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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de las severas críticas que ha recibido la reforma constitucional que desarticuló la estructura del sistema judicial mexicano, y sustituyó la carrera judicial y la selección por examen y concurso de oposición como método de designación de juzgadores por la elección mediante sufragio popular, han surgido voces que sugieren que se reinstale en México, el jurado popular. Muy probablemente, quienes esto proponen, no conocen la historia del jurado popular en México.

El jurado popular tiene sus raíces en la Antigua Grecia, y encontró arraigo en la Roma Iimperial, donde se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. Sin embargo, el concepto moderno se desarrolló en Inglaterra hasta la Edad Media.

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Un poco de historia

En la Antigua Grecia, se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. En Atenas, se utilizaba un sistema de jurados llamado heliaia, que estaba compuesto por ciudadanos que se reunían para juzgar casos de sus pares, es decir, ciudadanos que pertenecían al mismo gremio laboral o comercial del enjuiciado.

En la Antigua Roma, se utilizaban sistemas de jurados similares, como el judicium y el quaestio, que estaban compuestos por ciudadanos que se reunían para juzgar casos. El Judicium se centraba en resolver disputas civiles y mercantiles entre particulares, como litigios sobre propiedades, contratos y deudas. El Quaestio Se enfocaba en juzgar delitos, como homicidios, robos y traiciones.

El concepto de jurado popular como se conoce en nuestros días, se desarrolló en Inglaterra en la Edad Media. En el siglo XII, el rey Enrique II estableció el sistema de jurados en Inglaterra, que se basaba en la idea de que los ciudadanos sin título nobiliario que enfrentaran un proceso fueran juzgados por sus pares, tal y como sucedía con los miembros de la realeza, los militares y los eclesiásticos, que contaban con procedimientos de enjuiciamiento privilegiado, a cargo de sus pares.

En el siglo XIII, el sistema de jurados se consolidó en Inglaterra, y se establecieron las bases para el sistema de jurados moderno, cuyo formato se consolidó en sus colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

En la mayoría de estos países, el sistema de jurados se utiliza para juzgar delitos graves, y se considera un derecho fundamental de los ciudadanos.

El fracaso del jurado popular en México

En México, el sistema de jurado popular se estableció en la Constitución de 1857, y se consolidó en la Constitución de 1917 como garantía de que el acusado fuera juzgado por un juez o un jurado de ciudadanos. En la práctica, esta garantía tuvo una evolución compleja, generando más debates y reformas a lo largo de los años, que buenos resultados, motivo por el cual cayó en desuso.

Uno de los juicios más famosos por jurado popular en la historia de México fue el de María Teresa Landa, primera Señorita México en 1928, acusada de asesinar a su esposo, el general Moisés Vidal. Este juicio fue muy mediático y conmovió al país, y es considerado como el último juicio importante ante un jurado popular en México. Después de este juicio, el sistema de jurados populares cayó en desuso.

En 1929, el jurado popular fue suprimido en la Ciudad de México, y posteriormente, en 2008, fue eliminado por completo de la Constitución Federal, debido en parte a la falta de eficacia y eficiencia en el sistema de jurados, así como a la creciente complejidad de los casos judiciales, y, sobre todo, a las constantes críticas sobre la falta de imparcialidad en los jurados, lo que llevó a una pérdida de confianza en el sistema. En su lugar, se optó por un sistema de jueces profesionales que podrían manejar casos más complejos y tomar decisiones más informadas.

El postulado del constituyente de 1857 estimó que el jurado popular permite al pueblo participar directamente en la justicia y constituye la máxima expresión de su soberanía, argumentos similares a los que se invocan en la propaganda oficialista del proceso de elección popular de juzgadores.

Todos los inconvenientes que presentaba el jurado popular y que motivaron su desaparición en el marco legal mexicano, son los mismos que generará el que llaman el nuevo sistema de justicia mexicano o “justicia democrática”, con el agravante de que el jurado popular era la excepción y la justicia democrática será la regla, con tribunales formados por jueces sin carrera judicial, electos al calor del arbitrio popular, y con compromisos sectarios o partidistas.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur, un Estado con 2,230 kilómetros de costa y ecosistemas emblemáticos como el desierto de El Vizcaíno, enfrenta una contradicción devastadora: su economía crece al 4.5% anual (INEGI, 2023), pero el 34.6% de su población vive en pobreza (Coneval, 2022). En Los Cabos, el precio de la vivienda aumentó un 78% entre 2015 y 2020, el mayor incremento nacional (INEGI). Para 2023, adquirir una casa de interés social exige ingresos mensuales de $25,000 MXN, mientras el salario promedio es de $8,200 MXN (ENOE). Sólo el 10% de las viviendas construidas entre 2018 y 2023 fueron destinadas a habitantes locales (SEDATU), una cifra que refleja la exclusión sistemática de quienes sostienen la industria turística, responsable del 45% del PIB estatal.

El desplazamiento de comunidades es un fenómeno cuantificable: el Centro de Derechos Humanos de La Paz documentó 1,200 casos entre 2015 y 2022, vinculados a megaproyectos como Puerto Los Cabos, un complejo de 1,200 hectáreas con campos de golf y marinas. En La Paz, rentar un departamento de dos habitaciones cuesta $15,000 MXN mensuales (Inmobiliarias México, 2023), pero el 67% de los empleos turísticos son informales, con salarios entre $4,000 y $6,000 MXN (IMCO, 2022). Aunque la inversión extranjera alcanzó $1,450 millones de dólares en 2023 (Secretaría de Economía), el 80% de las escuelas públicas carecen de acceso diario a agua potable (Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2023), una paradoja que desnuda la inequidad del modelo económico.

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La crisis ambiental es igual de alarmante. En La Paz, el 65% de los manglares han sido destruidos desde 1990 (UABCS, 2021), principalmente por desarrollos como Marina CostaBaja, donde amarrar un yate cuesta $1,500 USD diarios. Cada campo de golf consume 2.5 millones de litros de agua al día (Conagua, 2023), equivalente al uso de 9,000 personas, en un territorio donde el 80% sufre estrés hídrico (Conagua, 2022). En 2022, el desarrollo Costa Palmas desvió el cauce del arroyo San José para construir villas de lujo, secando una fuente vital para agricultores, según denuncias de organizaciones ambientales avaladas por permisos de la Semarnat.

La propiedad extranjera profundiza la fractura social. En Todos Santos, el 38% de las viviendas pertenecen a estadounidenses y canadienses (Registro Público de la Propiedad, 2022), mientras en El Pedregal (Cabo San Lucas), el 60% de las residencias están vacías 10 meses al año (Diagnóstico Urbano de Los Cabos, 2021). La Ley de Inversión Extranjera (1993) permite este acaparamiento mediante fideicomisos: el 22% de los permisos en zonas costeras son para ciudadanos estadounidenses (Senado de la República, 2021). Mientras tanto, el gobierno estatal destina solo el 0.7% de su presupuesto a vivienda social, frente al 12% asignado a promoción turística. Proyectos como el Corredor Turístico La Paz-Los Cabos, con 15 hoteles en construcción, priorizan el 70% del agua para turismo y agricultura de exportación (Profepa, 2023), mientras 12,000 familias carecen de hogar.

La gentrificación también erosiona la cultura local. En Todos Santos, la Fiesta de la Fundación, antes una celebración comunitaria, ahora cobra entradas de $500 MXN, inaccesibles para residentes (Red Sudcaliforniana de Cultura Popular, 2023). El 40% de los negocios tradicionales, como talleres de artesanía y fondas familiares, han cerrado en la última década, reemplazados por cafeterías y tiendas de lujo (Cámara de Comercio de BCS, 2023). Este fenómeno no es exclusivo de BCS: en Quintana Roo, el modelo de Cancún dejó el 45% de su población en pobreza (Coneval, 2022) y el 90% del agua contaminada con nitratos (Universidad del Caribe, 2023), un precedente que BCS parece ignorar.

Frente a esto, iniciativas como las cabañas ecoturísticas de El Sargento, gestionadas por pescadores, protegen 200 hectáreas de manglar y generan empleos formales. Sin embargo, proyectos comunitarios reciben menos del 1% del financiamiento estatal para turismo (Secretaría de Turismo de BCS, 2023).

Los números finales son contundentes: cada segundo, 380 litros de agua se destinan a campos de golf; 300 familias son desplazadas anualmente por alzas de renta (Centro de Derechos Humanos de La Paz, 2023); y para 2030, se proyectan 10 nuevos desarrollos de lujo en áreas naturales protegidas (Semarnat, 2023). La pregunta no es si el modelo es insostenible, sino ¿cuánto más debe sangrar Baja California Sur antes de que el Estado priorice a su gente?

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FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Reactivar el Parlamento Infantil; el programa de “Peso y Talla”; y la prohibición de la venta de alimentos chatarra en Baja California Sur, fue la petición que recibió esta mañana el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, por parte del Grupo “Reflexión, Voz y Conciencia Sudcaliforniana”.

El legislador, que acudió como invitado especial este miércoles, reconoció que actividades como el Parlamento Infantil, son de suma importancia para el desarrollo de la niñez, por lo que impulsará su reactivación, planteándolo ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, desde donde se analizará la propuesta, considerando el factor económico que implica realizar un evento de esa naturaleza.

Al escuchar la experiencia de los parlamentos infantiles (cancelados por la XVI legislatura), el coordinador del Grupo “Reflexión, Voz y Conciencia Sudcaliforniana” y ex diputado de la XI legislatura Óscar Francisco Martínez Mora, manifestó su convicción de que, esa experiencia es de suma importancia para la niñez sudcaliforniana.

Martínez Mora hizo una retrospectiva de los trabajos de la XI Legislatura a la que perteneció, en los parlamentos infantiles, donde en coordinación con la SEP se elegía a las mejores calificaciones, para integrarlos y la niñez sudcaliforniana, aprendía mucho, participando en temas de interés social, pues con sus opiniones, aportaban para construir un mejor estado y país.

En ese sentido, el ex diputado, reconoció que, con ejercicios como éste, se fortalece la cultura cívica, escuchando a niños y niñas la percepción de su entorno y de la problemática social que se vive en sus comunidades, estado y país.

Por su parte, Escogido Flores, al referirse al programa “Peso y Talla” así como la eliminación de la comida chatarra (Ley impulsada por el ex diputado Martínez Mora desde la XI legislatura), explicó que ya hay un programa nacional y que ya se está aplicando en todos los Estados.

Acotó que es importante la participación no sólo de los maestros y maestras sino de los padres y madres de familia, para lograr el éxito en este cambio de alimentación. “Estoy convencido de los tres temas que me abordaron y quieren que impulse son temas relevantes y vamos a proponerlos”, dijo.

FOTOS: Rocío Casas.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una marcha en la capital del Estado. Como es ya costumbre, hubo actos de violencia, pero en esta ocasión, la misma se centró casi exclusivamente en un monumento y en el quiosco del malecón.

Gracias al control que ejerce el gobierno en turno sobre los principales grupos organizadores del evento, y a la logística aportada desde el municipio, reforzada con el apoyo de un día de descanso a las empleadas que asistieron a la marcha, el grupo de choque que integran las encapuchadas de ruda apariencia y rudísimo actuar, se abstuvo de realizar actos vandálicos que dañaran instalaciones públicas, y su celo belicoso se centró en el monumento a La Paloma, que fue pintarrajeada, y el quiosco del malecón, en cuyo interior quemaron el material de ilustración que les proporcionó el Ayuntamiento. Al centralizarse el vandalismo, a la mañana siguiente el daño estaba subsanado por las cuadrillas al efecto organizadas por la autoridad municipal.

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Al margen de que se continúe con la tradición anual de marchas que cierren con la catarsis que implica danzar al ritmo de los tambores de guerra, quemar aditamentos y gritar consignas anti machistas, lo ideal sería capitalizar todo ese ímpetu y afán femenino en campañas de participación ciudadanas que resulten más efectivas que sólo tratar de generar conciencia haciendo destrozos en la vía pública.

Es falso el dilema que plantean quienes quieren justificar los daños que ocasionan las féminas iracundas, cuestionando si importa más una escultura o las víctimas femeninas de la violencia. Lo cierto es que los daños al patrimonio público sólo generan división y polémica, y poco abona a la lucha contra la violencia que victimiza a las mujeres.

La violencia no tiene sexo, ni edad, ni condición social, y debe combatirse de manera integral, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, pues hasta ahora, el gobierno solo ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad política para afrontar con eficacia el incremento de la violencia en la entidad.

Proponemos que, al margen de la marcha anual, desde la sociedad civil emprendamos programas y acciones de forma integral, para dejar de ser parte del problema por omisión, y empecemos a ser parte de la solución, por acción y participación.

Nuestra propuesta, desarrollada en 5 ejes:

Estrategia integral para la prevención y contención de la violencia contra las mujeres desde la sociedad civil

EJE 1: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Campañas de concienciación: Organizar campañas de concienciación en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos para sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres.
2. Talleres y charlas: Realizar talleres y charlas en escuelas, universidades y comunidades para educar sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia.
3. Materiales educativos: Desarrollar materiales educativos (folletos, videos, etc.) para distribuir en espacios públicos y privados.

EJE 2: APOYO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

1. Línea de ayuda: Establecer una línea de ayuda telefónica y/o en línea para brindar apoyo y asistencia a víctimas de violencia.
2. Refugios y albergues: Crear refugios y albergues para mujeres y sus hijos que han sido víctimas de violencia.
3. Asesoramiento jurídico: Ofrecer asesoramiento jurídico y acompañamiento en procesos legales para víctimas de violencia.

EJE 3: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

1. Grupos de trabajo: Establecer grupos de trabajo comunitarios para abordar la violencia contra las mujeres y desarrollar estrategias de prevención.
2. Eventos y actividades: Organizar eventos y actividades comunitarias (marchas sin violencia, festivales, etc.) para concienciar y movilizar a la población en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres.
3. Redes de apoyo: Crear redes de apoyo entre organizaciones comunitarias, ONGs y autoridades locales para coordinar esfuerzos y recursos.

EJE 4: INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Análisis de políticas: Realizar análisis de políticas públicas existentes para identificar brechas y oportunidades para mejorar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
2. Propuestas de política: Desarrollar propuestas de política pública para presentar a autoridades locales y nacionales.
3. Advocacy: Realizar actividades de promoción, defensa y apoyo para influir en la toma de decisiones políticas y asegurar la implementación de acciones de gobierno efectivas para prevenir, atender y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

EJE 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN

1. Sistema de monitoreo: Establecer un sistema de monitoreo para recopilar datos y evaluar el impacto de las acciones realizadas.
2. Evaluación de programas: Realizar evaluaciones periódicas de programas y proyectos para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias.
3. Informes y publicaciones: Elaborar informes y publicaciones para compartir resultados y lecciones aprendidas con la comunidad y autoridades.

Esta estrategia integral busca abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multifacética, involucrando a la sociedad civil, autoridades y comunidades en la prevención, contención y eliminación de la violencia.

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FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte del Plan Estratégico de Atención a la Sequía, el Gobierno del Estado puso en marcha la primera siembra de forraje, ubicada en un rancho en el Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, en el que se destinará el sostenimiento del ganado en los cinco municipios de la entidad durante la temporada de sequía, anunció el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

Al sostener una reunión con ganaderos en Ciudad Constitución, el Gobernador de BCS precisó que en este espacio también se busca instalar un vivero para obtener plantas certificadas de cítricos, al concentrarse como una zona importante en este cultivo.

Además, a través del Plan Estratégico, se garantizan recursos para llevar a cabo acciones que les permitan otorgar una mejor dirección de los fondos y atender la necesidad de alimento para su ganado durante la escasez de lluvias.

Castro Cosío expresó su satisfacción por haber recuperado el rancho y el propio establecimiento del vivero que duró más de 10 años en abandono; agregó que, al iniciar con dichos trabajos, se prevé que en 60 días se obtenga la primera cosecha de sorgo, estimando un mínimo de 10 mil toneladas.

Acompañado por el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), José Alfredo Bermúdez Beltrán, y el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja Castro, el mandatario sudcaliforniano resaltó que otro objetivo será lograr que los ranchos sean sustentables, particularmente las que se encuentran en zonas más alejadas.