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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En algunas calles de El Esterito, el Centro Histórico, Pueblo Nuevo y otras zonas de La Paz, el cambio puede advertirse sin recurrir a estadísticas. Donde anteriormente había una vivienda para una familia aparecen edificios con departamentos, estudios o habitaciones destinados al alquiler temporal. Las cisternas, tinacos, terrazas, albercas y anuncios de hospedaje forman parte de un nuevo paisaje urbano. A pocas calles de esas construcciones, sin embargo, familias enteras esperan el día asignado por el tandeo para llenar recipientes y asegurar el agua de la semana.

La contradicción llegó al discurso oficial en julio de 2026. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció públicamente que el crecimiento inmobiliario de La Paz debe regularse. “Donde había una casa ahora hay edificios”, declaró al referirse a la proliferación de construcciones en distintas colonias. También planteó que no deberían autorizarse nuevos desarrollos mientras no existan condiciones suficientes para garantizar el agua. El pronunciamiento confirmó lo que residentes y organizaciones urbanas venían señalando: la capital sudcaliforniana construye nuevas unidades habitacionales y turísticas sobre una infraestructura hídrica que ya trabaja bajo presión.

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La preocupación tiene sustento en cifras oficiales. La Comisión Nacional del Agua calcula que el acuífero La Paz, identificado con la clave 0324, recibe una recarga media anual de aproximadamente 21 millones de metros cúbicos. Frente a esa recarga existen 29.47 millones de metros cúbicos concesionados o asignados, 6.15 millones pendientes de titulación o registro y 13.19 millones reservados para programación hídrica, incluido el derecho humano al agua. El resultado administrativo es un déficit de 27.82 millones de metros cúbicos anuales. En términos sencillos, no existe agua subterránea disponible para otorgar nuevas concesiones sin agravar el desequilibrio.

El déficit no significa que mañana dejará de salir agua de todos los pozos. Indica algo quizá más preocupante: los derechos, compromisos y extracciones reconocidos superan la recarga estimada. La ciudad depende principalmente de un acuífero sobreexplotado en una región árida, con lluvias escasas e irregulares. Extraer más agua de la que se repone reduce los niveles subterráneos, eleva los costos de bombeo y favorece el avance de agua salina desde la costa. La intrusión marina puede deteriorar la calidad del recurso y volver inutilizables algunos pozos, un riesgo ampliamente reconocido en los estudios hidrogeológicos sobre acuíferos costeros.

Sobre esa base limitada crece la ciudad. El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz ya había diagnosticado en 2018 una expansión dispersa, especialmente hacia el sur, acompañada por especulación del suelo, fraccionamientos alejados y una disminución de la densidad urbana. El documento registró que para 2015 el centro de población alcanzaba una superficie aproximada de 5,642 hectáreas y una densidad de 48.34 habitantes por hectárea. También estimó que podría llegar a 363,391 habitantes en 2050. Su diagnóstico advirtió que el crecimiento acelerado había dejado infraestructura insuficiente, desarticulación vial y asentamientos desconectados.

Desde entonces, el fenómeno adquirió otra dimensión. Además de los fraccionamientos periféricos, aumentó la densificación mediante departamentos, condominios y pequeños edificios de habitaciones. Parte de esta oferta atiende una demanda real de vivienda derivada del crecimiento poblacional y de la llegada de trabajadores, jubilados y nuevos residentes. Otra parte se dirige al mercado turístico y a las rentas de corta estancia, cuyo rendimiento puede ser superior al alquiler tradicional. Plataformas digitales permiten convertir casas, departamentos y cuartos en unidades de hospedaje sin construir necesariamente un hotel convencional.

La renta vacacional no puede considerarse por sí sola la causa de la crisis hídrica. El problema viene de décadas de sobreexplotación, fugas, expansión urbana, insuficiente captación, debilidad del saneamiento y dependencia casi absoluta de pozos. Tampoco existe un estudio oficial público que cuantifique cuánta agua consumen, en conjunto, los departamentos de renta temporal en La Paz. Atribuirles todo el déficit sería incorrecto. Sin embargo, cada unidad nueva agrega demanda a una red que ya distribuye el agua mediante horarios y zonas. Cuando varias viviendas de baja ocupación son sustituidas por edificios capaces de alojar a decenas de personas, la carga local sobre tuberías, drenaje y almacenamiento puede aumentar de manera considerable.

El consumo turístico presenta además características diferentes al doméstico. Un visitante que paga por alojamiento espera agua continua, regadera, lavado de blancos y, en algunos casos, alberca, jardín o terraza. Para garantizar el servicio durante el tandeo, muchos edificios instalan cisternas de gran capacidad y sistemas de bombeo. Esas instalaciones son legales cuando cumplen las normas, pero generan una desigualdad práctica: los inmuebles con mayor capacidad económica almacenan agua cuando llega a la red, mientras viviendas sin cisterna dependen de tinacos pequeños o de la compra de pipas. La escasez deja de afectar a todos de la misma manera.

El impacto también alcanza el drenaje. Cada habitación incorporada a la ciudad produce aguas residuales. Un proyecto puede contar con conexión de agua, pero eso no garantiza que la tubería sanitaria, la planta de tratamiento y los colectores de la zona tengan capacidad suficiente para el aumento acumulado de densidad. Los permisos suelen evaluar obras de manera individual; la crisis aparece cuando se suman decenas de proyectos autorizados por separado dentro de una misma colonia. Un edificio aislado quizá no colapse el sistema, pero muchos desarrollos pequeños pueden producir un efecto equivalente al de un fraccionamiento sin que exista una evaluación conjunta.

La responsabilidad está fragmentada. El Ayuntamiento autoriza usos de suelo, alineamientos y licencias de construcción; el Organismo Operador Municipal administra la red de agua potable y alcantarillado; el gobierno estatal interviene en la planeación territorial y en proyectos hidráulicos; la Conagua administra las aguas nacionales y los títulos de extracción. Las plataformas de hospedaje, por su parte, se relacionan con autoridades fiscales y turísticas. Esta división favorece vacíos: una construcción puede ser compatible con el uso de suelo, pero aumentar una demanda que el organismo operador no tiene capacidad real de atender.

La regulación vigente contempla trámites y controles. El portal municipal ofrece autorizaciones de uso de suelo y licencias de construcción, mientras el Programa de Desarrollo Urbano establece densidades, alturas y modalidades de aprovechamiento. El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 colocó el agua y los servicios públicos como uno de sus ejes principales. Por ello, afirmar que no existe ninguna estrategia gubernamental sería inexacto. Lo que no se observa, al revisar los documentos disponibles, es un mecanismo integral, vinculante y transparente que subordine las nuevas densidades al balance hídrico de cada zona, acumule el impacto de los proyectos y regule específicamente el crecimiento de habitaciones para renta temporal.

Las respuestas oficiales se han concentrado principalmente en aumentar y redistribuir la oferta. El organismo operador ha rehabilitado pozos, realizado interconexiones e incorporado nuevos caudales a la red. También ha promovido el reúso de aguas tratadas y obras para reducir problemas de distribución. El gobierno estatal puso en servicio la planta potabilizadora de la presa La Buena Mujer y respalda el proyecto de la presa El Novillo como fuente adicional para La Paz.

Estas acciones pueden aliviar el suministro, pero no sustituyen la gestión de la demanda. Incorporar un pozo proporciona agua inmediata, aunque también incrementa la extracción del sistema subterráneo. Una presa depende de lluvias suficientes y exige estudios de cuenca, potabilización, conducción y mantenimiento. La desalación, mencionada recurrentemente como alternativa para ciudades costeras, ofrece una fuente independiente de las lluvias, pero consume energía, requiere inversiones elevadas y produce salmuera cuyo manejo debe evaluarse ambientalmente. Ninguna obra, por sí sola, permite mantener indefinidamente un crecimiento urbano sin límites.

En 2023, el OOMSAPAS La Paz eliminó el esquema mediante el cual desarrolladores podían pagar por cada millar de metros cúbicos requerido para obtener factibilidad. La medida respondió al argumento de que el agua no debía convertirse simplemente en un costo incorporado al proyecto. Fue un reconocimiento de que pagar derechos no crea agua. No obstante, la continuidad de construcciones verticales y complejos habitacionales muestra que la regulación de factibilidades, cambios de uso, subdivisiones y conexiones todavía necesita mayor claridad pública.

El llamado del gobernador a “frenar” edificios marca un cambio político, pero hasta finales de julio de 2026 se mantenía como planteamiento y anuncio de revisión jurídica, no como una moratoria publicada con criterios, duración y alcances definidos. La declaración oficial recogida por medios locales propuso limitar el crecimiento mientras no pueda garantizarse el suministro. Tampoco se había presentado un inventario público que indicara cuántos edificios, departamentos y cuartos estaban autorizados, cuánta agua demandarían y en qué sectores de la red serían conectados.

Esa falta de información alimenta la percepción de descontrol. Para corregirla no basta con prohibir indiscriminadamente la vivienda vertical. Una ciudad compacta puede utilizar menos suelo y requerir menos kilómetros de tuberías que una urbanización extendida. El problema aparece cuando la densificación se autoriza sin infraestructura, sin captación pluvial, sin reúso, con equipamientos de alto consumo o sin medir la capacidad efectiva de la red. Regular debería significar establecer un presupuesto hídrico por sector, exigir medidores, dispositivos ahorradores, tratamiento y reúso en proyectos de cierta escala, y publicar las factibilidades otorgadas.

También implica reconocer la relación entre agua y desigualdad urbana. La expansión de rentas turísticas puede elevar el precio del suelo y desplazar a residentes hacia periferias donde el servicio es más precario. Así, quienes trabajan en restaurantes, construcción, limpieza o servicios turísticos pueden terminar viviendo más lejos y recibiendo menos agua que los visitantes y nuevos residentes a quienes atienden. La crisis hídrica se convierte entonces en un problema ambiental, económico y de justicia social.

La Paz necesita vivienda, inversión y empleo, pero también debe reconocer los límites físicos del desierto. Los datos de Conagua muestran que el acuífero se encuentra en déficit; el tandeo demuestra que la insuficiencia ya forma parte de la vida cotidiana; y el crecimiento visible de edificios confirma que la demanda sigue aumentando. Las autoridades poseen planes, reglamentos y proyectos hidráulicos, pero aún deben convertirlos en una política coordinada que relacione cada autorización urbana con agua realmente disponible.

La pregunta ya no es si La Paz continuará creciendo, sino bajo qué reglas y quién asumirá el costo. Si la expansión inmobiliaria precede a la infraestructura, ese costo se trasladará al acuífero y a las colonias con menor capacidad de almacenamiento. Si la planeación hídrica determina el ritmo y las condiciones de construcción, la ciudad todavía puede evitar que cada nuevo edificio se convierta en otro piso añadido a una crisis que comenzó bajo tierra.

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando las embarcaciones salen de La Paz rumbo al archipiélago de Espíritu Santo, las montañas volcánicas parecen surgir directamente del mar. Los acantilados rojizos, las caletas de arena clara y el agua transparente componen uno de los paisajes más reconocibles de Baja California Sur. Sin embargo, debajo de esa imagen turística existe un territorio mucho más complejo: refugio de especies, archivo arqueológico de miles de años, espacio tradicional de pesca y escenario de disputas agrarias, proyectos inmobiliarios, construcciones irregulares y procedimientos legales que continúan abiertos en 2026.

El Complejo Insular del Espíritu Santo comprende las islas Espíritu Santo y La Partida, además de islotes y formaciones rocosas próximas. Su superficie terrestre protegida forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, mientras que las aguas circundantes fueron decretadas, en 2007, Parque Nacional exclusivamente marino. Esta doble protección responde a una realidad ecológica: lo que ocurre en tierra repercute en manglares, arrecifes, zonas de reproducción, playas y comunidades marinas.

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La importancia mundial del lugar quedó reconocida en 2005, cuando el archipiélago fue incluido, junto con otras islas y áreas costeras del Golfo de California, en el sitio serial declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El bien completo comprende 244 islas, islotes y zonas costeras. La organización lo describe como un “laboratorio natural” para estudiar procesos de evolución y especiación, debido a la diversidad de ambientes insulares y a la presencia de fenómenos oceanográficos de gran escala. En el conjunto protegido se han registrado 695 especies de plantas vasculares y 891 especies de peces, 90 de ellas endémicas. También alberga cerca de 39 por ciento de las especies de mamíferos marinos del planeta.

En Espíritu Santo, la CONANP documentó alrededor de 235 especies de flora y 141 vertebrados terrestres. En sus aguas se encuentran arrecifes rocosos y coralinos, mantos de macroalgas, manglares, peces, tortugas y mamíferos marinos. Los islotes sostienen una conocida colonia reproductiva de lobos marinos de California. Esta diversidad también mantiene actividades económicas: pesca ribereña, recorridos turísticos, buceo, kayak y observación de fauna. Conservar el archipiélago, por tanto, no significa aislarlo de la sociedad, sino impedir que su aprovechamiento destruya el capital natural del cual dependen pescadores, prestadores de servicios y comunidades de La Paz.

Pero la historia de Espíritu Santo no comenzó con su incorporación a las rutas turísticas. El archipiélago constituye uno de los repositorios arqueológicos más importantes de la región de La Paz. La arqueóloga Harumi Fujita, del Centro INAH Baja California Sur, explica que hace unos 8,500 años el territorio insular todavía estaba conectado con la península. Las ocupaciones humanas del área de La Paz se remontan, aproximadamente, a 9,400 años y muestran un aprovechamiento combinado de alimentos marinos, animales terrestres y materias primas minerales, como riolita y basalto, utilizadas para producir instrumentos.

Investigaciones arqueológicas registraron en Espíritu Santo y La Partida 127 sitios con indicios de actividades indígenas: 82 campamentos en cuevas o abrigos, 34 depósitos de conchas, seis campamentos al aire libre, tres cuevas funerarias y dos sitios con pinturas rupestres. Diecinueve de esos lugares integran un complejo de especial importancia social, económica y ceremonial. Concheros, fogones, herramientas líticas, áreas funerarias y pinturas no son objetos aislados; reunidos permiten reconstruir la movilidad, alimentación, tecnología y concepción del mundo de poblaciones que habitaron las costas antes de la colonización europea.

El patrimonio histórico se prolonga hasta la época colonial y contemporánea. Los españoles explotaron los bancos perleros entre los siglos XVI y XVIII, empleando conocimientos y trabajo indígena. En 1734, después de la rebelión de los pueblos originarios de la región, expediciones punitivas contribuyeron al desalojo definitivo de los antiguos habitantes insulares. Más tarde, la pesca de perlas volvió a adquirir importancia. En San Gabriel subsisten restos de la Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, fundada por Gastón J. Vives en 1903. La empresa llegó a mantener millones de madreperlas en cultivo y construyó viveros, talleres, dormitorios, rieles y un dique de unos 500 metros. Tales vestigios forman un paisaje cultural en el cual se superponen la presencia indígena, la explotación colonial, la industrialización perlícola y la pesca contemporánea.

La protección jurídica comenzó a consolidarse el 2 de agosto de 1978, cuando el gobierno federal decretó las islas del Golfo de California como Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y Fauna Silvestre. El 7 de junio de 2000 la categoría fue modificada a Área de Protección de Flora y Fauna, y se publicó un programa de manejo específico para Espíritu Santo. Dicho instrumento limita la infraestructura, regula las actividades recreativas y reconoce la necesidad de coordinarse con el INAH para conservar sitios arqueológicos, históricos y paleontológicos.

La existencia de un decreto, sin embargo, no eliminó los conflictos de propiedad. En 1976, las islas Espíritu Santo y La Partida habían sido entregadas para uso y usufructo del ejido Alfredo Vladimir Bonfil. Las reformas constitucionales de 1992 hicieron posible convertir parcelas ejidales en propiedad privada. En 1996, el Registro Agrario Nacional expidió títulos parcelarios en Espíritu Santo y, en 1999, el ejido realizó una parcelación que abrió la posibilidad de vender terrenos.

El caso más conflictivo se produjo en La Bonanza. Allí fueron delimitados 36 lotes que sumaban aproximadamente 90 hectáreas y colindaban durante casi tres kilómetros con la Zona Federal Marítimo Terrestre. En uno comenzó una construcción comercial contraria a las restricciones ambientales. Organizaciones de La Paz solicitaron la intervención de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. La Profepa suspendió la obra; el propietario promovió un amparo, pero un tribunal federal resolvió en favor de la autoridad ambiental, impuso una multa y ordenó demoler lo construido.

Aquella controversia reveló una contradicción de fondo: un territorio podía tener propietarios o titulares agrarios, pero su uso permanecía sometido a reglas ambientales de interés público. Poseer una parcela dentro de un área natural protegida no confería libertad para urbanizarla. La amenaza tampoco era solamente una edificación: permitirla podía sentar un precedente para decenas de construcciones, caminos, muelles y servicios turísticos, fragmentando ecosistemas y alterando sitios arqueológicos.

Después de más de tres años de negociaciones, el 23 de febrero de 2003 se indemnizaron y expropiaron las tierras de uso común del ejido para destinarlas a conservación permanente. La fundación adquirió 33 de las 36 parcelas privadas de La Bonanza y las donó a la nación. El proceso, considerado un ejemplo de colaboración entre autoridades y sociedad civil, redujo el riesgo de un desarrollo inmobiliario de gran escala.

Veintitrés años después, el problema reapareció bajo otra forma. En julio de 2026 se hicieron públicas denuncias por la construcción de una cabaña de aproximadamente seis por seis metros y una ramada en un campamento de Isla Partida. De acuerdo con el director regional de la CONANP, Benito Bermúdez, el responsable contaba con registro y credencial de la Semarnat y tenía antecedentes de uso pesquero del lugar. No obstante, presuntamente omitió el aviso correspondiente ante la Profepa y la autorización necesaria para ingresar materiales. La procuraduría inició un procedimiento administrativo. Las autoridades deberán determinar si la obra era compatible con el uso tradicional permitido o si convirtió un campamento pesquero en una ocupación permanente no autorizada.

El asunto adquirió mayor gravedad al incorporarse la dimensión arqueológica. El 22 de julio de 2026, el Centro INAH Baja California Sur presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta afectación y destrucción del sitio J-177 Ensenada de La Partida 5. La denuncia se fundamentó en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Al cierre de esta investigación, la FGR y la Profepa no habían emitido una resolución definitiva; por ello, jurídicamente corresponde hablar de presuntas afectaciones y no de responsabilidades comprobadas.

El nuevo conflicto exhibe problemas acumulados: padrones incompletos, campamentos transmitidos mediante acuerdos sociales, falta de claridad sobre su modificación, vigilancia limitada y competencias repartidas entre CONANP, Semarnat, Profepa, INAH y FGR. En el archipiélago existen, según la autoridad regional, 36 parajes pesqueros en Zona Federal Marítimo Terrestre, pero sólo 20 poseen algún tipo de infraestructura. Regularlos exige diferenciar refugios tradicionales de proyectos privados encubiertos, sin criminalizar a comunidades pesqueras ni permitir que esa tradición sea utilizada para justificar construcciones residenciales.

Espíritu Santo muestra que la conservación no termina con un decreto o una declaratoria internacional. Requiere vigilancia, coordinación, inventarios arqueológicos actualizados, transparencia en permisos y participación social. Una obra pequeña puede remover estratos que tardaron milenios en formarse; una construcción tolerada puede convertirse en precedente para otras; y un turismo sin límites puede deteriorar aquello que atrae a los visitantes.

En estas islas, naturaleza e historia constituyen un solo patrimonio. Proteger el matorral, los manglares y las colonias de lobos marinos también significa conservar concheros, cuevas funerarias, pinturas rupestres y restos de la industria perlícola. El desenlace de los procedimientos iniciados en 2026 será una prueba para las instituciones mexicanas: determinará si la condición de área protegida y Patrimonio Mundial funciona como una salvaguarda efectiva o permanece únicamente como reconocimiento escrito frente a nuevas presiones económicas y privadas.

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FOTO: ISJUVENTUD.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJuventud), llevó a cabo los Premios Juventud 2026, ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad de La Paz, donde fueron distinguidos nueve jóvenes por sus logros en diferentes ámbitos.

En Actividades Académicas fueron reconocidos Dana Paola Flores Ortega, categoría A, y Francisco Javier Perpuli Zertuche, categoría B; en Actividades Artísticas y Culturales, María Fernanda Cota Cota, categoría A, y Carlos Eduardo García Castro, categoría B.

En Innovación, Ciencia y Tecnología recibieron la distinción Carolina Arévalo Camacho, categoría A, y Ángel Efraín Martínez Abundis, categoría B. Asimismo, Angélica Guadalupe Ibarra Chávez fue galardonada en Cultura Emprendedora, categoría B; mientras que en Grupos Vulnerables y su Inclusión fueron reconocidos Fabián Alexander Cota Pérez, categoría A, y Javier Eduardo Soriano Santos, categoría B.

Las y los galardonados cuentan con trayectorias destacadas en ámbitos como la investigación científica, la excelencia académica, las expresiones artísticas, el emprendimiento y la inclusión, con logros que han proyectado el talento sudcaliforniano en distintos escenarios de México y otros países.

Durante la ceremonia, cada una de las personas reconocidas recibió una medalla chapada en oro, con la participación del Congreso del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de la Juventud para Baja California Sur.

Al respecto, la directora general del ISJuventud, Laura Isabel López Pérez, señaló que los Premios Juventud permiten visibilizar el talento y las aportaciones de las nuevas generaciones, así como el impacto positivo que generan en Baja California Sur.

Cada logro de las juventudes es motivo de orgullo. Hoy, jóvenes sudcalifornianos hacen ciencia, crean, emprenden, impulsan la inclusión y representan a Baja California Sur y a México en distintos escenarios. Sus historias son ejemplo de que el talento, la capacidad y la determinación pueden abrir nuevos caminos”.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

El Vigía del Desierto

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, un apagón de verano no empieza con la oscuridad. Empieza cuando el aire acondicionado deja de zumbar, el refrigerador pierde frío y la casa comienza a guardar el calor como una caja cerrada. El 9 de agosto, el seguimiento ciudadano de CERCA acumulaba 77 interrupciones eléctricas durante la temporada de calor. No son 77 apagones certificados en un inventario oficial de la CFE: son reportes sistematizados por una organización civil. La diferencia importa, porque en ella comienza también otro problema: la falta de una explicación pública completa.

El calor, entretanto, no necesita interpretación. Este 10 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una onda de calor en el centro del Estado, pronostica máximas de 35 a 40 grados para Baja California Sur y reportó 40.5 grados en Ciudad Constitución durante las 24 horas previas. En ese paisaje, la electricidad no es solamente comodidad: es la infraestructura que hace habitable el mediodía.

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Los cortes se han concentrado, según el registro disponible, principalmente en La Paz y Los Cabos. A comienzos de julio ya se habían documentado 71 desde el 30 de mayo, con duraciones que iban de segundos a horas. Y aquí aparece la primera respuesta incómoda a la pregunta de por qué se apaga BCS: no existe una sola causa demostrada. No puedo confirmar que los 77 cortes sean producto de un déficit de generación. La propia organización que los contabiliza ha advertido que no hay información oficial suficiente para afirmarlo y que la mayoría de los reportes ciudadanos apuntaba a fallas en infraestructura de distribución. Los episodios, eso sí, coincidieron con jornadas de mayor calor y humedad, cuando la demanda aumenta.

Hay una vulnerabilidad más profunda. El sistema eléctrico de Baja California Sur está aislado eléctricamente del Sistema Interconectado Nacional y también del sistema de Baja California; los documentos de planeación energética explican que, a diferencia de las regiones enlazadas, no comparte con ellas recursos y reservas de capacidad. Este verano, el gobierno estatal informó, después de reunirse con directivos de CFE, que la demanda ronda 600 megawatts en invierno y supera 700 en verano. La respuesta anunciada fue incorporar 116 megawatts adicionales en La Paz y Los Cabos. CFE también reforzó infraestructura de transformación y transmisión para atender a casi 400 mil usuarios.

Pero el mapa eléctrico no puede leerse separado del mapa del crecimiento. Baja California Sur dispone hoy de 29,245 habitaciones en 508 hoteles. En 2025 captó 1,291.7 millones de dólares de inversión extranjera directa turística, el 40.6 por ciento del total nacional de ese sector. Y el propio gobierno estatal describe al inmobiliario, especialmente al vinculado directa o indirectamente con el turismo, como un sector en un momento estratégico para nuevos proyectos. Estos datos no prueban que un hotel haya causado un apagón. Sí obligan a formular una pregunta de planeación: ¿crecen al mismo ritmo la inversión privada y la infraestructura pública que debe sostenerla?

El agua cuenta una historia paralela. Los registros de Conagua muestran disponibilidad media anual negativa de agua subterránea en acuíferos que sostienen tres de los principales núcleos urbanos y turísticos: Cabo San Lucas, -24.07 hectómetros cúbicos anuales; La Paz, -13.49; y San José del Cabo, -12.49. Electricidad y agua no son la misma crisis ni puede atribuirse una a la otra. Son, sin embargo, dos límites físicos que el discurso del crecimiento no puede tratar como notas al pie.

Cuando la energía falla, el costo tampoco se reparte igual. Reportes periodísticos de agosto documentaron familias de La Paz conservando medicamentos con hielo e instalando reguladores de voltaje para disminuir pérdidas. La capacidad de protegerse —resguardar aparatos, comida o medicinas— depende también del bolsillo. El apagón dura lo mismo en el reloj; socialmente, no dura igual para todos.

Las salidas existen, pero ninguna sustituye el diagnóstico. Además de los refuerzos inmediatos, CFE mantiene entre sus proyectos una central de combustión interna de 240 megawatts en Los Cabos, mientras el Gobierno de México anunció dos centrales termosolares para Baja California Sur. Son apuestas de expansión que pueden aumentar capacidad, pero queda pendiente otra pieza menos espectacular y acaso igual de importante: información pública suficiente para saber, interrupción por interrupción, qué falló, cuánto duró, cuántos usuarios afectó y qué se corrigió. Sin esa trazabilidad, la ciudadanía cuenta apagones y las instituciones anuncian megawatts; entre ambos números permanece una zona oscura.

Baja California Sur vende al mundo una imagen de abundancia: hoteles, residencias, inversión, mar y una economía turística capaz de atraer capital a escala nacional. Debajo de esa postal existe un territorio desértico que recuerda, cada verano, que toda prosperidad depende de cables, transformadores, acuíferos y límites materiales. El desafío no es impedir que BCS crezca, sino exigir que la infraestructura llegue antes que la siguiente habitación, el siguiente desarrollo y la siguiente ola de calor.

Porque un territorio no se apaga solamente cuando se va la luz. Empieza a apagarse cuando su crecimiento deja de mirar aquello que lo mantiene vivo.

Referencias consultadas

El Sudcaliforniano, “Acumula BCS 77 apagones en lo que va del verano de este año”, 9 de agosto de 2026.

Diario El Independiente, “Tras más de 70 apagones registrados, CFE reforzará la capacidad eléctrica de BCS”, 9 de julio de 2026.

Servicio Meteorológico Nacional–Conagua, Pronóstico Meteorológico General, 10 de agosto de 2026.

SENER/CENACE, PRODESEN 2022-2036, Apartado sobre conformación del Sistema Eléctrico Nacional y aislamiento eléctrico del SIBCS.

Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur, Estadísticas hoteleras, inversión turística y perspectivas del sector inmobiliario, 2026.

Conagua, Disponibilidad oficial de aguas subterráneas por acuífero en Baja California Sur.

CFE y Presidencia de la República, Proyectos de generación en Los Cabos y centrales termosolares para Baja California Sur.

El Sudcaliforniano, “Apagones en La Paz: familias toman medidas para evitar pérdidas por cortes de luz”, 5 de agosto de 2026.

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FOTO: Salud BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Salud informó que durante 2026 se han registrado hasta el momento 66 incidencias médicas asociadas a las altas temperaturas, con dos defunciones por golpe de calor y una más en proceso de dictaminación por la autoridad judicial, por lo que reiteró el llamado a la población para extremar medidas preventivas durante esta temporada.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, señaló que ante las jornadas en las que se han alcanzado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en la entidad, es fundamental mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de líquidos, principalmente agua natural, para favorecer el funcionamiento del organismo.

Asimismo, recomendó evitar la exposición prolongada a los rayos del sol durante los horarios de mayor intensidad, utilizar ropa de colores claros, gorra o sombrero y lentes para sol, como acciones que contribuyen a disminuir riesgos asociados a las altas temperaturas.

La médica enfatizó que estas medidas deben atenderse especialmente en niñas, niños y personas adultas mayores, debido a que pueden presentar mayor pérdida de líquidos y desarrollar cuadros de deshidratación. De igual manera, destacó la importancia de mantener prácticas adecuadas en el manejo higiénico de alimentos para prevenir enfermedades diarreicas que puedan agravar esta condición.

Para quienes realizan actividades laborales a la intemperie, Guluarte Castro recomendó tomar pausas periódicas en espacios con sombra y ventilación. Añadió que, ante síntomas como boca seca, cansancio, mareo o dolor de cabeza, se debe incrementar el consumo de líquidos y solicitar apoyo mediante el número de emergencias 911 en caso de requerirlo.