FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Asuntos Educativos, reactivó después de seis años el Parlamento Infantil Sudcaliforniano, bajo el lema “Formando la Nueva Democracia Sudcaliforniana”, que se desarrollará cada mes de abril.

En rueda de prensa, integrantes de la Comisión de Educación, acompañados por representantes de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Estatal Electoral, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno del Estado, informaron que la convocatoria tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana de la niñez sudcaliforniana, fortaleciendo los valores cívicos y democráticos desde la escuela.

Podrán participar equipos integrados por, al menos, dos alumnas o alumnos de quinto y sexto grado de primaria del ciclo escolar 2025–2026, quienes deberán elaborar un proyecto por escrito sobre alguna problemática de su entorno escolar o comunitario, tomando como base los ejes articuladores de la Nueva Escuela Mexicana. El representante de cada equipo expondrá el proyecto y, de resultar ganador, fungirá como diputada o diputado infantil.

Los temas a desarrollar incluyen justicia, derechos humanos, turismo, salud, educación, medio ambiente, igualdad de género, seguridad pública, ciencia y tecnología, agua, deporte, arte y cultura, así como otros relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, diversidad sexual, inclusión, interculturalidad, culturas indígenas, afrodescendientes y migrantes, familia, emociones, valores, redes sociales y adicciones, entre otros que surjan de la lectura crítica de la realidad.

El proceso contempla dos etapas: la primera, denominada “Etapa interna escolar”, se llevará a cabo del 3 de noviembre de 2025 al 26 de marzo de 2026, periodo durante el cual las instituciones educativas integrarán comités conformados por directivos y docentes, registrarán a los equipos participantes, recibirán los proyectos y organizarán las exposiciones escolares para elegir a sus representantes mediante votación de la comunidad estudiantil.

La segunda, denominada “Etapa externa distrital”, será organizada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) y se desarrollará del 1 al 15 de abril de 2026, con la finalidad de seleccionar a las y los representantes de los distritos locales electorales que integrarán el Parlamento Infantil Sudcaliforniano “Formando la Nueva Democracia Sudcaliforniana”.

El Parlamento estará conformado por 21 diputadas y diputados infantiles, distribuidos conforme a la geografía electoral vigente y al principio de igualdad entre los géneros. De ellos, 16 serán electos por mayoría relativa y 5 por representación proporcional, considerando los mejores segundos lugares de cada municipio. Las y los participantes electos expondrán sus propuestas legislativas durante la Sesión Solemne, que se realizará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 11:00 horas, en la Sala de Sesiones “Gral. José María Morelos y Pavón” del Congreso del Estado.

Cada legislador infantil recibirá un estímulo equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un diploma de reconocimiento y un broche distintivo del Poder Legislativo.

El diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, destacó que esta reactivación, después de seis años, representa un paso importante para fortalecer la formación cívica de las niñas y los niños sudcalifornianos, al brindarles un espacio donde su voz sea escuchada y puedan expresar propuestas que contribuyan al bienestar de sus comunidades.

Las secretarias de la Comisión de Educación, diputadas Lourdes Cornejo Rendón y Guadalupe Saldaña Cisneros, exhortaron a llevar la convocatoria a todos los rincones del estado e invitaron a madres, padres de familia y docentes a involucrarse en este ejercicio democrático.

Los detalles de la convocatoria podrán consultarse en la página oficial del Congreso del Estado de Baja California Sur: www.cbcs.gob.mx

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, inauguró la 20 edición del Congreso Nacional y sexto Congreso Internacional “Horizontes Jurídicos: Transformando el Derecho”, un espacio dedicado a la reflexión, el debate y el aprendizaje para estudiantes de la carrera de Derecho. El evento busca ampliar la visión profesional de las juventudes y fomentar un ejercicio responsable de la disciplina jurídica que fortalezca la convivencia social y el respeto del medio ambiente.

El mandatario estuvo acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Arturo Salgado González, así como por académicos y especialistas nacionales e internacionales que compartirán su experiencia y conocimientos en este encuentro académico.

Durante su intervención, Castro Cosío resaltó la importancia de que la máxima casa de estudios fomente debates críticos y reflexivos. “Celebro que la institución fomente la conversación sobre cómo mejorar como profesionales del Derecho, impulsar el pensamiento crítico y transformar la práctica jurídica de manera ética y responsable”, subrayó.

Por su parte, la representación estudiantil resaltó que cada reflexión y cada debate constituye una semilla de aprendizaje que, si se aprovecha adecuadamente, puede renovar la comprensión de la disciplina jurídica y fomentar su ejercicio con responsabilidad, sensibilidad y compromiso social.

Las actividades del Congreso se desarrollarán en el Teatro de la Ciudad de La Paz durante toda la jornada de este martes 28 de octubre, incluyendo conferencias, talleres y mesas de discusión. Estudiantes de Derecho podrán interactuar con las y los ponentes y enriquecer su formación académica y ética, reforzando su preparación profesional.

FOTOS ILUSTRATIVAS: Internet | Canva.

Colaboración Especial

Por Pablo Chiw

La Paz, Baja California Sur (BCS). Salimos de casa, en la colonia Los Olivos, en La Paz, BCS. Eran las 4 de la tarde y mi hijo de 11 años y yo decidimos caminar tres cuadras hasta la casa de la tía Ana. El calor era infernal y el domingo perezoso; ambos llevábamos short y chanclas. En la bolsa del mandado cargaba una botella de agua mineral de litro y medio.

Dimos vuelta en la M. Diéguez y entonces mi niño exclamó: “¡Mira papá, el perrito!”. Se refería a un pitbull enorme, blanco con café, muy atento. Tan pronto se fijó en nosotros, comenzó a avanzar lateralmente, como hipnotizado. La malla ciclónica que delimitaba la propiedad estaba remendada con pedazos de lámina galvanizada, piedras y hasta ganchos para colgar ropa. El pitbull se dirigió a la base de un pilar; había un hueco enorme que la llanta atravesada no podía cubrir. Allí metió la cabeza y la asomó ya del lado de la calle; le siguió el pecho y, sin ningún esfuerzo, el resto del cuerpo. El animal estaba suelto. Entonces, atacó.

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Su velocidad no era pausada, como la de un perro curioso, sino un relámpago musculoso que corría en dirección nuestra. Me tiró la primera mordida a la altura del cuello. Mi pie izquierdo, protegido tan solo por el caucho de mi chancla «Pie de Gallo», lanzó al perro tan fuerte como le fue posible. En ese momento nos dimos cuenta: mi niño y yo estábamos a punto de ser una más de las 70 mil personas atacadas por perros al año en México.

Todo ocurrió tan rápido que solo guardé imágenes desordenadas de los hechos. Usé la bolsa del mandado como arma y escudo; abaniqué dos o tres veces. El perro era más rápido que el Topo Chico; eventualmente, su hocico atrapó la bolsa. “¡Qué fuerza tiene este animal!”, pensé mientras me tropezaba en mitad de la calle. No caí, pero perdí una chancla y la restante se había volteado; ahora la planta de mi pie ardía sobre el asfalto.

Los gritos de mi criatura activaron el instinto en mí; mi voz se convirtió en un rugido. Su angustia infantil multiplicaba mi adrenalina parental. “¡Tengo que protegerlo, tengo que protegerlo!”. El perro me arrebató la bolsa y quedamos desprotegidos. El tiempo se detuvo y el animal, que había enfocado su ataque en mí, descubrió a mi hijo. “La presa perfecta”, debió de pensar, porque se abalanzó contra él con todas sus fuerzas.

Mi niño estaba aterrado, pero fue inteligente: no corrió, sino que se aferró a mi cinturón por la espalda; me convertí en su escudo de carne. El perro corría hacia mi costado tratando de abrirse paso. Dos veces entró y dos veces lo lancé lejos con mi pie desnudo. El animal regresaba con brutal fortaleza. Mis brazos, extendidos hacia atrás, buscaban resguardar a mi niño, quien imitaba con precisión extraordinaria cada uno de mis movimientos: izquierda, giro, avanza, grita. Fuimos un cardumen, que se desplegaba sincronizadamente en su desesperación por evitar la muerte.

Y apareció el dueño…

Un grito diferente al nuestro se dejó escuchar: era el dueño. Apareció en shorts y sin playera, con una cadena metálica gruesa, como de grúa automotriz. Con ella atrapó al pitbull, con ella se lo llevó lejos, con ella se fue el peligro. Y nos quedamos allí, mi niño y yo, en medio de la calle M. Diéguez a las 4 de la tarde.

Alrededor de nosotros había vecinas. Una de ellas me dijo: “Ese perro ya mordió a mi hijo”. “Ayer mordió a un señor en su bicicleta”. “Ya no se puede jugar en la calle”.

“¿Te mordió, te mordió? ¿Estás bien, estás bien?”. Escuché a una mujer preguntarme; era joven y cargaba a una niña de 2 años. Era la dueña del perro. “¿Dónde te mordió?”. Caí en la cuenta de que no me había revisado. Me miré los pies, los muslos, las manos; revisé a mi hijo y solo la ropa había sido alcanzada por sus colmillos.

Se acercaron ambos y comenzaron a explicarme: “Es que siempre la tenemos amarrada con la cadena, pero hoy dije, ‘pobrecita’, y por eso la dejé suelta un ratito, aprovechando que hoy descansa mi esposo”, decía la muchacha.

“Sí, yo sé que es brava; de hecho, ya ha mordido gente, y yo vi cuando lo mordió a usted, por eso le preguntaba dónde le había mordido, porque sí le tiró la mordida”. “Si quiere, lo llevo ahorita a la farmacia Similar, yo cubro los gastos”, me decía el muchacho.

Era surrealista: tener a los dueños acusando/confesando la agresividad de su propio animal sin caer en la cuenta de la irresponsabilidad que estaban admitiendo. Sinceramente, después del susto me vino la rabia; saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mientras estaba al teléfono, acompañé a mi niño a casa de la tía. Lo dejé en la entrada y me regresé a la esquina de la M. Diéguez. Dicen que entró pálido —de por sí ya es güerito—; la familia se asustó tan pronto como le miró el semblante. Como pudo, explicó que nos había atacado un pitbull; entonces, se dejaron venir los hombres de la casa y mi mujer. “Te falta una chancla”, me dijo mi señora mientras me revisaba el cuerpo. Regresó mi niño, valientemente, cargado con piedras y trozos de concreto; se puso a repartirlos entre los familiares “por si acaso”, pensaría.

Llegó la patrulla y levantaron el reporte. No se llevaron al perro, pero les dejaron a los dueños una advertencia que tuvieron que firmar: “Si el perro ataca de nuevo, entonces sí habrá consecuencias”. Yo, más tranquilo, les dije: “Deben tener más cuidado; esa perra es muy agresiva. Tú tienes una niña chiquita, no la vaya a atacar a ella”. “Sí, sí, ya no la vamos a soltar, disculpe, disculpe”, repetían sin escucharme realmente. Al final, se fue la patrulla y nos fuimos nosotros.

Unos días después, pasé con prisa por la esquina de la M. Diéguez. Había alboroto: gente, autos detenidos; gritos, llantos y el pitbull en medio de la calle. El dueño ahorcaba a la perra con la cadena y su mujer mantenía la cabeza de la perra dentro de una cubeta verde plástica de 20 litros. Más lejos, había alguien manchado con sangre. Pensé en acercarme, pero me dio miedo que se les fuera a soltar el perro y yo andaba en chanclas, además, eran chanclas nuevas. Ese fue el último día que vimos al pitbull.

La Ley Santos

El martes 21 de octubre se presentó la iniciativa “Ley Santos” en La Paz, Baja California Sur. En ella, se propone sancionar a propietarios de mascotas con penas de 4 a 8 años de prisión cuando su mascota cause la muerte de una persona o lesiones. El proyecto de ley se nombra en honor a Santos Medina González, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad quien murió tras un ataque canino en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú. La propuesta la presentó el diputado Erick Iván Agundez Cervantes del Partido Verde Ecologista de México. Lo narrado sucedió hace unos 2 meses, pero el tema sigue puesto sobre la mesa.

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FOTO: Sepada.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), impulsa el Programa Seguro de Vida Pesquero y Acuícola, con el objetivo de brindar apoyo económico a las familias de pescadores y acuicultores de BCS.

Esta iniciativa ofrece una póliza anual de seguro de vida a los beneficiarios inscritos en el padrón estatal que realizan actividades extractivas en los litorales de la región, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, José Alfredo Bermúdez Beltrán.

El programa protege a las familias en caso de fallecimiento o invalidez del trabajador. Los montos de la póliza son de 100 mil pesos por deceso y 50 mil pesos por invalidez. Esta acción refuerza el compromiso de la actual administración con un sector que ha posicionado a Baja California Sur en primer lugar en acuacultura de ostión y en diversas pesquerías.

Desde septiembre de 2024 hasta 2025, se han invertido más de 2 millones de pesos en el pago de pólizas. El padrón estatal de pesca y acuacultura, administrado por la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la Sepada, incluye mil 573 productores, subrayó Bermúdez Beltrán.

El titular de Sepada comentó finalmente que la dependencia estatal recorre constantemente la geografía estatal para escuchar las necesidades de las y los pescadores y, con base en ello, estructurar programas que impulsen la pesca y la acuicultura, fortaleciendo la actividad productiva y la seguridad de las familias de dicho sector.

FOTOS: Canva.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por delitos informáticos entendemos las conductas ilícitas realizadas mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dañando o amenazando la seguridad de sistemas, datos, redes, dispositivos o personas en el entorno digital. Su tipificación varía según la legislación nacional, pero en términos generales, se agrupan en las siguientes categorías:

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1.- Delitos contra la integridad, confidencialidad y/o disponibilidad de datos y sistemas:

• Acceso no autorizado a sistemas informáticos.
• Intercepción ilícita de comunicaciones electrónicas.
• Alteración, destrucción o supresión de datos digitales.
• Ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS).

2.- Delitos informáticos contra las personas:

• Ciberacoso, sextorsión, grooming.
• Difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
• Suplantación de identidad digital.
• Manipulación psicológica mediante algoritmos o bots.

3.- Delitos patrimoniales digitales:

• Fraude electrónico (phishing, pharming, ransomware).
• Clonación de tarjetas y robo de datos bancarios.
• Criptoestafas y manipulación de activos digitales.

4.- Delitos contra la seguridad pública o el orden jurídico:

• Distribución de pornografía infantil en línea.
• Apología del delito o incitación a la violencia mediante redes.
• Ciberterrorismo o sabotaje digital a infraestructuras críticas.

Aunque México ha avanzado en la tipificación de algunos delitos informáticos, aún existen vacíos normativos. El Código Penal Federal contempla ciertos delitos relacionados con sistemas y datos, pero no abarca integralmente fenómenos como el acoso algorítmico, el uso malicioso de inteligencia artificial o la protección de la identidad digital.

La Ley Olimpia, por ejemplo, ha sido un avance importante en la protección contra la violencia digital, pero se requiere una reforma penal más amplia y técnica que incorpore estándares internacionales como los del Convenio de Budapest.

Además, para enfrentar eficazmente los delitos informáticos, México requiere una reforma penal integral, protección efectiva a víctimas digitales, cooperación internacional robusta y fortalecimiento probatorio digital.

Desde la trinchera ciudadana, como sociedad debemos:

• Fomentar la cultura de la ciberseguridad desde la educación básica hasta la profesional, incluyendo campañas públicas sobre prevención de fraudes, sextorsión, phishing y robo de identidad.
• Impulsar reformas legislativas que actualicen el Código Penal Federal y los códigos procesales, incorporando delitos emergentes como manipulación algorítmica, deepfakes, y explotación de datos biométricos.
• Fortalecer capacidades institucionales: fiscalías especializadas, unidades de policía cibernética, y peritos en informática forense deben contar con recursos, formación continua y autonomía técnica.
• Promover la denuncia ciudadana mediante canales accesibles, seguros y confiables, especialmente para víctimas vulnerables como menores y adultos mayores.

México enfrenta actualmente, los siguientes Vacíos legales:

Tipificación insuficiente: El Código Penal aún no contempla con claridad delitos como el doxing, el acoso algorítmico, o la suplantación digital con fines políticos o económicos.

Jurisdicción difusa: Las conductas transnacionales dificultan la persecución penal cuando el servidor, el autor y la víctima están en distintos países.

Protección procesal débil: Las víctimas digitales carecen de medidas cautelares eficaces, como la eliminación inmediata de contenido íntimo o difamatorio.

Derechos vulnerados:

• Derecho a la intimidad, identidad digital, honra y reputación.
• Reparación integral del daño, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
• Derecho a la protección judicial efectiva, que exige fiscalías capacitadas y jueces con formación en tecnología.

México participa actualmente en foros internacionales, como:

• Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, aunque aún no lo ha ratificado formalmente, lo cual limita el acceso a mecanismos de cooperación técnica y jurídica.
• Redes de INTERPOL y OEA, donde se intercambia inteligencia sobre ciberataques, ransomware y redes de explotación infantil.
• Acuerdos bilaterales con países como EE. UU., España y Colombia para compartir evidencia digital, extraditar ciberdelincuentes y capacitar personal.

Sin embargo, se requiere:

• Ratificación urgente del Convenio de Budapest.
• Creación de una Unidad Nacional de Enlace Internacional en delitos informáticos.
• Protocolos homologados para la conservación y transferencia de evidencia digital transfronteriza.
• Protocolo de atención integral a víctimas digitales

Aspectos relevantes de la prueba digital en procesos penales

• Cadena de custodia digital: Debe garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de archivos, metadatos y registros de actividad.
• Admisibilidad probatoria: La jurisprudencia exige que la prueba digital sea obtenida legalmente, sin violar derechos fundamentales como la privacidad o el debido proceso.
• Peritajes especializados: Es indispensable contar con peritos certificados en informática forense, criptografía, análisis de redes y recuperación de datos.
• Conservación de evidencia: Deben aplicarse técnicas como el hash criptográfico, copias espejo y registros de auditoría para evitar alteraciones.
• Valoración judicial: Los jueces deben estar capacitados para interpretar pruebas digitales, ponderar su fiabilidad y resolver conflictos de autenticidad.

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