FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo al texto de la ley reglamentaria del Artículo 6º Constitucional, debemos entender por derecho de réplica el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el derecho de réplica debe entenderse como complementario de la libertad de expresión y su objetivo es brindar un espacio de participación a quien haya sido aludido, para lograr un equilibrio entre los sujetos y la información difundida, y de este modo garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de expresión de ambas partes y el más amplio debate e información en una sociedad democrática.

Constituye un mecanismo que funciona posteriormente a la emisión de información, inexacta o falsa, que el sujeto aludido alega le causó un agravio y sólo puede ejercerse frente a datos y hechos publicados y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando éstas puedan resultar ofensivas o incluso vejatorias, pues para eso existen otro tipo de medidas –civiles, administrativas y penales– que garantizan la no intromisión en la vida privada, el derecho al honor, entre otros. Esto es, solamente es aplicable a información que sea susceptible de un juicio de veracidad o que, por su origen, por su forma de presentación o por su ubicación en los espacios dispuestos en un medio de comunicación, den la apariencia de objetividad cuando en realidad inducen a conclusiones equivocadas o incompletas.

Para nuestro Máximo Tribunal Federal, el derecho de réplica no cumple la función de ser una censura previa que filtre los hechos u opiniones de los cuales no exista un sustento, sino que es un mecanismo que ayuda a equilibrar la información publicada tanto para la tranquilidad personal de quien se sienta agraviado, como para la sociedad que merece estar debidamente informada y obliga al medio de comunicación a publicar la rectificación o respuesta de la persona agraviada en los mismos términos que la información falsa o inexacta, en aras de garantizar, a través de ese mecanismo, un equilibrio en la circulación de información en una sociedad democrática.

Toda persona, física o moral, nacional o extranjera, podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que publique un medio de información que le cause agravio. Los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, serán sujetos obligados en términos de esta Ley y tendrán la obligación de garantizar el derecho de réplica de las personas.

La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

En caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada, el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quién haya ordenado la inserción.

La publicación de la réplica o rectificación deberá realizarse sin comentarios, apostillas u otras imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica, rectificación o respuesta.

Los sujetos obligados deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.

Los sujetos obligados deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.

Quien desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

1. a) Nombre del peticionario; b) Domicilio para recibir notificaciones; c) Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información; d) Hechos que desea aclarar; e) Firma autógrafa original del promovente o de su representante legal, y f) El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada.

El escrito deberá ir acompañado de copia de identificación oficial del promovente y, en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido, o que se encuentre imposibilitado para ejercerlo por sí mismo.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pese a la recomendación del alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la manifiesta oposición de juristas y representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada, la denominada Ley de Seguridad Interior entrará en vigor una vez que sea publicada. Existe consenso académico generalizado respecto a las graves violaciones que contiene, de disposiciones fundamentales contenidas en nuestra Carta Magna.

¿Qué recursos legales pueden interponerse contra esta Ley y su entrada en vigor? Contamos como particulares, con el juicio de amparo, mediante el cual podemos, de manera individual o colectiva, combatir la entrada en vigor de la norma, a través del llamado amparo contra ley, o bien; contra su primer acto de aplicación, mediante el amparo indirecto.

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Diversas organizaciones sociales en Baja California Sur, con el apoyo de profesionales del Derecho afiliados al Colegio de Posgraduados en Derecho, la Barra de Abogados y la Asociación de Abogados “Ignacio Burgoa”, se encuentran trabajando ya en la elaboración de una demanda colectiva, que deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación de la ley.

También puede combatirse la Ley en comento, a través de la representación abstracta que compete a organismos públicos autónomos, cuerpos legislativos, o entidades públicas dependientes del Ejecutivo federal, todos ellos facultados para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llamada Acción de Inconstitucionalidad, que consiste en una petición  de control de validez normativa. Por tratarse de un medio de control abstracto no exige agravio de parte, sólo requiere que se tache de inconstitucional una ley, formal y materialmente. Mediante este procedimiento, se alega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una contradicción entre la norma impugnada y la Constitución. Basta que ocho ministros acusen la inconstitucionalidad de la norma, para que la misma sea desechada. Es un procedimiento sencillo, pero de estricto derecho.

La llamada acción de inconstitucionalidad, infortunadamente, en México no puede intentarse por particulares. Habremos de pugnar desde la trinchera ciudadana, para modificar al respecto el texto constitucional para homologarlo al de otros países latinoamericanos, en donde existe la llamada acción popular de inconstitucionalidad.

La acción popular de inconstitucionalidad es el medio procesal mediante el cual cualquier persona o ciudadano puede iniciar el proceso de control constitucional de las leyes, demandando la anulación de las mismas por razones de inconstitucionalidad. Este procedimiento reconoce el derecho de los gobernados al ejercicio del control sobre las leyes que estime inconstitucionales. Es un instrumento de participación democrática que garantiza el acceso ciudadano a los mecanismos de control de constitucionalidad.

En Venezuela, cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera puede ejercer la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes; en Ecuador, se reserva a los nacionales. En Colombia, Panamá, El Salvador y Nicaragua se circunscribe su ejercicio a los ciudadanos.

El modelo moderno de acción popular que consideramos más adecuado, es el que opera en Guatemala,  donde cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos, puede ejercerla. Aperturar la opción a cualquier persona, abre un abanico de auténtica popularidad, pero al exigir la coadyuvancia de tres profesionales del derecho, crea un filtro de procedibilidad que evita el ejercicio ocioso de intentonas notoriamente improcedentes.

Existe también el veto presidencial ejercible de manera discrecional por el titular del Ejecutivo federal contra la publicación de la Ley, pero en el caso es prácticamente imposible que se ejerza, habida cuenta que es precisamente el Presidente de la República el principal impulsor de La ley que pretende legitimar el uso de las fuerzas militares en labores constitucionalmente reservadas a corporaciones civiles.

En todo caso, el veto –como tal— únicamente serviría para retrasar la publicación de la Ley, no para lograr su inaplicabilidad, que es lo que en realidad se pretende cuando se habla de combatir la entrada en vigor de dicho cuerpo normativo, dictaminado por organismos internacionales y del sector académico nacional, como inconstitucional y contrario al respeto de Derechos Humanos.

¿Qué pasa con la controversia constitucional? Es común que en los medios impresos, sobre todo en publicaciones no especializadas en derecho, se confunda la controversia constitucional con la acción de inconstitucionalidad. Para facilitar la comprensión de sus diferencias, presentamos un cuadro comparativo:

Nuestra propuesta

Peticionemos por medio de las diversas plataformas virtuales, la interposición de la acción de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos políticos y a nuestros diputados federales y senadores.

Suscribamos la demanda de amparo que se encuentra en proceso de elaboración en nuestro Estado, a través de la Contraloría Ciudadana.

Condicionemos el otorgamiento de nuestro voto, en el próximo periodo de elecciones, al candidato que se comprometa a incorporar en nuestra Constitución, la acción popular de inconstitucionalidad, siguiendo el modelo guatemalteco,  la revocación de mandato y la rendición de cuentas.

Castigar en las urnas a los partidos y candidatos que apoyaron y aprobaron la llamada Ley de Seguridad Interior.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). México nace a la vida republicana, tras el apaciguamiento nacional, una vez concluida la revolución más sangrienta de que se tiene registro en el continente americano. Tras decretarse la Constitución de 1917, los inicios del ejercicio de la democracia representativa enfrentaban la amenaza de una reacción armada que a través de un golpe de Estado, regresaran el mando de la nación a un dictador. Es por eso que en esa etapa de nuestra historia moderna, se justificaba la secrecía y el sigilo al momento de tomar determinadas decisiones, como la de nombrar un Presidente o Gobernador sustituto.

Con el paso del tiempo, el régimen se afianzó y las amenazas que justificaban el secreto en el ejercicio decisorio gubernamental, quedaron superadas.

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En el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y la transparencia, lo único secreto en lo relacionado al ejercicio público, es el voto ciudadano. La única reserva de privacidad que hemos de preservar, es la que se otorga al gobernado cuando acude a emitir su voto.

Pese a ello, el marco normativo federal constitucional sigue previendo la secrecía en el ejercicio de gobierno (Artículo 84), en el supuesto de la elección del Presidente sustituto; e incluso cuenta con un añadido retrógrada e incompatible, pues el 7 de febrero de 2014 se agregó la fracción VIII al apartado A del Artículo 6º Constitucional, en el que establece que el Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, será electo por los comisionados mediante votación ‘secreta’. Irónico que el encargado de acabar con la opacidad, sea elegido ‘en secreto’.

En el ámbito local, la Constitución Política de Baja California Sur mantiene la secrecía para la toma de determinaciones que en la actualidad deben ser absolutamente transparentes, como es el caso de la elección del Gobernador sustituto (Art. 72), el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia (Art. 95), así como la designación del magistrado y juez que integrarán lo que llaman “Consejo de la Judicatura” (Art 97).

Las normas secundarias del Estado permiten a los diputados tomar en secreto, decisiones que deberían ser tomadas de cara a la ciudadanía, como ocurre en los casos de juicio político.

En el ámbito municipal, se permite legalmente que los Cabildos sesionen en secreto, dando con ello pie a grandes corruptelas, como las que han permitido innumerables actos de endeudamiento o saqueo, en detrimento del erario municipal; o han puesto en peligro nuestro entorno ecológico, como es el caso de la fallida intentona de la anterior administración municipal paceña cuando trataron de abrir la puerta en nuestra comunidad a la mega-minería tóxica.

Otra práctica contraria a la transparencia y eficacia en el ejercicio gubernamental, que constituye un resabio de los esquemas dictatoriales en la designación de encargos, lo constituye el proceso discrecional, que permite al Secretario de Educación, otorgar a su vástago, una plaza y al mismo tiempo, una comisión a cubrir simultáneamente en dos espacios distantes 354 kilómetros entre sí, como si el angelito tuviera el don de la ubicuidad.

Una práctica más que cubre la secrecía dictatorial del dedo decisorio ejercido por el Gobernador en turno, es la que corresponde al nombramiento del Procurador de Justicia y de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los aspirantes que integran la terna –previamente palomeada— desfilan ante los diputados en una pasarela, como si fuera un concurso de belleza o una exposición ganadera. Resulta ofensivo ese procedimiento.

Es imposible que los diputados puedan elegir a la mejor opción para un encargo de tan elevada responsabilidad, con solo escucharlos en tribuna. Como si nuestros representantes populares fueran aptos para evaluar la capacidad e idoneidad del aspirante con un par de preguntas.

Nuestros diputados tienen el derecho constitucional de ser ignorantes, porque el planteamiento normativo presume que se rodearán de asesores adecuados, pero cuando en la práctica se rodean de allegados ineptos e incapaces, entonces vemos que la opacidad y discrecionalidad son otra vez herramientas de corrupción y componendas.

Nuestras propuestas

Modificar la Constitución y el marco normativo secundario, para erradicar por completo toda toma de decisión que se realice de espaldas al gobernante.

Eliminar la secrecía del ejercicio público, para eliminar la opacidad en la toma de decisiones que afectan indefectiblemente a todos los contribuyentes.

Que los cargos relacionados con la procuración y administración de justicia se asignen por concurso y selección, no por designación.

Que se profesionalice y regule el encargo de asesor parlamentario, para garantizar el profesionalismo en el quehacer legislativo.

FOTOS: Brigadas para leer en libertad, asociación que publicó el libro.

El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

Para que no viéramos ni subiéramos al Topus Uranus,

fuimos metidos a balazos a la caverna de Platón de nuevo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La verdad no sé qué decir o qué escribir de este libro que me han pasado. Digital, por cierto. De hecho, no debería estar escribiendo sobre esto, Romper el silencio, ni los periodistas que ahí escriben tendrían que haber escrito algo así. ¿Autocensura? No. Nadie tendría que estar hablando de estas cosas en pleno siglo XXI, donde se supone que debería estar marcado por la evolución de la especie humana, una época acentuada por las maravillas tecnológicas y los derechos civiles, no obstante, al parecer nos hemos inclinado hacia el lado oscuro. Bueno, una minoría que le apuesta por el ascenso rápido (“éxito”, le llaman) a costa de lo que sea: sangre y corrupción. Nadie tendría que estar hablando de esto ni en la intimidad, ni en la calle. Todos deberíamos estar disfrutando de nuestras inteligencias y vidas en plenitud, no acosados, amenazados, asustados, sin visión de futuro y escondidos en nuestras madrigueras mentales, donde prolifera la paranoia, el miedo y la impotencia.

Para descargar el libro Romper el silencio DA CLIC AQUÍ o en esta VERSIÓN EN PDF.

No quiero hablar de este libro, Romper el silencio. ¡Para qué? ¿Me informa de qué cosa? ¿En verdad me informa o sólo es un desfogue intrépido? Hace muchos años que dejé de creer y pensar que “estar informado” era fundamental. Informado periodísticamente, digo. Porque de pronto noté que muchos periódicos eran en realidad barricadas de interés y lucro y no un servicio ético a la humanidad. ¿Leer noticias cambia en algo lo que sucede? Sin embargo, todos los periodistas que tuvieron los güevos y ovarios en Romper el silencio para narrar todo lo que dicen son más que informadores: son cápsulas de un instante que nos delinea un mapa del terror, un horizonte en el que no hay salida, donde no hay luz al final del túnel. Todos sus textos son una muestra de lo que pasa en cada rincón de México, y nos queda la sensación de que México ha muerto, o que más bien estamos viviendo sobre su cadáver pero los medios oficiales nos crean la fantasía de que “está vivo”. Entonces, ¿de qué sirve estar informado? ¿A dónde me lleva? ¿Merecemos este país todos juntos? ¿Cada mexicano merece este país muerto? Vamos, me explico: no es fatalismo ni una onda, acá, apocalíptica, sino un intento por entender(me) en este caos generado ¿de la nada?

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Somos una maravilla como humanos, dije. Pero somos una jodidez como mexicanos, lo admito. Perdón si generalizo. Sé que no somos dueños de nuestras vidas y al mismo tiempo lo somos. Es decir, todo es opcional. Todo es cuestión de qué lado queremos estar: del lado oscuro o del lado de la luz. El lado oscuro es corto, fácil y se llega rápido a donde se quiere: es impositivo, traicionero y regresivo, olvida que como oscuridad también es parte de la luz, que sin ella no es, pero eso a la oscuridad le vale madre, lo que quiere es reproducirse como un cáncer para su propia satisfacción y seguridad. El lado de la luz es un camino largo, que a veces no lleva a ninguna parte, pero siempre hay la sensación de avanzar, que no se toma a pecho la cosa del “éxito” ni teme al futuro inmediato y que además la oscuridad es su compañera de viaje porque está consciente de que a veces necesita respirar y descansar con los ojos cerrados. La luz no tiene miedo de morir de hambre porque siempre es luz. Somos una jodidez como mexicanos porque no nos reconocemos en el Otro, porque en la oscuridad nos hemos separado en buenos y malos y nadie quiere encender el interruptor de luz para ver qué chingados está pasando y qué estamos haciendo mal. En lo político hacemos elecciones, votamos en la oscuridad, votamos por seres en sombra (sí, como en la caverna de Platón) que no tienen una puta idea de lo que es dirigir o gobernar (a veces tienen más miedo que las mayorías), de lo que es la conciencia y humana y mucho menos de lo que se trata la inteligencia y de para qué sirve.

Presentación de “Romper el silencio” en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en octubre de 2017. Por Baja California Sur, participó en este material, Modesto Peralta Delgado.

¿Debo recomendar leer Romper el silencio? Al leerlo, pareciera que estamos ante la presencia de una antología de narradores avezados en la realidad, que es literatura de pura imaginación. Pero, nel. No es literatura, o quizá sí, hay algunos que descuelgan una sintaxis hermosa que hace que lo narrado se vuelva menos vomitivo, menos espeluznante. Y no, no se trata de seguidores de H. P. Lovecraft. Ni de Quiroga. Ni de Allan Poe. Ni de Rulfo (por lo de sombras y fantasmas y muertos…), es la puritita realidad. A lo largo de sus páginas se siente el miedo. Todos tienen miedo. ¿Es un libro para que tengamos miedo? ¿O es un libro que describe el miedo porque no saben qué hacer con él? Párrafos y párrafos inteligentes, algunos nítidos, otros más bien estomacales, viscerales, otros narcisistas y lucidos, pero todos con un mismo fin: hablar con palabras de lo que pasa en las calles, sobre todo desde sus sentimientos y emociones trastocadas por la violencia.

Yo pensaba que el silencio era un don del poeta, que el silencio era el más alto sentido de la poesía, que sólo en el silencio es que podíamos encontrar la verdad, o el indicio de algo que me definiera lo que no entiendo con palabras. Pero, no. Aquí me dicen que lo rompamos, que no nos callemos, que usemos las palabras para nombrar lo que está en la oscuridad. ¿Eso será como encender la puta luz del cuarto que todos quieren mantener en la oscuridad porque en las sombras es mejor y se está más a salvo? No sé, no tengo la menor idea. Pero en la luz yo he encontrado que se está mejor aunque sea más más fuerte y nos espante. Pero la luz es un proceso largo, entrar en la luz no es enchílame esta gorda, dos pa’ llevar. No. Es una caída interior y exterior que debe ser individual primero y colectiva después, si no, no sirve. Dicen que las palabras transforman, que algo dicho con sentido negativo o positivo, impacta en un oyente o lector. Debe ser cierto. Todo cerebro se alimenta de información, como un estómago. Ahí procesa y desecha. Ahora bien, ¿qué tipo de información debo consumir o qué tipo de información debo permitir que entre en mi cerebro? He ahí el detalle, diría un clásico. ¿Qué estamos dispuestos a consumir? ¿Estamos dispuestos a deglutir, devorar, darle una probadita a cualquier cosa para Romper el silencio?

Romper el silencio, su propuesta es una locura, o su no propuesta, pero igual es una locura lo que vivimos, una locura que no deberíamos estar viviendo. Por lo pronto, no olvido que las maravillas de la vida humana son mayoría, pero que necesitamos activar el interruptor de luz para que nos demos cuenta.

FOTO: Internet.

Especial Elecciones 2018

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 1 de diciembre de 2017 arrancó oficial y formalmente el proceso para las Elecciones 2015 en México, y por supuesto, en Baja California Sur. Con información del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE BCS), en CULCO BCS publicamos este artículo especial que te permitirá tener un panorama general pero práctico de lo que representa en datos y números esta histórica transición política.

Elecciones en BCS

La votación será el domingo 1 de julio de 2018. Se le denomina “elecciones coincidentes” porque se votará por cargos a nivel federal y estatal, organizándose las casillas por parte del INE, y por parte del IEE BCS, apoyo e información. Se va a emitir el sufragio: a nivel federal por Presidente de la República, Diputada/os y Senadora/es; y a nivel estatal por Presidente Municipal (cinco, y a su vez, se elegirán cinco sindicaturas y 48 regidurías), y Diputada/o local (un total de 21 en todo el Estado: 16 de mayoría relativa y cinco de representación proporcional). Prácticamente habrá elección de todos los cargos de elección popular, excepto para Gubernatura, que será en 2021.

Será la primera vez en varios sentidos: en que los sudcalifornianos tendrá en sus manos cinco boletas electorales, es decir, votará más que nunca (de hecho, habrá seis funcionarios de casilla, en vez de cuatro); en que se implementa la redistritación electoral y en que el podría haber reelección; y en la que participan más candidatos independientes. Hay que añadir que se trata de las elecciones más costosas de la historia, con un presupuesto de 24 mil 215 millones de pesos a nivel nacional (39 MDP irían para los partidos), y a nivel local el IEE BCS solicitó 168 MDP (casi 39 MDP irían a los partidos) —ésta última, cantidad que podría variar y que se aprobaría antes de fin de año.

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¿Cuántos somos?

Ese día, medio millón de sudcalifornianos podrían emitir su voto. Hasta el 31 de agosto pasado, el patrón de electores de BCS es de 505, 605 ciudadanos, es decir, personas con 18 años o más que podrían votar, sin embargo, en la lista nominal de BCS que son quienes sí cuentan con credencial para votar vigente son 500,637 sudcalifornianos. De ellos, 256,924 son hombres (51.32%) y 243,713 son mujeres (48.68%), según datos del INE.

En cuanto a los municipios de BCS, la mayor parte (39.76%) está en Los Cabos con 199,074 electores; siguen La Paz con 197,702 (representa el 39.49% de todo el Estado); Comondú con 52,205 (10.43%); Mulegé con 39,897 (7.97%); y Loreto con 11,687 (2.33%). Además hay que sumar 72 sudcalifornianos en el extranjero que podrían votar y representan el 0.014% de la lista nominal de BCS. El 16 de abril de 2018 será la fecha para la impresión de la lista nominal definitiva.

Quien quiera solicitar reposición de su credencial para votar, o su reimpresión, tiene hasta el 28 de febrero del próximo año en el primer caso, y hasta el 21 de junio en el segundo. Aquellos con 18 años cumplidos (incluso, al día de las elecciones) tienen hasta 31 de enero para realizar su trámite.

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¿Cuántos participarán?

El 4 de marzo de 2018 se realizará un sorteo para invitar a los ciudadanos a formar parte de las mesas de casillas, es decir, quienes recibirán a los votantes. El 8 de mayo habrá una segunda insaculación. Se instalarán un total de 965 casillas en BCS, para las que se necesitará 5,790 ciudadanos que participen allí, requiriéndose por primera vez en la historia, de dos secretarios y un escrutador más en cada una (en total, seis en cada casilla). Aún se aplicará el voto tradicional manual, el voto electrónico habrá de implementarse sólo a residentes en el extranjero.

Para preparar a este universo de personas, trabajarán de forma temporal en el INE de BCS 238 capacitadores y 47 supervisores, aproximadamente. Sobre las autoridades electorales que vigilarán el proceso, en días pasados, se tomó protesta a los Consejos Distritales de BCS, tomando protesta como Presidente en el Distrito I (con sede en La Paz): Ángel Báez Balderas; y en el 2 con sede en Los Cabos: Ricardo Méndez Hernández. La Consejera Presidente del INE en BCS es Marina Garmendia Gómez, y del IEE BCS, Rebeca Barrera Amador.

En BCS, los partidos políticos que se disputarán todos los cargos a elección —sin un registro oficial, hasta el momento, de coaliciones—, son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia, Nueva Alianza (PANAL), y Partido Humanista de BCS; partidos sudcalifornianos que también participarán son: el Partido de la Renovación Sudcaliforniana (PRS) y BCS Coherente. Además, podrán participar candidatos independientes. Aunque no puede precisarse todavía, según el IEE BCS, en este Estado se postularán alrededor de 100 ciudadanos a los distintos cargos.

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Buscan reelección

Por reformas que se implementarán ya en las Elecciones 2018, por primera vez, un Presidente Municipal puede reelegirse una vez más y un Diputado o Diputada hasta en tres ocasiones. Varios políticos de BCS ya manifestaron por escrito que quieren buscar la candidatura para reelegirse, lo que a la fecha no significa —necesariamente— que sean postulados por su partido, e incluso, podrían tener por ahora sólo un registro pero más adelante cambiarlo. Por ejemplo: una persona puede registrarse para volver a ser Diputado, pero más tarde se registra finalmente como aspirante a Alcalde. A su vez, la decisión de postulación del partido tendrá que respetar el principio de la paridad de género (50% de las candidaturas deben ser para mujeres y el otro 50% para hombres), que se aplicará por segunda vez en BCS.

La mayoría de los actuales Diputados y Diputadas se registraron para buscar reelegirse: Alfredo Zamora García (del PAN, por el Distrito local II); Marco Antonio Armendáriz Puppo (PAN, Distrito IV); Maritza Muñoz Vargas (PAN, Distrito III); Edson Jonathan Gallo Zavala (PAN, Distrito IX); Sergio Ulises Covarrubias (PAN, Distrito VII); Diana Victoria Von Bosrtel Luna (PAN, Distrito V); Norma Alicia Peña Rodríguez (PAN, Distrito I); Julia Honoria Davis Meza (PAN, Distrito XIII); María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN, Distrito VIII); Eda María Palacio Márquez (PRS, XVI); Joel Vargas Aguiar (PRI, XIV); y Camilo Torres Mejía (PT, de representación proporcional).

De los actuales Presidentes Municipales en BCS, dos se registraron para ser reelectos: Arturo de la Rosa Escalante (PAN, de Los Cabos) y Arely Arce Peralta (PAN, de Loreto); además, también lo buscarán la Síndico y ocho regidores del Ayuntamiento de La Paz; exactamente igual del Ayuntamiento de Los Cabos; y la Síndico del Ayuntamiento de Comondú. Todos del Partido Acción Nacional.

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Los independientes

Si bien, en el anterior sufragio a Gobernador hubo un candidato independiente, en las Elecciones 2018 en Baja California Sur, será la primera vez que haya más candidatos sin filiación a ningún partido político. Hay que precisar que sus nombres aparecerán en la boleta y que el recuadro de “Candidato no registrado” no tiene validez, es sólo para información estadística.

Con fecha de corte al 4 de diciembre, el candidato independiente para Senador por BCS, Lorenzo Ricardo García de León Coria, ha recabado 4,533 firmas de apoyo (de 10 mil requeridos, por lo que su avance es del 45.5%); y Armando Aparicio Gallardo lleva colectadas 3,815 firmas, con un avance del 38%. No hay registro de aspirantes en BCS para Diputada/o federal. A nivel estatal, apenas en días pasados se inscribieron para participar como aspirantes independientes, Víctor Martínez de Escobar a la Alcaldía de La Paz; Adriana López Monje a la Alcaldía de Los Cabos; Juan Carlos Costich Pérez para Diputado por el Distrito XVI; y Francisco Aguirre Riveros como Diputado por el Distrito II.

A nivel nacional, el INE definió que a más tardar el 14 de diciembre próximo para que los partidos políticos presenten las solicitudes para el registro de coalición para Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones federales; y para el registro formal de sus candidatos tendrán será del 11 al 18 de marzo de 2018. Por último, también se precisó que el tope máximo de gastos para estos cargos federales son, en Baja California Sur, para precampaña: de 448,419 pesos y para la campaña electoral: 2 millones 864,222 pesos.

Declaraciones

Sobre el proceso electoral 2017-2018, en entrevistas previas hechas por este medio, citamos dos declaraciones sobre el reto y la complejidad que éste representa. Al preguntarle ¿qué hace falta para que crezca la credibilidad y la participación de la ciudadanía? a Marina Garmendia Gómez, presidente del INE en BCS, dijo “resultados. Las personas asocian la democracia con resultados. En la medida en que los gobiernos y las legisladoras dan resultados hay más confianza y participación (…) Lo más difícil es lograr convocar a un número muy grande de ciudadanos y ciudadanas para que se hagan cargo de la responsabilidad de atender las mesas directivas de casilla. Generalmente en todos los procesos electorales es la parte más complicada”.

Y sobre su percepción general de las Elecciones 2018, Rebeca Barrera Amador, presidente del IEE BCS, dijo “vamos a ser honestos: es un proceso complejo, que tendrá 30 elecciones a nivel nacional, se va a renovar el Poder Legislativo: legisladores federales en la Cámara de Senadores y el Congreso de la Unión; siendo una elección intermedia (en BCS) para Ayuntamientos y diputados locales.  Será un proceso difícil, complejo”.