FOTO: Alberto Cota.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A partir del sábado 29 de marzo entraron en vigor las disposiciones del decreto que prohíbe la venta de alimentos chatarra en los mil 712 planteles públicos y privados que atienden, desde el nivel inicial hasta el superior, a más de 230 mil alumnas y alumnos en Baja California Sur, informó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza Osuna.

Señaló que, para dar a conocer y sensibilizar a la comunidad sobre los propósitos de esta iniciativa, desde noviembre pasado se realizaron diálogos con los ayuntamientos, madres y padres de familia, con apoyo de la Secretaría de Salud y del IMSS, donde dieron a conocer sobre las nuevas disposiciones.

Meza Osuna comentó que en la sesión de consejo técnico escolar establecieron que, para mayores informes respecto al tema, la ciudadanía puede consultar el manual en la página vidasaludable.gob.mx con orientaciones sobre lo que no se permite vender, así como las sugerencias sobre lo que sí se puede ofrecer.

Agregó que continuarán las capacitaciones a los responsables de las tiendas escolares, supervisores y directores, quienes deberán vigilar que la venta de alimentos sea saludable, y expuso que los nuevos lineamientos establecen acciones prioritarias, como impedir la venta de productos ultraprocesados con bajo valor nutricional, promover el consumo de agua natural y orientar a madres y padres de familia para que, con recursos de La Escuela es Nuestra, se instalen bebederos en los planteles.

También se reforzará el eje articulador de Vida Saludable en la Nueva Escuela Mexicana, con la formulación de contenidos en los libros de texto gratuitos que promuevan estos temas. Además, se darán cursos y diplomados para docentes, la práctica deportiva y se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación.

Puntualizó que estas acciones se brindan de acuerdo con un monitoreo realizado durante el ciclo escolar 2023-2024 en 10 mil 533 escuelas de las diferentes regiones del país, en las cuales se detectó que el 98 por ciento de los comercios vendía comida chatarra y el 95, bebidas azucaradas.

FOTOS: Ineaf.Es | CastilloCastrillon Abogados.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de las severas críticas que ha recibido la reforma constitucional que desarticuló la estructura del sistema judicial mexicano, y sustituyó la carrera judicial y la selección por examen y concurso de oposición como método de designación de juzgadores por la elección mediante sufragio popular, han surgido voces que sugieren que se reinstale en México, el jurado popular. Muy probablemente, quienes esto proponen, no conocen la historia del jurado popular en México.

El jurado popular tiene sus raíces en la Antigua Grecia, y encontró arraigo en la Roma Iimperial, donde se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. Sin embargo, el concepto moderno se desarrolló en Inglaterra hasta la Edad Media.

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Un poco de historia

En la Antigua Grecia, se utilizaban sistemas de jurados para resolver disputas y juzgar delitos. En Atenas, se utilizaba un sistema de jurados llamado heliaia, que estaba compuesto por ciudadanos que se reunían para juzgar casos de sus pares, es decir, ciudadanos que pertenecían al mismo gremio laboral o comercial del enjuiciado.

En la Antigua Roma, se utilizaban sistemas de jurados similares, como el judicium y el quaestio, que estaban compuestos por ciudadanos que se reunían para juzgar casos. El Judicium se centraba en resolver disputas civiles y mercantiles entre particulares, como litigios sobre propiedades, contratos y deudas. El Quaestio Se enfocaba en juzgar delitos, como homicidios, robos y traiciones.

El concepto de jurado popular como se conoce en nuestros días, se desarrolló en Inglaterra en la Edad Media. En el siglo XII, el rey Enrique II estableció el sistema de jurados en Inglaterra, que se basaba en la idea de que los ciudadanos sin título nobiliario que enfrentaran un proceso fueran juzgados por sus pares, tal y como sucedía con los miembros de la realeza, los militares y los eclesiásticos, que contaban con procedimientos de enjuiciamiento privilegiado, a cargo de sus pares.

En el siglo XIII, el sistema de jurados se consolidó en Inglaterra, y se establecieron las bases para el sistema de jurados moderno, cuyo formato se consolidó en sus colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

En la mayoría de estos países, el sistema de jurados se utiliza para juzgar delitos graves, y se considera un derecho fundamental de los ciudadanos.

El fracaso del jurado popular en México

En México, el sistema de jurado popular se estableció en la Constitución de 1857, y se consolidó en la Constitución de 1917 como garantía de que el acusado fuera juzgado por un juez o un jurado de ciudadanos. En la práctica, esta garantía tuvo una evolución compleja, generando más debates y reformas a lo largo de los años, que buenos resultados, motivo por el cual cayó en desuso.

Uno de los juicios más famosos por jurado popular en la historia de México fue el de María Teresa Landa, primera Señorita México en 1928, acusada de asesinar a su esposo, el general Moisés Vidal. Este juicio fue muy mediático y conmovió al país, y es considerado como el último juicio importante ante un jurado popular en México. Después de este juicio, el sistema de jurados populares cayó en desuso.

En 1929, el jurado popular fue suprimido en la Ciudad de México, y posteriormente, en 2008, fue eliminado por completo de la Constitución Federal, debido en parte a la falta de eficacia y eficiencia en el sistema de jurados, así como a la creciente complejidad de los casos judiciales, y, sobre todo, a las constantes críticas sobre la falta de imparcialidad en los jurados, lo que llevó a una pérdida de confianza en el sistema. En su lugar, se optó por un sistema de jueces profesionales que podrían manejar casos más complejos y tomar decisiones más informadas.

El postulado del constituyente de 1857 estimó que el jurado popular permite al pueblo participar directamente en la justicia y constituye la máxima expresión de su soberanía, argumentos similares a los que se invocan en la propaganda oficialista del proceso de elección popular de juzgadores.

Todos los inconvenientes que presentaba el jurado popular y que motivaron su desaparición en el marco legal mexicano, son los mismos que generará el que llaman el nuevo sistema de justicia mexicano o “justicia democrática”, con el agravante de que el jurado popular era la excepción y la justicia democrática será la regla, con tribunales formados por jueces sin carrera judicial, electos al calor del arbitrio popular, y con compromisos sectarios o partidistas.

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FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Baja California Sur, un Estado con 2,230 kilómetros de costa y ecosistemas emblemáticos como el desierto de El Vizcaíno, enfrenta una contradicción devastadora: su economía crece al 4.5% anual (INEGI, 2023), pero el 34.6% de su población vive en pobreza (Coneval, 2022). En Los Cabos, el precio de la vivienda aumentó un 78% entre 2015 y 2020, el mayor incremento nacional (INEGI). Para 2023, adquirir una casa de interés social exige ingresos mensuales de $25,000 MXN, mientras el salario promedio es de $8,200 MXN (ENOE). Sólo el 10% de las viviendas construidas entre 2018 y 2023 fueron destinadas a habitantes locales (SEDATU), una cifra que refleja la exclusión sistemática de quienes sostienen la industria turística, responsable del 45% del PIB estatal.

El desplazamiento de comunidades es un fenómeno cuantificable: el Centro de Derechos Humanos de La Paz documentó 1,200 casos entre 2015 y 2022, vinculados a megaproyectos como Puerto Los Cabos, un complejo de 1,200 hectáreas con campos de golf y marinas. En La Paz, rentar un departamento de dos habitaciones cuesta $15,000 MXN mensuales (Inmobiliarias México, 2023), pero el 67% de los empleos turísticos son informales, con salarios entre $4,000 y $6,000 MXN (IMCO, 2022). Aunque la inversión extranjera alcanzó $1,450 millones de dólares en 2023 (Secretaría de Economía), el 80% de las escuelas públicas carecen de acceso diario a agua potable (Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2023), una paradoja que desnuda la inequidad del modelo económico.

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La crisis ambiental es igual de alarmante. En La Paz, el 65% de los manglares han sido destruidos desde 1990 (UABCS, 2021), principalmente por desarrollos como Marina CostaBaja, donde amarrar un yate cuesta $1,500 USD diarios. Cada campo de golf consume 2.5 millones de litros de agua al día (Conagua, 2023), equivalente al uso de 9,000 personas, en un territorio donde el 80% sufre estrés hídrico (Conagua, 2022). En 2022, el desarrollo Costa Palmas desvió el cauce del arroyo San José para construir villas de lujo, secando una fuente vital para agricultores, según denuncias de organizaciones ambientales avaladas por permisos de la Semarnat.

La propiedad extranjera profundiza la fractura social. En Todos Santos, el 38% de las viviendas pertenecen a estadounidenses y canadienses (Registro Público de la Propiedad, 2022), mientras en El Pedregal (Cabo San Lucas), el 60% de las residencias están vacías 10 meses al año (Diagnóstico Urbano de Los Cabos, 2021). La Ley de Inversión Extranjera (1993) permite este acaparamiento mediante fideicomisos: el 22% de los permisos en zonas costeras son para ciudadanos estadounidenses (Senado de la República, 2021). Mientras tanto, el gobierno estatal destina solo el 0.7% de su presupuesto a vivienda social, frente al 12% asignado a promoción turística. Proyectos como el Corredor Turístico La Paz-Los Cabos, con 15 hoteles en construcción, priorizan el 70% del agua para turismo y agricultura de exportación (Profepa, 2023), mientras 12,000 familias carecen de hogar.

La gentrificación también erosiona la cultura local. En Todos Santos, la Fiesta de la Fundación, antes una celebración comunitaria, ahora cobra entradas de $500 MXN, inaccesibles para residentes (Red Sudcaliforniana de Cultura Popular, 2023). El 40% de los negocios tradicionales, como talleres de artesanía y fondas familiares, han cerrado en la última década, reemplazados por cafeterías y tiendas de lujo (Cámara de Comercio de BCS, 2023). Este fenómeno no es exclusivo de BCS: en Quintana Roo, el modelo de Cancún dejó el 45% de su población en pobreza (Coneval, 2022) y el 90% del agua contaminada con nitratos (Universidad del Caribe, 2023), un precedente que BCS parece ignorar.

Frente a esto, iniciativas como las cabañas ecoturísticas de El Sargento, gestionadas por pescadores, protegen 200 hectáreas de manglar y generan empleos formales. Sin embargo, proyectos comunitarios reciben menos del 1% del financiamiento estatal para turismo (Secretaría de Turismo de BCS, 2023).

Los números finales son contundentes: cada segundo, 380 litros de agua se destinan a campos de golf; 300 familias son desplazadas anualmente por alzas de renta (Centro de Derechos Humanos de La Paz, 2023); y para 2030, se proyectan 10 nuevos desarrollos de lujo en áreas naturales protegidas (Semarnat, 2023). La pregunta no es si el modelo es insostenible, sino ¿cuánto más debe sangrar Baja California Sur antes de que el Estado priorice a su gente?

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FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En respuesta al creciente uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad de proteger la intimidad sexual de las y los sudcalifornianos, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, informa el Congreso del Estado.

La propuesta busca modificar el Código Penal, con el objetivo de sancionar de manera más efectiva la elaboración, divulgación, distribución y difusión no consentida de imágenes, audios, videos o cualquier otro tipo de contenido sexual o íntimo, incluso cuando este sea alterado o simulado a través de tecnologías avanzadas como la IA.

«La expansión de la tecnología ha traído grandes beneficios, pero también nuevos riesgos, especialmente en el ámbito de la violencia digital sexual. La modificación propuesta atiende la urgente necesidad de adaptar nuestras leyes a los avances tecnológicos para garantizar que las víctimas de este tipo de delitos reciban la protección adecuada», explicó la diputada Vázquez Jacinto.

La iniciativa también busca reconocer la violencia digital sexual, definiéndola como el acto de difundir sin consentimiento contenido sexual o íntimo a través de plataformas digitales. Asimismo, establece penas de prisión de tres a seis años y multas económicas a quienes cometan estos delitos.

La diputada subrayó la importancia de que esta reforma atienda la violencia de género en el ámbito digital, tomando en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de estos delitos. Además, recordó que otros estados de la República Mexicana, como Sinaloa, ya han comenzado a legislar sobre el uso de la IA en estos contextos.

Esta reforma se alinea con la Ley Olimpia y otras iniciativas nacionales e internacionales que buscan sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual de las personas, especialmente en un contexto donde el ciberacoso y la difusión no consentida de contenido íntimo son cada vez más comunes.

Fue planteada por estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en su intensión de involucrar en el ejercicio de la profesión y aportación a su entorno.

FOTOS: Archivos | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda presentó hoy una iniciativa para que el Registro Civil expida constancias de concubinato, lo que permitirá a las parejas que viven en unión libre demostrar legalmente su relación, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado.

Del Castillo Miranda considera de vital importancia el reconocimiento de la armonización legislativa con nuestro contexto social. “La atención al reclamo constante de la ciudadanía sudcaliforniana de realmente tener acceso efectivo, eficiente y expedito a todos sus derechos, hace factible que en nuestro Estado debería ser el Registro Civil quien reglamente y expida el documento referido en la presente iniciativa, ya que cuenta con la infraestructura, organización y la información documentada relacionada con el estado civil de la población sudcaliforniana, lo que brindará mayor certeza jurídica para quienes requieren tramitar esta constancia”, expresó.

Y es que, en la actualidad, existe una notable tendencia a que las parejas que deciden hacer su vida juntos, no estén interesadas en casarse ni por la vía civil, y tampoco por la vía religiosa; ya sea porque consideran que decidir hacerlo les implica realizar muchos trámites, o simplemente porque creen que casarse no limita el generar responsabilidades y obligaciones entre ellos, y por lo tanto, no necesitan una mayor formalidad para ello, por lo que deciden vivir en concubinato.

La propuesta del representante del PRI en la XVII legislatura, implica adicionar el atículo 331 BIS, adicionar una porción normativa a la fracción I del artículo 339, y reformar el artículo 39, todos del Código Civil de BCS. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.