¡Benditos aranceles! ¿Estamos condenados a ser sólo espectadores?

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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En cada rincón de BCS, los vientos de pueblo siempre han sido portadores de historias. Historias de esfuerzo, resistencia y esperanza. Pero hoy esos vientos traen algo más: preguntas incómodas que exigen respuestas: ¿por qué seguimos dependiendo tanto de lo que viene de afuera? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar una crisis económica que ya está tocando nuestras puertas? Y, sobre todo, ¿vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras otros deciden nuestro futuro?

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos de America anunció nuevos aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%), así como impuestos adicionales a productos agrícolas, textiles y manufacturas provenientes de México. Aunque estas medidas no afectan directamente a las exportaciones principales de BCS —como el atún, los camarones y los servicios turísticos—, el efecto dominó ya comienza a sentirse. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 40% de las importaciones de bienes intermedios que utilizan las empresas locales provienen de EUA. Esto incluye materiales esenciales para la construcción, maquinaria pesada y componentes electrónicos. Con un incremento promedio del 15% en los costos de estos insumos debido a los aranceles, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) están viendo cómo sus márgenes de ganancia se desvanecen.

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Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué seguimos siendo tan vulnerables a decisiones que tomamos fuera de nuestro control? En comunidades rurales, negocios familiares que dependen de materiales importados ya han comenzado a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de competir. En ciudades como La Paz, donde la economía está fuertemente ligada al turismo, el aumento en los costos de operación también golpea duro. Los hoteles, restaurantes y agencias de viajes dependen de suministros importados que ahora cuestan más caros. Y aunque los visitantes internacionales aún llegan, muchos empresarios temen que los precios elevados disuadan a futuros turistas. ¿Es justo que nuestra prosperidad dependa de algo tan volátil como las políticas comerciales de otro país?

En pueblos pequeños como Todos Santos, famoso por su arte y gastronomía, los artesanos enfrentan una crisis similar. La necesidad de importar pinturas, cerámica y otros materiales de alta calidad ha encarecido sus costos de producción. Esto obliga a reducir la producción o aumentar los precios, lo cual aleja a los clientes. Además, existe el riesgo latente de que las grandes cadenas hoteleras y corporaciones extranjeras trasladen la carga financiera a los consumidores locales mediante recortes laborales o reducciones salariales. Según expertos, si no se toman medidas urgentes, podríamos ver un aumento significativo en el desempleo y la informalidad económica. Esta situación podría profundizar las brechas sociales y exacerbar problemas estructurales que ya afectan a la región. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las decisiones de otros definan nuestro presente y condicionen nuestro futuro?

Frente a esta adversidad, es imperativo actuar. Pero aquí surge otra pregunta incómoda: ¿quién está liderando el cambio? Promover la producción local es fundamental, pero ¿dónde están las políticas públicas que incentiven esta transición? Desde agricultores que cultivan verduras orgánicas hasta pequeños fabricantes de muebles, todos tienen un papel crucial. Sin embargo, ¿qué apoyo real están recibiendo? Impulsar alianzas comerciales alternativas también es clave. Mientras las relaciones comerciales con EUA se complican, debemos buscar socios en otras regiones. Canadá, Europa y Asia representan oportunidades para diversificar mercados y establecer nuevas conexiones económicas. Pero, ¿quién está tendiendo esos puentes? ¿Quién está guiando a nuestras empresas hacia esos horizontes desconocidos?

Capacitación y adaptación tecnológica son igualmente fundamentales. Las PyMEs deben modernizarse para ser más competitivas. Programas gubernamentales y privados deben enfocarse en brindar capacitación técnica y financiamiento para adoptar tecnologías que optimicen la producción y minimicen costos. Pero, ¿cuántos empresarios locales tienen acceso real a estos recursos? ¿Cuántos saben siquiera que existen? El turismo sostenible y diversificado debe ser otra prioridad. En lugar de depender exclusivamente del turismo de lujo, exploremos alternativas como el ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura. Pero, ¿dónde están las campañas que promuevan estas opciones? ¿Quién está invirtiendo en infraestructura para hacerlas realidad?

Finalmente, la unión comunitaria es esencial. Desde el pescador de Loreto hasta el empresario de Cabo San Lucas, todos somos parte de la misma cadena. Pero, ¿estamos actuando como tal? ¿Nos estamos organizando, compartiendo recursos y apoyándonos mutuamente para superar esta crisis? Las cámaras de comercio, las asociaciones civiles y los gobiernos locales tienen un papel crucial en la coordinación de esfuerzos y la creación de políticas públicas que beneficien a todos los sectores. Pero, ¿están cumpliendo con esa responsabilidad?

Como dirían los ancianos de nuestros pueblos, los vientos siempre traen cambios, pero también semillas de oportunidad. Hoy, esos vientos soplan con fuerza, trayendo consigo desafíos que parecen insuperables. Pero también nos recuerdan que, cuando nos unimos como comunidad, podemos transformar cualquier tormenta en una brisa fresca que nos impulse hacia adelante. El futuro de BCS está en nuestras manos, y cada acción cuenta. Solo así, cuando los vientos de pueblo soplen de nuevo, podremos decir que supimos aprovechar su mensaje y construir un mañana mejor.

La pregunta final es clara: ¿vamos a seguir siendo espectadores de nuestra propia historia o vamos a tomar las riendas y escribir un nuevo capítulo? Porque, al final, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de decidir quiénes queremos ser. Y ese camino, Queridos Lectores, lo construiremos juntos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Caso Misión Punta Norte. Cronología de un escándalo

FOTOS: Joel Cosío.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto inmobiliario Misión Punta Norte, se oferta como un desarrollo residencial de 200 hectáreas y 4 mil 675 lotes totalmente urbanizados. Se encuentra ubicado a 21 km al Norte de la ciudad de La Paz, en la localidad de El Centenario.

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Observaciones

  1. El proyecto aumentaría gravemente la presión hídrica sobre el acuífero de La Paz.
  2. El predio tiene dos tipos de usos de suelo que, de acuerdo con el PDUCP-LPZ, resultan incompatibles con el tipo de obras que se pretenden desarrollar.
  3. El proyecto no puede contar con evaluación de impacto ambiental Estatal, ya que el PDUCP-LPZ indica como prohibidas el tipo de actividades que el proyecto pretende desarrollar.
  4. El proyecto carece de autorización para la publicidad de la venta de sus predios conforme al Artículo 77 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano vigente para Baja California Sur.
  5. El proyecto afecta zonas federales de cuerpos de agua. Conforme a la cartografía del PDUCP-LPZ, el polígono del proyecto se ve atravesado por un arroyo de tipo intermitente (arroyo Garambullo), sin contar con concesión federal para ello.
  6. La zona del proyecto es considerada como de riesgo según el atlas de riesgo de La Paz.
  7. La ciudad no cuenta con las capacidades de dotar servicios públicos a un proyecto de la magnitud que se plantea.
  8. Los programas de desarrollo urbano no pueden ser modificados en términos puntuales por el Cabildo, ni cualquier otra autoridad municipal, sino mediante el procedimiento por el que fueron creados: Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Cronograma

El 24 de octubre de 2019, mediante oficio DPYRU/DPU/811/2019, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUyE) niega el uso de suelo para dos grandes extensiones de terreno rústico, afectas al proyecto de desarrollo urbano denominado Misión Punta Norte, por encontrarse una parte en Área de Preservación Ecológica y otra parte en Área de Bienes Nacionales.

El 20 de mayo de 2020 el promovente solicita que su petición de cambio de uso de suelo sea estudiada por Cabildo.

El 4 de junio de 2020 la DGDUyE envía petición del promovente a la Secretaría General del Ayuntamiento de La Paz.

El 14 de agosto de 2020, durante la XXXIV sesión de cabildo, se turna a la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente para el dictamen de la petición.

El 16 de diciembre de 2020, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología  y Medio Ambiente presenta dictamen en el que establece que el Cabildo no cuenta con facultades para autorizar cambio de uso de suelo, pues debe observarse la normativa que establece que deben respetarse el PDU y que para cambiar el uso de suelo, es forzoso modificar el PDU siguiendo lo establecido para ello, es decir, la convocatoria, foros, consulta, presentación de observaciones por parte de la ciudadanía, corrección al instrumento, valoración por parte de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, presentación al cabildo, aprobación y publicación. Ya que, como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, en el párrafo último del Artículo 17: “Cualquier modificación a los planes de desarrollo urbano, o a la zonificación en ellos contenida que se efectúe sin haberse observado el procedimiento que establece este artículo, estará afectado de nulidad absoluta”.

El 16 de diciembre de 2020, en sesión de cabildo, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez promueve el desechamiento del dictamen presentado por la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, a la que por razón de materia compete el asunto, y propone a la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, (comisión incompetente) que el propio alcalde preside, para elaborar un nuevo dictamen al respecto de la petición de cambio de uso de suelo del proyecto Misión Punta Norte. Cabildo vota a favor.

El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria de Cabildo, la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, en su dictamen autoriza el cambio de uso de suelo para el proyecto Misión Punta Norte.

El 13 de mayo de 2021, la Secretaría General gira oficio SG/DTC/1278/2021 a la DGDUyE, informándole que el Cabildo autorizó el cambio de uso de suelo, para que haga sabedor de ello al promovente.

El 21 de mayo de 2021 la DGDUyE mediante oficio DGDUyE-1101/240-21 hace del conocimiento del promovente lo acordado por Cabildo.

Estatus procesal actual

La causa penal SIFI 1197/2024 se encuentra en etapa inicial, que incluye la formulación de imputación, la solicitud de medidas cautelares, y la solicitud de vinculación a proceso. El 4 de abril de 2025 debió llevarse a cabo la audiencia inicial, pero la defensa solicitó el diferimiento, para poder estudiar las diversas constancias que contiene la carpeta de investigación LPZ/4446/2021, motivo por el cual, la audiencia se difirió para el 29 de mayo hogaño a las 12:00 horas.

El objetivo en esta etapa del proceso penal, audiencia inicial, es lograr la vinculación a proceso de RUBÉN GREGORIO “N” alias “EL MENTIRITAS”, JUAN RAMÓN “N” sin alias conocido y PILAR EDUARDO “N” alias “El Pílalo”, por el hecho que la ley señala como delito de USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES, ilícito previsto y sancionado por el Artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur, en relación con los Artículos 21 fracción III, 22 fracción I y 26 fracción I inciso C del mismo ordenamiento, cometidos en agravio del Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, en lo específico, y de todos los habitantes de esta circunscripción territorial municipal, en lo genérico.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Es oficial: SEP prohíbe vender comida chatarra en todas las escuelas de BCS

FOTO: Alberto Cota.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A partir del sábado 29 de marzo entraron en vigor las disposiciones del decreto que prohíbe la venta de alimentos chatarra en los mil 712 planteles públicos y privados que atienden, desde el nivel inicial hasta el superior, a más de 230 mil alumnas y alumnos en Baja California Sur, informó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza Osuna.

Señaló que, para dar a conocer y sensibilizar a la comunidad sobre los propósitos de esta iniciativa, desde noviembre pasado se realizaron diálogos con los ayuntamientos, madres y padres de familia, con apoyo de la Secretaría de Salud y del IMSS, donde dieron a conocer sobre las nuevas disposiciones.

Meza Osuna comentó que en la sesión de consejo técnico escolar establecieron que, para mayores informes respecto al tema, la ciudadanía puede consultar el manual en la página vidasaludable.gob.mx con orientaciones sobre lo que no se permite vender, así como las sugerencias sobre lo que sí se puede ofrecer.

Agregó que continuarán las capacitaciones a los responsables de las tiendas escolares, supervisores y directores, quienes deberán vigilar que la venta de alimentos sea saludable, y expuso que los nuevos lineamientos establecen acciones prioritarias, como impedir la venta de productos ultraprocesados con bajo valor nutricional, promover el consumo de agua natural y orientar a madres y padres de familia para que, con recursos de La Escuela es Nuestra, se instalen bebederos en los planteles.

También se reforzará el eje articulador de Vida Saludable en la Nueva Escuela Mexicana, con la formulación de contenidos en los libros de texto gratuitos que promuevan estos temas. Además, se darán cursos y diplomados para docentes, la práctica deportiva y se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación.

Puntualizó que estas acciones se brindan de acuerdo con un monitoreo realizado durante el ciclo escolar 2023-2024 en 10 mil 533 escuelas de las diferentes regiones del país, en las cuales se detectó que el 98 por ciento de los comercios vendía comida chatarra y el 95, bebidas azucaradas.




El jurado popular y la justicia «democrática»

FOTOS: Ineaf.Es | CastilloCastrillon Abogados.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de las severas críticas que ha recibido la reforma constitucional que desarticuló la estructura del sistema judicial mexicano, y sustituyó la carrera judicial y la selección por examen y concurso de oposición como método de designación de juzgadores por la elección mediante sufragio popular, han surgido voces que sugieren que se reinstale en México, el jurado popular. Muy probablemente, quienes esto proponen, no conocen la historia del jurado popular en México.

El jurado popular tiene sus raíces en la Antigua Grecia, y encontró arraigo en la Roma Iimperial, donde se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. Sin embargo, el concepto moderno se desarrolló en Inglaterra hasta la Edad Media.

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Un poco de historia

En la Antigua Grecia, se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. En Atenas, se utilizaba un sistema de jurados llamado heliaia, que estaba compuesto por ciudadanos que se reunían para juzgar casos de sus pares, es decir, ciudadanos que pertenecían al mismo gremio laboral o comercial del enjuiciado.

En la Antigua Roma, se utilizaban sistemas de jurados similares, como el judicium y el quaestio, que estaban compuestos por ciudadanos que se reunían para juzgar casos. El Judicium se centraba en resolver disputas civiles y mercantiles entre particulares, como litigios sobre propiedades, contratos y deudas. El Quaestio Se enfocaba en juzgar delitos, como homicidios, robos y traiciones.

El concepto de jurado popular como se conoce en nuestros días, se desarrolló en Inglaterra en la Edad Media. En el siglo XII, el rey Enrique II estableció el sistema de jurados en Inglaterra, que se basaba en la idea de que los ciudadanos sin título nobiliario que enfrentaran un proceso fueran juzgados por sus pares, tal y como sucedía con los miembros de la realeza, los militares y los eclesiásticos, que contaban con procedimientos de enjuiciamiento privilegiado, a cargo de sus pares.

En el siglo XIII, el sistema de jurados se consolidó en Inglaterra, y se establecieron las bases para el sistema de jurados moderno, cuyo formato se consolidó en sus colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

En la mayoría de estos países, el sistema de jurados se utiliza para juzgar delitos graves, y se considera un derecho fundamental de los ciudadanos.

El fracaso del jurado popular en México

En México, el sistema de jurado popular se estableció en la Constitución de 1857, y se consolidó en la Constitución de 1917 como garantía de que el acusado fuera juzgado por un juez o un jurado de ciudadanos. En la práctica, esta garantía tuvo una evolución compleja, generando más debates y reformas a lo largo de los años, que buenos resultados, motivo por el cual cayó en desuso.

Uno de los juicios más famosos por jurado popular en la historia de México fue el de María Teresa Landa, primera Señorita México en 1928, acusada de asesinar a su esposo, el general Moisés Vidal. Este juicio fue muy mediático y conmovió al país, y es considerado como el último juicio importante ante un jurado popular en México. Después de este juicio, el sistema de jurados populares cayó en desuso.

En 1929, el jurado popular fue suprimido en la Ciudad de México, y posteriormente, en 2008, fue eliminado por completo de la Constitución Federal, debido en parte a la falta de eficacia y eficiencia en el sistema de jurados, así como a la creciente complejidad de los casos judiciales, y, sobre todo, a las constantes críticas sobre la falta de imparcialidad en los jurados, lo que llevó a una pérdida de confianza en el sistema. En su lugar, se optó por un sistema de jueces profesionales que podrían manejar casos más complejos y tomar decisiones más informadas.

El postulado del constituyente de 1857 estimó que el jurado popular permite al pueblo participar directamente en la justicia y constituye la máxima expresión de su soberanía, argumentos similares a los que se invocan en la propaganda oficialista del proceso de elección popular de juzgadores.

Todos los inconvenientes que presentaba el jurado popular y que motivaron su desaparición en el marco legal mexicano, son los mismos que generará el que llaman el nuevo sistema de justicia mexicano o “justicia democrática”, con el agravante de que el jurado popular era la excepción y la justicia democrática será la regla, con tribunales formados por jueces sin carrera judicial, electos al calor del arbitrio popular, y con compromisos sectarios o partidistas.

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Baja California Sur: El costo invisible del progreso turístico

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur, un Estado con 2,230 kilómetros de costa y ecosistemas emblemáticos como el desierto de El Vizcaíno, enfrenta una contradicción devastadora: su economía crece al 4.5% anual (INEGI, 2023), pero el 34.6% de su población vive en pobreza (Coneval, 2022). En Los Cabos, el precio de la vivienda aumentó un 78% entre 2015 y 2020, el mayor incremento nacional (INEGI). Para 2023, adquirir una casa de interés social exige ingresos mensuales de $25,000 MXN, mientras el salario promedio es de $8,200 MXN (ENOE). Sólo el 10% de las viviendas construidas entre 2018 y 2023 fueron destinadas a habitantes locales (SEDATU), una cifra que refleja la exclusión sistemática de quienes sostienen la industria turística, responsable del 45% del PIB estatal.

El desplazamiento de comunidades es un fenómeno cuantificable: el Centro de Derechos Humanos de La Paz documentó 1,200 casos entre 2015 y 2022, vinculados a megaproyectos como Puerto Los Cabos, un complejo de 1,200 hectáreas con campos de golf y marinas. En La Paz, rentar un departamento de dos habitaciones cuesta $15,000 MXN mensuales (Inmobiliarias México, 2023), pero el 67% de los empleos turísticos son informales, con salarios entre $4,000 y $6,000 MXN (IMCO, 2022). Aunque la inversión extranjera alcanzó $1,450 millones de dólares en 2023 (Secretaría de Economía), el 80% de las escuelas públicas carecen de acceso diario a agua potable (Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2023), una paradoja que desnuda la inequidad del modelo económico.

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La crisis ambiental es igual de alarmante. En La Paz, el 65% de los manglares han sido destruidos desde 1990 (UABCS, 2021), principalmente por desarrollos como Marina CostaBaja, donde amarrar un yate cuesta $1,500 USD diarios. Cada campo de golf consume 2.5 millones de litros de agua al día (Conagua, 2023), equivalente al uso de 9,000 personas, en un territorio donde el 80% sufre estrés hídrico (Conagua, 2022). En 2022, el desarrollo Costa Palmas desvió el cauce del arroyo San José para construir villas de lujo, secando una fuente vital para agricultores, según denuncias de organizaciones ambientales avaladas por permisos de la Semarnat.

La propiedad extranjera profundiza la fractura social. En Todos Santos, el 38% de las viviendas pertenecen a estadounidenses y canadienses (Registro Público de la Propiedad, 2022), mientras en El Pedregal (Cabo San Lucas), el 60% de las residencias están vacías 10 meses al año (Diagnóstico Urbano de Los Cabos, 2021). La Ley de Inversión Extranjera (1993) permite este acaparamiento mediante fideicomisos: el 22% de los permisos en zonas costeras son para ciudadanos estadounidenses (Senado de la República, 2021). Mientras tanto, el gobierno estatal destina solo el 0.7% de su presupuesto a vivienda social, frente al 12% asignado a promoción turística. Proyectos como el Corredor Turístico La Paz-Los Cabos, con 15 hoteles en construcción, priorizan el 70% del agua para turismo y agricultura de exportación (Profepa, 2023), mientras 12,000 familias carecen de hogar.

La gentrificación también erosiona la cultura local. En Todos Santos, la Fiesta de la Fundación, antes una celebración comunitaria, ahora cobra entradas de $500 MXN, inaccesibles para residentes (Red Sudcaliforniana de Cultura Popular, 2023). El 40% de los negocios tradicionales, como talleres de artesanía y fondas familiares, han cerrado en la última década, reemplazados por cafeterías y tiendas de lujo (Cámara de Comercio de BCS, 2023). Este fenómeno no es exclusivo de BCS: en Quintana Roo, el modelo de Cancún dejó el 45% de su población en pobreza (Coneval, 2022) y el 90% del agua contaminada con nitratos (Universidad del Caribe, 2023), un precedente que BCS parece ignorar.

Frente a esto, iniciativas como las cabañas ecoturísticas de El Sargento, gestionadas por pescadores, protegen 200 hectáreas de manglar y generan empleos formales. Sin embargo, proyectos comunitarios reciben menos del 1% del financiamiento estatal para turismo (Secretaría de Turismo de BCS, 2023).

Los números finales son contundentes: cada segundo, 380 litros de agua se destinan a campos de golf; 300 familias son desplazadas anualmente por alzas de renta (Centro de Derechos Humanos de La Paz, 2023); y para 2030, se proyectan 10 nuevos desarrollos de lujo en áreas naturales protegidas (Semarnat, 2023). La pregunta no es si el modelo es insostenible, sino ¿cuánto más debe sangrar Baja California Sur antes de que el Estado priorice a su gente?

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