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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Registro Civil en México se instituyó el 28 de marzo de 1857, por el presidente Ignacio Comonfort, mediante la expedición de la Ley del Registro Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1857, con el objetivo de registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

Los objetivos específicos del Registro Civil en México son:

1.- Registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos importantes en la vida de los ciudadanos.

2.- Proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de las personas, lo que es fundamental para ejercer derechos y cumplir con obligaciones legales.

3.- Mantener un registro actualizado y confiable de la población, lo que permite a las autoridades tomar decisiones informadas sobre políticas públicas y programas sociales.

4.- Proteger los derechos de las personas, especialmente en lo que respecta a su identidad, nacionalidad y estado civil.

5.- Facilitar la realización de trámites y procedimientos legales, como la obtención de documentos de identidad, la celebración de matrimonios y la sucesión de bienes.

En resumen, el Registro Civil en México es una institución fundamental que tiene como objetivo registrar y certificar los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, y proporcionar certificados y documentos que acrediten la identidad y el estado civil de los ciudadanos.

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Nuevo formato de certificados de nacimiento

El 26 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican los modelos de los formatos para la expedición del certificado de nacimiento

Entre las novedades del nuevo formato, destaca el registro del sexo del infante, que marca TRES opciones:

1.- Hombre

2.- Mujer

3.- No especificado

¿NO ESPECIFICADO? El sexo biológico del recién nacido es 100% especificable, científicamente. Independientemente de ello, para efectos de certeza registral, basta apreciar los rasgos sexuales biológicos a partir de la evidencia física apreciable, razonablemente certeros: los hombres tienen pene y testículos. Las mujeres tienen vagina. El sexo biológico es uno de los datos identitarios indispensables para lograr la identificación certera de personas. Registrarlo como indeterminado es sembrar un dato incierto en el acta registral y le resta valor identitario.

Si socialmente es relevante tener un registro de las preferencias sexuales de las personas, lo correcto es incorporar un apartado destinado a quienes deseen que su género o preferencia sexual se asiente en su documento registral, pues el género o preferencia sexual esta condicionado a la autopercepción.

De la misma manera, como se permite en el acta de nacimiento que se registre la autopercepción del registrado —o de quien legalmente le represente— respecto a su origen étnico, el género o preferencia sexual puede ser insertado, pero en un apartado distinto al del sexo biológico. Así se evita restar eficacia probatoria y se mantiene la certeza identitaria del certificado de nacimiento, por ser el sexo biológico un dato científicamente indubitable y por otro lado el género o preferencia sexual se sujeta exclusivamente a la autopercepción del individuo, y puede ser incierta, cambiante, imprecisa y, sobre todo, científicamente inapreciable.

Debe respetarse la preferencia sexual de las personas, pero también se debe respetar la necesidad de mantener un registro de datos ciertos en las actas registrales. Incorporar el apartado de GÉNERO sin excluir el de SEXO BIOLÓGICO dará certeza identitaria a las actas de nacimiento, y ampliar esa incorporación a todos los documentos de identificación, dará certeza jurídica identitaria.

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Explicaciones Constructivas

Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). La noticia que está al día y que tiene en discusión a los legisladores del Congreso de México, es la Reforma a Ley del Infonavit. Para entenderla mejor es importante conocer la historia de este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, llamado coloquialmente Infonavit. Y es que muchas veces la mala información, o no conocer el pasado, nos hace anunciar un fracaso futuro en el desarrollo de la vivienda y, sobre todo, el uso discrecional de los ahorros de los trabajadores en México.

El Infonavit se creó por decreto de ley en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 1972, para iniciar operaciones el 1 de mayo de ese mismo año; el primer proyecto de construcción de vivienda se inició en agosto de ese año en la ciudad de Tijuana, Baja California, para después abarcar toda la República Mexicana.

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Inicialmente, el Instituto utilizó recursos del propio gobierno y las aportaciones patronales que, por ese tiempo se iniciaban con 5% del salario del trabajador, y que el propio gobierno administraba. Por fin, el 23 de marzo del año siguiente se entregan las primeras 5 mil viviendas en Iztacalco a igual números de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Infohistoria

Cabe destacar que la historia del Infonavit va estrechamente ligada al IMSS, y por ende, ambas dependen completamente de las aportaciones patronales y vienen funcionando como dependencias paraestatales, o sea: que el gobierno no aporta ningún recurso financiero para su operación. Para que los trabajadores sean beneficiados con una vivienda de crédito Infonavit, tiene qué tener un empleo formal en alguna empresa privada.

En toda su historia ha tenido importantes reformas, que han hecho del Infonavit una entidad financiera muy importante y a la vanguardia en temas relacionados con créditos hipotecarios en México. Como parte opuesta se tiene al Fondo de Vivienda de trabajadores del ISSSTE (Fovissste) que tiene como beneficiarios a los trabajadores del gobierno; el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que otorga a los elementos del Ejército Mexicano; y por último, los créditos hipotecarios bancarios que otorgan las entidades bancarias.

Una de las reformas más importantes para el Infonavit fue la del año de 1992, que creó la subcuenta de vivienda a cada trabajador, para, de ahí, diagnosticar el monto del crédito para comprar vivienda; pero la más importante fue la de convertirse 100% en una dependencia de carácter financiero, algo parecido a una institución bancaria, y por lo tanto dejaba de construir vivienda y establecía reglas para las constructoras y que sean los constructores quienes realicen la vivienda.

Desde ese año hasta la actualidad, el Infonavit ha logrado tener una bolsa de cerca de 13 mil millones de pesos, debido a sus buenas finanzas derivadas de presiones sobre los patrones para cumplir puntualmente con las cuotas obrero-patronales, y con los trabajadores morosos obligándolos a pagos oportunos: en casos contrarios, se procede a embargos de la vivienda y posterior reventa. Estos aspectos, aunque jurídicamente legales, crearon inconformidad sobre todo en los trabajadores acostumbrados a no pagar créditos y, mucho menos, de manera puntual. Esta medida fue aprovechada por el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, de condonar deudas impagables a cerca de 2 millones de créditos de trabajadores.

Control y más control

Una de las medidas polémicas que el nuevo Gobierno de México implementó —y que ya se venía trabajando desde el gobierno obradorista, pero no lo pudo ratificar por no tener mayoría en las cámaras legislativas—, fue el de cambios en el sistema de comités que regulan al Infonavit, y también que se pueda permitir al propio instituto construir viviendas con el monto que los trabajadores tienen ahorrado a través de las aportaciones patronales que ya se explicó anteriormente.

Aunque la construcción de 500 mil viviendas prometidas por el gobierno entrante suena muy bonito, lo que no se ha dicho, es qué harán con los recursos aportados por los patrones y que son completamente de los trabajadores, o sea que: construirán y venderán casas a los trabajadores con dinero de ellos mismos. Si se tuviera un gobierno que fuera buen administrador «tal vez» se creería en esa buena voluntad, pero la historia nos ha indicado que donde el gobierno entra a administrar recursos económicos, están condenados al fracaso.

Pero los más preocupante de la reforma propuesta por los legisladores de Morena a través de la presidenta Claudia Sheinbaum —que según los noticieros, tiene urgencia de aprobarla sin ni siquiera hacer mesas de trabajo o foros con los actores involucrados—, es sobre la conformación de los comités que regulan al Infonavit y que a su vez nombran a los directivos.

En la actualidad, existen tres comités que regulan el funcionamiento del Infonavit, éstos son: Comité de Vigilancia, Comité de Transparencia y Comité de Auditoría. En todos ellos se tiene una función tripartita, esto quiere decir que se conforman en partes iguales sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno. La reforma que se quiere aprobar quitaría la participación del sector patronal y trabajadores, dando más presencia al gobierno.

Por poner un ejemplo, el Comité de Transparencia, que tienen entre sus funciones la protección y acceso a la información de los trabajadores tiene, actualmente, un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno: en total, tres integrantes. Después de la reforma, se pretende que el gobierno suba a tres representantes y los otros sectores se queden con uno (serían cinco en total), logrando mayoría en las decisiones. Otro comité y mucho más importante es del Auditoría, que tiene la misma situación y que el gobierno pretende subir su representación a tres integrantes; este comité tiene la función principal de vigilar la administración de recursos, los gastos y operaciones que se hagan con el recurso económico, entre otras funciones.

Con estas reformas se pretende dar control absoluto a la dirección y a los recursos económicos del Instituto que a lo largo de su historia logró mantener; y como ingrediente extra, se tiene que actualmente el Director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, viene de una dudosa administración de Pemex en la anterior administración.

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). BCS, un estado que brilla por su belleza natural y su creciente industria turística, enfrenta un desafío que se oculta tras el esplendor de sus playas: el desempleo. A pesar de que las cifras oficiales apuntan a una tasa de desocupación relativamente baja, del 2.41% en el segundo trimestre de 2024, la realidad del mercado laboral es mucho más compleja y revela un panorama lleno de contradicciones y desigualdades.

La población económicamente activa (PEA) en la entidad asciende a aproximadamente 467 mil 275 personas, de las cuales 456 mil están ocupadas. Sin embargo, detrás de estos números se encuentra una alarmante tasa de informalidad laboral, que alcanza el 36.9%. Esto significa que una gran parte de los trabajadores carece de acceso a prestaciones sociales, seguridad social y estabilidad laboral. En este contexto, la precariedad se convierte en la norma para muchos sudcalifornianos.

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Omar Antonio Zavala Agúndez, secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de BCS, ha destacado que la baja tasa de desempleo es resultado de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Sin embargo, esta colaboración no parece haber logrado abordar las necesidades de los sectores más vulnerables. Los jóvenes recién egresados enfrentan un mercado laboral que no les ofrece oportunidades adecuadas a su formación, mientras que los adultos mayores son a menudo excluidos de un sistema que parece haber olvidado su valía.

La llegada constante de trabajadores provenientes de otras entidades del país ha creado un “mercado flotante” en BCS. Muchos llegan con la esperanza de encontrar empleo temporal, pero se ven obligados a marcharse rápidamente en busca de mejores oportunidades en otros lugares. Este fenómeno no sólo refleja la inestabilidad del empleo local, sino que también ejerce presión sobre los recursos y servicios disponibles en la región.

A pesar de las iniciativas gubernamentales para fomentar el empleo formal y reducir la informalidad, como ferias del empleo y programas de capacitación, los resultados son decepcionantes. La creación de vacantes no siempre se traduce en oportunidades accesibles para todos. Aunque hay alrededor de 480 vacantes disponibles en La Paz y cerca de 600 en Los Cabos, muchos aspirantes no cumplen con los requisitos o simplemente no tienen acceso a la información necesaria para postularse.

Los salarios también son un tema crítico. El salario promedio mensual en BCS es de 11 mil 400 pesos, cifra que puede parecer atractiva, pero que no garantiza una calidad de vida digna. La inflación y el aumento en el costo de vida han erosionado el poder adquisitivo de muchas familias, dejando a muchos trabajadores luchando por llegar a fin de mes.

La desigualdad social se manifiesta claramente en el acceso al empleo. Las mujeres representan el 40.5% de la fuerza laboral, pero enfrentan barreras significativas para acceder a puestos bien remunerados y estables. La falta de políticas efectivas que promuevan la igualdad laboral agrava esta situación.

El impacto del desempleo va más allá del ámbito económico; afecta también la salud mental y emocional de la población. La incertidumbre económica genera ansiedad y estrés entre quienes buscan trabajo o quienes están atrapados en empleos informales, sin futuro claro. Esta situación no sólo afecta a los individuos, sino también a sus familias y comunidades.

El panorama del desempleo en BCS es un reflejo complejo de oportunidades y desafíos. Aunque las cifras oficiales sugieren un estado saludable en términos laborales, la realidad detrás de esos números revela una lucha constante por parte de muchos sudcalifornianos por encontrar empleos dignos y estables. La informalidad laboral sigue siendo un obstáculo significativo que debe ser abordado con urgencia.

Para enfrentar estos retos, es fundamental que tanto el gobierno como el sector privado trabajen juntos para crear políticas inclusivas que promuevan no sólo la generación de empleos, sino también su formalización y estabilidad. La inversión en educación y capacitación será crucial para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cambiante y exigente.

BCS necesita mirar más allá de las estadísticas optimistas sobre el desempleo. Es imperativo reconocer las realidades complejas del mercado laboral y trabajar hacia soluciones sostenibles que beneficien a todos sus habitantes. La lucha por empleos dignos debe ser una prioridad si se desea construir un futuro donde cada sudcaliforniano tenga acceso a oportunidades laborales satisfactorias y equitativas.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En un régimen democrático, el sistema de pesas y contrapesas (checks and balances) entre los tres poderes del Estado—Legislativo, Ejecutivo y Judicial— es un mecanismo de control y equilibrio que busca evitar la concentración del poder en una sola entidad. Cada poder tiene ciertas facultades y limitaciones que evitan que alguno de ellos abuse de su autoridad.

El Poder Legislativo depositado en el Congreso, puede:

• Aprobar o rechazar leyes propuestas por el Ejecutivo.
• Realizar investigaciones y auditorías al Ejecutivo.
• Remover al presidente de la República o a personas juzgadoras mediante un proceso de juicio político.

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El Poder Ejecutivo depositado en el Presidente de la República puede:

• Vetar leyes aprobadas por el Legislativo.
• Proponer candidatos a Mmnistros judiciales, sujetos a elección del Legislativo.
• Convocar a sesiones extraordinarias del Legislativo.

El Poder Judicial depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede:

• Declarar inconstitucionales leyes o acciones del Ejecutivo.
• Juzgar y remover a funcionarios, agotado el requisito de procedencia a cargo del poder legislativo.
• Interpretar la Constitución y las leyes que de ella emanan, resolviendo conflictos entre autoridades, entre poderes y entre particulares.

El sistema de pesas y contrapesas —con algunas variantes— es el sistema democrático por excelencia, y busca:

1. Evitar la tiranía: Impide que un poder abuse de su autoridad.

2. Proteger los derechos: Garantiza que las leyes y acciones gubernamentales respeten los derechos fundamentales.

3. Fomentar la colaboración: Anima a los poderes a trabajar en armonía y a encontrar consensos.

De esta manera, el sistema de pesas y contrapesas es esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad en un régimen democrático.

El sistema de pesas y contrapesas tiene sus raíces en la filosofía política y la historia de las instituciones gubernamentales. Entre sus antecedentes, destacan:

Filósofos griegos y romanos: Platón y Aristóteles analizaron la importancia de la separación de poderes para evitar la tiranía. Cicerón y Polibio también abordaron este tema.

Magna Carta (1215): Este documento estableció limitaciones al poder real en Inglaterra, sentando las bases para la separación de poderes.

John Locke (1632-1704): En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, Locke argumentó que el poder debe dividirse para evitar abusos.

Montesquieu (1689-1755): En El espíritu de las leyes, Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, proponiendo la división en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Revolución Inglesa (1688): La Revolución Gloriosa estableció la supremacía del Parlamento y limitó el poder real.

Revolución Francesa (1789): La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y la Constitución de 1791 reflejaron la influencia de Montesquieu.

Constitución de los Estados Unidos (1787): Los Padres Fundadores, influenciados por Montesquieu y Locke, diseñaron un sistema de gobierno con separación de poderes y un sistema de pesas y contrapesas.

Sistema Constitucional Mexicano (1824): El 4 de octubre de 2024 celebramos 200 años de constitucionalismo basado en el equilibrio de poder que brinda el sistema de pesas y contrapesas, con limitaciones e imprecisiones, pero en constante progreso, culminando en la reforma de 1911 que convirtió nuestra carta magna en garante irrestricto de los derechos humanos y su progresividad, al establecerse e control de la constitucionalidad y la convencionalidad a que todo acto de autoridad debe estar sujeto.

El sistema de pesas y contrapesas ha sido adoptado y adaptado por diversas democracias, evolucionando a lo largo del tiempo para responder a desafíos y necesidades específicas. Es resultado de la búsqueda de un equilibrio entre la eficacia gubernamental y la protección de los derechos y libertades individuales.

En México, con la imposición en bloque del grupo político mayoritario en el Congreso, se modificó la Constitución para desarticular el poder judicial y privarlo de autonomía, ya que, al someter la designación de jueces y magistrados a elección popular, se estableció un procedimiento sujeto al control del grupo político en el poder.

Finalmente, al establecer en la reforma constitucional denominada inimpugnabilidad, terminan por privar al Poder Ejecutivo de revisar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de las reformas al texto constitucional.

Esta reforma termina por eliminar del sistema político mexicano el equilibrio de poderes, al suprimir la facultad más importante que en el sistema de pesas y contrapesas se asigna al poder judicial, el ser garante de la constitucionalidad.

Los grandes perdedores en este ejercicio de concentración de poder en manos del grupo político dominante, somos los gobernados, que ya no podremos acudir al amparo cuando nuestros derechos fundamentales sean violados o amenazados por una reforma constitucional

Nuestra Carta Magna ha dejado de ser la garantía de legalidad y equilibrio de poder en el ejercicio público, para convertirse en un cheque en blanco a los caprichos, excesos y ocurrencias del grupo mayoritario en el poder, sin importar el alcance de sus repercusiones.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El malecón de La Paz, BCS, ha sido históricamente un espacio emblemático para los paceños, un lugar de encuentro y reflexión que teje la identidad colectiva de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, este icónico lugar ha sido testigo de una transformación significativa, marcada por la privatización simbólica de sus espacios públicos en favor de intereses turísticos y comerciales. Este artículo explora cómo los cambios en la apropiación y uso del malecón están afectando no sólo el paisaje urbano, sino también la memoria y el sentido de pertenencia de sus habitantes, quienes se enfrentan a la creciente desterritorialización de un espacio que alguna vez fue suyo.

La ciudad, esa amalgama de edificaciones, calles y la vida que fluye en su interior, es un lienzo donde se despliegan un sinfín de emociones y experiencias. Cada calle, cada esquina, cada rincón urbano cuenta una historia, y esta narrativa se teje a través de la interacción de sus habitantes y la forma en que estos se apropian y transforman los espacios públicos. En este contexto, el libro Privatización simbólica de los espacios públicos. Prácticas histórico-territoriales en torno al malecón de La Paz, Baja California Sur, México del Dr. Tito Fernando Piñeda Verdugo, se erige como un profundo análisis de la relación entre la ciudad, sus espacios públicos y sus ciudadanos.

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Los espacios públicos, esos lugares abiertos donde convergen la diversidad de la vida urbana, son auténticas encrucijadas de experiencias compartidas. Aquí, los habitantes, independientemente de su género, edad, ocupación u origen, contribuyen a la construcción simbólica de su ciudad. Estos espacios se convierten en escenarios donde las prácticas sociales se desarrollan y donde, con el transcurso del tiempo, se forjan las memorias colectivas que otorgan identidad a la comunidad.

Si bien, las ciudades pueden ser objeto de planificaciones urbanas desde los centros del sistema capitalista global, es en la práctica cotidiana y local donde estas planificaciones cobran vida y se transforman. Cada calle es un capítulo de la historia urbana, donde se entrelazan deseos, sueños y realidades. La ciudad es un organismo vivo que evoluciona constantemente, moldeado por las acciones y aspiraciones de quienes la habitan.

El libro del Dr. Piñeda Verdugo se adentra en este intrigante mundo de las ciudades y sus espacios públicos. A través de una meticulosa observación de los caminantes y sus narrativas, el autor nos brinda un valioso reporte de investigación etnográfica. Sin embargo, este no es un estudio aislado; se enriquece con una reflexión teórica profunda en torno a conceptos fundamentales como cultura, territorio y ciudad. Esta base teórica proporciona las herramientas necesarias para analizar crítica y juiciosamente los movimientos y cambios en la trama urbana de La Paz, BCS, con un enfoque especial en su emblemático malecón.

El malecón de La Paz se ha convertido en un territorio particularmente significativo. A través de las décadas, ha sido más que una simple vía costera; ha sido territorializado por sus caminantes como un laboratorio social y cultural. En este espacio, las personas encuentran un lienzo en blanco donde pueden reflexionar sobre sus identidades individuales y colectivas. El «paceño,» aquel que habita y da vida a La Paz, encuentra en el malecón un espacio para expresarse, definirse y construir una narrativa común que les vincula.

No obstante, el libro de Piñeda Verdugo también aborda un tema crucial: la privatización simbólica de estos espacios públicos. En los últimos años, el malecón de La Paz ha experimentado una clara desterritorialización en favor de una mayor privatización socio-simbólica, en gran medida centrada en el turismo. Este proceso se ha propagado como una ola expansiva que se extiende en todas direcciones por la geografía sudcaliforniana.

La privatización simbólica implica que, aunque el espacio público siga existiendo físicamente, su esencia como un lugar de encuentro e intercambio cultural se ve eclipsada por intereses económicos y turísticos. Los caminantes dejan de ser los protagonistas de su propia narrativa urbana y ceden ese protagonismo a fuerzas externas. El espacio público se transforma en un escenario, y sus habitantes pasan a ser actores secundarios en una producción diseñada para satisfacer las demandas del turismo.

Es en este contexto que la obra del Dr. Tito Fernando se convierte en una herramienta esencial para entender los cambios que están moldeando el tejido urbano de La Paz y, por extensión, de muchas otras ciudades en todo el mundo. Su investigación etnográfica y su profundo análisis teórico nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar los espacios públicos como lugares donde los ciudadanos pueden seguir siendo los protagonistas de la historia urbana. La privatización simbólica no sólo afecta la estructura de las ciudades, sino que también socava la esencia misma de la vida urbana y la identidad de sus habitantes.

Concluyo que la presente obra trasciende la mera descripción de un lugar y sus cambios urbanos. Es un llamado a la reflexión sobre el papel de los espacios públicos en nuestras ciudades y la importancia de protegerlos como lugares donde la comunidad puede seguir construyendo su historia y su identidad. El autor nos brinda una brújula para navegar por el laberinto de emociones y experiencias que es la ciudad, recordándonos que, en última instancia, son los caminantes quienes dan vida a sus calles, plazas y malecones, y que la ciudad es un texto en constante reescritura, una narrativa colectiva que merece ser preservada y enriquecida.

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