el gobierno mexicano completó la nacionalización de ESSA al adquirir el 49% de las acciones que pertenecían a Mitsubishi. La operación, valuada en alrededor de 1,500 millones de pesos, fue presentada como una oportunidad para fortalecer la empresa y recuperar el control estratégico de un recurso clave. El discurso oficial apuntaba a un nuevo comienzo. Se esperaba que la nacionalización permitiera mejorar la gestión, aumentar la producción y garantizar beneficios para la economía regional. Sin embargo, los resultados no tardaron en generar preocupación.

A poco más de un año de la nacionalización, los indicadores muestran un deterioro significativo. La empresa acumula millones de toneladas de sal sin comercializar y enfrenta una caída drástica en sus exportaciones. Mientras que en años anteriores se exportaban hasta 8 millones de toneladas, en 2024 las ventas cayeron a 4.2 millones, el nivel más bajo registrado. La situación es aún más crítica en términos operativos. Reportes recientes señalan retrasos del 50% en la cosecha y más del 60% en las ventas, además de periodos de paralización inéditos en décadas. Este descenso tiene múltiples causas. Por un lado, la pérdida de mercados internacionales tras la salida del socio japonés ha dejado a la empresa sin una estrategia clara de comercialización. Por otro, la decisión de no reducir precios para competir ha provocado acumulación de inventarios, afectando la liquidez y la operación. A estos factores se suman conflictos laborales y tensiones con ejidatarios, quienes denuncian incumplimientos contractuales y falta de diálogo.

La crisis de ESSA no es solo un problema empresarial. En Guerrero Negro, la salinera es el principal empleador y motor económico. Se estima que miles de familias dependen directa o indirectamente de su operación. La reducción de la producción y la incertidumbre laboral han generado preocupación en la comunidad. La posibilidad de recortes, suspensión de actividades o incluso cierre parcial tendría consecuencias devastadoras para la región. Además, la caída en la actividad económica impacta a sectores vinculados, como el transporte, los servicios y el comercio local.

La crisis también tiene implicaciones ambientales. Expertos advierten que la inactividad de ciertos estanques puede alterar ecosistemas únicos, ricos en microorganismos y especies endémicas. La laguna Ojo de Liebre forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, reconocida por su biodiversidad y como sitio de reproducción de la ballena gris. El manejo inadecuado de residuos salinos o la interrupción de procesos controlados podría afectar el equilibrio ecológico, con consecuencias aún poco estudiadas.

El caso de ESSA plantea preguntas más amplias sobre el papel del Estado en la gestión de recursos estratégicos. Durante décadas, el modelo mixto con participación privada permitió mantener competitividad internacional. La nacionalización, aunque buscaba fortalecer la soberanía económica, ha evidenciado dificultades para sostener operaciones en un mercado global altamente competitivo. Analistas señalan que la falta de experiencia en comercialización internacional y la ausencia de alianzas estratégicas han limitado la capacidad de la empresa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

El futuro de ESSA dependerá de decisiones que deberán tomarse en el corto plazo. Entre los escenarios posibles se encuentran:

• La reactivación de mercados internacionales mediante nuevas alianzas comerciales.
• La modernización de procesos productivos y logísticos.
• La implementación de políticas ambientales sostenibles.
• La renegociación de relaciones laborales y sociales.

Sin embargo, el tiempo juega en contra. La acumulación de inventarios, la pérdida de confianza en los mercados y el deterioro financiero podrían agravar la situación si no se toman medidas oportunas.

La historia de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro es, en muchos sentidos, la historia de México en el último siglo: un país que apostó por la industrialización, la apertura al mercado global y, más recientemente, la recuperación del control estatal sobre sus recursos. Durante décadas, ESSA fue un ejemplo de éxito. Transformó un desierto en un centro productivo de escala mundial y dio sustento a una comunidad entera. Hoy, sin embargo, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La combinación de factores económicos, políticos y ambientales ha puesto en evidencia las limitaciones de su modelo. El desafío no es menor. Se trata no solo de salvar una empresa, sino de redefinir el papel de un proyecto estratégico en un mundo cada vez más competitivo y complejo. En Guerrero Negro, el brillo blanco de la sal sigue reflejando el sol, pero detrás de esa imagen, se libra una batalla silenciosa por el futuro de una de las industrias más emblemáticas de México.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde la conversación pública suele inclinarse hacia el turismo, la plusvalía y las postales del mar, hay otro paisaje que sostiene una parte menos fotografiada de la economía: los valles agrícolas del norte y del centro, donde el desierto produce tomate, espárrago, papa, garbanzo y alfalfa gracias a una agricultura que depende casi por completo del riego. Ahí, entre surcos, malla sombra y jornadas temporales, se mueve una fuerza de trabajo sin la cual el campo sudcaliforniano simplemente no camina.

Baja California Sur no es solo hoteles frente al mar. También es Valle de Santo Domingo, Valle del Vizcaíno, Los Planes y las zonas agrícolas de Todos Santos y San José del Cabo. Es, además, un territorio donde Comondú concentra casi toda la producción estatal de papa, espárrago, garbanzo, trigo, naranja y alfalfa, según documentos estratégicos del propio Estado. Esa geografía desmonta una ficción cómoda: la de creer que el campo sudcaliforniano es marginal. No lo es. Lo que ocurre es que su músculo humano suele quedar escondido detrás del brillo de otras economías más visibles, más rentables para la narrativa oficial y más atractivas para la vitrina pública.

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Los datos más duros ayudan a ponerle tamaño a esa sombra. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 58,184 personas en la mano de obra agropecuaria, pero lo más elocuente es la forma en que se reparte esa carga: 43,763 correspondieron a mano de obra eventual, es decir, puestos de trabajo de jornal, frente a 14,421 de mano de obra permanente. No es un detalle técnico. Es la radiografía de una estructura que descansa, sobre todo, en trabajo temporal, frágil y reemplazable. Un campo que exporta valor, pero administra la vida de quienes lo levantan como si fuera un insumo más del ciclo agrícola.

Esa fragilidad no empieza en Baja California Sur, ni termina en sus límites. De acuerdo con estudios de CONEVAL, la población jornalera agrícola en México enfrenta tres marcas persistentes: trabajo intermitente, desgaste físico extremo y movilidad constante. Los mismos diagnósticos ubican a los valles del noroeste dentro de las rutas de especialización y destino de esa mano de obra; entre ellas aparece el Valle del Vizcaíno, enlazado con las temporadas agrícolas de otras entidades. El propio gobierno sudcaliforniano ha reconocido que el sector demanda trabajadores procedentes de distintos estados y que la movilidad laboral interna sigue siendo un mecanismo central para abastecer esa necesidad. Dicho de otro modo: una parte del campo sudcaliforniano se sostiene con personas que llegan, trabajan, cosechan y vuelven a partir, muchas veces sin que el Estado les garantice un arraigo mínimo de derechos.

Ahí está el corazón incómodo de esta historia. A escala nacional, CONEVAL estimó que en 2022, 88 de cada 100 personas jornaleras agrícolas carecían de acceso a la seguridad social y que 67.7% no tenía acceso efectivo a servicios de salud. No puedo confirmar con la misma precisión una cifra estatal reciente exclusiva para Baja California Sur, porque el propio CONEVAL advierte que para la entidad las estimaciones disponibles deben leerse con cautela por su menor precisión estadística. Pero precisamente esa falta de nitidez pública ya dice mucho: el Estado conoce la importancia estratégica de esta mano de obra mejor de lo que conoce, o transparenta, la dimensión exacta de sus carencias. Lo que sí está claro es el patrón: donde el trabajo es eventual y migrante, la protección suele llegar tarde, fragmentada o de plano no llegar.

Las autoridades no ignoran el problema. La Secretaría del Trabajo estatal ha sostenido que realiza inspecciones permanentes en campos agrícolas, que vincula a jornaleros solo con empresas avaladas y que bajo ninguna circunstancia debe permitirse el trabajo infantil. En paralelo, la SEP de Baja California Sur mantiene atención educativa para familias jornaleras migrantes y el propio plan estatal de educación reconoce planteles destinados a hijos de jornaleros agrícolas, algunos de habla indígena. Todo eso importa, pero también exhibe una verdad más áspera: cuando un Estado necesita programas especiales de movilidad, vigilancia e inclusión escolar para que una población no quede a la intemperie, lo que tiene enfrente no es una anomalía menor, sino una precariedad estructural. El problema no es solo que existan apoyos; el problema es que la vida de miles de personas siga dependiendo de apoyos parciales para acceder a lo que debería ser piso básico.

En Baja California Sur, la abundancia casi siempre se cuenta desde arriba: cuartos de hotel, inversión, ocupación, crecimiento, desarrollos. Pero abajo, en el otro mapa del Estado, la riqueza tiene las manos partidas. El campo sudcaliforniano depende casi totalmente del riego, opera con agricultura protegida, produce mercancías valiosas y sostiene cadenas comerciales enteras. Sin embargo, sobre esa modernización productiva sigue descansando una forma antigua de desigualdad: la de quienes hacen posible la cosecha sin ocupar un lugar equivalente en la conversación pública, la seguridad social, la vivienda digna o la protección integral de sus familias. Se modernizó la agricultura; no al mismo ritmo la justicia laboral que debería acompañarla.

La salida no pasa por romantizar al jornalero, ni por usarlo como telón moral del progreso ajeno. Pasa por algo más concreto y menos cómodo: registro fino, inspección verificable, afiliación real a salud y seguridad social, seguimiento interestatal de la movilidad, vivienda temporal digna, protección efectiva a niñas y niños, y datos públicos suficientemente robustos para que la invisibilidad deje de ser una coartada. Porque un Estado no se mide solo por lo que presume, sino por la dignidad que garantiza a quienes lo sostienen. Y si Baja California Sur quiere llamarse próspero sin sonrojarse, tendrá que empezar por mirar de frente a quienes alimentan su tierra sin haber probado todavía los frutos de la justicia.

Referencias:
INEGI, Censo Agropecuario 2022. Resultados definitivos. Baja California Sur.
CONEVAL, La población jornalera agrícola en México y su situación de pobreza y Estudio sobre la población jornalera agrícola en México.
Gobierno de Baja California Sur / SETUE, Información Estratégica 2025: Baja California Sur e Información Estratégica 2025: Comondú.
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social de Baja California Sur, boletines sobre movilidad laboral, inspección y atención a jornaleros agrícolas.
SEP Baja California Sur, materiales sobre atención educativa a población migrante e hijos de jornaleros agrícolas.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció legitimidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias en asuntos de origen nacional, sin orden judicial, sin intervención del Ministerio Público y sin petición de un organismo internacional, con base en indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo (AI 58/2022), al declarar constitucional el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, permitiendo que la SHCP incluya personas en la Lista de Personas Bloqueadas, facultando a la UIF a congelar cuentas bancarias como medida administrativa cautelar y preventiva.

La resolución sostiene que:

• No se trata de una sanción penal.
• No sustituye la investigación del Ministerio Público.
• Persigue proteger el sistema financiero y cumplir compromisos internacionales.

Consideramos que el resolutivo de la SCJN viola los principios de legalidad, certeza jurídica y convencionalidad.

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Principios de legalidad y certeza jurídica

Los Artículos 14 y 16 constitucionales, así como elArtículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), exigen que toda afectación de derechos esté claramente regulada, fundada y motivada. El problema central radica en el estándar de indicios suficientes, que resulta inherentemente indeterminado y queda exclusivamente a la valoración discrecional de la UIF, sin parámetros objetivos claros en la ley. Esta vaguedad compromete la certeza jurídica, pues el ciudadano no puede prever cuándo su patrimonio será inmovilizado, ni existen criterios normativos verificables ex ante. Esta indefinición es un cunero de decisiones arbitrarias y, per se, injustas.

Presunción de inocencia (Art. 20 CPEUM y 2 CADH)

La SCJN afirma que el bloqueo no es una sanción penal. Sin embargo, desde la óptica interamericana, la naturaleza material del acto es la que determina la aplicación de garantías, no su denominación formal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que cuando una medida estatal tiene efectos punitivos, restrictivos o aflictivos, deben aplicarse las garantías del debido proceso, incluso en procedimientos administrativos.

El congelamiento absoluto de cuentas:

• Paraliza la vida económica de una persona.
• Afecta actividades empresariales, laborales y familiares.
• Genera un efecto estigmatizante equiparable a una sanción anticipada.

En los hechos, se invierte la carga de la prueba: el afectado debe demostrar su licitud después de haber sido castigado patrimonialmente, lo cual es incompatible con la presunción de inocencia.

Derecho a la propiedad privada (Art. 21 CADH)

El bloqueo de cuentas constituye una privación temporal, pero total, del uso y goce de bienes, lo que la Corte IDH considera una injerencia grave en el derecho de propiedad.

Para ser válida, dicha injerencia debe cumplir con:

1.-Legalidad estricta.

2.- Finalidad legítima.

3.- Necesidad y proporcionalidad.

Déficit de proporcionalidad

• La medida se aplica sin control judicial previo.
• Puede extenderse por tiempo indefinido.
• No se exige una afectación mínima o diferenciada (se bloquea todo).

Esto convierte la medida en una restricción excesiva, especialmente, cuando no existe investigación penal abierta ni control jurisdiccional inmediato.

Secreto bancario y vida privada (Art. 11 CADH)

El acceso, análisis y bloqueo de información financiera sin orden judicial afecta el derecho a la vida privada y al secreto bancario, reconocido como una extensión de la privacidad financiera. La SCJN valida que esto sea realizado por una autoridad administrativa, cuando los estándares interamericanos exigen control judicial reforzado para este tipo de injerencias intensas.

Compatibilidad con criterios de la Corte Interamericana

La Corte IDH ha establecido que en procedimientos administrativos sancionadores o cuasi-punitivos deben observarse control judicial efectivo, garantías previas, no meramente posteriores, y proporcionalidad estricta.

El modelo validado por la SCJN se apoya principalmente en una defensa ex post, lo cual no satisface el estándar interamericano, especialmente frente a impactos patrimoniales tan severos.

Compromisos internacionales versus control de convencionalidad

Es cierto que México tiene compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de terrorismo; no obstante, GAFI no autoriza suspender derechos humanos, ni en aras del supuesto cumplimiento internacional se exime al Estado mexicano del control de convencionalidad interno.

La propia jurisprudencia previa de la SCJN (Criterio 2018–2019) exigía orden judicial o solicitud internacional expresa.

Riesgos estructurales del modelo validado

• “Administrativización” del castigo penal.
• Desplazamiento del Ministerio Público.
• Normalización de sanciones patrimoniales sin juez.
• Erosión progresiva del estándar de debido proceso.

Corolario

Desde un enfoque de derechos humanos y derecho penal garantista, la resolución de la SCJN:

◆ Es constitucional en sentido formal interno.

◆ Es convencionalmente cuestionable frente a la CADH.

◆ Debilita la presunción de inocencia, la certeza jurídica y la propiedad privada.

◆ Amplía peligrosamente el poder punitivo-administrativo del Estado.

La medida exige correcciones legislativas y jurisprudenciales, urgentes e indispensables, específicamente en:

Փ Definición estricta de “indicios suficientes”.

Փ Control judicial inmediato.

Փ Plazos máximos y revisión periódica.

Փ Reparación efectiva por bloqueos indebidos.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En una escuela, la mañana no entra de golpe: se va armando. Primero llegan los pasos. Luego las mochilas. Después el murmullo de los alumnos, el saludo breve en la entrada, la respiración todavía desordenada del día que apenas abre los ojos. El 24 de marzo de 2026, en el colegio Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esa coreografía duró muy poco. Entre las 7:30 y las 7:40 de la mañana, un alumno de 15 años cruzó la puerta con un rifle AR-15 escondido en un estuche para guitarra y disparó contra dos maestras en la recepción del plantel. Las mató en el lugar. Un estudiante y un trabajador lograron someterlo. La policía llegó después. Para entonces, la escuela ya había dejado de ser escuela.

Las maestras se llamaban María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Tenían 36 y 37 años. Sus nombres quedaron desde ese momento atados a una imagen insoportable: la del aula mexicana alcanzada por una violencia que durante años se quiso pensar como un mal de la calle, de la noche, del crimen organizado, de otros territorios. Pero no. También estaba aquí: a la hora de entrada, en un plantel privado, en el espacio donde una maestra hace cada día una de las tareas más frágiles y más decisivas de cualquier sociedad, que es sostener un orden civil mínimo frente al desorden del mundo. Después vinieron las veladoras, las flores, el cierre temporal del colegio y las marchas para despedirlas. El luto fue inmediato porque la herida también lo fue: no había muerto solo dos personas; había sido perforada una idea de resguardo.

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Nueve horas antes del ataque, el adolescente se había grabado frente al espejo, vestido de negro, con el arma en la mano. Había publicado un mensaje anunciando que ese sería el día. También difundió material asociado al universo incel, una subcultura digital marcada por resentimiento misógino y, en sus expresiones más extremas, por llamados a la violencia contra las mujeres. Pero aquí la precisión importa más que el espanto. No puedo confirmar que el crimen haya quedado públicamente probado, de manera concluyente, como un acto motivado exclusivamente por una identidad incel. Lo que sí está verificado es que las autoridades seguían investigando el móvil, que el contenido en redes era parte central del caso y que el teléfono del agresor era una pieza clave que todavía no aparecía en las primeras diligencias. En tiempos de violencia viral, la responsabilidad también consiste en no convertir una pista en dogma.

Aun así, la palabra no puede desecharse como una extravagancia de Internet. La UNAM ha advertido que la misoginia ligada a estos entornos no debe confundirse automáticamente con enfermedad mental, sino entenderse también como un fenómeno social, cultural y digital. Estudios académicos recientes han descrito estos espacios como comunidades donde el aislamiento, la frustración y el odio encuentran lenguaje, pertenencia y escalada. Eso significa algo perturbador: que el resentimiento ya no circula solo como impulso íntimo, sino como doctrina disponible. Un adolescente no necesita inventar desde cero su furia; puede heredarla, imitarla, aprenderla en línea. Y cuando esa pedagogía de odio se mezcla con acceso a armas, señales desatendidas y una cultura saturada de violencia, el resultado puede caber en diez minutos y catorce disparos.

Michoacán agrava esa lectura. El crimen ocurrió en Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico del Pacífico, dentro de un Estado que desde hace casi dos décadas funciona como uno de los símbolos más nítidos de la crisis de seguridad mexicana. Allí la violencia no es una noticia excepcional, sino una atmósfera. Ha erosionado la política, la economía y la vida cotidiana; ha vuelto familiar el lenguaje de las armas, de las amenazas, del control territorial, del miedo. En un territorio así, la escuela no está fuera del país real. Respira el mismo aire. Por eso enseñar en estos lugares no consiste solo en transmitir conocimientos: también implica levantar todos los días una pequeña arquitectura de orden, de confianza y de rutina en medio de un suelo cada vez más agrietado.

Lo ocurrido en el Antón Makárenko tampoco es un relámpago sin antecedentes. En México ya existen episodios que quebraron la vieja ilusión de que las escuelas estaban a salvo: Monterrey en 2017, cuando un estudiante disparó contra su maestra y sus compañeros; Torreón en 2020, cuando un niño de 11 años mató a una docente antes de suicidarse; y el CCH Sur en 2025, donde un estudiante fue asesinado dentro del plantel en un caso que también abrió la conversación sobre entornos incel y violencia juvenil. Los hechos son distintos, los contextos también, pero juntos dibujan una línea inquietante: la violencia escolar dejó de ser una anomalía impensable y empezó a instalarse como posibilidad mexicana. No como epidemia, todavía, pero sí como advertencia.

En la discusión pública aparecieron enseguida dos reflejos conocidos: el castigo y la clínica. Por su edad, el agresor enfrenta una pena máxima reducida dentro del sistema para adolescentes, lo que abrió el debate sobre reformas legales. Al mismo tiempo, el gobierno federal anunció un programa de salud mental para estudiantes de secundaria y bachillerato. Ambas respuestas son comprensibles, pero por sí solas no alcanzan. Endurecer penas no explica cómo un menor llega a una escuela con un rifle de uso exclusivo del Ejército. Invocar la salud mental, sin más, tampoco nombra la misoginia, la radicalización digital ni las responsabilidades adultas alrededor del arma, de las alertas previas y del entorno. Entre la sed de castigo y la simplificación psicológica suele perderse la pregunta más difícil: qué tipo de sociedad está produciendo jóvenes capaces de mirar a sus maestras no como autoridad, ni como guía, ni siquiera como personas, sino como blanco.

Ser maestro o maestra en estos tiempos se ha vuelto peligroso de una manera nueva y brutal. No solo por la precariedad laboral, el desgaste emocional o la erosión del respeto público. Peligroso, ahora, también en el sentido físico más desnudo de la palabra. Peligroso porque la escuela quedó en el cruce exacto donde se encuentran la violencia territorial, la circulación de armas, la misoginia digital, la soledad juvenil y la incapacidad del Estado para detectar a tiempo el odio antes de que se organice. En Lázaro Cárdenas, dos maestras murieron al inicio de la jornada. Y con ellas cayó otra cosa, menos visible pero igualmente grave: la última ficción de que el salón de clases todavía podía cerrar la puerta y dejar afuera al país.

Fuentes consultadas

EL PAÍS, cobertura del caso en Lázaro Cárdenas y seguimiento judicial; El Universal, recuento de ataques en escuelas de México; Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, discusión sobre el fenómeno incel y misoginia; Gaceta UAEH, análisis sobre violencia misógina digital en el caso CCH Sur; comunicado de la SEP sobre los hechos en el Colegio Antón Makárenko.

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