FOTO: El Organismo.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En nuestra ciudad, el paisaje de mar turquesa y cielos despejados convive con otro menos visible, pero persistente: columnas de humo que emergen desde las plantas de generación eléctrica que abastecen de energía a toda la entidad. Para miles de habitantes, estas instalaciones representan una paradoja cotidiana: son indispensables para sostener la vida moderna en una región aislada, pero también constituyen una de las principales fuentes de contaminación ambiental y preocupación sanitaria.

Baja California Sur no está conectada al sistema eléctrico nacional. Esta condición geográfica ha obligado históricamente a generar energía de manera local, lo que explica la presencia de varias centrales en La Paz, principal centro urbano del estado. Entre las más importantes destacan la Central Termoeléctrica Punta Prieta —ubicada a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad— y la Central de Combustión Interna operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas instalaciones, junto con otras plantas como la de Puerto Pichilingue, conforman el núcleo del sistema eléctrico local.

También te podría interesar: Enoc Leaño: el actor que regresó a su tierra para sembrar cine. Trayectoria, compromiso cultural y el Festival Internacional de Cine de La Toba como motor artístico en BCS

FOTO: En 15 Días.

La termoeléctrica Punta Prieta comenzó operaciones en 1979, en un contexto en el que el combustóleo —residuo pesado del petróleo— era una fuente común de energía. Durante décadas, esta planta ha sido el pilar del suministro eléctrico, llegando a aportar cerca del 95% de la energía consumida en el estado. Con el crecimiento demográfico, turístico y urbano de La Paz y Los Cabos, la demanda energética se ha incrementado considerablemente. Esto ha llevado a ampliar la infraestructura con plantas adicionales, pero manteniendo en gran medida el mismo modelo basado en combustibles fósiles.

En una región donde el turismo, la pesca y los servicios dependen de un suministro eléctrico constante, estas centrales cumplen una función crítica. Hoteles, hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y la actividad económica en general dependen directamente de su operación. La falta de interconexión con el resto del país convierte a estas plantas en un sistema aislado: si fallan, no hay respaldo inmediato externo. Esta condición ha sido utilizada como argumento para mantener operativas instalaciones antiguas, incluso cuando ya han superado su vida útil recomendada. Además, la generación eléctrica local evita costos de infraestructura mayores, como la construcción de líneas submarinas o interconexiones de larga distancia. Sin embargo, esta “autonomía energética” tiene un costo ambiental significativo.

Uno de los principales problemas documentados es la antigüedad de las instalaciones. Especialistas han señalado que algunas unidades operan con equipos que exceden hasta por 20 años su vida útil, lo que incrementa las emisiones contaminantes y reduce la eficiencia energética. El uso de combustóleo de alto contenido de azufre es otro factor crítico. Este tipo de combustible genera emisiones de dióxido de azufre, partículas finas y otros contaminantes que afectan directamente la calidad del aire. Diversos informes y monitoreos ciudadanos coinciden en que las termoeléctricas son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad. De hecho, se estima que las centrales eléctricas, junto con otras fuentes, son responsables de una proporción significativa de las emisiones contaminantes en La Paz, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire. A esto se suma la falta de monitoreo constante y eficaz por parte de las autoridades, así como limitaciones institucionales: Baja California Sur no cuenta con facultades plenas para declarar contingencias ambientales, lo que reduce la capacidad de respuesta ante episodios críticos.

En los últimos años, las evidencias de impactos ambientales han sido cada vez más visibles. En 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en la Central de Combustión Interna de la CFE en La Paz, donde detectó contaminación por combustóleo en suelos, vegetación y un arroyo cercano. El derrame, ocurrido desde diciembre de 2024, no había sido completamente remediado casi un año después, lo que evidencia fallas en la gestión ambiental. Durante la inspección, se identificaron residuos aceitosos, manchas de hidrocarburos y afectaciones a lo largo de aproximadamente 1,700 metros del cauce natural. Las autoridades ordenaron acciones de limpieza, pero organizaciones civiles han cuestionado la lentitud y la falta de sanciones contundentes.

Otros reportes periodísticos documentan derrames de chapopote y asfalto que han contaminado mantos freáticos y canales pluviales, afectando comunidades rurales cercanas. Habitantes han denunciado que estos residuos llegan a sus tierras y fuentes de agua, especialmente durante la temporada de lluvias. En el aire, la situación no es menos preocupante. La quema de combustóleo genera una mezcla de contaminantes que se dispersan sobre la ciudad, especialmente en condiciones atmosféricas adversas. Investigaciones han documentado niveles preocupantes de partículas y gases, con efectos potenciales en la salud pública.

Aunque no existe un consenso definitivo sobre el impacto exacto en la salud de la población paceña, diversos estudios y monitoreos han señalado riesgos potenciales. La exposición a contaminantes derivados de la combustión de combustóleo se ha asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros padecimientos. En La Paz, organizaciones y centros de investigación han advertido sobre la posible relación entre vivir cerca de termoeléctricas y el desarrollo de enfermedades graves. Además, la percepción ciudadana refuerza estas preocupaciones. Durante gran parte del año, los habitantes reportan la presencia de humo visible y olores intensos, lo que ha generado denuncias colectivas y movilización social. El problema no es únicamente local: a nivel global, las plantas que utilizan combustibles fósiles son reconocidas como importantes emisores de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, lo que agrava el cambio climático y sus efectos.

El conflicto en torno a las centrales eléctricas de La Paz no es nuevo. Desde hace años, organizaciones civiles, colectivos ambientales y ciudadanos han exigido cambios en el modelo energético. Demandas legales, denuncias ante autoridades ambientales y campañas de sensibilización han puesto el tema en la agenda pública. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido percibida como insuficiente. Por un lado, la CFE enfrenta el reto de garantizar el suministro eléctrico en una región aislada. Por otro, las autoridades ambientales han sido criticadas por la falta de sanciones y seguimiento efectivo a las irregularidades detectadas. Este escenario refleja una tensión estructural: la necesidad de energía frente a la urgencia de proteger el medio ambiente y la salud pública.

FOTO: Melón Coyote.

¿Un mal necesario? Perspectivas para el futuro

La pregunta central es inevitable: ¿son estas centrales un mal necesario? En el corto plazo, la respuesta parece ser afirmativa. La dependencia energética de La Paz y la falta de interconexión hacen difícil prescindir de estas instalaciones sin afectar gravemente la vida económica y social. Sin embargo, el futuro plantea alternativas.

México, y particularmente Baja California Sur, cuenta con un enorme potencial en energías renovables, especialmente solar. Proyectos como Aura Solar han demostrado la viabilidad de generar electricidad limpia en la región, abasteciendo a una parte significativa de la población. La transición energética podría reducir la dependencia del combustóleo y disminuir las emisiones contaminantes. No obstante, esta transformación requiere inversiones, planeación y voluntad política. Existen también riesgos: si la transición no se gestiona adecuadamente, podrían generarse problemas de suministro o incrementos en los costos de la energía. Además, la resistencia institucional y los intereses económicos asociados al modelo actual podrían ralentizar el cambio.

Las centrales eléctricas de La Paz son, al mismo tiempo, símbolo de progreso y fuente de preocupación. Su historia refleja las limitaciones de un modelo energético basado en combustibles fósiles, mientras que su presente evidencia los costos ambientales y sociales de sostenerlo. La ciudad enfrenta una encrucijada: continuar dependiendo de infraestructura obsoleta y contaminante, o avanzar hacia un sistema energético más limpio y sostenible. La respuesta no es sencilla. Implica decisiones técnicas, económicas y políticas, pero también una reflexión colectiva sobre el tipo de desarrollo que se desea para la región. Mientras tanto, en La Paz, la electricidad sigue encendiendo hogares y negocios… Y también el debate sobre su verdadero costo.

Referencias:

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/obsoleta-termoelectrica-punta-prieta-amenaza-salud-y-medio-ambiente-paceno/617310 «Obsoleta termoeléctrica Punta Prieta amenaza salud y medio ambiente …»

https://tribunademexico.com/mala-calidad-aire-alerta-la-paz/ «La mala calidad del aire prende las alertas en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_%28Baja_California_Sur%29 «La Paz (Baja California Sur)»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-realiza-inspeccion-ambiental-en-la-cfe-en-baja-california-sur?state=published&utm «Profepa realiza inspección ambiental en la CFE en Baja California Sur …»

[5]: https://energymagazine.mx/2025/10/profepa-investiga-derrame-de-combustoleo-de-cfe-en-baja-california-sur/ «Profepa investiga derrame de combustóleo de CFE en Baja California Sur …»

https://metropolimx.com/descubren-contaminacion-de-termoelectrica-de-cfe-en-la-paz/ «Descubren contaminación de termoeléctrica de CFE en La Paz»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/denuncian-derrame-de-liquidos-provenientes-de-planta-de-la-cfe-en-la-paz-25995371 «Denuncian derrame de líquidos provenientes de planta de la CFE en La Paz»

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_de_M%C3%A9xico «Energías renovables de México»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua no es un tema sectorial ni una bandera ideológica: es un asunto de seguridad colectiva. La Sierra de la Laguna —Reserva de la Biósfera y principal fábrica de agua del sur peninsular— no sólo sostiene ecosistemas; sostiene ciudades, economías y vida. Por eso, cualquier amenaza sobre ella exige algo elemental de quienes gobiernan: posición pública, liderazgo y acción preventiva.

Hoy, frente a proyectos inmobiliarios que se presentan bajo narrativas amables de “conservación”, “santuarios” o “ecoturismo”, la sociedad sudcaliforniana ha hablado con claridad. Organizaciones civiles, académicos, comunidades y sectores productivos responsables han advertido el riesgo que tales proyectos representan para la integridad hídrica y ecológica de la Sierra.

También te podría interesar: El principio precautorio: la herramienta para defender la Sierra de la Laguna

El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS ha seguido la ruta institucional: información, exigencia pública y combate jurídico ante la autoridad ambiental federal.

Sin embargo, en este escenario hay un hecho que no puede normalizarse: el silencio del titular del Poder Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales de La Paz y Los Cabos, precisamente las demarcaciones directamente vinculadas al territorio en disputa.

Ese silencio no es neutro. Gobernar también implica hablar, fijar postura, advertir riesgos y ejercer las competencias que la ley otorga. Cuando la totalidad de la sociedad organizada se pronuncia y quienes detentan el poder territorial callan, se produce un fenómeno conocido en derecho público: la omisión institucional relevante.

No se trata de exigir declaraciones retóricas ni de pedir que autoridades locales sustituyan a instancias federales. Se trata de algo muy básico y mucho muy serio: el deber de cuidado y de prevención frente a un riesgo público conocido.

El derecho contemporáneo —constitucional, administrativo y penal— reconoce que existen situaciones en las que no actuar equivale, en los hechos, a permitir. En otras palabras: callar también produce efectos.

En materia ambiental, esos efectos son particularmente graves. El agua no se regenera con discursos tardíos. La degradación de una cuenca no se corrige con comunicados ex post. La experiencia histórica en Baja California Sur lo demuestra con crudeza: cuando la autoridad llega tarde, el daño ya está hecho.

Por eso, la falta de pronunciamiento público y verificable de quienes tienen responsabilidad política y territorial directa no puede leerse como simple prudencia. Es una decisión. Y como toda decisión pública, es evaluable, criticable y eventualmente reprochable.

Desde una perspectiva jurídica, existe un principio ampliamente aceptado: quien tiene posición de garante respecto de un bien jurídico relevante —como el agua, el territorio o el equilibrio ecológico— no puede refugiarse en la inacción cuando el riesgo es evidente y conocido. La obligación no siempre es autorizar o prohibir; muchas veces es prevenir, coordinar, advertir y activar los mecanismos de protección disponibles.

Cuando esas obligaciones mínimas no se ejercen, la omisión deja de ser pasiva y se convierte en funcional: beneficia a quien impulsa el proyecto, debilita la defensa social y desplaza el conflicto hacia trámites técnicos donde la ciudadanía llega en desventaja.

Dicho con claridad: el silencio institucional termina operando como una forma de acompañamiento indirecto.

En este orden de ideas, el silencio es omisión, y nuestra legislación penal sanciona la comisión por omisión cuando se incumple el deber garante.

Lo expuesto constituye un señalamiento político y ético. En un estado con estrés hídrico estructural, no pronunciarse sobre la amenaza a la principal fuente de agua es fallar al mandato básico de gobierno.

La Sierra de la Laguna no necesita ambigüedades. Necesita compromisos públicos, acciones coordinadas y una señal inequívoca de que no habrá proyectos depredadores disfrazados de conservación.

La ciudadanía está cumpliendo su parte. Ahora corresponde a quienes gobiernan romper el silencio, porque en Baja California Sur, callar ante el riesgo del agua no es neutral: es tomar partido.

COROLARIO: Este apunte expresa una posición de interés público y se constituye en una exigencia al gobernador y a los presidentes municipales citados, desde la ciudadanía organizada: el ineludible cumplimiento del deber constitucional de protección del agua, el territorio y el medio ambiente.

FOTO: Plataforma Tierra.

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). El teatro de guerra del 2026 (Estados Unidos – Israel vs. Irán) ofrecerá a la humanidad una experiencia inmersiva en la trama de Mad Max. De acuerdo con el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de oficina de Colin Powell, el mundo se enfrentará este año a tres crisis existenciales: agua, alimento y energía. ¿Cómo entender una crisis? La crisis se define como la situación que rebasa nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de resolver. Lo cual significa sufrir las consecuencias.

Nuestra película inicia en el Oriente Medio, las primeras en caer ante el caos son las petromonarquías (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin), países muy ricos que dependen exclusivamente del petróleo. Hay un problema, su petróleo debe pasar a través del Estrecho de Ormuz, un pequeño caudal de 39 kilómetros de ancho entre Irán y Emiratos Árabes Unidos que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. Pues bien, ese estrecho ha sido cerrado por Irán. Se trata, en la mirada de muchas y muchos analistas, de una bomba atómica económica.

También te podría interesar: El pitbull y el cardumen. Crónica de un ataque canino en La Paz

FOTO: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Todo más caro para todo el mundo

Menos producto y más demanda significa precios más altos. En Estados Unidos, el litro de gasolina saltó de un día para otro de 24 pesos a 31; dentro de un mes se espera a 38 y en tres meses a 45. Si los combustibles suben de precio, todos los productos que se transporten mediante vehículos que utilicen combustibles fósiles se verán afectados. Y no, no es temporal. Refinerías y buques cargueros están siendo destruidos en toda la zona, lo que significa que, aun cuando se abriera el Estrecho de Ormuz mañana, se necesitarían meses o años para reconstruir la infraestructura.

Afortunadamente, y en contra de todos los medios nacionales e internacionales, a la Cuarta Transformación se le ocurrió la descabellada idea de invertir en la infraestructura petrolera, rehabilitar refinerías, construir nuevas y comprar a Deer Park. Qué bueno que el ex presidente López Obrador comprendía perfectamente el concepto de “soberanía energética” como elemento indispensable para la seguridad estratégica. Si nos hubiéramos ido por Anaya, ahorita, no tuviéramos ni chapopote para tapar los baches.

Un tercio de los fertilizantes de todo el mundo también pasa por el Estrecho de Ormuz

En términos alimenticios, hay que tomar en cuenta que China inicia su temporada de siembra y necesita los fertilizantes que pasan por Irán. Si no los obtiene, corre el riesgo de perder su producción agrícola. Entonces, ¿cómo podrá alimentar a sus más de mil cuatrocientos millones de habitantes? La respuesta es evidente: habrá que importar, lo cual eleva la demanda y, por consiguiente, los precios en todo el mundo. El problema es que habrá quien pueda pagar más y quien se quede con hambre.

El escenario es especialmente preocupante para Baja California Sur. En nuestra península choyera se importa el 85% de los alimentos que consumimos. Además, dependemos principalmente del combustóleo para la producción energética. Si ya de por sí es caro vivir por estos rumbos, ahora imagínate con el kilo de tortilla en 45 ó 55 pesos. Si la hambruna nos alcanza, que no nos sorprenda ver a la palomilla echando aire a las llantas de sus Vochos clase 11 y buscando piezas para las Cherokees. La pelea por los chimangos y las galletas roncadoras, será sobre ruedas.

¿Y el agua?

Por si fuera poca cosa todo lo anterior, resulta que se pronostica un «Súper Niño», el cual traerá temperaturas extremas para todo el planeta. Se espera que se rompan todos los récords de calor extremo.

Volviendo al Medio Oriente, hay petromonarquías que dependen en un 80% de las plantas desalinizadoras, y resulta que Israel decidió bombardear las plantas desalinizadoras de Irán, lo que obliga al afectado a devolver el gesto, tanto a Israel como a todos los países que albergan bases militares estadounidenses.

Así las cosas, ya tenemos petromonarquías que en cuestión de semanas se quedarán sin combustible, agua o alimentos. La vida, simple y sencillamente, será insostenible. La hambruna y la muerte ya se pasean por lugares donde antes no se paseaba.

FOTO: ABC.

Aquí, en nuestra península californiana, debemos abrir la conversación sobre la seguridad energética, hídrica y alimentaria. ¿Cómo le hacemos para producir más alimentos locales e importar menos? ¿A qué otras fuentes de energía podemos aspirar? ¿Cómo aseguramos el agua? ¿Tiene sentido mantenerle la concesión a las refresqueras, que de acuerdo con el Dr. Rodrigo Rebolledo poseen 444 millones de litros de agua al año? Y finalmente ¿quiénes tienen la capacidad y habilidad para tomar el volante en esta distopía llamada Mad Max 2026?

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma a la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTE ZAC) que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a las personas pensionadas en esa entidad. La decisión fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal el 12 de enero de 2026, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida contra diversos artículos de la ley estatal.

La resolución confirmó la constitucionalidad del artículo 74 de la Ley del ISSSTE ZAC, el cual establece que los futuros pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión en lugar de los 60 días que anteriormente otorgaba el sistema. Sin embargo, la Corte determinó que esta medida solo podrá aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que no afectará a quienes ya cuentan con una pensión reconocida. La decisión marca un precedente en materia de seguridad social en el ámbito estatal, al considerar que la reducción del aguinaldo no viola el derecho humano a la seguridad social siempre que se respete el principio de no retroactividad y se protejan los derechos adquiridos de los pensionados actuales.

También te podría interesar: Construir primero, preguntar después. El patrón de desarrollos inmobiliarios que avanzan antes de los permisos ambientales en BCS

El caso llegó al Pleno de la Suprema Corte luego de que el Poder Ejecutivo federal promoviera la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 para impugnar tres artículos de la ley reformada en Zacatecas. El análisis se centró principalmente en el artículo 74, que modifica el cálculo del aguinaldo para los pensionados del instituto estatal. Tras el debate entre los ministros, siete integrantes del tribunal votaron a favor de mantener vigente este artículo, con lo que se avaló la reducción del beneficio. En contraste, se declaró la invalidez de otras disposiciones de la misma ley que condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera.

Los artículos invalidados fueron el 128 y el 128 Bis, los cuales establecían que el pago de prestaciones podría depender de la situación financiera y de la reserva técnica del organismo. La Corte determinó que estas disposiciones eran contrarias a la Constitución, al permitir que el Estado incumpliera sus obligaciones en materia de seguridad social por razones presupuestarias. En su argumentación, el tribunal sostuvo que el acceso y cumplimiento de las prestaciones sociales no puede depender de factores financieros indeterminados, pues ello podría afectar de forma desproporcionada el derecho de los trabajadores a recibir su pensión y otras prestaciones.

La reforma validada por la Suprema Corte modifica la manera en que se calcula el aguinaldo para los pensionados del sistema estatal de Zacatecas. Bajo el esquema anterior, quienes recibían una pensión del ISSSTE ZAC tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de su pensión anual. Con el cambio legislativo, el beneficio se reduce a 30 días para las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, aprobada por el Congreso estatal en 2024.

La Corte enfatizó que la reducción no puede aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que quienes ya estaban pensionados o habían iniciado su trámite antes de la entrada en vigor de la norma conservarán el derecho a recibir un aguinaldo de 60 días. De acuerdo con el fallo, esta medida busca equilibrar dos principios: la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones del estado.

Durante el análisis del caso, la Suprema Corte evaluó si la reducción del aguinaldo vulneraba el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales. La mayoría de los ministros concluyó que la modificación no constituye una violación a este derecho, ya que el aguinaldo no forma parte estricta de la pensión base, sino de una prestación adicional que puede ser ajustada por el legislador bajo ciertas condiciones. Asimismo, el tribunal consideró que la reducción del aguinaldo responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del instituto estatal de pensiones, el cual enfrenta presiones económicas debido al crecimiento del número de jubilados y a los compromisos presupuestarios del sistema.

La Corte señaló que, siempre que se respeten los derechos ya adquiridos y que la medida tenga una justificación razonable, el Congreso local puede introducir cambios en la legislación para garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social. La discusión en el Pleno de la SCJN incluyó posturas divergentes entre los integrantes del tribunal. Mientras algunos ministros respaldaron la reforma por considerar que responde a una necesidad financiera del sistema de pensiones, otros manifestaron preocupaciones sobre sus posibles efectos en los derechos de los trabajadores.

Durante la sesión, se planteó que el problema financiero del instituto estatal no necesariamente debe trasladarse a los trabajadores pensionados. Sin embargo, el consenso mayoritario fue que el cambio legal es constitucional siempre que se aplique hacia el futuro y no afecte a quienes ya tienen una pensión reconocida. Finalmente, la votación concluyó con la validación del artículo que reduce el aguinaldo y con la eliminación de las disposiciones que permitían al instituto limitar sus obligaciones por razones presupuestarias.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas administra el sistema de pensiones de los empleados públicos de la entidad. En los últimos años, este organismo ha enfrentado presiones financieras derivadas del aumento en el número de jubilados y de los compromisos adquiridos con los trabajadores. Según autoridades estatales, la reforma que reduce el aguinaldo fue aprobada como parte de un conjunto de medidas orientadas a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.

Los legisladores que respaldaron la modificación argumentaron que el objetivo principal es evitar un eventual colapso financiero del fondo de pensiones, lo que podría poner en riesgo el pago de las prestaciones a los trabajadores en el futuro.  La resolución de la Suprema Corte implica que el cambio en el cálculo del aguinaldo continuará vigente para los nuevos pensionados del sistema estatal.

En términos prácticos, quienes se jubilen bajo la nueva normativa recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de su pensión anual, mientras que quienes obtuvieron su pensión antes de la reforma mantendrán el beneficio original de 60 días. El fallo también establece que el ISSSTE ZAC deberá cumplir con todas sus obligaciones en materia de seguridad social sin condicionarlas a su situación financiera, luego de que el tribunal declarara inconstitucionales las disposiciones que permitían limitar los pagos por falta de recursos.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que la resolución de la SCJN podría tener implicaciones para otros sistemas de pensiones estatales en México, especialmente aquellos que enfrentan problemas financieros similares. El fallo establece criterios sobre la posibilidad de modificar ciertas prestaciones siempre que se respeten los derechos adquiridos y se garantice la protección del derecho a la seguridad social.

Al mismo tiempo, la decisión reafirma que el Estado no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de pensiones a la disponibilidad de recursos, ya que estas prestaciones forman parte de los derechos laborales de los trabajadores. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas representa un cambio significativo en la legislación del sistema estatal de pensiones. El tribunal determinó que la medida es constitucional, siempre que se aplique únicamente a futuras jubilaciones y no afecte a quienes ya cuentan con derechos adquiridos.

Al mismo tiempo, la Corte invalidó las disposiciones que permitían limitar el pago de prestaciones por razones financieras, reafirmando que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió un debate jurídico que se originó tras la reforma aprobada por el Congreso de Zacatecas y estableció criterios que podrían influir en futuras discusiones sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en México.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2026/01/13/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/1/12/ministros-avalan-reduccion-aguinaldos-de-pensionados-en-zacatecas-758519.html»Ministros avalan reducción a aguinaldos de pensionados en Zacatecas»

https://www.mibolsillo.com/retiro/scjn-sacude-a-jubilados-de-este-estado-avala-recorte-del-aguinaldo-a-la-mitad-20260113-0017.html»SCJN sacude a jubilados de este estado: avala recorte del aguinaldo a …»

https://www.milenio.com/politica/scjn-valida-reforma-reduce-aguinaldo-pensionados-zacatecas»SCJN valida reforma que reduce aguinaldo a pensionados de Zacatecas»

https://atiempo.mx/sucesos/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://politica.expansion.mx/mexico/2026/01/12/scjn-avala-reducir-pago-pensionados-issste»La SCJN avala reducir el pago del aguinaldo a pensionados del ISSSTE …»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Yahoo! | Caribe Peninsular.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

También te podría interesar: La ciudad bajo las aguas negras: el colapso silencioso del drenaje en La Paz, BCS

En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

• Barreras naturales contra huracanes.
• Zonas de reproducción para especies marinas.
• Refugio para aves migratorias.
• Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

1. Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

2. Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

3. Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

4. Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

• Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
• Vigilancia ambiental preventiva
• Planeación territorial basada en ecosistemas
• Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.