FOTOS: Seguridad Pública Estatal.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: El Organismo.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En nuestra ciudad, el paisaje de mar turquesa y cielos despejados convive con otro menos visible, pero persistente: columnas de humo que emergen desde las plantas de generación eléctrica que abastecen de energía a toda la entidad. Para miles de habitantes, estas instalaciones representan una paradoja cotidiana: son indispensables para sostener la vida moderna en una región aislada, pero también constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental y preocupación sanitaria.

Baja California Sur no está conectada al sistema eléctrico nacional. Esta condición geográfica ha obligado históricamente a generar energía de manera local, lo que explica la presencia de varias centrales en La Paz, principal centro urbano del estado. Entre las más importantes destacan la Central Termoeléctrica Punta Prieta —ubicada a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad— y la Central de Combustión Interna operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas instalaciones, junto con otras plantas como la de Puerto Pichilingue, conforman el núcleo del sistema eléctrico local.

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FOTO: En 15 Días.

La termoeléctrica Punta Prieta comenzó operaciones en 1979, en un contexto en el que el combustóleo —residuo pesado del petróleo— era una fuente común de energía. Durante décadas, esta planta ha sido el pilar del suministro eléctrico, llegando a aportar cerca del 95% de la energía consumida en el estado. Con el crecimiento demográfico, turístico y urbano de La Paz y Los Cabos, la demanda energética se ha incrementado considerablemente. Esto ha llevado a ampliar la infraestructura con plantas adicionales, pero manteniendo en gran medida el mismo modelo basado en combustibles fósiles.

En una región donde el turismo, la pesca y los servicios dependen de un suministro eléctrico constante, estas centrales cumplen una función crítica. Hoteles, hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y la actividad económica en general dependen directamente de su operación. La falta de interconexión con el resto del país convierte a estas plantas en un sistema aislado: si fallan, no hay respaldo inmediato externo. Esta condición ha sido utilizada como argumento para mantener operativas instalaciones antiguas, incluso cuando ya han superado su vida útil recomendada. Además, la generación eléctrica local evita costos de infraestructura mayores, como la construcción de líneas submarinas o interconexiones de larga distancia. Sin embargo, esta “autonomía energética” tiene un costo ambiental significativo.

Uno de los principales problemas documentados es la antigüedad de las instalaciones. Especialistas han señalado que algunas unidades operan con equipos que exceden hasta por 20 años su vida útil, lo que incrementa las emisiones contaminantes y reduce la eficiencia energética. El uso de combustóleo de alto contenido de azufre es otro factor crítico. Este tipo de combustible genera emisiones de dióxido de azufre, partículas finas y otros contaminantes que afectan directamente la calidad del aire. Diversos informes y monitoreos ciudadanos coinciden en que las termoeléctricas son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad. De hecho, se estima que las centrales eléctricas, junto con otras fuentes, son responsables de una proporción significativa de las emisiones contaminantes en La Paz, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire. A esto se suma la falta de monitoreo constante y eficaz por parte de las autoridades, así como limitaciones institucionales: Baja California Sur no cuenta con facultades plenas para declarar contingencias ambientales, lo que reduce la capacidad de respuesta ante episodios críticos.

En los últimos años, las evidencias de impactos ambientales han sido cada vez más visibles. En 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en la Central de Combustión Interna de la CFE en La Paz, donde detectó contaminación por combustóleo en suelos, vegetación y un arroyo cercano. El derrame, ocurrido desde diciembre de 2024, no había sido completamente remediado casi un año después, lo que evidencia fallas en la gestión ambiental. Durante la inspección, se identificaron residuos aceitosos, manchas de hidrocarburos y afectaciones a lo largo de aproximadamente 1,700 metros del cauce natural. Las autoridades ordenaron acciones de limpieza, pero organizaciones civiles han cuestionado la lentitud y la falta de sanciones contundentes.

Otros reportes periodísticos documentan derrames de chapopote y asfalto que han contaminado mantos freáticos y canales pluviales, afectando comunidades rurales cercanas. Habitantes han denunciado que estos residuos llegan a sus tierras y fuentes de agua, especialmente durante la temporada de lluvias. En el aire, la situación no es menos preocupante. La quema de combustóleo genera una mezcla de contaminantes que se dispersan sobre la ciudad, especialmente en condiciones atmosféricas adversas. Investigaciones han documentado niveles preocupantes de partículas y gases, con efectos potenciales en la salud pública.

Aunque no existe un consenso definitivo sobre el impacto exacto en la salud de la población paceña, diversos estudios y monitoreos han señalado riesgos potenciales. La exposición a contaminantes derivados de la combustión de combustóleo se ha asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros padecimientos. En La Paz, organizaciones y centros de investigación han advertido sobre la posible relación entre vivir cerca de termoeléctricas y el desarrollo de enfermedades graves. Además, la percepción ciudadana refuerza estas preocupaciones. Durante gran parte del año, los habitantes reportan la presencia de humo visible y olores intensos, lo que ha generado denuncias colectivas y movilización social. El problema no es únicamente local: a nivel global, las plantas que utilizan combustibles fósiles son reconocidas como importantes emisores de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, lo que agrava el cambio climático y sus efectos.

El conflicto en torno a las centrales eléctricas de La Paz no es nuevo. Desde hace años, organizaciones civiles, colectivos ambientales y ciudadanos han exigido cambios en el modelo energético. Demandas legales, denuncias ante autoridades ambientales y campañas de sensibilización han puesto el tema en la agenda pública. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como insuficiente. Por un lado, la CFE enfrenta el reto de garantizar el suministro eléctrico en una región aislada. Por otro, las autoridades ambientales han sido criticadas por la falta de sanciones y seguimiento efectivo a las irregularidades detectadas. Este escenario refleja una tensión estructural: la necesidad de energía frente a la urgencia de proteger el medio ambiente y la salud pública.

FOTO: Melón Coyote.

¿Un mal necesario? Perspectivas para el futuro

La pregunta central es inevitable: ¿son estas centrales un mal necesario? En el corto plazo, la respuesta parece ser afirmativa. La dependencia energética de La Paz y la falta de interconexión hacen difícil prescindir de estas instalaciones sin afectar gravemente la vida económica y social. Sin embargo, el futuro plantea alternativas.

México, y particularmente Baja California Sur, cuenta con un enorme potencial en energías renovables, especialmente solar. Proyectos como Aura Solar han demostrado la viabilidad de generar electricidad limpia en la región, abasteciendo a una parte significativa de la población. La transición energética podría reducir la dependencia del combustóleo y disminuir las emisiones contaminantes. No obstante, esta transformación requiere inversiones, planeación y voluntad política. Existen también riesgos: si la transición no se gestiona adecuadamente, podrían generarse problemas de suministro o incrementos en los costos de la energía. Además, la resistencia institucional y los intereses económicos asociados al modelo actual podrían ralentizar el cambio.

Las centrales eléctricas de La Paz son, al mismo tiempo, símbolo de progreso y fuente de preocupación. Su historia refleja las limitaciones de un modelo energético basado en combustibles fósiles, mientras que su presente evidencia los costos ambientales y sociales de sostenerlo. La ciudad enfrenta una encrucijada: continuar dependiendo de infraestructura obsoleta y contaminante, o avanzar hacia un sistema energético más limpio y sostenible. La respuesta no es sencilla. Implica decisiones técnicas, económicas y políticas, pero también una reflexión colectiva sobre el tipo de desarrollo que se desea para la región. Mientras tanto, en La Paz, la electricidad sigue encendiendo hogares y negocios… Y también el debate sobre su verdadero costo.

Referencias:

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/obsoleta-termoelectrica-punta-prieta-amenaza-salud-y-medio-ambiente-paceno/617310 «Obsoleta termoeléctrica Punta Prieta amenaza salud y medio ambiente …»

https://tribunademexico.com/mala-calidad-aire-alerta-la-paz/ «La mala calidad del aire prende las alertas en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28Baja_California_Sur%29 «La Paz (Baja California Sur)»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-realiza-inspeccion-ambiental-en-la-cfe-en-baja-california-sur?state=published&utm «Profepa realiza inspección ambiental en la CFE en Baja California Sur …»

[5]: https://energymagazine.mx/2025/10/profepa-investiga-derrame-de-combustoleo-de-cfe-en-baja-california-sur/ «Profepa investiga derrame de combustóleo de CFE en Baja California Sur …»

https://metropolimx.com/descubren-contaminacion-de-termoelectrica-de-cfe-en-la-paz/ «Descubren contaminación de termoeléctrica de CFE en La Paz»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/denuncian-derrame-de-liquidos-provenientes-de-planta-de-la-cfe-en-la-paz-25995371 «Denuncian derrame de líquidos provenientes de planta de la CFE en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_de_M%C3%A9xico «Energías renovables de México»

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FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua no es un tema sectorial ni una bandera ideológica: es un asunto de seguridad colectiva. La Sierra de la Laguna —Reserva de la Biósfera y principal fábrica de agua del sur peninsular— no sólo sostiene ecosistemas; sostiene ciudades, economías y vida. Por eso, cualquier amenaza sobre ella exige algo elemental de quienes gobiernan: posición pública, liderazgo y acción preventiva.

Hoy, frente a proyectos inmobiliarios que se presentan bajo narrativas amables de “conservación”, “santuarios” o “ecoturismo”, la sociedad sudcaliforniana ha hablado con claridad. Organizaciones civiles, académicos, comunidades y sectores productivos responsables han advertido el riesgo que tales proyectos representan para la integridad hídrica y ecológica de la Sierra.

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El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS ha seguido la ruta institucional: información, exigencia pública y combate jurídico ante la autoridad ambiental federal.

Sin embargo, en este escenario hay un hecho que no puede normalizarse: el silencio del titular del Poder Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales de La Paz y Los Cabos, precisamente las demarcaciones directamente vinculadas al territorio en disputa.

Ese silencio no es neutro. Gobernar también implica hablar, fijar postura, advertir riesgos y ejercer las competencias que la ley otorga. Cuando la totalidad de la sociedad organizada se pronuncia y quienes detentan el poder territorial callan, se produce un fenómeno conocido en derecho público: la omisión institucional relevante.

No se trata de exigir declaraciones retóricas ni de pedir que autoridades locales sustituyan a instancias federales. Se trata de algo muy básico y mucho muy serio: el deber de cuidado y de prevención frente a un riesgo público conocido.

El derecho contemporáneo —constitucional, administrativo y penal— reconoce que existen situaciones en las que no actuar equivale, en los hechos, a permitir. En otras palabras: callar también produce efectos.

En materia ambiental, esos efectos son particularmente graves. El agua no se regenera con discursos tardíos. La degradación de una cuenca no se corrige con comunicados ex post. La experiencia histórica en Baja California Sur lo demuestra con crudeza: cuando la autoridad llega tarde, el daño ya está hecho.

Por eso, la falta de pronunciamiento público y verificable de quienes tienen responsabilidad política y territorial directa no puede leerse como simple prudencia. Es una decisión. Y como toda decisión pública, es evaluable, criticable y eventualmente reprochable.

Desde una perspectiva jurídica, existe un principio ampliamente aceptado: quien tiene posición de garante respecto de un bien jurídico relevante —como el agua, el territorio o el equilibrio ecológico— no puede refugiarse en la inacción cuando el riesgo es evidente y conocido. La obligación no siempre es autorizar o prohibir; muchas veces es prevenir, coordinar, advertir y activar los mecanismos de protección disponibles.

Cuando esas obligaciones mínimas no se ejercen, la omisión deja de ser pasiva y se convierte en funcional: beneficia a quien impulsa el proyecto, debilita la defensa social y desplaza el conflicto hacia trámites técnicos donde la ciudadanía llega en desventaja.

Dicho con claridad: el silencio institucional termina operando como una forma de acompañamiento indirecto.

En este orden de ideas, el silencio es omisión, y nuestra legislación penal sanciona la comisión por omisión cuando se incumple el deber garante.

Lo expuesto constituye un señalamiento político y ético. En un estado con estrés hídrico estructural, no pronunciarse sobre la amenaza a la principal fuente de agua es fallar al mandato básico de gobierno.

La Sierra de la Laguna no necesita ambigüedades. Necesita compromisos públicos, acciones coordinadas y una señal inequívoca de que no habrá proyectos depredadores disfrazados de conservación.

La ciudadanía está cumpliendo su parte. Ahora corresponde a quienes gobiernan romper el silencio, porque en Baja California Sur, callar ante el riesgo del agua no es neutral: es tomar partido.

COROLARIO: Este apunte expresa una posición de interés público y se constituye en una exigencia al gobernador y a los presidentes municipales citados, desde la ciudadanía organizada: el ineludible cumplimiento del deber constitucional de protección del agua, el territorio y el medio ambiente.

FOTO: Plataforma Tierra.

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). El teatro de guerra del 2026 (Estados Unidos – Israel vs. Irán) ofrecerá a la humanidad una experiencia inmersiva en la trama de Mad Max. De acuerdo con el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de oficina de Colin Powell, el mundo se enfrentará este año a tres crisis existenciales: agua, alimento y energía. ¿Cómo entender una crisis? La crisis se define como la situación que rebasa nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de resolver. Lo cual significa sufrir las consecuencias.

Nuestra película inicia en el Oriente Medio, las primeras en caer ante el caos son las petromonarquías (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin), países muy ricos que dependen exclusivamente del petróleo. Hay un problema, su petróleo debe pasar a través del Estrecho de Ormuz, un pequeño caudal de 39 kilómetros de ancho entre Irán y Emiratos Árabes Unidos que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Pues bien, ese estrecho ha sido cerrado por Irán. Se trata, en la mirada de muchas y muchos analistas, de una bomba atómica económica.

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FOTO: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Todo más caro para todo el mundo

Menos producto y más demanda significa precios más altos. En Estados Unidos, el litro de gasolina saltó de un día para otro de 24 pesos a 31; dentro de un mes se espera a 38 y en tres meses a 45. Si los combustibles suben de precio, todos los productos que se transporten mediante vehículos que utilicen combustibles fósiles se verán afectados. Y no, no es temporal. Refinerías y buques cargueros están siendo destruidos en toda la zona, lo que significa que, aun cuando se abriera el Estrecho de Ormuz mañana, se necesitarían meses o años para reconstruir la infraestructura.

Afortunadamente, y en contra de todos los medios nacionales e internacionales, a la Cuarta Transformación se le ocurrió la descabellada idea de invertir en la infraestructura petrolera, rehabilitar refinerías, construir nuevas y comprar a Deer Park. Qué bueno que el ex presidente López Obrador comprendía perfectamente el concepto de “soberanía energética” como elemento indispensable para la seguridad estratégica. Si nos hubiéramos ido por Anaya, ahorita, no tuviéramos ni chapopote para tapar los baches.

Un tercio de los fertilizantes de todo el mundo también pasa por el Estrecho de Ormuz

En términos alimenticios, hay que tomar en cuenta que China inicia su temporada de siembra y necesita los fertilizantes que pasan por Irán. Si no los obtiene, corre el riesgo de perder su producción agrícola. Entonces, ¿cómo podrá alimentar a sus más de mil cuatrocientos millones de habitantes? La respuesta es evidente: habrá que importar, lo cual eleva la demanda y, por consiguiente, los precios en todo el mundo. El problema es que habrá quien pueda pagar más y quien se quede con hambre.

El escenario es especialmente preocupante para Baja California Sur. En nuestra península choyera se importa el 85% de los alimentos que consumimos. Además, dependemos principalmente del combustóleo para la producción energética. Si ya de por sí es caro vivir por estos rumbos, ahora imagínate con el kilo de tortilla en 45 ó 55 pesos. Si la hambruna nos alcanza, que no nos sorprenda ver a la palomilla echando aire a las llantas de sus Vochos clase 11 y buscando piezas para las Cherokees. La pelea por los chimangos y las galletas roncadoras, será sobre ruedas.

¿Y el agua?

Por si fuera poca cosa todo lo anterior, resulta que se pronostica un «Súper Niño», el cual traerá temperaturas extremas para todo el planeta. Se espera que se rompan todos los récords de calor extremo.

Volviendo al Medio Oriente, hay petromonarquías que dependen en un 80% de las plantas desalinizadoras, y resulta que Israel decidió bombardear las plantas desalinizadoras de Irán, lo que obliga al afectado a devolver el gesto, tanto a Israel como a todos los países que albergan bases militares estadounidenses.

Así las cosas, ya tenemos petromonarquías que en cuestión de semanas se quedarán sin combustible, agua o alimentos. La vida, simple y sencillamente, será insostenible. La hambruna y la muerte ya se pasean por lugares donde antes no se paseaba.

FOTO: ABC.

Aquí, en nuestra península californiana, debemos abrir la conversación sobre la seguridad energética, hídrica y alimentaria. ¿Cómo le hacemos para producir más alimentos locales e importar menos? ¿A qué otras fuentes de energía podemos aspirar? ¿Cómo aseguramos el agua? ¿Tiene sentido mantenerle la concesión a las refresqueras, que de acuerdo con el Dr. Rodrigo Rebolledo poseen 444 millones de litros de agua al año? Y finalmente ¿quiénes tienen la capacidad y habilidad para tomar el volante en esta distopía llamada Mad Max 2026?

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma a la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTE ZAC) que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a las personas pensionadas en esa entidad. La decisión fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal el 12 de enero de 2026, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida contra diversos artículos de la ley estatal.

La resolución confirmó la constitucionalidad del artículo 74 de la Ley del ISSSTE ZAC, el cual establece que los futuros pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión en lugar de los 60 días que anteriormente otorgaba el sistema. Sin embargo, la Corte determinó que esta medida solo podrá aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que no afectará a quienes ya cuentan con una pensión reconocida. La decisión marca un precedente en materia de seguridad social en el ámbito estatal, al considerar que la reducción del aguinaldo no viola el derecho humano a la seguridad social siempre que se respete el principio de no retroactividad y se protejan los derechos adquiridos de los pensionados actuales.

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El caso llegó al Pleno de la Suprema Corte luego de que el Poder Ejecutivo federal promoviera la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 para impugnar tres artículos de la ley reformada en Zacatecas. El análisis se centró principalmente en el artículo 74, que modifica el cálculo del aguinaldo para los pensionados del instituto estatal. Tras el debate entre los ministros, siete integrantes del tribunal votaron a favor de mantener vigente este artículo, con lo que se avaló la reducción del beneficio. En contraste, se declaró la invalidez de otras disposiciones de la misma ley que condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera.

Los artículos invalidados fueron el 128 y el 128 Bis, los cuales establecían que el pago de prestaciones podría depender de la situación financiera y de la reserva técnica del organismo. La Corte determinó que estas disposiciones eran contrarias a la Constitución, al permitir que el Estado incumpliera sus obligaciones en materia de seguridad social por razones presupuestarias. En su argumentación, el tribunal sostuvo que el acceso y cumplimiento de las prestaciones sociales no puede depender de factores financieros indeterminados, pues ello podría afectar de forma desproporcionada el derecho de los trabajadores a recibir su pensión y otras prestaciones.

La reforma validada por la Suprema Corte modifica la manera en que se calcula el aguinaldo para los pensionados del sistema estatal de Zacatecas. Bajo el esquema anterior, quienes recibían una pensión del ISSSTE ZAC tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de su pensión anual. Con el cambio legislativo, el beneficio se reduce a 30 días para las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, aprobada por el Congreso estatal en 2024.

La Corte enfatizó que la reducción no puede aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que quienes ya estaban pensionados o habían iniciado su trámite antes de la entrada en vigor de la norma conservarán el derecho a recibir un aguinaldo de 60 días. De acuerdo con el fallo, esta medida busca equilibrar dos principios: la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones del estado.

Durante el análisis del caso, la Suprema Corte evaluó si la reducción del aguinaldo vulneraba el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales. La mayoría de los ministros concluyó que la modificación no constituye una violación a este derecho, ya que el aguinaldo no forma parte estricta de la pensión base, sino de una prestación adicional que puede ser ajustada por el legislador bajo ciertas condiciones. Asimismo, el tribunal consideró que la reducción del aguinaldo responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del instituto estatal de pensiones, el cual enfrenta presiones económicas debido al crecimiento del número de jubilados y a los compromisos presupuestarios del sistema.

La Corte señaló que, siempre que se respeten los derechos ya adquiridos y que la medida tenga una justificación razonable, el Congreso local puede introducir cambios en la legislación para garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social. La discusión en el Pleno de la SCJN incluyó posturas divergentes entre los integrantes del tribunal. Mientras algunos ministros respaldaron la reforma por considerar que responde a una necesidad financiera del sistema de pensiones, otros manifestaron preocupaciones sobre sus posibles efectos en los derechos de los trabajadores.

Durante la sesión, se planteó que el problema financiero del instituto estatal no necesariamente debe trasladarse a los trabajadores pensionados. Sin embargo, el consenso mayoritario fue que el cambio legal es constitucional siempre que se aplique hacia el futuro y no afecte a quienes ya tienen una pensión reconocida. Finalmente, la votación concluyó con la validación del artículo que reduce el aguinaldo y con la eliminación de las disposiciones que permitían al instituto limitar sus obligaciones por razones presupuestarias.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas administra el sistema de pensiones de los empleados públicos de la entidad. En los últimos años, este organismo ha enfrentado presiones financieras derivadas del aumento en el número de jubilados y de los compromisos adquiridos con los trabajadores. Según autoridades estatales, la reforma que reduce el aguinaldo fue aprobada como parte de un conjunto de medidas orientadas a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.

Los legisladores que respaldaron la modificación argumentaron que el objetivo principal es evitar un eventual colapso financiero del fondo de pensiones, lo que podría poner en riesgo el pago de las prestaciones a los trabajadores en el futuro.  La resolución de la Suprema Corte implica que el cambio en el cálculo del aguinaldo continuará vigente para los nuevos pensionados del sistema estatal.

En términos prácticos, quienes se jubilen bajo la nueva normativa recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de su pensión anual, mientras que quienes obtuvieron su pensión antes de la reforma mantendrán el beneficio original de 60 días. El fallo también establece que el ISSSTE ZAC deberá cumplir con todas sus obligaciones en materia de seguridad social sin condicionarlas a su situación financiera, luego de que el tribunal declarara inconstitucionales las disposiciones que permitían limitar los pagos por falta de recursos.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que la resolución de la SCJN podría tener implicaciones para otros sistemas de pensiones estatales en México, especialmente aquellos que enfrentan problemas financieros similares. El fallo establece criterios sobre la posibilidad de modificar ciertas prestaciones siempre que se respeten los derechos adquiridos y se garantice la protección del derecho a la seguridad social.

Al mismo tiempo, la decisión reafirma que el Estado no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de pensiones a la disponibilidad de recursos, ya que estas prestaciones forman parte de los derechos laborales de los trabajadores. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas representa un cambio significativo en la legislación del sistema estatal de pensiones. El tribunal determinó que la medida es constitucional, siempre que se aplique únicamente a futuras jubilaciones y no afecte a quienes ya cuentan con derechos adquiridos.

Al mismo tiempo, la Corte invalidó las disposiciones que permitían limitar el pago de prestaciones por razones financieras, reafirmando que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió un debate jurídico que se originó tras la reforma aprobada por el Congreso de Zacatecas y estableció criterios que podrían influir en futuras discusiones sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en México.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2026/01/13/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/1/12/ministros-avalan-reduccion-aguinaldos-de-pensionados-en-zacatecas-758519.html»Ministros avalan reducción a aguinaldos de pensionados en Zacatecas»

https://www.mibolsillo.com/retiro/scjn-sacude-a-jubilados-de-este-estado-avala-recorte-del-aguinaldo-a-la-mitad-20260113-0017.html»SCJN sacude a jubilados de este estado: avala recorte del aguinaldo a …»

https://www.milenio.com/politica/scjn-valida-reforma-reduce-aguinaldo-pensionados-zacatecas»SCJN valida reforma que reduce aguinaldo a pensionados de Zacatecas»

https://atiempo.mx/sucesos/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://politica.expansion.mx/mexico/2026/01/12/scjn-avala-reducir-pago-pensionados-issste»La SCJN avala reducir el pago del aguinaldo a pensionados del ISSSTE …»

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