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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde cae lenta sobre el malecón de La Paz. El sol se recuesta en el Mar de Cortés y la brisa suaviza el calor, mientras familias, turistas y corredores ocupan la línea que divide la ciudad del agua. Todo parece en calma, pero en medio de ese paisaje, donde el comercio informal ha sido durante años parte del ritmo cotidiano, algo ha cambiado. No es visible a simple vista, pero se siente en las miradas, en los espacios vacíos donde antes había puestos, en el silencio de quienes ya no están. Todo comenzó —al menos esta vez— una noche de finales de abril.

Era domingo, cerca de las ocho, cuando Agustín Cruz, vendedor de elotes, trabajaba como lo hacía desde hacía años: recorriendo el centro, buscando clientes, resistiendo el calor y las reglas cambiantes. Minutos antes, inspectores municipales le habían pedido que se moviera de lugar. Él obedeció. Pero poco después, una patrulla llegó. Sin aviso previo, sin diálogo prolongado, fue detenido. Cuatro policías lo rodearon, lo esposaron y lo subieron a la unidad. En los videos que circularon después, la escena parecía desproporcionada: un vendedor reducido como si representara un peligro mayor. Para muchos, ese momento no fue un hecho aislado, sino el punto de quiebre.

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A la mañana siguiente, el malecón seguía ahí, pero el rumor ya había corrido. En los días posteriores, la historia de Agustín se convirtió en símbolo. No era el único. Otros vendedores comenzaron a hablar: detenciones, decomisos, multas, puestos retirados sin previo aviso. Algunos mencionaron operativos constantes; otros, la imposibilidad de obtener permisos. Lo que antes se vivía de forma dispersa empezó a narrarse como un problema común.  Y entonces vino la protesta.

El 29 de abril, la explanada del Ayuntamiento de La Paz se llenó de vendedores ambulantes. Llegaron con pancartas, con música, con consignas que mezclaban indignación y cansancio. No pedían privilegios —decían—, sino reglas claras. Denunciaban detenciones arbitrarias, sanciones económicas y un trato que consideraban excesivo. En medio del ruido, una frase se repetía como eco: “Nos tratan como delincuentes”.

Esa frase no era casual. Venía de la experiencia directa. Agustín relató que, durante su detención, le colocaron esposas con doble presión, lo que le provocó lesiones en la muñeca. También denunció una multa de más de 4 mil pesos o, en su defecto, arresto administrativo. Además, perdió su mercancía, su jornada y, con ello, el ingreso del día.  No era solo una detención. Era una cadena de consecuencias. A medida que avanzaban los testimonios, aparecían más historias. Carlos, vendedor del centro, narró cómo su puesto fue retirado sin notificación formal. Otros hablaban de clausuras repentinas, de mercancía decomisada, de operativos que llegaban sin aviso. La escena se repetía con variaciones: inspectores, policías, la orden de retirarse, la negativa —a veces—, la intervención, la detención. Pero del otro lado, la versión oficial tenía su propia lógica.

El Ayuntamiento de La Paz defendió las acciones argumentando que el reglamento municipal prohíbe el comercio ambulante en el malecón y en el primer cuadro de la ciudad. La norma no es nueva: data de 1995. Según las autoridades, quienes venden sin permiso incurren en faltas administrativas que pueden derivar en sanciones o detenciones. En ese marco, los operativos no son arbitrarios, sino parte de una política de orden urbano. Ahí está el núcleo del conflicto. Para los vendedores, la ley es una barrera casi infranqueable. Denuncian que no se otorgan nuevos permisos o que los procesos para obtenerlos son confusos y restrictivos. En la práctica, muchos quedan fuera de la legalidad, no por elección, sino por falta de opciones.

Para las autoridades, en cambio, la regulación busca proteger el espacio público, garantizar la seguridad y mantener el orden en zonas de alta afluencia como el malecón. Dos visiones que no terminan de encontrarse. Mientras tanto, los operativos continúan.

En marzo, uno de los vendedores recordó cómo inspectores clausuraron su puesto, marcando el inicio de una serie de acciones que él describe como una “lucha constante” por trabajar.  No es un caso aislado. Desde años atrás, el Ayuntamiento de La Paz ha identificado decenas de establecimientos en la vía pública sin acreditación legal, lo que ha derivado en intentos de reubicación, decomisos y sanciones. Pero la reubicación tampoco ha sido sencilla. Ha habido resistencia, desacuerdos, intentos fallidos. Y así, el conflicto se mantiene.

De vuelta en la explanada del Ayuntamiento de La Paz, los vendedores entregaron un pliego petitorio. No pedían la eliminación de la ley, sino su revisión. Propusieron permisos temporales, zonas delimitadas, esquemas rotativos, capacitación para inspectores y policías. Pidieron diálogo antes que sanción. Las autoridades respondieron con cautela. Reconocieron la existencia del problema y abrieron la posibilidad de mesas de trabajo. También plantearon alternativas: bazares regulados, esquemas tipo “carrusel” para distribuir espacios de venta, revisión de la normatividad vigente. Pero dejaron claro que el reglamento sigue en vigor. Ese punto es crucial.

Porque mientras no cambie la ley, el vendedor sin permiso seguirá siendo infractor. Y mientras siga siendo infractor, seguirá expuesto a detenciones. En ese terreno se mueve la discusión sobre el uso de la fuerza. Los vendedores denuncian que las intervenciones son desproporcionadas. Que no se trata de hacer cumplir la ley, sino de cómo se hace. Que esposar, someter o rodear a una persona que vende comida no corresponde a la gravedad de la falta. Las autoridades, por su parte, señalan que existen mecanismos para denunciar excesos y que, si algún elemento rebasa sus funciones, puede ser investigado por instancias como la Contraloría.

La disputa de la banqueta

El problema, entonces, no es solo legal. Es también operativo, humano. ¿Cómo se regula sin criminalizar? ¿Cómo se ordena sin excluir? Las respuestas no son simples. Porque detrás de cada puesto hay una historia. Familias que dependen de un ingreso diario, personas que encontraron en la calle una forma de sobrevivir en una economía que no siempre ofrece alternativas formales. Pero también hay una ciudad que crece, que se transforma, que busca ordenar sus espacios, atraer turismo, mantener una imagen.

Entre esos dos mundos, la banqueta se convierte en territorio en disputa. En los días posteriores a la protesta, algo cambió en el tono. Las autoridades hablaron de equilibrio. Los vendedores, de diálogo. Se abrió una puerta, aunque pequeña, hacia la negociación. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto.

Si el reglamento se mantiene sin cambios, los operativos continuarán y las detenciones seguirán siendo parte del paisaje urbano. Los vendedores, entonces, tendrán que elegir entre la informalidad y el riesgo constante. Si se modifica la normatividad, podría abrirse un nuevo escenario: permisos más accesibles, zonas definidas, reglas claras. Pero también surgirán nuevos retos: cómo distribuir los espacios, cómo evitar conflictos entre comerciantes, cómo garantizar que el orden no se convierta en exclusión. Hay un tercer camino, quizá el más complejo: construir un modelo mixto, donde la regulación no sea solo prohibición, sino integración. Pero ese camino requiere tiempo, voluntad política y, sobre todo, confianza. Hoy, en La Paz, esa confianza está en construcción. La crónica no termina aquí.

Al caer la noche, el malecón vuelve a llenarse. La gente camina, el mar respira, la ciudad sigue su ritmo. Pero en algún punto, donde antes había un vendedor ofreciendo elotes calientes, ahora hay un espacio vacío. Ese vacío no es solo físico. Es la huella de un conflicto que sigue abierto. Y mientras no se resuelva, la historia seguirá repitiéndose: un vendedor que se instala, un inspector que llega, una orden que se da, una detención que ocurre, una protesta que responde. Una ciudad que busca orden. Y otra que, desde la banqueta, solo pide trabajar.

Referencias:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/comerciantes-ambulantes-protestan-tras-detencion-de-vendedor-en-la-paz-bcs-piden-reglas-claras-para-regular-su-actividad/ «Comerciantes ambulantes protestan tras detención de vendedor en La Paz, BCS».

https://www.posta.com.mx/bcs/ambulantes-exigen-permisos-dialogo-y-reglas-claras-durante-protesta-en-ayuntamiento-de-la-paz/vl2196283 «Ambulantes exigen permisos, diálogo y reglas claras durante protesta».

https://hoybcs.com/nos-tratan-como-delincuentes-protestan-comerciantes-en-ayuntamiento-de-la-paz/ «“Nos tratan como delincuentes”: protestan comerciantes en Ayuntamiento».

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/04/la-ley-lo-prohibe-ayuntamiento-de-la-paz-defiende-retiro-de-ambulantes-en-el-malecon «“La ley lo prohíbe”: Ayuntamiento de La Paz defiende retiro…».

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/denuncian-abusos-en-operativos-contra-ambulantes/730328 «Denuncian abusos en operativos contra ambulantes».

https://www.palabrabcs.com/municipios/la-paz/insistira-el-ayuntamiento-de-la-paz-en-reubicar-a-los-vendedores-ambulantes/ «Insistirá el Ayuntamiento de La Paz en reubicar a los vendedores ambulantes».

https://www.bcsnoticias.mx/tras-protesta-ayuntamiento-de-la-paz-plantea-espacios-regulados-para-comercio-ambulante/ «Tras protesta, Ayuntamiento de La Paz plantea espacios regulados para …»

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde el mar se vende en postales y el metro cuadrado sube como marea alta, miles de jornaleros agrícolas habitan rancherías donde el agua llega tarde, la luz falla y los servicios públicos parecen una promesa redactada para otros. El Estado con algunos de los destinos turísticos más rentables de México también guarda, tierra adentro, una geografía del descarte.

Al amanecer, la península huele a sal en los corredores turísticos y a polvo en los caminos agrícolas. En los hoteles de Los Cabos, las albercas despiertan antes que muchos trabajadores. En los campos de Comondú, La Paz y el valle de Mulegé, la jornada empieza donde termina el pavimento. Allí viven familias que cosechan hortalizas, empacan producto, limpian surcos y sostienen una parte silenciosa de la economía regional. Muchas llegaron desde Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas o Michoacán. Otras nacieron ya en el norte árido, pero heredaron la misma intemperie.

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Baja California Sur suele figurar entre las entidades con mayor crecimiento económico impulsado por turismo, construcción y servicios. La imagen oficial del progreso se mide en ocupación hotelera, inversión extranjera, plusvalía y expansión inmobiliaria. Pero el desarrollo también puede leerse por ausencia: casas sin drenaje, colonias sin transporte suficiente, asentamientos sin regularización, rancherías donde una pipa vale más que un discurso. Según datos públicos y diagnósticos oficiales de rezago social, persisten carencias en acceso a servicios básicos y vivienda adecuada en zonas rurales y periferias urbanas del estado.

La paradoja tiene forma de cisterna vacía. En una de las regiones con mayor estrés hídrico del país, el agua se reparte con jerarquías no escritas. Primero la demanda turística, la expansión urbana, los desarrollos residenciales y la actividad económica de alto consumo. Después, cuando alcanza, las comunidades laborales. Especialistas en gestión hídrica han advertido durante años que la península depende de acuíferos sobreexplotados, desalación costosa y una lluvia escasa e irregular. Aquí cada litro tiene biografía.

En las rancherías agrícolas, esa biografía suele contarse en cubetas. Hay hogares donde almacenar agua es una tarea diaria y no una contingencia. Donde bañarse depende del horario de bombeo. Donde una fuga tarda semanas en repararse porque nadie mira hacia allá. No puedo confirmar una cifra única y actualizada de cuántas comunidades viven esa situación hoy, porque los registros públicos varían por municipio y año, pero la precariedad aparece de forma consistente en censos, reportes académicos y testimonios documentados.

La invisibilidad no es casual: es funcional. El turismo necesita mano de obra barata en limpieza, jardinería, cocina, mantenimiento y construcción. El campo necesita brazos temporales y permanentes para cosechar. La ciudad necesita quien cargue, barra, repare y atienda. Pero el modelo no siempre devuelve vivienda digna, transporte suficiente, escuelas cercanas o centros de salud robustos para quienes lo sostienen. La riqueza se concentra donde se fotografía; la carencia, donde casi nadie entra.

En Los Cabos, el contraste es brutal: fraccionamientos de lujo junto a colonias populares con presión demográfica acelerada. En temporadas de expansión, llegan trabajadores más rápido que la infraestructura pública. La tierra formal se encarece; la informal crece. El mercado inmobiliario organiza la ciudad según capacidad de pago, no según necesidad humana. Lo mismo ocurre, con otra escala, en zonas agrícolas donde la vivienda para jornaleros depende de renta precaria, cuartos improvisados o campamentos temporales.

También hay una dimensión moral del paisaje. Un Estado puede presumir modernidad mientras normaliza que quienes recogen alimento o levantan hoteles vivan lejos del agua continua, del transporte seguro o de la certeza jurídica sobre su casa. Puede celebrar récords turísticos mientras niñas y niños recorren kilómetros para estudiar o esperar una consulta médica. Puede hablar de competitividad sin preguntarse quién subsidia realmente ese éxito con tiempo de vida, salud y desgaste físico.

Las responsabilidades están repartidas, pero no diluidas. Los municipios arrastran rezagos de planeación y recaudación limitada. El Estado administra crecimiento sin cerrar brechas históricas. La Federación sostiene programas sociales, pero no siempre infraestructura suficiente ni inspección laboral constante. El sector privado se beneficia de la disponibilidad de trabajo, aunque rara vez asume en proporción el costo territorial que genera. Y la sociedad consumidora prefiere no mirar demasiado.

Las salidas existen, aunque requieren algo menos frecuente que el dinero: decisión política. Vivienda asequible vinculada al empleo formal. Redes de agua y saneamiento priorizadas por derecho y no por rentabilidad. Transporte metropolitano y rural digno. Regularización territorial con servicios. Supervisión real de condiciones laborales en agricultura y construcción. Planeación hídrica que ponga primero a las personas antes que al ornamento. Impuestos y contribuciones del auge turístico reinvertidos donde hoy solo llega el polvo.

Baja California Sur no es únicamente playas perfectas ni atardeceres de catálogo. También es esta otra postal: jornaleros que sostienen con sus manos una prosperidad de la que apenas participan. Mientras el lujo se riega cada mañana y la periferia espera la pipa, el problema ya no es la escasez de agua, sino la abundancia de indiferencia. Y ningún destino puede llamarse paraíso si necesita esconder a quienes lo mantienen vivo.

Referencias consultadas
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (tabulados estatales y municipales sobre vivienda y servicios básicos).
CONEVAL, Medición de pobreza y rezago social por entidad federativa.
Documentos públicos y diagnósticos sobre servicios básicos y desarrollo territorial en Baja California Sur.
Literatura académica sobre turismo, desigualdad territorial y presión hídrica en regiones turísticas de México.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En los últimos años, el llamado mensaje de odio ha entrado con fuerza al debate público y legal en México. Gobiernos, congresos y tribunales lo presentan como una herramienta necesaria para proteger a grupos históricamente discriminados. Sin embargo, cada vez más voces alertan sobre un riesgo: que, mal regulado, se convierta en una forma moderna de censura. La pregunta es inevitable: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el discurso que debe ser sancionado por la ley?

¿Qué se entiende por mensaje de odio en México? Aunque se habla mucho del tema, lo cierto es que no existe una definición única y clara a nivel federal. La Constitución Mexicana prohíbe la discriminación y ordena proteger la dignidad humana, pero no penaliza por sí misma las ideas u opiniones, por ofensivas que resulten.

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Las leyes federales apuntan más bien a prevenir actos discriminatorios reales, no a castigar palabras en automático.

El problema comienza en el ámbito estatal, donde varios Congresos locales han creado delitos que sancionan el mensaje o discurso de odio. En algunos Estados, como Sinaloa, se castiga a quien “provoque” o “incite” expresiones de odio contra ciertos grupos. Eso llevó el debate directamente a la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué ha dicho la Suprema Corte?

La Suprema Corte ha sido clara en algo fundamental: no todo lo que molesta o incomoda puede ser delito. En diversos casos, nuestro máximo tribunal ha sostenido que la libertad de expresión protege incluso mensajes ofensivos, polémicos o impopulares, siempre que no crucen una línea muy concreta: la incitación directa a la violencia, a la discriminación grave o al daño real.

Por ejemplo, la Corte ha validado sanciones cuando un mensaje busca deshumanizar a un grupo y empujar a otros a agredirlo. Pero también ha frenado leyes mal redactadas que podrían castigar desde una expresión crítica hasta una nota periodística.

Al resolver la controversia constitucional 152/2024, el 20 de abril del año en curso la Corte invalidó parcialmente la Fracción I del Artículo 189 del Código Penal sinaloense, porque era tan amplia que podría convertir en delito incluso informar o reproducir una opinión ajena, generando miedo y autocensura.

¿Y qué dicen los tratados internacionales?

México forma parte de varios tratados internacionales que obligan a sancionar las formas más extremas de odio, como la incitación al genocidio o a la violencia racial. Pero ninguno de estos tratados autoriza castigar ideas solo por ser incómodas.

Tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos coinciden en algo clave: el derecho penal debe ser el último recurso, no el primero. Criminalizar la palabra debe ser la excepción, no la regla.

De hecho, la propia ONU reconoce que no existe una definición jurídica universal de discurso de odio y advierte que combatirlo no significa callar a la sociedad.

Un vistazo a la historia: por qué existe este debate

Las leyes contra el odio nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo vio cómo la propaganda racista y deshumanizante preparó el terreno para el Holocausto. El objetivo era claro: evitar que las palabras se vuelvan armas.

Pero la historia también muestra el otro lado del peligro: regímenes autoritarios que han usado conceptos vagos como odio, extremismo u ofensa para silenciar opositores, periodistas y movimientos sociales. Por eso el tema sigue siendo tan sensible.

El punto más delicado: ¿control político disfrazado de protección?

Aquí está la gran alarma: cuando el concepto de mensaje de odio es impreciso, puede convertirse en un instrumento de control político.

Si la ley no define con claridad qué está prohibido, cualquier crítica dura, sátira o protesta puede ser presentada como odio.

El resultado no es justicia, sino miedo: periodistas que dudan en publicar, ciudadanos que prefieren callar y opositores bajo amenaza penal.

La propia Suprema Corte ha reconocido este riesgo y ha dejado claro que el derecho penal no puede usarse para imponer una visión oficial ni para castigar el disenso.

Entonces, ¿qué hacer?

• La respuesta no está en negar el problema del odio real ni en tolerar la violencia verbal que termina en violencia física, pero tampoco en abrir la puerta a leyes ambiguas que castiguen opiniones. La clave está en el equilibrio:
• Proteger a los grupos vulnerables, respetando la libertad de expresión como base de la democracia.
• Usar el derecho penal solo cuando las palabras realmente generan peligro grave y tangible, porque cuando el Estado decide qué se puede decir y qué no, sin reglas claras, el silencio deja de ser una elección y se convierte en obligación.
• El mensaje de odio debe ser regulado con bisturí constitucional, no con mazo penal.
• Proteger a los grupos vulnerables es una obligación del Estado; proteger la libertad de expresión, también.
• El desafío democrático consiste en no sacrificar una en nombre de la otra, ni permitir que la legítima lucha contra el odio se transforme en un sofisticado mecanismo de censura.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El paisaje de Guerrero Negro, en el norte de Baja California Sur, parece detenido en el tiempo. Desde el aire, enormes espejos blancos reflejan el sol del desierto: son las salinas de la Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), una de las mayores instalaciones de producción de sal marina del mundo. Durante décadas, este complejo industrial no solo transformó el entorno natural de la laguna Ojo de Liebre, sino también la vida de miles de familias que encontraron en la sal un motor económico. Hoy, sin embargo, ese paisaje es también el escenario de una crisis profunda. Lo que alguna vez fue un símbolo de éxito industrial y exportador enfrenta una combinación de problemas estructurales, decisiones políticas, conflictos laborales y desafíos ambientales que ponen en duda su viabilidad futura.

La historia de ESSA se remonta a mediados del siglo XX, en un contexto de expansión industrial y demanda global de materias primas. El 7 de abril de 1954, el empresario estadounidense Daniel K. Ludwig obtuvo una concesión del gobierno mexicano para explotar los salitrales de la laguna Ojo de Liebre. La elección del sitio no fue casual. La región ofrecía condiciones ideales: alta salinidad, clima árido y grandes extensiones de planicies costeras aptas para la evaporación solar. El proyecto incluyó la construcción de infraestructura portuaria, estanques de evaporación y sistemas logísticos que permitieron escalar la producción a niveles industriales. En pocos años, la salinera se convirtió en la más grande del mundo. Para la década de 1970, alcanzaba producciones cercanas a los cinco millones de toneladas anuales, consolidándose como un actor clave en el mercado internacional. El crecimiento de ESSA dio origen al propio poblado de Guerrero Negro, fundado en torno a la actividad salinera. La empresa no solo generó empleo, sino que estructuró la economía regional, convirtiéndose en el eje de la vida social y productiva.

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El éxito de ESSA no puede entenderse sin considerar el contexto global. Durante la segunda mitad del siglo XX, la sal era un insumo estratégico para industrias como la química, la alimentaria y la deshielación en países del norte. En 1973, el gobierno mexicano adquirió la mayoría de las acciones de la empresa, asociándose con la corporación japonesa Mitsubishi, que se encargó de la comercialización internacional. Esta alianza resultó clave. Japón se convirtió en uno de los principales destinos de exportación, junto con Estados Unidos, Corea y otros países de la cuenca del Pacífico. Durante décadas, ESSA mantuvo una producción estable cercana a los 7 u 8 millones de toneladas anuales, posicionándose como líder global en la industria de la sal marina. El modelo parecía exitoso: una empresa estatal con participación privada, integrada a los mercados internacionales y con una base productiva sólida. Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad se acumulaban tensiones que con el tiempo se volverían evidentes.

Diversos reportes y registros documentan que, desde al menos la década de 2010, la empresa enfrentaba problemas de gestión y controversias administrativas. Casos de irregularidades en contratos, compras y manejo de recursos evidenciaron debilidades en su gobernanza. A ello se sumaba una dependencia estructural de mercados externos, particularmente del japonés. Esta dependencia hacía vulnerable a ESSA frente a fluctuaciones de precios y decisiones comerciales de sus socios. Además, el modelo productivo, basado en grandes extensiones de evaporación solar, implicaba retos ambientales. Desde finales del siglo XX, organizaciones ambientales señalaron impactos en los ecosistemas de la laguna, considerada santuario de ballenas grises y biodiversidad marina. Estos factores no provocaron una crisis inmediata, pero sentaron las bases de una fragilidad estructural que se haría evidente en el siglo XXI.

En febrero de 2024, el gobierno mexicano completó la nacionalización de ESSA al adquirir el 49% de las acciones que pertenecían a Mitsubishi. La operación, valuada en alrededor de 1,500 millones de pesos, fue presentada como una oportunidad para fortalecer la empresa y recuperar el control estratégico de un recurso clave. El discurso oficial apuntaba a un nuevo comienzo. Se esperaba que la nacionalización permitiera mejorar la gestión, aumentar la producción y garantizar beneficios para la economía regional. Sin embargo, los resultados no tardaron en generar preocupación.

A poco más de un año de la nacionalización, los indicadores muestran un deterioro significativo. La empresa acumula millones de toneladas de sal sin comercializar y enfrenta una caída drástica en sus exportaciones. Mientras que en años anteriores se exportaban hasta 8 millones de toneladas, en 2024 las ventas cayeron a 4.2 millones, el nivel más bajo registrado. La situación es aún más crítica en términos operativos. Reportes recientes señalan retrasos del 50% en la cosecha y más del 60% en las ventas, además de periodos de paralización inéditos en décadas. Este descenso tiene múltiples causas. Por un lado, la pérdida de mercados internacionales tras la salida del socio japonés ha dejado a la empresa sin una estrategia clara de comercialización. Por otro, la decisión de no reducir precios para competir ha provocado acumulación de inventarios, afectando la liquidez y la operación. A estos factores se suman conflictos laborales y tensiones con ejidatarios, quienes denuncian incumplimientos contractuales y falta de diálogo.

La crisis de ESSA no es solo un problema empresarial. En Guerrero Negro, la salinera es el principal empleador y motor económico. Se estima que miles de familias dependen directa o indirectamente de su operación. La reducción de la producción y la incertidumbre laboral han generado preocupación en la comunidad. La posibilidad de recortes, suspensión de actividades o incluso cierre parcial tendría consecuencias devastadoras para la región. Además, la caída en la actividad económica impacta a sectores vinculados, como el transporte, los servicios y el comercio local.

La crisis también tiene implicaciones ambientales. Expertos advierten que la inactividad de ciertos estanques puede alterar ecosistemas únicos, ricos en microorganismos y especies endémicas. La laguna Ojo de Liebre forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, reconocida por su biodiversidad y como sitio de reproducción de la ballena gris. El manejo inadecuado de residuos salinos o la interrupción de procesos controlados podría afectar el equilibrio ecológico, con consecuencias aún poco estudiadas.

El caso de ESSA plantea preguntas más amplias sobre el papel del Estado en la gestión de recursos estratégicos. Durante décadas, el modelo mixto con participación privada permitió mantener competitividad internacional. La nacionalización, aunque buscaba fortalecer la soberanía económica, ha evidenciado dificultades para sostener operaciones en un mercado global altamente competitivo. Analistas señalan que la falta de experiencia en comercialización internacional y la ausencia de alianzas estratégicas han limitado la capacidad de la empresa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

El futuro de ESSA dependerá de decisiones que deberán tomarse en el corto plazo. Entre los escenarios posibles se encuentran:

• La reactivación de mercados internacionales mediante nuevas alianzas comerciales.
• La modernización de procesos productivos y logísticos.
• La implementación de políticas ambientales sostenibles.
• La renegociación de relaciones laborales y sociales.

Sin embargo, el tiempo juega en contra. La acumulación de inventarios, la pérdida de confianza en los mercados y el deterioro financiero podrían agravar la situación si no se toman medidas oportunas.

La historia de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro es, en muchos sentidos, la historia de México en el último siglo: un país que apostó por la industrialización, la apertura al mercado global y, más recientemente, la recuperación del control estatal sobre sus recursos. Durante décadas, ESSA fue un ejemplo de éxito. Transformó un desierto en un centro productivo de escala mundial y dio sustento a una comunidad entera. Hoy, sin embargo, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia. La combinación de factores económicos, políticos y ambientales ha puesto en evidencia las limitaciones de su modelo. El desafío no es menor. Se trata no solo de salvar una empresa, sino de redefinir el papel de un proyecto estratégico en un mundo cada vez más competitivo y complejo. En Guerrero Negro, el brillo blanco de la sal sigue reflejando el sol, pero detrás de esa imagen, se libra una batalla silenciosa por el futuro de una de las industrias más emblemáticas de México.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, donde la conversación pública suele inclinarse hacia el turismo, la plusvalía y las postales del mar, hay otro paisaje que sostiene una parte menos fotografiada de la economía: los valles agrícolas del norte y del centro, donde el desierto produce tomate, espárrago, papa, garbanzo y alfalfa gracias a una agricultura que depende casi por completo del riego. Ahí, entre surcos, malla sombra y jornadas temporales, se mueve una fuerza de trabajo sin la cual el campo sudcaliforniano simplemente no camina.

Baja California Sur no es solo hoteles frente al mar. También es Valle de Santo Domingo, Valle del Vizcaíno, Los Planes y las zonas agrícolas de Todos Santos y San José del Cabo. Es, además, un territorio donde Comondú concentra casi toda la producción estatal de papa, espárrago, garbanzo, trigo, naranja y alfalfa, según documentos estratégicos del propio Estado. Esa geografía desmonta una ficción cómoda: la de creer que el campo sudcaliforniano es marginal. No lo es. Lo que ocurre es que su músculo humano suele quedar escondido detrás del brillo de otras economías más visibles, más rentables para la narrativa oficial y más atractivas para la vitrina pública.

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Los datos más duros ayudan a ponerle tamaño a esa sombra. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 58,184 personas en la mano de obra agropecuaria, pero lo más elocuente es la forma en que se reparte esa carga: 43,763 correspondieron a mano de obra eventual, es decir, puestos de trabajo de jornal, frente a 14,421 de mano de obra permanente. No es un detalle técnico. Es la radiografía de una estructura que descansa, sobre todo, en trabajo temporal, frágil y reemplazable. Un campo que exporta valor, pero administra la vida de quienes lo levantan como si fuera un insumo más del ciclo agrícola.

Esa fragilidad no empieza en Baja California Sur, ni termina en sus límites. De acuerdo con estudios de CONEVAL, la población jornalera agrícola en México enfrenta tres marcas persistentes: trabajo intermitente, desgaste físico extremo y movilidad constante. Los mismos diagnósticos ubican a los valles del noroeste dentro de las rutas de especialización y destino de esa mano de obra; entre ellas aparece el Valle del Vizcaíno, enlazado con las temporadas agrícolas de otras entidades. El propio gobierno sudcaliforniano ha reconocido que el sector demanda trabajadores procedentes de distintos estados y que la movilidad laboral interna sigue siendo un mecanismo central para abastecer esa necesidad. Dicho de otro modo: una parte del campo sudcaliforniano se sostiene con personas que llegan, trabajan, cosechan y vuelven a partir, muchas veces sin que el Estado les garantice un arraigo mínimo de derechos.

Ahí está el corazón incómodo de esta historia. A escala nacional, CONEVAL estimó que en 2022, 88 de cada 100 personas jornaleras agrícolas carecían de acceso a la seguridad social y que 67.7% no tenía acceso efectivo a servicios de salud. No puedo confirmar con la misma precisión una cifra estatal reciente exclusiva para Baja California Sur, porque el propio CONEVAL advierte que para la entidad las estimaciones disponibles deben leerse con cautela por su menor precisión estadística. Pero precisamente esa falta de nitidez pública ya dice mucho: el Estado conoce la importancia estratégica de esta mano de obra mejor de lo que conoce, o transparenta, la dimensión exacta de sus carencias. Lo que sí está claro es el patrón: donde el trabajo es eventual y migrante, la protección suele llegar tarde, fragmentada o de plano no llegar.

Las autoridades no ignoran el problema. La Secretaría del Trabajo estatal ha sostenido que realiza inspecciones permanentes en campos agrícolas, que vincula a jornaleros solo con empresas avaladas y que bajo ninguna circunstancia debe permitirse el trabajo infantil. En paralelo, la SEP de Baja California Sur mantiene atención educativa para familias jornaleras migrantes y el propio plan estatal de educación reconoce planteles destinados a hijos de jornaleros agrícolas, algunos de habla indígena. Todo eso importa, pero también exhibe una verdad más áspera: cuando un Estado necesita programas especiales de movilidad, vigilancia e inclusión escolar para que una población no quede a la intemperie, lo que tiene enfrente no es una anomalía menor, sino una precariedad estructural. El problema no es solo que existan apoyos; el problema es que la vida de miles de personas siga dependiendo de apoyos parciales para acceder a lo que debería ser piso básico.

En Baja California Sur, la abundancia casi siempre se cuenta desde arriba: cuartos de hotel, inversión, ocupación, crecimiento, desarrollos. Pero abajo, en el otro mapa del Estado, la riqueza tiene las manos partidas. El campo sudcaliforniano depende casi totalmente del riego, opera con agricultura protegida, produce mercancías valiosas y sostiene cadenas comerciales enteras. Sin embargo, sobre esa modernización productiva sigue descansando una forma antigua de desigualdad: la de quienes hacen posible la cosecha sin ocupar un lugar equivalente en la conversación pública, la seguridad social, la vivienda digna o la protección integral de sus familias. Se modernizó la agricultura; no al mismo ritmo la justicia laboral que debería acompañarla.

La salida no pasa por romantizar al jornalero, ni por usarlo como telón moral del progreso ajeno. Pasa por algo más concreto y menos cómodo: registro fino, inspección verificable, afiliación real a salud y seguridad social, seguimiento interestatal de la movilidad, vivienda temporal digna, protección efectiva a niñas y niños, y datos públicos suficientemente robustos para que la invisibilidad deje de ser una coartada. Porque un Estado no se mide solo por lo que presume, sino por la dignidad que garantiza a quienes lo sostienen. Y si Baja California Sur quiere llamarse próspero sin sonrojarse, tendrá que empezar por mirar de frente a quienes alimentan su tierra sin haber probado todavía los frutos de la justicia.

Referencias:
INEGI, Censo Agropecuario 2022. Resultados definitivos. Baja California Sur.
CONEVAL, La población jornalera agrícola en México y su situación de pobreza y Estudio sobre la población jornalera agrícola en México.
Gobierno de Baja California Sur / SETUE, Información Estratégica 2025: Baja California Sur e Información Estratégica 2025: Comondú.
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social de Baja California Sur, boletines sobre movilidad laboral, inspección y atención a jornaleros agrícolas.
SEP Baja California Sur, materiales sobre atención educativa a población migrante e hijos de jornaleros agrícolas.

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