Cuando el odio cruzó la puerta del salón en Lázaro Cárdenas, Michocán

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En una escuela, la mañana no entra de golpe: se va armando. Primero llegan los pasos. Luego las mochilas. Después el murmullo de los alumnos, el saludo breve en la entrada, la respiración todavía desordenada del día que apenas abre los ojos. El 24 de marzo de 2026, en el colegio Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esa coreografía duró muy poco. Entre las 7:30 y las 7:40 de la mañana, un alumno de 15 años cruzó la puerta con un rifle AR-15 escondido en un estuche para guitarra y disparó contra dos maestras en la recepción del plantel. Las mató en el lugar. Un estudiante y un trabajador lograron someterlo. La policía llegó después. Para entonces, la escuela ya había dejado de ser escuela.

Las maestras se llamaban María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Tenían 36 y 37 años. Sus nombres quedaron desde ese momento atados a una imagen insoportable: la del aula mexicana alcanzada por una violencia que durante años se quiso pensar como un mal de la calle, de la noche, del crimen organizado, de otros territorios. Pero no. También estaba aquí: a la hora de entrada, en un plantel privado, en el espacio donde una maestra hace cada día una de las tareas más frágiles y más decisivas de cualquier sociedad, que es sostener un orden civil mínimo frente al desorden del mundo. Después vinieron las veladoras, las flores, el cierre temporal del colegio y las marchas para despedirlas. El luto fue inmediato porque la herida también lo fue: no había muerto solo dos personas; había sido perforada una idea de resguardo.

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Nueve horas antes del ataque, el adolescente se había grabado frente al espejo, vestido de negro, con el arma en la mano. Había publicado un mensaje anunciando que ese sería el día. También difundió material asociado al universo incel, una subcultura digital marcada por resentimiento misógino y, en sus expresiones más extremas, por llamados a la violencia contra las mujeres. Pero aquí la precisión importa más que el espanto. No puedo confirmar que el crimen haya quedado públicamente probado, de manera concluyente, como un acto motivado exclusivamente por una identidad incel. Lo que sí está verificado es que las autoridades seguían investigando el móvil, que el contenido en redes era parte central del caso y que el teléfono del agresor era una pieza clave que todavía no aparecía en las primeras diligencias. En tiempos de violencia viral, la responsabilidad también consiste en no convertir una pista en dogma.

Aun así, la palabra no puede desecharse como una extravagancia de Internet. La UNAM ha advertido que la misoginia ligada a estos entornos no debe confundirse automáticamente con enfermedad mental, sino entenderse también como un fenómeno social, cultural y digital. Estudios académicos recientes han descrito estos espacios como comunidades donde el aislamiento, la frustración y el odio encuentran lenguaje, pertenencia y escalada. Eso significa algo perturbador: que el resentimiento ya no circula solo como impulso íntimo, sino como doctrina disponible. Un adolescente no necesita inventar desde cero su furia; puede heredarla, imitarla, aprenderla en línea. Y cuando esa pedagogía de odio se mezcla con acceso a armas, señales desatendidas y una cultura saturada de violencia, el resultado puede caber en diez minutos y catorce disparos.

Michoacán agrava esa lectura. El crimen ocurrió en Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico del Pacífico, dentro de un Estado que desde hace casi dos décadas funciona como uno de los símbolos más nítidos de la crisis de seguridad mexicana. Allí la violencia no es una noticia excepcional, sino una atmósfera. Ha erosionado la política, la economía y la vida cotidiana; ha vuelto familiar el lenguaje de las armas, de las amenazas, del control territorial, del miedo. En un territorio así, la escuela no está fuera del país real. Respira el mismo aire. Por eso enseñar en estos lugares no consiste solo en transmitir conocimientos: también implica levantar todos los días una pequeña arquitectura de orden, de confianza y de rutina en medio de un suelo cada vez más agrietado.

Lo ocurrido en el Antón Makárenko tampoco es un relámpago sin antecedentes. En México ya existen episodios que quebraron la vieja ilusión de que las escuelas estaban a salvo: Monterrey en 2017, cuando un estudiante disparó contra su maestra y sus compañeros; Torreón en 2020, cuando un niño de 11 años mató a una docente antes de suicidarse; y el CCH Sur en 2025, donde un estudiante fue asesinado dentro del plantel en un caso que también abrió la conversación sobre entornos incel y violencia juvenil. Los hechos son distintos, los contextos también, pero juntos dibujan una línea inquietante: la violencia escolar dejó de ser una anomalía impensable y empezó a instalarse como posibilidad mexicana. No como epidemia, todavía, pero sí como advertencia.

En la discusión pública aparecieron enseguida dos reflejos conocidos: el castigo y la clínica. Por su edad, el agresor enfrenta una pena máxima reducida dentro del sistema para adolescentes, lo que abrió el debate sobre reformas legales. Al mismo tiempo, el gobierno federal anunció un programa de salud mental para estudiantes de secundaria y bachillerato. Ambas respuestas son comprensibles, pero por sí solas no alcanzan. Endurecer penas no explica cómo un menor llega a una escuela con un rifle de uso exclusivo del Ejército. Invocar la salud mental, sin más, tampoco nombra la misoginia, la radicalización digital ni las responsabilidades adultas alrededor del arma, de las alertas previas y del entorno. Entre la sed de castigo y la simplificación psicológica suele perderse la pregunta más difícil: qué tipo de sociedad está produciendo jóvenes capaces de mirar a sus maestras no como autoridad, ni como guía, ni siquiera como personas, sino como blanco.

Ser maestro o maestra en estos tiempos se ha vuelto peligroso de una manera nueva y brutal. No solo por la precariedad laboral, el desgaste emocional o la erosión del respeto público. Peligroso, ahora, también en el sentido físico más desnudo de la palabra. Peligroso porque la escuela quedó en el cruce exacto donde se encuentran la violencia territorial, la circulación de armas, la misoginia digital, la soledad juvenil y la incapacidad del Estado para detectar a tiempo el odio antes de que se organice. En Lázaro Cárdenas, dos maestras murieron al inicio de la jornada. Y con ellas cayó otra cosa, menos visible pero igualmente grave: la última ficción de que el salón de clases todavía podía cerrar la puerta y dejar afuera al país.

Fuentes consultadas

EL PAÍS, cobertura del caso en Lázaro Cárdenas y seguimiento judicial; El Universal, recuento de ataques en escuelas de México; Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, discusión sobre el fenómeno incel y misoginia; Gaceta UAEH, análisis sobre violencia misógina digital en el caso CCH Sur; comunicado de la SEP sobre los hechos en el Colegio Antón Makárenko.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Instalará Protección Civil 90 puntos de auxilio en BCS durante Semana Santa

FOTO: Protección Civil.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para garantizar la seguridad de los vacacionistas durante Semana Santa 2026, Protección Civil Estatal operará puntos de auxilio en los días de mayor afluencia, informó el subsecretario Héctor Amparano Herrera.

En total, se instalarán 90 puntos, con participación de cuerpos de seguridad, emergencias, protección civil y voluntarios, coordinados con los tres órdenes de gobierno. Su principal objetivo es brindar información y asistencia inmediata, así como proteger la integridad de las personas.

Estos puntos estarán completamente operativos durante la primera semana de vacaciones, cuando se registra la mayor afluencia, y posteriormente se mantendrán algunos estratégicos en los principales destinos de los cinco municipios.

Entre los principales puntos en La Paz se encuentran: El Cajete, Molinito, Sonorense, Balandra, Tecolote, El Saltito, Los Planes, San Pedro, Sargento-La Ventana, Los Barriles y Todos Santos.

En Los Cabos se ubicarán en Buenavista, La Ribera, Santiago, Miraflores, San José del Cabo, Zacatitos, La Playita, Palmilla, Tule, Cabo San Lucas y Migriño.

En el norte del estado destacan Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Vizcaíno, San Ignacio, Punta Abreojos, Santa Rosalía, Mulegé, San Juanico, Loreto, km 45 del tramo carretero Ciudad Insurgentes-Loreto, Ciudad Insurgentes, Puerto San Carlos, Ciudad Constitución y Las Pocitas.

Finalmente, Amparano Herrera reiteró la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y fomentar la participación ciudadana, para que las vacaciones se desarrollen de manera segura y sin incidentes.

 




¿Qué es y cuándo debe realizarse la revocación de mandato?

FOTOS: Canva.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el electorado puede decidir, a través de una votación, si una persona electa debe concluir anticipadamente el cargo para el que fue elegida, por pérdida de la confianza.

En el marco normativo mexicano, esta figura se concibe como un instrumento de control democrático “intermedio” entre elecciones periódicas. Opera por “voluntad colectiva” y no necesariamente como respuesta a una falta grave probada, que amerite un procedimiento sancionatorio, como el juicio político o el juicio de procedencia, coloquialmente llamado “desafuero”.

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La revocación federal se regula en la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) que asigna competencias al Congreso de la Unión, al INE y al TEPJF.

La solicitud solo procede si la promueve la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal, y esas firmas deben estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, con mínimo 3% en cada Estado.

En cuanto al “cuándo”: el inicio del proceso puede pedirse una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La propia ley prevé una fase de aviso al INE y un periodo para recabar firmas.

Etapas de procedimiento

Aviso y recolección de firmas. Las personas promoventes informan al INE y recaban apoyos con formatos y/o herramientas tecnológicas autorizadas. Si se usan formatos distintos, la solicitud puede desecharse.

Presentación formal de la solicitud. Debe incluir datos mínimos (promoventes, representante, anexos con formatos, etc.). Si hay omisiones, puede haber prevención para subsanar.

Verificación de apoyos. El INE verifica si las firmas corresponden a la lista nominal y a los porcentajes; la ley contempla reglas sobre apoyos no contabilizables (datos falsos/incompletos, duplicados, etc.).

◆ Convocatoria. Si se cumple el umbral, el Consejo General emite la Convocatoria, con elementos como fundamento, etapas, fecha, y la pregunta legal.

Jornada de votación. Debe celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincidir con jornadas electorales federales o locales.

◆ Validez y resultado. Para que sea vinculante, debe participar al menos 40% de la lista nominal; la revocación procede por mayoría en la votación válida emitida.

Lineamientos y reglas de equidad

En términos generales, el modelo busca neutralidad institucional: el INE organiza, promueve participación con fines informativos y administra tiempos oficiales. Los lineamientos del INE (publicados en DOF) detallan conceptos operativos (aplicación móvil, mesas de casilla para RM, etc.) y su calendario.

Reglas típicas de blindaje, comunes también en lo local: evitar uso de recursos públicos y propaganda gubernamental durante etapas clave; y limitar contratación privada de propaganda en radio/TV orientada a influir.

Revocación de mandato local (Gobernador) en BCS

La Constitución de Baja California Sur reconoce el derecho a participar en revocación de mandato y define el caso del Gobernador como un instrumento para determinar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

La Ley de Revocación de Mandato, publicada en 2024 que asigna competencias al Congreso del Estado, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral establece un diseño procedimental muy específico:

  • Convoca el Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) a petición ciudadana.
  • Se requiere 10% de la lista nominal estatal,
  • con un criterio territorial: que la solicitud corresponda al menos a la mitad más uno de los municipios y que represente mínimo 10% de la lista nominal de cada uno de ellos.
  • El IEE BCS verifica y emite convocatoria dentro de los 30 días siguientes a recibir la solicitud.
  • Puede solicitarse una sola vez y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo.
  • La ciudadanía puede recabar firmas durante el mes previo, usando formatos/medios y lineamientos que emita el IEE.
  • La votación ocurre el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y no coincide con jornadas electorales locales o federales.
  • Para validez: participación mínima 40% de lista nominal; procede por mayoría absoluta.
  • El IEE organiza y computa; los resultados pueden impugnarse ante el Tribunal Estatal Electoral, que realiza cómputo final y, en su caso, emite la declaratoria y se aplica el régimen de faltas absolutas previsto en la propia Constitución local.
  • Este diseño local, además, replica reglas de veda y neutralidad: prohibición de usar recursos públicos para firmas/promoción; difusión a cargo del IEE con fines informativos; prohibición de contratar propaganda en radio/TV para influir; y suspensión de propaganda gubernamental con excepciones (salud, educación, protección civil).

Corolario

La revocación de mandato no es un juicio ni una sanción penal: es un veredicto político canalizado por reglas constitucionales y electorales. Su valor democrático depende de que el umbral y la temporalidad eviten su banalización y que existan controles para impedir captura por propaganda, recursos públicos o desinformación.

En Baja California Sur, el marco legal está diseñado para desalentar la revocación de mandato, cuyo costoso procedimiento exige un esfuerzo organizativo y territorial relevante (10% y distribución municipal), y deposita en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Estatal Electoral la organización y el cierre jurisdiccional del procedimiento, con plazos y recursos que de aplicarse en su conjunto hacen inviable la revocación, pues cabe la posibilidad de que el Gobernador termine su mandato, antes de que concluya el procedimiento relativo a la revocación, convirtiéndose así todo el proceso en una costosa, compleja y estéril simulación.

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Cómo nacieron las rancherías de BCS: de las misiones jesuitas a los ranchos familiares

FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

 

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En San Javier, la misión no parece un edificio: parece una declaración de guerra contra el desierto. La cantera se levanta en medio de la sierra como si alguien hubiera querido fijar con piedra lo que aquí siempre fue movimiento: el agua que aparece y desaparece, las veredas que se abren entre cañadas, la vida que resiste lejos de los centros. Alrededor de ese templo, y de otros como Loreto, Comondú o Mulegé, fue creciendo una forma de habitar Baja California Sur que todavía define a buena parte de su memoria profunda. No nació en las ciudades ni en los puertos. Nació en la intemperie. En los márgenes de la misión. En el rancho.

Pero esa historia no comienza con los jesuitas. Antes de que la cruz y la campana organizaran el territorio, la península ya estaba habitada por pueblos indígenas como pericúes, guaycuras y cochimíes. Las fuentes históricas hablan de rancherías indígenas, aunque el término no describía necesariamente un pueblo fijo, sino más bien un grupo humano ligado a formas de movilidad adaptadas a la aridez, a la caza, a la recolección y al conocimiento del agua. La primera verdad incómoda de esta crónica es esa: las rancherías sudcalifornianas no surgieron sobre un vacío, sino sobre un territorio ya vivido, ya nombrado y ya recorrido mucho antes de la evangelización.

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La fundación de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, el 25 de octubre de 1697, abrió otra época. Desde ahí se desplegó una red de misiones que el INAH resume en 18 establecimientos jesuitas en la península. Aquellas misiones fueron templos, sí, pero también centros de control territorial, agrícola y humano. Se instalaron donde el agua lo permitía: oasis, cañadas, pequeños valles. Introdujeron ganado, huertas, cereales, nuevas jerarquías, nuevos calendarios y una disciplina del trabajo que buscó fijar en torno a la misión a poblaciones que hasta entonces habían vivido bajo otros ritmos. La misión fue una máquina de concentración. Quiso reunir, ordenar y convertir. Quiso transformar el desierto en provincia.

Pero la misión nunca dominó del todo. Los estudios de Ignacio del Río muestran que la relación entre los pueblos originarios y el sistema misional estuvo atravesada por tensiones, resistencias y regresos al monte. La piedra del templo no canceló la memoria del territorio. Y, al mismo tiempo, la colonización produjo una devastación demográfica y cultural de enorme escala. Ahí está la segunda verdad incómoda: el origen del rancho sudcaliforniano no puede contarse como una estampa pintoresca de autosuficiencia sin reconocer que antes hubo despojo, reorganización forzada y derrumbe de mundos indígenas. La ranchería actual hereda saberes de adaptación al medio, pero también nace sobre una fractura.

El punto de quiebre llegó con la expulsión de los jesuitas en 1767, consumada en California al año siguiente, y con la posterior secularización de las misiones en el siglo XIX. La vieja organización eclesiástica perdió cohesión, los bienes misionales cambiaron de manos y el territorio dejó de girar exclusivamente alrededor del campanario. Entonces comenzó otra dispersión: alrededor de antiguos centros misionales, ojos de agua y sierras fueron tomando forma pequeños ranchos y rancherías familiares. Investigaciones de la UABCS y trabajos sobre patrimonio ranchero coinciden en que la identidad social de esos asentamientos deriva del establecimiento de las misiones y de los esfuerzos de poblamiento del siglo XVIII, y que en muchos de esos ranchos la unidad básica terminó siendo la familia nuclear, organizada alrededor del trabajo cotidiano, el ganado, la huerta y el aprovechamiento integral del entorno.

Lo decisivo fue la geografía. En Baja California Sur, el rancho no podía expandirse como hacienda continental porque el agua imponía su propia ley. Los oasis sudcalifornianos, explica la investigación de Micheline Cariño y Antonio Ortega, fueron sistemas agroecológicos de alta complejidad levantados en condiciones extremas de aislamiento y aridez. Harry Crosby, al reconstruir la vida de los últimos californios, retrató justamente eso: ranchos pequeños, serranos, amarrados a manantiales, con huertas mínimas, bestias de carga, caprinos y bovinos obligados a vivir entre laderas secas. Aquí el rancho no fue exceso. Fue cálculo. No fue abundancia. Fue permanencia. De ahí salió el tipo humano que aún hoy se reconoce como ranchero sudcaliforniano: austero, móvil, diestro en oficios, dependiente del agua y de un conocimiento íntimo de la sierra.

Con el tiempo, esa forma de vida produjo más que economía: produjo cultura. El aislamiento empujó a las familias rancheras a fabricar herramientas, a trabajar la talabartería, la herrería, los bordados, el queso, el vino y una cocina de supervivencia convertida en identidad. La propia Secretaría de Cultura reconoce en las comunidades serranas de Baja California Sur una tradición ligada al rancho heredado del tiempo misional, mientras estudios de la UABCS sobre las sierras La Giganta y Guadalupe hablan de un patrimonio cultural ranchero que no se reduce a nostalgia: es una manera de leer el paisaje, de nombrar plantas, de administrar el agua, de repartir tareas y de entender la distancia. La ranchería no fue solamente un asentamiento. Fue una escuela de mundo.

Esa escuela, sin embargo, vive bajo presión. El Censo Agropecuario 2022 registró en Baja California Sur 4,606 unidades de producción agropecuaria, con 122,698 bovinos y 66,683 caprinos: el rancho sigue ahí, pero más acorralado. Al mismo tiempo, investigaciones recientes sobre las rancherías de Los Comondú y reportes sobre la sequía extrema de 2020 a 2022 muestran un sistema social frágil ante la despoblación, la incertidumbre climática y la atracción económica de las costas turísticas. En 2024, un estudio con 98 ranchos reportó que muchos ganaderos estiman que podrían resistir apenas dos o tres años más de sequía sostenida antes de abandonar la actividad. Lo que antes resistía al aislamiento ahora resiste al mercado, al clima y al olvido estatal.

Por eso, preguntarse cómo nacieron las rancherías sudcalifornianas no es una curiosidad del pasado. Es preguntarse qué sobrevive cuando un territorio deja de mirarse a sí mismo desde la sierra y empieza a contarse solo desde el hotel, la carretera y la plusvalía costera. Las rancherías nacieron de una violencia colonial, sí, pero también de una capacidad descomunal para domesticar la escasez sin destruir del todo el sitio donde se vive. Entre la misión y el monte, entre la cruz y el ojo de agua, los sudcalifornianos levantaron una de las culturas rurales más singulares del país. Perderla sería algo más que perder un paisaje: sería olvidar la forma exacta en que esta tierra aprendió a permanecer.

Referencias:

INAH, Misiones Jesuíticas, Baja California Sur I y Museo de las Misiones.

  • SETUES Baja California Sur, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó.
  • Ignacio del Río, UNAM, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768.
  • Micheline Cariño y Antonio Ortega, Oasis sudcalifornianos: transferencia cultural del Viejo al Nuevo Mundo áridos.
  • Harry W. Crosby, Los últimos californios.
  • UABCS / Áreas Naturales Protegidas Scripta, Patrimonio cultural ranchero de las sierras La Giganta y Guadalupe, BCS, México.
  • UABCS, tesis y estudios sobre identidad ranchera y origen de ranchos y rancherías.
  • INEGI, Censo Agropecuario 2022. Baja California Sur.
  • University of Utah, Adaptive responses to extreme drought: A case study of rural ranchers in Baja California Sur, Mexico.
  • Estudios sobre la dinámica del sistema de rancherías de Los Comondú.

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El precio de la dignidad. Salarios y sombras en la policía de Baja California Sur

FOTOS: Seguridad Pública Estatal.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

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