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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque BCS cuenta con el reconocimiento oficial por tener uno de los menores indicadores de corrupción a nivel nacional según ENCIG-INEGI, diversos casos recientes evidencian que persisten prácticas corruptas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES):

• Conflictos de interés y favoritismo institucional: Funcionarios públicos de los tres niveles, vinculados a empresas privadas han sido acusados de desviar recursos públicos y beneficiar a contratistas afines.
• Trámites opacos y discrecionalidad administrativa: Las PYMES enfrentan obstáculos burocráticos, pagos indebidos y demoras injustificadas en permisos, licencias y contrataciones públicas.
• Corrupción en sectores estratégicos: El gremio transportista denunció corrupción en la Dirección de Transporte, afectando el acceso equitativo a concesiones y rutas.
• Desconfianza institucional: La percepción de impunidad y falta de sanciones genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión local.

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Para abatir la corrupción en el Estado, es necesario implementar medidas estructurales y operativas desde la administración pública para combatir la corrupción que afecta a las PYMES, entre las cuales estimamos como de mayor urgencia y relevancia las siguientes:

1. Transparencia y digitalización

◆ Implementar plataformas públicas de trámites y licitaciones con trazabilidad y auditoría ciudadana.

◆ Publicar en tiempo real los criterios de asignación de contratos, subsidios y permisos.

2. Fortalecimiento institucional

◆ Crear unidades anticorrupción independientes con facultades de investigación y sanción.

◆ Profesionalizar el servicio público mediante concursos abiertos y evaluaciones periódicas.

3. Reforma normativa

◆ Revisar y armonizar leyes locales con estándares internacionales de integridad pública.

◆ Establecer sanciones más severas por corrupción que afecte a sectores productivos vulnerables.

4. Protección a denunciantes

◆ Crear mecanismos seguros y anónimos para denunciar extorsión o abuso de autoridad.

◆ Garantizar que las denuncias tengan seguimiento judicial y administrativo.

5. Fomento a la participación empresarial

◆ Incluir a representantes de PYMES en comités de vigilancia de obra pública y gasto gubernamental.

◆ Establecer mesas de diálogo permanente entre gobierno y sector productivo.

De manera complementaria y accesoria, es imperativo que se emprendan acciones desde la sociedad civil para proteger a las PYMES frente a la corrupción:

1. Observatorios ciudadanos

◆ Crear observatorios locales que documenten irregularidades en contrataciones, trámites y servicios públicos.

◆ Publicar informes periódicos que visibilicen patrones de corrupción y sus impactos.

2. Redes de defensa empresarial

◆ Formar alianzas entre PYMES para compartir información, asesoría legal y estrategias de protección.

◆ Promover cláusulas anticorrupción en contratos privados y públicos.

3. Educación cívica y legal

◆ Capacitar a empresarios en derechos administrativos, mecanismos de denuncia y ética empresarial.

◆ Impulsar campañas de cultura de la legalidad en medios locales y redes sociales.

4. Litigio estratégico

◆ Emprender acciones legales colectivas contra actos de corrupción que afecten al sector.

◆ Colaborar con organizaciones jurídicas para llevar casos emblemáticos ante tribunales y organismos internacionales.

5. Incidencia política

◆ Promover reformas legislativas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

◆ Participar activamente en procesos electorales y exigir compromisos anticorrupción a candidatos.

Corolario

La lucha contra la corrupción no es una consigna abstracta: es una tarea urgente y concreta que exige voluntad política, vigilancia ciudadana y compromiso ético. Defender a las PYMES es defender el futuro económico, democrático y ambiental de Baja California Sur.

No hay desarrollo sin justicia. No hay justicia sin transparencia.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Desde la brisa que sacude los álamos en las tardes de La Paz hasta el rumor de las olas que rompen en Mulegé, los vientos de Baja California Sur arrastran historias. Algunas viajan ligeras, otras llegan cargadas de polvo y verdades incómodas. En esta tierra de atardeceres infinitos y mezclas profundas, el racismo —aunque algunos juren que aquí no existe— todavía se cuela en las rendijas de la vida cotidiana, invisible para quienes nunca han sentido su filo.

Hablar de racismo en pleno siglo XXI, en una región de migrantes y mestizajes, parece un contrasentido. ¿No somos acaso “gente buena”, “pueblo abierto”, “mestizaje puro”? Pero los “Vientos de Pueblo” no sólo traen leyendas de valientes y pescadores; también arrastran murmullos incómodos que la prisa urbana suele barrer bajo la alfombra. ¿Cuánto pesa la herencia de la discriminación en Baja California Sur? ¿Sigue latiendo en los rincones menos visitados del alma colectiva?

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Una mañana reciente en el malecón, encontré a la señora Tomasa, mujer de piel cobriza, mirada de horizonte largo. “Aquí no hay racismo, joven —dice con una media sonrisa—, sólo hay quien se cree más y quien lo deja.” Pero su historia revela matices: “En la primaria de mi nieto, los más morenitos siempre son los que les ponen apodos. ‘Prietito’, ‘negrito’, aunque sea de juego, eso duele.” Su testimonio resuena con lo que revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022): en Baja California Sur, 17% de las personas reconocieron haber sentido discriminación por su tono de piel o aspecto físico, una cifra que desafía el mito local de la igualdad sin fisuras.

La voz de Tomasa no es la única. Víctor Manuel, profesor en una secundaria rural cerca de Ciudad Constitución, me habla con la prudencia de quien ha visto mucho: “Todavía hay padres que prefieren que sus hijas ‘mejoren la raza’, aunque sea en broma. Y los chicos, pues repiten lo que oyen. A veces no se dan cuenta, pero ahí está”. El eco de sus palabras lo confirma el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED): los prejuicios ligados al color de piel y al origen indígena siguen vigentes, muchas veces disfrazados de chistes o costumbres inofensivas (fuente).

No se trata de linchamientos públicos ni de exclusiones flagrantes, sino de un racismo de baja intensidad, sutil y persistente, que se manifiesta en las bromas, en los estereotipos, en las oportunidades negadas sin que nadie firme un papel. La investigadora Silvia Díaz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lo describe así en su más reciente publicación: “La discriminación aquí es una llovizna fina, no un aguacero. Pero cala igual, sobre todo para los que vienen de familias indígenas o migrantes del sur del país.”

En los últimos años, algunas escuelas y colectivos han lanzado campañas para promover el respeto y la diversidad. “Pintemos nuestros colores”, impulsada por la Secundaria Técnica 14, busca que los jóvenes reflexionen sobre el lenguaje y las etiquetas. Resultados iniciales muestran cambios: “Un par de chicos se disculparon públicamente tras un taller; a otros les cayó el veinte de lo que significa sentirse ‘menos’ por tu color”, dice la maestra Estrella Romero.

El racismo en Baja California Sur no es el monstruo del pasado, pero tampoco es sólo una sombra lejana. Persiste, disfrazado, sutil, pero presente. Los “Vientos de Pueblo” nos invitan a escucharnos, a dejar de barrer bajo la alfombra los prejuicios que heredamos y reproducimos.

¿Cómo romper el ciclo? Escuchando, hablando, educando con el ejemplo y la palabra. Cuestionando las frases que aprendimos de niños, abriendo el espacio a nuevas historias. Sólo así los vientos podrán limpiar el aire, y no seguirán arrastrando el polvo de la desigualdad.

Porque el viento cambia, pero sólo si todos empujamos juntos. El verdadero mestizaje se construye cuando la dignidad se respira en cada rincón, y el único color que importa es el del respeto.

Fuentes:
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. INEGI.
CONAPRED. Discriminación en Baja California Sur.
Díaz, Silvia. (2023). Identidad, migración y racismo en Baja California Sur. UABCS

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Lavado de dinero, extorsión y corrupción, son las tres grandes amenazas para las pequeñas y medianas empresas en Baja California Sur.  Nos haremos cargo de cada una de ellas en diferentes entregas, empezando por el lavado de dinero.

El lavado de dinero o blanqueo de capitales, es un delito financiero que consiste en ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos mediante actividades criminales (narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, contrabando) con el objetivo de darles una apariencia de legitimidad.

Marco Legal Nacional Aplicable

a) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Establece obligaciones para quienes realizan “actividades vulnerables” (art. 17), incluyendo inmobiliarias, joyerías, servicios financieros, entre otros. Tras la reforma de 2025 se amplía la gama de sujetos obligados, exige identificación del beneficiario controlador (umbral reducido al 25%), y obliga a reportar operaciones sospechosas en 24 horas.

b) Código Penal Federal

Tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (art. 400 Bis)

c) Reglamento de la LFPIORPI

Art. 12: exige inscripción en el padrón y envío electrónico de información.

Marco Estatal en Baja California Sur

a) Constitución Política del Estado

Art. 160: reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, útil en caso de omisiones institucionales que afecten a PYMES.

b) Código Penal del Estado de BCS

Tipifica delitos relacionados con operaciones ilícitas y puede ser invocado en coordinación con el Código Penal Federal.

c) Ley de Extinción de Dominio de BCS

Permite la pérdida de bienes vinculados a delitos como el lavado de dinero, incluso sin sentencia penal, lo que exige especial cuidado en la trazabilidad de activos.

d) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado

Refuerza la obligación de transparencia en el uso de recursos públicos y privados, aplicable a contrataciones con entes gubernamentales.

Jurisprudencia Relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La SCJN ha establecido que los contratos deben tener “fecha cierta” para ser válidos ante el SAT y en investigaciones por lavado de dinero. Esto implica que las PYMES deben formalizar sus operaciones ante fedatario o autoridad competente.

La Tesis 2010241 Valida la obligación de inscripción en el padrón de actividades vulnerables y el envío electrónico de información como medidas proporcionales y constitucionales.

En el marco de la convencionalidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC-29/22 en la que reafirma que las medidas de control financiero deben respetar el principio de legalidad, no discriminación y proporcionalidad, especialmente cuando afectan a sectores vulnerables como las PYMES.

Estrategia preventiva para PYMES

1. Compliance Interno y Cultura Organizacional

• Implementar un manual de prevención de lavado de dinero con enfoque basado en riesgos.
• Designar un oficial de cumplimiento con capacitación anual obligatoria.
• Establecer políticas de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo de operaciones.

1. Formalización y Trazabilidad

• Garantizar que todos los contratos tengan fecha cierta mediante notarización e inscripción pública.
• Digitalizar y conservar documentación por al menos 10 años, conforme a la reforma 2025.

1. Tecnología y Reportes Automatizados

• Invertir en sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar operaciones inusuales.
• Presentar “avisos en ceros” cuando no haya operaciones sospechosas, como medida preventiva.

1. Capacitación y Vinculación Interinstitucional

• Capacitar al personal sobre señales de alerta y obligaciones legales.
• Establecer canales de comunicación con la UIF, SAT, y autoridades estatales para reportes oportunos.

Recomendaciones finales

Auditoría preventiva: realizar revisiones internas periódicas para detectar vulnerabilidades.

Blindaje reputacional: evitar relaciones comerciales con entidades de alto riesgo, siguiendo prácticas de “de-risking” como lo hacen los bancos.

Asesoría legal continua: mantener contacto con despachos especializados en cumplimiento normativo y derecho penal empresarial.

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FOTO: CNN.

Colaboración Especial

Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Quieres ganar entre 88 mil y 144 mil dólares al año? ¡El ICE está contratando! Estos son los requisitos básicos:

• Aprobar un examen toxicológico.
• Tener ciudadanía estadounidense.
• Portar y usar armas de fuego.
• Tener licencia para conducir.
• Capacidad de ejercer fuerza letal.
• No contar con antecedentes penales.
• Disponibilidad para viajar con poco aviso de anticipación.

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El atractivo salario (alrededor de 132 mil pesos mexicanos mensuales) contrasta con la profunda crisis estructural que atraviesa Estados Unidos. Su deuda nacional supera los 31.4 billones de dólares, cifra que, desglosada, luce así:

• 31 billones (31,000,000,000,000).
• 462 mil millones.
• 154 millones.
• 854 mil.
• 903 unidades.

Aunque algunos economistas minimizan esta cifra, argumentando que «la deuda no importa mientras haya confianza», el verdadero problema emerge cuando bancos y gobiernos extranjeros dejan de comprar bonos del Tesoro. Según el periódico The Guardian, ya se percibe una retirada silenciosa de esos bonos por parte de varios países.

Para economistas como Richard Wolff y Michael Hudson, Estados Unidos enfrenta un ocaso irreversible. Mientras los BRICS ya representan el 35% del PIB global, el G7 apenas alcanza el 30%, y la tendencia es clara: los BRICS avanzan; el G7 se hunde. La hegemonía del dólar se tambalea.

¿Qué relación tiene el ICE con la bancarrota económica y moral de EE.UU.?

La última carta fuerte de Estados Unidos ha sido su poder militar. Sin embargo, según el coronel retirado Douglas McGregor, el ejército estadounidense atraviesa su peor crisis de reclutamiento en décadas. Cada vez menos ciudadanos quieren enlistarse.

En ese contexto, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) parece asumir un nuevo rol: un cuerpo paramilitar camuflado bajo la narrativa de la «seguridad fronteriza». La supuesta «invasión mexicana» no es más que un pretexto ideológico para movilizar a sectores radicalizados, especialmente simpatizantes de Trump, hacia una guerra interna contra migrantes.

El ICE se perfila así como una institución policial-militar con tintes autoritarios, funcional a un proyecto político de corte fascista, supremacista y profundamente antiinmigrante. Más que una agencia de seguridad, el ICE podría convertirse en la futura guardia imperial de un segundo mandato de Trump, al estilo de las policías secretas de regímenes totalitarios.

Conclusión

La oferta de empleo del ICE no puede entenderse solo como una salida laboral atractiva. Representa una puerta de entrada a un aparato de control cada vez más militarizado, en un país cuya estructura económica colapsa mientras se aferra a la represión como única forma de sostener su poder.

En ese sentido, el salario esconde las intenciones de militarizar la vida civil y la normalización de la polarización y el odio como política pública.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 30 de julio de 2025, en La Paz, Baja California Sur, una llamada telefónica convirtió una jornada laboral ordinaria en una pérdida millonaria. Una empleada de una joyería local recibió la instrucción, supuestamente en nombre de la compañía, de entregar joyas a un mensajero. El tono de autoridad y la urgencia transmitida por la voz al otro lado de la línea fueron suficientes para anular cualquier sospecha. En cuestión de minutos, la trabajadora reunió piezas valuadas en 1.5 millones de pesos y las entregó sin resistencia. El engaño se consumó sin violencia física ni armas, pero con un impacto económico demoledor para el negocio. Este episodio, documentado por medios noticiosos de nuestro Estado, es solo un eslabón más en la cadena de extorsiones y fraudes telefónicos que se multiplican por todo México.

Desde principios de la década de 2000, la extorsión telefónica ha pasado de ser un fraude dirigido principalmente a personas vulnerables —familiares de presos, adultos mayores— a un esquema cada vez más sofisticado contra comercios. Los delincuentes han perfeccionado técnicas de manipulación psicológica, suplantación de identidad y uso de datos personales obtenidos ilegalmente. Hoy, el blanco más frecuente son micro y pequeñas empresas con estructuras de seguridad limitadas, dependientes de la confianza interna y sin protocolos claros para manejar emergencias.

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Las cifras son contundentes. En 2023, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calculó pérdidas anuales por extorsión y engaños telefónicos de 1,300 millones de dólares, de acuerdo con un reporte citado por AP News. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 97% de estos delitos no se denuncian, lo que crea una “cifra negra” que oculta la magnitud real del problema. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) de 2023, se registraron 747,000 incidentes de extorsión en unidades económicas, siendo las más afectadas las micro y pequeñas empresas.

El impacto no se limita a las pérdidas directas: el miedo genera cambios en la forma de operar, obliga a inversiones adicionales en seguridad, y en algunos casos, lleva al cierre definitivo. La joyería afectada en La Paz probablemente tendrá que reducir personal, suspender compras de inventario y replantear sus operaciones diarias. Seguramente algunos negocios, alertados por el caso, implementarán capacitaciones para que empleados detecten señales de fraude, aunque esto implicará gastos adicionales que, en un mercado ya presionado por la inflación, pueden ser difíciles de absorber.

Expertos en criminología advierten que este tipo de delitos se alimenta de tres factores: la impunidad, la facilidad para obtener datos personales y la baja cultura de denuncia. Mientras los números de teléfono desde los que se realizan estas llamadas no sean bloqueados de inmediato y no haya investigaciones efectivas, los delincuentes seguirán operando con éxito. Incluso se han detectado operaciones desde centros penitenciarios, lo que agrava la percepción de que no existe un control real por parte de las autoridades.

En el plano económico, la extorsión y el fraude telefónico tienen efectos colaterales que se extienden a toda la comunidad. El costo de los bienes robados no es el único golpe: muchos comerciantes trasladan esas pérdidas a los precios, generando incrementos en productos y servicios. En el caso de sectores básicos, como el de alimentos, esto ha contribuido a aumentos de hasta el 20% en artículos de primera necesidad, de acuerdo con reportes de Banxico y Reuters. De esta forma, el delito impacta no solo a las víctimas directas, sino también a los consumidores y al poder adquisitivo de la población.

El problema se concentra en ciertos estados, como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que en conjunto acumulan el 66% de los casos de extorsión, según datos de SinEmbargo. A pesar de ello, como muestra el caso de La Paz, ninguna región está exenta. El modus operandi varía: en algunos casos, la amenaza es directa y violenta; en otros, como en la joyería sudcaliforniana, la estrategia se basa en engaños bien estructurados que explotan la obediencia y el miedo.

A pesar de la magnitud del problema, las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes. En 2025, el gobierno federal anunció una estrategia nacional para combatir la extorsión, que incluye líneas de denuncia anónima, cancelación de números telefónicos vinculados al delito y la creación de fiscalías especializadas. La presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades locales han insistido en que la denuncia es clave, pero la desconfianza ciudadana en la capacidad de las instituciones para actuar sigue siendo un obstáculo.

El caso de La Paz también plantea un debate sobre la responsabilidad compartida. Los empleadores deben establecer protocolos claros de verificación de instrucciones y manejo de llamadas, mientras que los empleados necesitan herramientas y capacitación para reconocer intentos de fraude. Sin una cultura preventiva arraigada, las medidas reactivas resultan siempre tardías.

El fraude telefónico y la extorsión son delitos que minan la base misma de la economía local: la confianza. Las llamadas sospechosas que obligan a un comerciante a colgar con el corazón acelerado erosiona el tejido social y económico. Las pérdidas millonarias que no se recupera desalienta la inversión y el emprendimiento. El silencio cómplice que surge del miedo permite que el ciclo se repita.

En un país donde contestar el teléfono puede significar el inicio de una tragedia financiera, la prevención y la denuncia son herramientas importantísimas. La historia de la joyería en La Paz debería servir como advertencia y como catalizador para exigir respuestas más firmes, protocolos más sólidos y una cultura de seguridad compartida. Porque, mientras las llamadas que roban en silencio sigan encontrando víctimas desprevenidas, la economía de los comercios mexicanos seguirá pagando un precio demasiado alto.

Referencias:

BCS Noticias (30 de julio de 2025) – Empleada de joyería en La Paz cae en engaño telefónico; entrega 1.5 millones de pesos en mercancía.

AP News (11 de julio de 2025) – He closed his store after years of threats… why Mexico’s extortion problem is getting worse, con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre pérdidas anuales por extorsión.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2023.

SinEmbargo.mx – Extorsión, el principal delito que ha ido al alza en México al amparo de la impunidad (2023), con estadísticas sobre entidades más afectadas.

Reuters (27 de agosto de 2024) – Reporte sobre impacto inflacionario derivado de extorsiones en productos básicos.

Banxico – Datos sobre la inflación y su relación con prácticas de cobro ilegal en cadenas de suministro.

Insight Crime – Artículos de análisis sobre evolución y sofisticación de las técnicas de extorsión telefónica en México.

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