San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, la prosperidad turística tiene brisa marina, pero la vida cotidiana suele tener polvo, recibos vencidos y trayectos largos. En Los Cabos, La Paz y otras zonas de crecimiento acelerado, el desarrollo se mira en hoteles ocupados, restaurantes llenos, construcciones nuevas, aeropuertos activos y fraccionamientos que avanzan sobre el territorio. La postal funciona. La economía turística también. Pero cuando esa abundancia cruza la puerta de una casa trabajadora, cambia de nombre: renta, gasolina, mandado, agua, transporte, luz.

El Estado vive una paradoja difícil de mirar de frente. De acuerdo con datos públicos, Baja California Sur mantiene una economía asociada al turismo, la construcción, los servicios y el comercio, con una población ocupada de alrededor de 450 mil personas en el primer trimestre de 2025. El salario promedio mensual reportado para la entidad fue de 12.3 mil pesos; entre trabajadores formales, 14 mil pesos, y entre informales, 9.42 mil. La cifra parece alta frente a otros territorios, pero en una península turística el ingreso se mide contra precios que no caminan: corren.

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El salario mínimo general en México subió en 2026 a 315.04 pesos diarios. Es un avance real. Pero en Baja California Sur la pregunta no termina en cuánto gana una persona, sino cuánto le cuesta permanecer donde trabaja. Porque el paraíso no solo cobra a quien llega de vacaciones; también cobra a quien lo limpia, lo construye, lo cocina, lo transporta y lo mantiene abierto.

La vivienda es el primer golpe. En marzo de 2026, un reporte local ubicó a Los Cabos entre las zonas más caras para rentar en México, impulsada por un mercado inmobiliario orientado al turismo de lujo y a la presencia extranjera. La explicación económica es conocida: donde el suelo se vuelve mercancía turística, vivir cerca del empleo se convierte en privilegio. La consecuencia humana es más dura: trabajadores que sirven al destino, pero no pueden habitarlo.

Así se ensancha la ciudad invisible. La que no aparece en los folletos. La de quienes salen antes del amanecer desde colonias periféricas, hacen cuentas para cargar gasolina, esperan transporte, comparten vivienda o destinan medio ingreso a un cuarto. Según reportes locales sobre costo de vida en La Paz, un adulto necesitaría alrededor de 19,600 pesos mensuales para vivir con estabilidad en Baja California Sur, cifra superior al salario promedio mensual estatal reportado por Data México. Ese cruce de datos no prueba por sí solo todas las historias familiares, pero sí muestra una tensión central: el ingreso promedio no siempre alcanza para una vida completa.

El supermercado confirma lo que las estadísticas apenas alcanzan a sugerir. En una península larga, dependiente de mercancías que llegan por carretera, barco o avión, los básicos cargan distancia. El huevo, la leche, la carne, el arroz, el tomate, el agua embotellada, los productos de limpieza y los útiles escolares no solo tienen precio: tienen ruta. Cada kilómetro se suma a la cuenta final. Para una familia trabajadora, el mandado no es una compra; es una negociación semanal con la renuncia.

Los datos laborales, vistos sin contexto, pueden engañar. Baja California Sur suele aparecer con buenos ingresos comparativos y baja desocupación. Pero el problema no es únicamente tener empleo. Es que el empleo alcance. Es que el sueldo permita rentar sin hacinamiento, trasladarse sin perder horas de vida, comer sin deuda, pagar servicios sin escoger cuál recibo dejar para después. Medios locales han recogido esa percepción ciudadana: en Los Cabos se gana más que en otros lugares, pero también se gasta más. La frase, repetida en distintas formas, resume una economía donde el salario sube la escalera y el costo de vida toma el elevador.

El agua vuelve más áspera la contradicción. En Cabo San Lucas, autoridades y actores locales han reconocido un déficit grave: la delegación recibía alrededor de 480 litros por segundo, pero requería cerca de mil para garantizar el abasto. También se señaló que la infraestructura beneficia más a unas colonias que a otras. En 2026, OOMSAPAS Los Cabos informó proyectos hídricos por 260.3 millones de pesos y el reequipamiento de la desaladora número 1 para elevar su capacidad. La inversión es necesaria, pero también revela lo que el crecimiento dejó pendiente: primero llegó la expansión, después la urgencia por sostenerla.

Baja California Sur no está pagando el precio de ser bello; está pagando el precio de haber permitido que la belleza se administrara como negocio antes que como territorio habitable. El turismo no es el enemigo. Da empleo, mueve comercio, atrae inversión. El problema aparece cuando el desarrollo se mide por ocupación hotelera y no por tiempo de traslado; por derrama económica y no por renta familiar; por metros construidos y no por litros de agua disponibles; por visitantes recibidos y no por trabajadores expulsados a la periferia.

Las salidas no son misteriosas: vivienda asequible cerca de los centros laborales, transporte público digno, regulación seria de rentas temporales, planeación urbana con agua garantizada, salarios regionales vinculados al costo real de vida, transparencia en permisos inmobiliarios y una política turística que asuma su deuda social. Lo difícil no es saber qué hacer; lo difícil es tocar intereses que han aprendido a llamar progreso a cualquier construcción frente al mar.

En Baja California Sur, el paisaje sigue siendo deslumbrante. El mar conserva esa claridad que parece prometer una vida más simple. El desierto continúa ardiendo con una belleza seca, antigua, indiferente. Pero ninguna postal puede ocultar indefinidamente a quienes sostienen el destino desde el cansancio. Porque el verdadero costo de vivir en un paraíso turístico no aparece en la cuenta del hotel ni en el folleto de inversión: lo pagan, todos los días, quienes hacen posible que el paraíso abra sus puertas.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empeñarse en sostener la elección popular de jueces, pone en riesgo el orden jurídico mexicano.

En México, el derecho no es una abstracción: es el conjunto de reglas que permite que la vida en sociedad funcione, que los conflictos se resuelvan y que los derechos humanos de todos se respeten.

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A este entramado se le conoce como orden jurídico mexicano: una estructura de normas, instituciones y principios que, organizados jerárquicamente, regulan la actuación del Estado y de las personas.

En términos sencillos, el orden jurídico es el “sistema de reglas” que define lo que podemos o no hacer, y cómo se resuelven los conflictos. Tiene su base en la Constitución de 1917, que es la ley suprema, y se complementa con leyes, reglamentos, jurisprudencia y costumbre.

Este sistema descansa en un principio fundamental: la división de poderes. El Poder Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial las interpreta y resuelve controversias.

Sin un Poder Judicial fuerte e independiente, el orden jurídico pierde su equilibrio.

Por eso, históricamente, México ha apostado por un modelo profesional basado en la carrera judicial y concursos de oposición, donde el mérito técnico es el principal criterio para ser juez.

El marco convencional: una obligación internacional

México no está solo en este diseño. Forma parte de tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar un Poder Judicial independiente, imparcial y profesional.

Organismos internacionales han recordado que los jueces deben seleccionarse mediante procedimientos objetivos, transparentes y basados en mérito, precisamente para asegurar el derecho de todas las personas a un juicio justo.

La reforma judicial: de la técnica al voto popular

La reforma constitucional impulsada por Morena en 2024 cambió radicalmente este modelo. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular.

México se convirtió así en el único país del mundo con este esquema generalizado.

La propuesta se justificó con el argumento de “democratizar” la justicia. Sin embargo, el cambio sustituye un sistema basado en conocimiento técnico por uno regido por la lógica electoral.

El costo oculto: jueces populares, pero no necesariamente competentes.

Elegir jueces en las urnas implica trasladar decisiones altamente especializadas al terreno de la política. Pero juzgar no es hacer campaña: requiere formación jurídica profunda, experiencia y rigor técnico.

Diversos análisis han advertido que el voto popular no garantiza la idoneidad de los perfiles ni la calidad del sistema de justicia, debido a la ausencia de filtros técnicos robustos.

El riesgo es evidente:

Փ El electorado difícilmente puede evaluar trayectorias jurídicas complejas.

Փ Las campañas incentivan discursos simplistas o populistas.

Փ Se reduce el peso del mérito frente a la popularidad.

Como resultado, se corre el peligro de tener jueces más conocidos que preparados, lo cual deteriora la calidad de las resoluciones judiciales y genera incertidumbre jurídica.

La amenaza a la certeza y al Estado de derecho

La certeza jurídica —es decir, la confianza de que las leyes se aplicarán de forma coherente— depende de jueces capacitados e independientes.

Cuando la elección depende del voto, los jueces pueden verse tentados a resolver pensando en su permanencia política, y no en la legalidad del caso.

Expertos y organizaciones han advertido que este modelo puede:

◆ Politizar las decisiones judiciales, al responder a intereses electorales.

◆ Debilitar la independencia judicial, al introducir presiones externas.

◆ Afectar el equilibrio entre poderes, comprometiendo el Estado de derecho.

El verdadero costo: la pérdida de autonomía judicial

El mayor riesgo no es solo la inexperiencia, sino la pérdida de independencia.

La justicia debe ser contrapeso del poder político, no su extensión. Sin embargo, la reforma ha sido señalada como un mecanismo que podría capturar o someter al Poder Judicial a las lógicas del gobierno en turno.

Cuando los jueces dependen de procesos políticos para llegar o mantenerse en el cargo, la línea entre justicia y política se desdibuja peligrosamente.

¿Democratización o regresión?

La reforma responde a un diagnóstico real: la existencia de problemas de corrupción e ineficiencia en el sistema judicial, pero la experiencia reciente pone en evidencia en que la solución no era sustituir el mérito por el voto, sino fortalecer los mecanismos de selección y evaluación.

El cambio partió de una premisa equivocada, y la prueba es el meme nuestro de cada día, el bochornoso y grotesco espectáculo de ministros y magistrados exhibiendo su ignorancia e impericia, pero estamos a tiempo de revertir y reencausar el procedimiento de selección judicial: en las elecciones intermedias, a verificarse en el 2027, votemos por candidatos a diputados que se comprometan a revertir la reforma judicial, privilegiando la experiencia y el concurso por oposición, y no el voto popular para la elección de jueces, magistrados y ministros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV) emitió un comunicado de prensa donde exponen y cuestionan una situación ilegal y peligrosa: el arribo de materiales de construcción a la parte alta de la Sierra de la Laguna, lo que implica la sospecha de que ya se encuentran construyendo proyectos, quizás, inmobiliarios, sin que haya claridad de las autoridades. A continuación, se publica el manifiesto de forma íntegra:

 

Daremos inicio a esta rueda de prensa haciendo breve referencia a que hace exactamente 12 años, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV) se dio a conocer con un plantón de 45 días; los primeros 7 días estuvimos en esta explanada, y el resto en el Ayuntamiento de La Paz.

En ese entonces, el peligro principal eran los megaproyectos de minería a cielo abierto Los Cardones y La Pitalla que aún hoy pretenden instalarse en la Sierra de la Laguna; a este peligro se ha sumado el de los desarrollos inmobiliarios en una de las zonas más preciada para el agua y el medio ambiente, la Sierra que nos da agua, servicios ambientales y vida.

Hoy como entonces ratificamos nuestro compromiso político y ético como un Frente Ciudadano amplio que incide en la mejora de las políticas públicas en favor de la ciudadanía y el medio ambiente, apartidista, sin fines de lucro, sin intereses por llegar a cargos públicos, integrado por especialistas, expertos en diversas áreas de la ciencia y el conocimiento; grupos que participan en la investigación, la academia, la tecnología, así como en el  comercio, deporte, arte; también lo conforman estudiantes, trabajadores, familias, personas jubiladas, y ciudadanía en general, tanto de  zonas urbanas como rurales  y ejidos.

Queremos hacer notar que nuestro logotipo, del que tenemos gran orgullo, muestra a la Sierra siendo abrazada, resguardada, protegida por las personas, porque eso es lo que la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna necesita, la protección de las personas, porque las autoridades no lo están haciendo.

El Frente tiene 12 años continuos de lucha por nuestra agua y medio ambiente e invitamos a la ciudadanía a sumarse a participar en mejorar las políticas públicas y acompañarnos en nuestras convocatorias.

Dicho lo anterior, pasamos a la situación actual.

Daremos contexto señalando que en el mes de agosto del 2025, en este mismo sitio informamos lo relativo a vuelos de helicóptero en el Valle de Nuestra Señora del Rosario ubicado en su mayor parte en la zona núcleo de la Sierra de la Laguna. Hoy sabemos que existe una transacción de compraventa de sus dueños con la asociación Hermandad en Armonía, AC de la que forma parte según se ha dicho, Jorge Emilio González, ex presidente del Partido Verde Mexicano y a quien se le relaciona con desarrollos inmobiliarios depredadores en el sureste de México, logrados según señalan numerosas fuentes periodísticas, gracias al tráfico de influencias.

El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida solicitó información a la Oficina de Representación de la SEMARNAT de los proyectos o trámites en la zona núcleo y zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna o cercano a éstas y tuvo como respuesta que Hermandad en Armonía llevó a cabo los siguientes trámites:

7/ enero / 2026:  Del proyecto “Cabañas Coquito” solicita la confirmación de criterio respecto a la inaplicabilidad de ciertos procedimientos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

22/ enero / 2026: Ingresa la Manifestación de Impacto Ambiental del Santuario del Tío Checo

29 / enero / 2026: El propietario Del Desarrollo Ecoturístico Sierra la Laguna, solicita el cambio de titularidad del proyecto.

10 / febrero / 2026: Hermandad en Armonía, AC, del Desarrollo Ecoturístico Sierra la Laguna, solicita modificaciones a proyectos ya autorizados.

El Frente, en fecha 05 de Marzo del 2026, solicitó las resoluciones a dichos trámites o solicitudes y dos meses después esta Oficina de Representación de la SEMARNAT no ha dado respuesta.

Podemos decir que DEBEN ser negativas,

• De la primera, el proyecto “Cabañas Coquito” aún ignorando a que procedimientos en materia de impacto ambiental se refiere, pero podría ser a una exención y respecto del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y podemos informar con precisión que la SEMARNAT no tiene facultad, sino que corresponde al Consejo Estatal Forestal, el cambio de uso de suelo, por lo que a este respecto la respuesta debe o debió ser negativa o sólo informativa.
• De la segunda, ya es público que el resolutivo a la MIA del Santuario del Tío Checo fue negativo.
• De la tercera en la que el propietario del Desarrollo Ecoturístico Sierra la Laguna solicita la transmisión de los derechos del proyecto, debió o debe ser negativa, porque hace tiempo se terminó la vigencia del proyecto
• De la cuarta solicitud en que Hermandad en Armonía AC solicita modificación a un proyecto ya autorizado, al tratarse de uno que ya expiró su vigencia, la respuesta debió o debe ser negativa.

Queremos señalar que la primera solicitud de información que hicimos, la encargada de SEMARNAT en BCS nos dio la respuesta en 2 días, sin embargo, de nuestra segunda solicitud han pasado 2 meses y no responde.

En este punto, debemos hacer saber a la ciudadanía, que de los 4 trámites a que hacemos referencia sólo 1 puede verse en la Gaceta Ecológica de SEMARNAT, sólo lo que concierne a la materia de impacto ambiental que es la ya conocida MIA.

En la SEMARNAT existen aproximadamente 150 tipos de trámites que competen a las materias de vida silvestre, forestal y suelos, calidad del aire, residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas, zonas federales y ambientes costeros, cambio climático y organismos genéticamente modificados, que no se publicitan en ninguna gaceta, como los de impacto ambiental. Esto es muy preocupante porque el público no conocemos tales trámites de inicio a fin. En consecuencia, no pueden presentarse observaciones, muchos menos ser impugnados en defensa del territorio.

A pesar de que México es firmante del Acuerdo de Escazú, cuyo propósito es el acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia, tenemos a la vista que no hay transparencia ni acceso a la información en esta Secretaría en general, y tampoco disposición de proveerla prontamente cuando es solicitada en esta Oficina de representación, en particular.

Ahora bien, centramos la atención que durante al menos una semana, última de abril y primera de mayo, se difundió la noticia, imágenes y evidencia de vuelos de helicóptero que transportaba material de construcción en la Sierra de la Laguna y se dice que se trataba de entre 10 y 15 vuelos diarios; las imágenes y videos de un helicóptero transportando vigas, se confirman cuando dicho material fue encontrado por personal de PROFEPA, SEMARNAT y GOBIERNO DEL ESTADO, y es aún más preocupante el comunicado de esa inspección de los días 6 y 7 de mayo; resaltamos el título y los siguientes párrafos:

Profepa, Conanp y gobierno de BCS descartan actividades ilegales dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y personal de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Baja California Sur realizaron un recorrido de vigilancia y reconocimiento en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el que no encontraron actividades de construcción ni de remoción de vegetación.

Al momento del recorrido no se detectaron actividades de desmonte o remoción de vegetación en la zona. Cabe mencionar que se encontraron materiales de construcción resguardados en sitios cercanos a las cabañas que existen en el valle Sierra La Laguna.

La Profepa reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información, evidencia o elementos relacionados con posibles afectaciones ambientales, presenten las denuncias correspondientes mediante los canales oficiales, a fin de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia ambiental.

TENEMOS PREGUNTAS:

¿No es una actividad ilegal el continuo vuelo de helicópteros en la Sierra de la Laguna?

¿No es actividad ilegal el traslado de material de construcción a la Sierra, usando helicóptero?

¿No es actividad ilegal colocar en la Sierra materiales de construcción que no son de la región?

AHORA TENEMOS OTRO TIPO DE PREGUNTA:

¿Gracias a la anuencia de quién o quiénes un helicóptero traslada diariamente material de construcción hacia la parte alta de la Sierra?

¿Quién respalda estos vuelos?

¿Por qué PROFEPA, CONANP Y GOBIERNO DE BCS dicen que no hay actividad ilegal en la Sierra?

Es un desacierto que se publique en la página del Gobierno de México que descartan actividades ilegales dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. La actividad ilegal ha estado a la vista de toda la población, y esos tres entes la confirmaron a través de su inspección, es absurdo negarlo y declarar lo contrario.

Debemos recordar que el Biólogo Benito Bermúdez, Director Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, a la que pertenece la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en Agosto del 2025, después de aquéllos primeros vuelos de helicóptero, particularmente, dirigidos al predio de Nuestra Señora del Rosario, expresó lo siguiente para diferentes medios:

“La visita fue una anuencia especial… y aunque haya compra de predios entre particulares estos deben respetar que no puede existir infraestructura…»

“ … no más el uso de helicóptero con fines privados, no más, que vuelva a suceder, fue una acción que ya pasó, y que solamente a aquéllos helicópteros que vayan a dar servicios, rescate, contingencias, atención a incendios forestales … el tema del helicóptero queda eliminado y nadie, absolutamente nadie puede prestar servicios turísticos en helicóptero para llevar turistas con propósitos comerciales”

Biólogo Benito Bermúdez, ¿qué nos responde ahora que durante una semana, repetidos vuelos de helicópteros han transportado diariamente material de construcción a la parte alta de la sierra?

Dra. Cristina González Rubio Sanvicente, Encargada de la Oficina de la SEMARNAT, usted, ¿mantiene el dicho de que no hay actividad ilegal en la Sierra?

¿Qué debemos hacer la ciudadanía cuando se niega la verdad que vemos?

Seguir exigiendo y señalando lo obvio. Por supuesto que existe actividad ilegal en la Sierra de la Laguna, además, los vuelos de helicóptero ya causaron daños que no han sido considerados:

El helicóptero puede producir ruido de hasta 90 decibeles y generar una corriente descendente de aire debido a la rotación de las palas del helicóptero de 112 hasta 150 km por hora, que corresponde a vientos de huracán grado I en la escala de Saffir-Simpson, este nivel de ruido y viento son condiciones opuestas a las que privan en la Sierra.

Ante la repetida presencia de ruido y viento en un área en que reina el silencio y viento estacional.

¿A cuántas especies de la zona afectó?

¿Qué fauna se desplazó?

¿Cuántos animales abandonaron su sitio habitual?

¿Cuántos nidos destruyó?

¿Cuántas hembras empollando afectó?

¿Cuántos juveniles recién emplumados se perdieron?

La Sierra de la Laguna tiene tesoros biológicos, tiene también especies endémicas.

El colibrí Xantus es una de ellas, mide de 8 a 10 cm y pesa de 3 a 4 gramos y se distribuye en la zona de la Sierra de la Laguna, partes medias y altas, entonces…

¿Nos dicen que el helicóptero no afectó a esta especie endémica de 4 gramos?

¿Ni a otras especies de más gramos o kilos?

¿Cuánta rama quebró, cuánta desenraizó?

¿Cuánto suelo erosionó?

No existe posibilidad de que creamos que no hay actividad ilegal y mucho menos que lo observado no afectó a la Sierra y sus especies de flora y fauna.El FRECIUDAV sostiene que la publicación realizada por los tres entes mencionados, confirma que se llevó a cabo un delito ambiental, sólo falta saber por quién y con precisión para qué, obviamente se trata de la intención de construir en la Sierra, pero específicamente que proyecto.

Reclamamos que las autoridades de forma inmediata y hasta el momento, no hayan proporcionado lo siguiente a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y difundir lo relativo a:

• Permiso de autorización y plan de vuelo del helicóptero
• Permiso para el traslado de material de construcción
• Información de la comandancia del aeropuerto
• Tipo de nave, matrícula, empresa
• Autorización de la CONANP para dichos vuelos

Nada de lo anterior se ha dicho, y pretender que aceptemos que se descarta la actividad ilegal en la Sierra es absurdo pues, los vuelos de helicóptero, así como el material colocado en la Sierra no son legales, a menos que esos vuelos y material hayan sido autorizados en contra de la normativa y el Plan de Manejo de la Sierra de la Laguna.

Las autoridades exhibieron imágenes de algunas vigas de acero de su inspección de los días 6 y 7 de mayo. En días siguientes la ciudadanía ha dado a conocer otras imágenes, una de ellas se refiere a 30 vigas de acero escondidas en la maleza así como sacos de cemento, material para cimbra, gasolina y generador escondidos bajo una lona.

Vamos a decir a las autoridades lo que  NO NECESITAMOS:

• Que digan que defienden la Sierra, que se comprometen con su protección, que es valiosa, que harán inspecciones, que tienen una visión sustentable.

Les vamos a decir lo que EXIGIMOS:

• Información veraz inmediata, solicitudes, permisos, autorizaciones, planes, proyectos,
• Entrega en breve de información solicitada,
• Acciones legales apegadas a derecho,
• Disposición de coordinarse con la ciudadanía que lo exige, no sólo con las organizaciones habituales que les han acompañado en su administración.
• El cumplimiento de las obligaciones que el cargo público les confiere.

Sumado a los vuelos de helicóptero, un colectivo de Cabo San Lucas dio a conocer que en el predio San Miguelito, relacionado con el proyecto del Tío Checo que fue negado por la SEMARNAT, hay desmonte y trabajos de construcción, los videos se dieron a conocer este fin de semana.

¿Por qué sucede este atropello con tal serenidad y a la vista de la población?

Esta pregunta también debe ser respondida, la Sierra de la Laguna es un ecosistema, lo que se altere en la zona  del municipio de Los Cabos, afecta al municipio de La Paz y la región.

Por otro lado, atendiendo a que en estos días se hablará harto de sustentabilidad y protección de la Sierra por sus Áreas de Importancia para la Recarga de Acuíferos, hacemos del conocimiento de la ciudadanía, que otra área importante de recarga es desde San Juan de La Costa, pasando por la Soledad y Oasis Sierra del Pilar hacia San Evaristo y Los Dolores y que el POEL que actualmente está elaborando el Municipio de La Paz, ha incluido un concepto que es totalmente falso y artificioso en su definición “Actividad Productiva Sustentable Subterránea con Protección de Humedales y Áreas de Importancia para la Recarga de Acuíferos” esto, para actividades de minería de roca fosfórica, como la que se desarrolla en San Juan de la Costa.

Las implicaciones de este concepto no fueron debidamente discutidas al interior del Órgano Técnico, lo que es sumamente grave, pues se afectaría la segunda y última de las áreas de recarga de acuíferos del municipio de La Paz así como otros ecosistemas, por ello, nos dirigimos a la Presidenta Milena Quiroga para que en aras de no causar daño al territorio y que el POEL por el que hemos luchado tantos años, en lugar de protegerlo  ponga en peligro al municipio, tenga una reunión con el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, relativa a esta situación: haremos todo lo posible para que esa versión del POEL sea corregida antes de que salga a consulta pública.  De ello hablaremos en la rueda de prensa siguiente.

En Baja California Sur, en materia ambiental, las noticias son malas, y por ello, desde esta explanada nos dirigimos a la cabeza del Sector la Maestra Alicia Bárcena Ibarra para solicitarle respetuosamente que instruya a la Oficina de Representación en BCS, PROFEPA y CONANP que lleven a cabo acciones de protección reales y proporcionen información pronta y veraz, así como que hagan una revisión y análisis de los daños causados por el ruido y el viento de las palas de los repetidos vuelos de helicóptero en las zonas expuestas y zonas vecinas y se apliquen las sanciones que correspondan ofreciendo dicha información a la ciudadanía.

Esto es lo que requerimos, no discursos, no frases, no fotos buscando proyección partidista.  Pedimos información cierta, protección ambiental real, y el ejercicio apegado a derecho de las facultades que el cargo público establece para dicha protección.

¿Qué debemos hacer?

• Exigir información a las autoridades, no disminuir las exigencias, de ello depende el agua, el medio ambiente y nuestra calidad de vida presente y de las generaciones que vendrán.
• Presentar denuncias en PROFEPA, así como a la Fiscalía General de la República y dar seguimiento a las mismas.
• Denunciar a las autoridades que incumplan con sus funciones.

Solicitamos que las autoridades informen públicamente lo siguiente:

• Si la CONANP ante la SEMARNAT u otra autoridad en el estado de BCS para el predio San Miguelito o el predio Nuestra Señora del Rosario u otro cercano realizó trámite para ejecución de obra o actividades en el Área Natural Protegida Sierra la Laguna y áreas colindantes.
• Si la SEMARNAT en Baja California Sur o en Oficinas Centrales emitió una anuencia, permiso, autorización o exención para construcción en la Sierra.
• Si el Gobierno del Estado de Baja California Sur tiene en trámite solicitud de algún tipo o emitió permiso o autorización al respecto.
• Si el Municipio de La Paz tiene solicitud de uso de suelo o trámite relativo a construcción.

Pedimos a la brevedad sus respuestas.

Hoy, como hace 12 años el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida sigue en la lucha por nuestra agua y medio ambiente; ahora se defiende a la Sierra de la Laguna no sólo de la minería tóxica sino de desarrollos inmobiliarios; la ciudadanía está unida porque en ello le va la seguridad hídrica, un medio ambiente sano para el desarrollo de las personas y la calidad de vida.

Terminamos recordándole a la autoridad que la normativa con la que contamos, es suficiente para la debida protección del territorio y en particular de la Sierra de La Laguna.

No existe posibilidad legal de autorizar proyectos que vulneren o alteren el Área Natural Protegida, a menos que se violente la normatividad.

Las autoridades deben  explicar  por qué a pesar del repetido vuelo de helicóptero y material de construcción en la Sierra de la Laguna, de manera oficial se informa que se descarta que existan actividades ilegales, exigimos su respuesta, es momento de que informen a la ciudadanía.

LA  CIUDADANÌA  SUDCALIFORNIANA  EXIGIMOS  TRANSPARENCIA:

¡NO  MÁS  SIMULACIÓN INSTITUCIONAL!

¡NO  MÁS  DECISIONES  DISCRECIONALES!

¡FUERA  DESARROLLOS  DEPREDADORES!

¡BAJA  CALIFORNIA  SUR  LIBRE  DE   MINERÍA TÓXICA!

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El viento de abril todavía no había cambiado cuando la noticia comenzó a correr por las calles tranquilas de Loreto. No fue un rumor ni una filtración: estaba impresa, publicada, oficial. El 10 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer un decreto que, en apariencia, parecía técnico, casi burocrático. Pero en realidad, marcaba un giro profundo en el destino de este pueblo costero. Loreto dejaba de ser solo un puerto de cabotaje —limitado al tránsito nacional— para convertirse en puerto de altura y cabotaje, lo que significaba, en términos claros, abrir sus aguas a embarcaciones internacionales: cruceros, yates, buques de carga. La tinta aún no se secaba en el documento oficial cuando la inquietud comenzó a tomar forma en la comunidad.

En los días posteriores al 10 de abril, funcionarios portuarios y autoridades comenzaron a explicar el alcance del decreto. Para la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), el cambio representaba un paso estratégico. Loreto, decían, estaba listo. El crecimiento del tráfico marítimo en la región, su ubicación en rutas del Pacífico y su potencial turístico justificaban la decisión. Convertirlo en puerto de altura permitiría atraer inversión, fortalecer la conectividad y posicionarlo como un nodo internacional.  En palabras oficiales, el decreto respondía a una visión de desarrollo: integrar a Loreto en los circuitos globales del comercio y el turismo marítimo. Pero en el malecón, donde las pangas regresan al atardecer y los pescadores limpian sus redes, la noticia no se recibió con entusiasmo.

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Al principio, fueron preguntas. ¿Qué significa recibir cruceros? ¿Habrá más turismo o menos? ¿Quién gana con esto? Prestadores de servicios turísticos comenzaron a comentar entre ellos. Guías de buceo, capitanes de embarcaciones, hoteleros pequeños. Loreto, durante décadas, había construido una identidad distinta: turismo de bajo impacto, contacto con la naturaleza, respeto por el entorno. El decreto parecía romper ese equilibrio.

Algunos recordaban que gran parte de la derrama económica de los cruceros no se queda en los destinos: los pasajeros llegan, consumen poco y se van. Otros pensaban en algo más profundo: el riesgo de perder lo que hacía único a Loreto.

El 22 de abril, apenas doce días después de la publicación en el DOF, el murmullo se convirtió en voz colectiva. Desde temprano, las calles del centro se llenaron de pancartas. “Loreto no se vende”, “No a los cruceros”, “Sí a las ballenas”. La marcha avanzó pacífica, pero firme, con una consigna clara: rechazo al decreto. No eran solo ambientalistas. Había comerciantes, familias, trabajadores del turismo, residentes extranjeros, jóvenes y adultos mayores. Una comunidad diversa unida por una preocupación común.

El punto de encuentro no era casual: Loreto está dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área natural protegida de alto valor ecológico, hábitat de especies como la ballena azul y múltiples especies endémicas. La protesta no era contra el desarrollo en sí, decían algunos. Era contra la forma en que se estaba planteando.

Con el paso de los días, las razones de la inconformidad comenzaron a articularse con mayor claridad. El principal temor: el impacto ambiental. El aumento del tráfico marítimo implicaría más emisiones, ruido submarino, riesgo de derrames y presión sobre los ecosistemas marinos.  Para una región cuya riqueza depende del equilibrio natural, el riesgo no era menor. Las ballenas, los arrecifes, la biodiversidad que sostiene el turismo local podían verse afectados.

Además, la infraestructura actual del puerto no está diseñada para recibir embarcaciones de gran escala, lo que podría derivar en futuras obras con impactos adicionales. En cada argumento, la misma idea: el decreto no es solo administrativo, es una transformación profunda del territorio.

Mientras tanto, desde el ámbito oficial, el discurso era distinto. El decreto, insistían, traería beneficios económicos: mayor competitividad, nuevas inversiones, diversificación del turismo y conexión con rutas internacionales. Para las autoridades portuarias, Loreto podría convertirse en un punto estratégico del Pacífico, capaz de atraer cruceros y consolidar su economía. Pero en la comunidad, esas promesas se recibían con cautela. Algunos prestadores de servicios advertían que el turismo masivo podría desplazar a los negocios locales, cambiando la estructura económica del municipio. El temor no era solo perder ingresos, sino perder el control sobre el modelo de desarrollo.

Conforme avanzaban las protestas, las demandas se hicieron más específicas. Los manifestantes exigieron la revisión y posible cancelación del decreto, así como la realización de consultas públicas transparentes. No se trataba únicamente de oponerse, sino de participar. “Cualquier proyecto que impacte nuestro territorio debe ser consultado”, señalaron en cartas abiertas dirigidas a autoridades federales y estatales. El reclamo apuntaba a un punto clave: la falta de diálogo previo.

Ante la creciente presión social, las autoridades comenzaron a responder. El gobernador de Baja California Sur declaró que el decreto sería revisado y aseguró que no se perjudicaría a la población de Loreto. El Congreso local también intervino, enviando exhortos para analizar el impacto de la medida. Mientras tanto, la Alcaldesa de Loreto subrayó que cualquier implementación debería respetar los lineamientos del Consejo Asesor del Parque Nacional y garantizar la protección ambiental. El mensaje era claro: el decreto existe, pero su aplicación no está definida.

En Loreto, el debate no es solo técnico. Es, en esencia, una confrontación de visiones. Por un lado, está la idea de crecimiento: más inversión, más turismo, mayor integración global. Por otro, la defensa de un modelo distinto: sustentabilidad, conservación, identidad local. El decreto del 10 de abril se convirtió en el punto donde ambas visiones chocan. Para algunos, representa una oportunidad histórica. Para otros, un riesgo irreversible.

Las protestas no se detuvieron tras la primera marcha. Se recolectaron firmas, se organizaron reuniones comunitarias, se difundieron posicionamientos en redes sociales. En una sola jornada, se reunieron cientos de apoyos ciudadanos. El movimiento comenzó a tomar forma como una defensa organizada del territorio. Mientras tanto, el puerto seguía operando con normalidad, como si nada hubiera cambiado aún. Pero en el ambiente, algo ya era distinto.

Hoy, semanas después del decreto, Loreto vive en una especie de pausa tensa. El decreto está vigente, pero su implementación enfrenta resistencia social y revisión política. Las autoridades hablan de regulación, de estudios, de gradualidad. La comunidad habla de defensa, de consulta, de límites. El desenlace aún no está escrito.

Si el decreto se concreta plenamente, Loreto podría experimentar una transformación profunda. Podría integrarse a rutas internacionales, recibir cruceros, atraer inversiones y modificar su estructura económica. Pero también podría enfrentar presiones ambientales, cambios en su tejido social y una redefinición de su identidad turística. Si, en cambio, la presión social logra modificar o detener el decreto, Loreto reafirmaría su modelo actual, basado en la conservación y el turismo sustentable. Entre ambos escenarios, hay múltiples matices: regulación estricta, implementación parcial, acuerdos entre comunidad y gobierno.

Al caer la tarde, el mar de Loreto sigue siendo el mismo. Las aguas tranquilas reflejan el cielo, las pangas regresan lentamente, y en la distancia, si hay suerte, puede verse el soplo de una ballena. Pero en tierra firme, el ambiente ha cambiado. El decreto del 10 de abril no solo modificó una categoría portuaria. Abrió una discusión sobre el futuro, sobre el desarrollo y sobre el derecho de una comunidad a decidir su destino. Loreto, ese pueblo que durante siglos ha vivido entre el desierto y el mar, ahora enfrenta una nueva marea. No es de agua. Es de decisiones.

Referencias:

https://tribunademexico.com/protestan-loreto-decreto-puerto-altura/ «Protestan en Loreto contra decreto que lo convierte en puerto de altura …»

https://analisisbcs.com.mx/2026/04/13/consolida-api-bcs-a-loreto-como-puerto-de-altura-y-cabotaje-mediante-decreto-federal/ «Consolida API-BCS a Loreto como puerto de altura y cabotaje mediante …»

https://www.radioformula.com.mx/lapaz/pueblo-magico-de-loreto-no-se-vende-crece-defensa-ante-decreto-para-abrir-trafico-maritimo-internacional-20260422-0062.html «Pueblo Mágico de Loreto no se vende: crece defensa ante decreto para …»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/habitantes-de-loreto-protestan-contra-decreto-portuario-en-bcs-alertan-por-impactos-ambientales-y-economicos/ «Habitantes de Loreto protestan contra decreto portuario en BCS»

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/protestan-en-loreto-por-cambio-a-puerto-de-altura/728759 «Protestan en Loreto por cambio a puerto de altura»

https://www.posta.com.mx/bcs/protestas-en-loreto-por-decreto-que-convierte-su-puerto-en-internacional-esto-significa-el-cambio/vl2194261 «Protestas en Loreto por decreto que convierte su puerto en …»

https://peninsulardigital.com/2026/04/21/protestan-por-la-decision-presidencial-de-convertir-a-loreto-en-puerto-de-altura-y-cabotaje/ «Protestan por la decisión presidencial de convertir a Loreto en “Puerto …»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/se-revisara-el-decreto-que-cambia-estatus-portuario-de-loreto-no-perjudicaremos-a-la-gente-gobernador-29731802 «Se revisará el decreto que cambia estatus portuario de Loreto; no perjudicaremos a la gente: Gobernador»

https://diariohumano.com.mx/2026/04/23/loreto-exige-frenar-decreto-de-puerto-de-altura/ «Loreto exige frenar decreto de Puerto de Altura | Diario Humano»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde cae lenta sobre el malecón de La Paz. El sol se recuesta en el Mar de Cortés y la brisa suaviza el calor, mientras familias, turistas y corredores ocupan la línea que divide la ciudad del agua. Todo parece en calma, pero en medio de ese paisaje, donde el comercio informal ha sido durante años parte del ritmo cotidiano, algo ha cambiado. No es visible a simple vista, pero se siente en las miradas, en los espacios vacíos donde antes había puestos, en el silencio de quienes ya no están. Todo comenzó —al menos esta vez— una noche de finales de abril.

Era domingo, cerca de las ocho, cuando Agustín Cruz, vendedor de elotes, trabajaba como lo hacía desde hacía años: recorriendo el centro, buscando clientes, resistiendo el calor y las reglas cambiantes. Minutos antes, inspectores municipales le habían pedido que se moviera de lugar. Él obedeció. Pero poco después, una patrulla llegó. Sin aviso previo, sin diálogo prolongado, fue detenido. Cuatro policías lo rodearon, lo esposaron y lo subieron a la unidad. En los videos que circularon después, la escena parecía desproporcionada: un vendedor reducido como si representara un peligro mayor. Para muchos, ese momento no fue un hecho aislado, sino el punto de quiebre.

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A la mañana siguiente, el malecón seguía ahí, pero el rumor ya había corrido. En los días posteriores, la historia de Agustín se convirtió en símbolo. No era el único. Otros vendedores comenzaron a hablar: detenciones, decomisos, multas, puestos retirados sin previo aviso. Algunos mencionaron operativos constantes; otros, la imposibilidad de obtener permisos. Lo que antes se vivía de forma dispersa empezó a narrarse como un problema común.  Y entonces vino la protesta.

El 29 de abril, la explanada del Ayuntamiento de La Paz se llenó de vendedores ambulantes. Llegaron con pancartas, con música, con consignas que mezclaban indignación y cansancio. No pedían privilegios —decían—, sino reglas claras. Denunciaban detenciones arbitrarias, sanciones económicas y un trato que consideraban excesivo. En medio del ruido, una frase se repetía como eco: “Nos tratan como delincuentes”.

Esa frase no era casual. Venía de la experiencia directa. Agustín relató que, durante su detención, le colocaron esposas con doble presión, lo que le provocó lesiones en la muñeca. También denunció una multa de más de 4 mil pesos o, en su defecto, arresto administrativo. Además, perdió su mercancía, su jornada y, con ello, el ingreso del día.  No era solo una detención. Era una cadena de consecuencias. A medida que avanzaban los testimonios, aparecían más historias. Carlos, vendedor del centro, narró cómo su puesto fue retirado sin notificación formal. Otros hablaban de clausuras repentinas, de mercancía decomisada, de operativos que llegaban sin aviso. La escena se repetía con variaciones: inspectores, policías, la orden de retirarse, la negativa —a veces—, la intervención, la detención. Pero del otro lado, la versión oficial tenía su propia lógica.

El Ayuntamiento de La Paz defendió las acciones argumentando que el reglamento municipal prohíbe el comercio ambulante en el malecón y en el primer cuadro de la ciudad. La norma no es nueva: data de 1995. Según las autoridades, quienes venden sin permiso incurren en faltas administrativas que pueden derivar en sanciones o detenciones. En ese marco, los operativos no son arbitrarios, sino parte de una política de orden urbano. Ahí está el núcleo del conflicto. Para los vendedores, la ley es una barrera casi infranqueable. Denuncian que no se otorgan nuevos permisos o que los procesos para obtenerlos son confusos y restrictivos. En la práctica, muchos quedan fuera de la legalidad, no por elección, sino por falta de opciones.

Para las autoridades, en cambio, la regulación busca proteger el espacio público, garantizar la seguridad y mantener el orden en zonas de alta afluencia como el malecón. Dos visiones que no terminan de encontrarse. Mientras tanto, los operativos continúan.

En marzo, uno de los vendedores recordó cómo inspectores clausuraron su puesto, marcando el inicio de una serie de acciones que él describe como una “lucha constante” por trabajar.  No es un caso aislado. Desde años atrás, el Ayuntamiento de La Paz ha identificado decenas de establecimientos en la vía pública sin acreditación legal, lo que ha derivado en intentos de reubicación, decomisos y sanciones. Pero la reubicación tampoco ha sido sencilla. Ha habido resistencia, desacuerdos, intentos fallidos. Y así, el conflicto se mantiene.

De vuelta en la explanada del Ayuntamiento de La Paz, los vendedores entregaron un pliego petitorio. No pedían la eliminación de la ley, sino su revisión. Propusieron permisos temporales, zonas delimitadas, esquemas rotativos, capacitación para inspectores y policías. Pidieron diálogo antes que sanción. Las autoridades respondieron con cautela. Reconocieron la existencia del problema y abrieron la posibilidad de mesas de trabajo. También plantearon alternativas: bazares regulados, esquemas tipo “carrusel” para distribuir espacios de venta, revisión de la normatividad vigente. Pero dejaron claro que el reglamento sigue en vigor. Ese punto es crucial.

Porque mientras no cambie la ley, el vendedor sin permiso seguirá siendo infractor. Y mientras siga siendo infractor, seguirá expuesto a detenciones. En ese terreno se mueve la discusión sobre el uso de la fuerza. Los vendedores denuncian que las intervenciones son desproporcionadas. Que no se trata de hacer cumplir la ley, sino de cómo se hace. Que esposar, someter o rodear a una persona que vende comida no corresponde a la gravedad de la falta. Las autoridades, por su parte, señalan que existen mecanismos para denunciar excesos y que, si algún elemento rebasa sus funciones, puede ser investigado por instancias como la Contraloría.

La disputa de la banqueta

El problema, entonces, no es solo legal. Es también operativo, humano. ¿Cómo se regula sin criminalizar? ¿Cómo se ordena sin excluir? Las respuestas no son simples. Porque detrás de cada puesto hay una historia. Familias que dependen de un ingreso diario, personas que encontraron en la calle una forma de sobrevivir en una economía que no siempre ofrece alternativas formales. Pero también hay una ciudad que crece, que se transforma, que busca ordenar sus espacios, atraer turismo, mantener una imagen.

Entre esos dos mundos, la banqueta se convierte en territorio en disputa. En los días posteriores a la protesta, algo cambió en el tono. Las autoridades hablaron de equilibrio. Los vendedores, de diálogo. Se abrió una puerta, aunque pequeña, hacia la negociación. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto.

Si el reglamento se mantiene sin cambios, los operativos continuarán y las detenciones seguirán siendo parte del paisaje urbano. Los vendedores, entonces, tendrán que elegir entre la informalidad y el riesgo constante. Si se modifica la normatividad, podría abrirse un nuevo escenario: permisos más accesibles, zonas definidas, reglas claras. Pero también surgirán nuevos retos: cómo distribuir los espacios, cómo evitar conflictos entre comerciantes, cómo garantizar que el orden no se convierta en exclusión. Hay un tercer camino, quizá el más complejo: construir un modelo mixto, donde la regulación no sea solo prohibición, sino integración. Pero ese camino requiere tiempo, voluntad política y, sobre todo, confianza. Hoy, en La Paz, esa confianza está en construcción. La crónica no termina aquí.

Al caer la noche, el malecón vuelve a llenarse. La gente camina, el mar respira, la ciudad sigue su ritmo. Pero en algún punto, donde antes había un vendedor ofreciendo elotes calientes, ahora hay un espacio vacío. Ese vacío no es solo físico. Es la huella de un conflicto que sigue abierto. Y mientras no se resuelva, la historia seguirá repitiéndose: un vendedor que se instala, un inspector que llega, una orden que se da, una detención que ocurre, una protesta que responde. Una ciudad que busca orden. Y otra que, desde la banqueta, solo pide trabajar.

Referencias:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/comerciantes-ambulantes-protestan-tras-detencion-de-vendedor-en-la-paz-bcs-piden-reglas-claras-para-regular-su-actividad/ «Comerciantes ambulantes protestan tras detención de vendedor en La Paz, BCS».

https://www.posta.com.mx/bcs/ambulantes-exigen-permisos-dialogo-y-reglas-claras-durante-protesta-en-ayuntamiento-de-la-paz/vl2196283 «Ambulantes exigen permisos, diálogo y reglas claras durante protesta».

https://hoybcs.com/nos-tratan-como-delincuentes-protestan-comerciantes-en-ayuntamiento-de-la-paz/ «“Nos tratan como delincuentes”: protestan comerciantes en Ayuntamiento».

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/04/la-ley-lo-prohibe-ayuntamiento-de-la-paz-defiende-retiro-de-ambulantes-en-el-malecon «“La ley lo prohíbe”: Ayuntamiento de La Paz defiende retiro…».

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/denuncian-abusos-en-operativos-contra-ambulantes/730328 «Denuncian abusos en operativos contra ambulantes».

https://www.palabrabcs.com/municipios/la-paz/insistira-el-ayuntamiento-de-la-paz-en-reubicar-a-los-vendedores-ambulantes/ «Insistirá el Ayuntamiento de La Paz en reubicar a los vendedores ambulantes».

https://www.bcsnoticias.mx/tras-protesta-ayuntamiento-de-la-paz-plantea-espacios-regulados-para-comercio-ambulante/ «Tras protesta, Ayuntamiento de La Paz plantea espacios regulados para …»

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