FOTOS: Internet

Salud Para Todos

Por Josué Estrada Flores

La Paz, Baja California Sur (BCS). En esta ocasión hablaremos de la importancia contar con Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Baja California Sur, que pronto será una realidad para el bien de todos los habitantes de nuestra media península. La relevancia de dicha comisión y sus atribuciones, es asegurar la atención de quienes en un momento dado consideran que no fueron atendidos eficientemente por las instituciones de salud en el Estado.

Haciendo un poco de historia, recordamos que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se instaló por Decreto Presidencial el 3 de junio de 1996, para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud y así mejorar la calidad de los servicios médicos en la República Mexicana. La Comisión de Arbitraje Médico es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, dicha institución tiene por objetivo resolver en forma amigable y de buena fe, los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos;  ya que promueve y propicia la buena relación, el trato digno, los valores y el apego a la lex artis médica, y la ética en la relación médico-paciente.

También te podría interesar: ¿Propósitos de Año Nuevo? Aquí los mejores hábitos alimenticios

Es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de ser servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos; los cuales permiten solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución de los conflictos tales como: orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje.

La Comisión de Arbitraje Médico atiende a nivel nacional un poco más de 17 mil casos por año, y promueve la mejora de la práctica de la medicina a través de recomendaciones y cartas de derechos dirigidas a pacientes, médicos, odontólogos y enfermeras; asimismo, toma acciones de investigación, difusión y vinculación, que retroalimentan los esfuerzos institucionales e individuales, con la misión de otorgar servicios de salud con calidad y respeto.

En nuestro Estado, actualmente no se cuenta con la Comisión de Arbitraje Médico, por lo que los trámites se realizan por medio de la Comisión Nacional (Conamed) y desde luego, esto ocasiona dificultades como las cuestiones de tiempo, los recursos económicos, etcétera. Precisamente allí radica la importancia de que dicha comisión sea instalada en Baja California Sur; la instalación de este consejo se aprobó el 31 de octubre del 2006, sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo su formación y consolidación.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur y otras organizaciones médicas, en coordinación con la Secretaria de Salud de nuestro Estado, llevaron a cabo foros y reuniones para la revisión y análisis de la Ley Estatal de Salud, así como la Ley de Arbitraje Médico, y además se recibieron las recomendaciones de la Conamed para la modificación de la Ley de Salud en el año 2006. La conclusión de dicha reuniones fue que la Ley Estatal de Salud requería coincidir en el marco jurídico y debían reformarse varios artículos de dicho decreto, antes de aprobar y echar a andar la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

En los siguientes años, el Colegio de Médicos Cirujanos sostuvo reuniones de trabajo con las Comisiones de Salud de los congresos siguientes, y  desde luego sin que se lograra la instalación de la Comisión de Arbitraje, por lo que seguimos siendo de los pocos estados que no cuentan con ella. Fue hasta el pasado mes de octubre, que con la entrada del nuevo Congreso del Estado y bajo la coordinación de la Comisión de Salud, se aprobaron los recursos económicos para que este 2019, se instale la tan esperada Comisión de Arbitraje Médico en Baja California Sur.

Esta decisión marca un avance importante para la sociedad en general y desde luego para los colegios de los profesionales de la salud, quienes han hecho público el agradecimiento y la buena disposición de nuestros legisladores para el beneficio en general de todos los ciudadanos. Cabe mencionar que el Colegio de Médicos Cirujanos del estado presentó el 15 de enero del año en curso, la iniciativa de propuesta de modificación, revisión, abrogación de los artículos de la Ley Estatal de Salud, en todo el capítulo que menciona la creación de la Ley de Conciliación y Arbitraje Médico.

El objetivo por el que solicitaron dicha petición, fue porque actualmente existen varias controversias y rezagos, así como una posible politización de un reclamo social, para resolver un acto de posible responsabilidad profesional en el ámbito de la salud. Hasta hoy en día no se han revisado las observaciones que presentó la Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje Médico desde el 2006, además de las observaciones que hiciera también el Colegio de Médicos Cirujanos; por lo cual corresponderá al Congreso del Estado la tarea de revisión, modificación y, en su caso, abrogación de los artículos que se mencionan en los presentado por el Colegio de Médicos, antes de su presentación y aprobación.

Por último, amigos lectores, y con el afán de dar a conocer la información respecto al tema, les comparto lo que hace la Conamed, conforme a las atribuciones que le confiere su decreto de creación:

Brindar orientación y asesoría especializada a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones.

1. Investigar y gestionar de manera inmediata los asuntos relacionados con la posible irregularidad o negativa en la prestación de servicios médicos justificados o urgentes, por parte de las instituciones.

2. Recibir toda la información o pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos y los usuarios, en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir de aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, y  además practicar las diligencias correspondientes.

3. Interviene en la amigable composición para conciliar conflictos por presuntos actos inapropiados u omisiones derivadas de la prestación del servicio y presuntos actos de negligencia con consecuencias sobre la salud del paciente.

4. Funge como árbitro y pronuncia los laudos que corresponda cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje.

5. Emite opiniones sobre las quejas que conoce, e interviene en el oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia.

6. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, colegios, academias, asociaciones o consejos de médicos, así como de los comités de ética u otros similares, sobre la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios, de proporcionar la información que se hubiera solicitado para el análisis de un caso.

7. Informa del incumplimiento de sus resoluciones o de cualquier irregularidad detectada y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito.

8. Elabora los dictámenes o peritajes médicos, que le son solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

9. Establece convenios con instituciones, organismos y reorganizaciones publicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones.

10. Orienta a los usuarios para resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional.

A manera de conclusión, podemos reconocer el esfuerzo hecho por el Congreso del Estado, al aprobar un presupuesto y agendar la aprobación de la Comisión de Arbitraje Médico; así mismo, reconocer la disposición de nuestras  autoridades estatales en facilitar dicho proceso y desde luego, como ciudadanos reconocemos el beneficio  que de dicha comisión dará a los habitantes de este bello estado.

Sin más por el momento, salud para todos.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Noticieros Televisa / Interior: Internet

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Ciudad de México. Entre todas las medidas de la presente administración para transformar al país, la de mayor alcance e impacto en lo económico y lo político para los años venideros es sin duda el combate al robo de combustibles. Ha puesto en la palestra pública el alto grado de corrupción al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), la participación de empresarios gasolineros en la compra y venta del producto robado y el huachicoleo en los ductos, ilícito en el que intervienen grupos criminales que realizan la perforación, la ordeña, el almacenamiento, la redistribución del producto y su venta. Pero además, el combate al huachicol ha evidenciado la participación en actos peligrosos e ilegales de ciudadanos que no necesariamente operan dentro de grupos criminales organizados.

Estos ciudadanos, “huachicoleros de ocasión”, son los que cuando se da una fuga en un ducto, por las razones que sea, acuden para tomar combustible; gente como la que el viernes 18 de enero en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, al saber que el combustible manaba de una perforación del ducto Tuxpan-Tula en el kilómetro 226, decidieron no acatar los llamados que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los mexicanos “a no ensuciarse las manos” en el robo de combustibles, a no involucrase en acciones ilícitas y peligrosas. Algunos de ellos incluso agrandaron la abertura del ducto para que fluyera más producto.

También te podría interesar: Puebla de Los Demonios… Criminales, fraudulentos y desestabilizadores

Las imágenes y vídeos de cientos de personas —se calcula que llegó a haber en el sitio entre 800 y 1000— caminando hacia la fuga de hidrocarburo, cargando bidones y cubetas, nos hablan de una población que no estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado, pues decidieron acudir al lugar por unos cuantos litros de combustible, a pesar de correr un enorme riesgo. La gente reunida en torno a la fuga festejaba que la gasolina brotaba en un chorro que se elevaba por metros para luego inundar la tierra.

Durante la tarde varios individuos embozados se empaparon con la gasolina que salía a gran presión del ducto con tal de llenar un contenedor; otros se humedecieron con la peligrosa brisa, que llegaba más lejos, mientras recogían el líquido del suelo para después arrastrar bidones llenos de combustible hasta sus autos. Algunos más débiles vomitaron y otros cayeron semiconscientes por respirar los gases emanados de la gasolina, mientras elementos de la Policía y del Ejército los conminaban para que evacuaran la zona de riesgo; desgraciadamente las autoridades fueron ignoradas e incluso confrontadas por los pobladores.

Después vino la ignición, la explosión que calcinó a decenas de personas al momento; el feroz incendio que se desató sobre la tierra y alcanzó a los que estaban más alejados. Entre gritos y alaridos de dolor siluetas humanas envueltas en llamas corrieron y se revolcaron en la tierra intentando extinguir sus cuerpos; el fuego cundió por el aire y quemó a personas que en shock y semidesnudas deambularon con pedazos de piel colgando.

Esos “huachicoleros de ocasión” desoyeron los llamados a evacuar el área y como consecuencia de sus descabelladas pero razonadas acciones, muchos de ellos pagaron ya con sus vidas –hasta el jueves 24 de enero se contabilizaron 100 decesos– y dejarán tras su muerte una estela de dolor, agravios y miseria a sus familias. Otros más de los 46 hospitalizados, si sobreviven a las quemaduras, quedarán marcados para siempre.

La tragedia de Tlahuelilpan contradice una de las máximas de AMLO: “el pueblo es bueno y sabio”. ¿Verdad a medias o una mentira que encubre la parte criminal y/o estúpida de muchos ciudadanos? La respuesta a esta pregunta la da cada quien con las acciones que realiza. El proceder de los pobladores de Tlahuelilpan es, por desgracia, una muestra de lo que hacen miles, quizá millones de mexicanos: cometer actos ilícitos y riesgosos. Las turbas de “ladrones de ocasión” de camiones accidentados, de tiendas departamentales y viviendas durante desastres naturales son una constante en el territorio nacional; y en el caso del huachicol representan una conducta social que se repite desde hace décadas en varias partes del país.

La pobreza y la marginación social son en muchas ocasiones factores que impulsan a la gente a cometer actos ilegales, a convertirse durante algún evento inesperado en “ladrones de ocasión”, pero de ninguna manera las carencias económicas justifican las acciones de un turba que se puso en riesgo de muerte, de adultos que hasta el lugar llevaron a niños que sólo reproducen las acciones de sus mayores. Tampoco podemos sobreseer que esos adultos al huachicolear en los ductos reproducen a pequeña escala los atracos que diversas autoridades han cometido desde sus asientos ejecutivos, desde sus puestos en Pemex y desde sus sillas presidenciales.

Las explosiones e incendios en ductos pinchados y en lugares clandestinos de almacenamiento de hidrocarburos no son algo nuevo, y menos en el estado de Hidalgo, pero nunca habían alcanzado las proporciones de la desgracia de Tlahuelilpan; un siniestro en el que se entreveran la corrupción, la ineficacia de las autoridades de todos los niveles y órdenes, el crimen organizado y la insensatez de la gente.

En este trágico suceso es indispensable establecer si la fuga en el ducto fue producto del deterioro de una vieja toma clandestina o de la reparación que realizó Pemex de ésta, o si el ducto fue pinchado para ordeñarlo o como parte de la respuesta criminal contra el combate al robo de combustibles; aunque también se tiene la línea de investigación que apunta a acciones derivadas de la rivalidad entre cárteles de la droga en su división huachicol y bandas huachicoleras locales.

Hay testimonios de sobrevivientes y otros pobladores que mencionan que por las calles de la comunidad “pasaron personas gritando que estaban regalando gasolina”; lo que apunta hacia un posible sabotaje con una maléfica intención de involucrar a la población en un acto de altísimo riesgo, cuyas nefastas consecuencias pondrían en entredicho al gobierno. Así mismo, es de la mayor relevancia analizar las acciones que tomaron las autoridades civiles, policíacas y militares desde que se tuvo conocimiento de la fuga y hasta que se controló el incendio; y en todos los casos deslindar o fincar responsabilidades por actos criminales, de omisión o de impericia.

Mientras tanto México se viste de luto y se divide entre la conmiseración por las víctimas y su criminalización; entre los elogios y las críticas a la estrategia del combate al robo de combustibles; pero sin duda el desastre de Tlahuelilpan pone de manifiesto la podredumbre social en la que estamos inmersos desde hace décadas como consecuencia de la corrupción, el crimen y la desatención social de los mexicanos más desprotegidos; pero sobre todo evidencia que la incompetencia y la estupidez humana a veces no conoce límites, pues todo mundo sabe que la gasolina es altamente inflamable. Del Viernes Rojo de Tlahuelilpan las únicas víctimas inocentes son los infantes.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Internet

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Algunas vez has visto el documental Hasta los dientes? El 19 de marzo del 2010 el Gobierno mexicano presidido por Felipe Calderón, anunció la muerte de dos sicarios armados “hasta los dientes,” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se reveló que en realidad se trataba de dos estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey. Estos jóvenes fueron golpeados, torturados, coersionados y asesinados por militares, uno de los estudiantes era sudcaliforniano.

Puedes imaginar, bajo estas circunstancias, ¿cuántas veces ha pasado la misma historia?, ¿cuántas veces el Ejército actuó contra civiles e intentó ocultar los hechos?, ¿en cuántas ocasiones la justicia mexicana abusó de su autoridad e inculpó a inocentes?, ¿en cuántos casos los militares han hecho uso excesivo de la fuerza, y por cubrir sus huellas, alteran los hechos?,¿cuál es la deuda del Ejército por violar la ley y los derechos civiles? Tlatelolco 1968. Presunto culpable, 2011, Tlataya.

También te podría interesar: ¿Qué pedo con los zapatistas y El Peje? El EZLN en tiempos de cólera

Tan sólo hoy en día, el Ejército debe 1.5 millones de pesos, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo encontrara culpable de desaparecer a tres jóvenes: José Ángel, Nitza Paola —quién padece una discapacidad motriz que le impide caminar— y Rocío —madre de una niña de 11 años. El organismo internacional concluyó que estas tres desapariciones forzadas se dieron en el contexto de la estrategia de “despliegue de efectivos militares para labores policíacas”, emprendida en 2007 por el ex presidente Calderón, y emanada del Partido Acción Nacional (PAN), táctica que ha perdurado hasta la actualidad, sin cambios sustanciales.

Actualmente la situación es abrumadora. Comparto datos de Ricardo Raphael, periodista de El Universal:

1.-  Casi un tercio del territorio nacional sufre la presencia del crimen organizado, porque ya no sólo se trata de “la droga”, hace años que la delincuencia ha evolucionado en negocios billonarios como la tala ilegal, la pesca ilegal —tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México—, el robo de combustible (huachicoleo), el neoextractivismo, entre otros.

2.- Casi todas las policías locales se han manifestado incapaces para enfrentar dicha violencia y vulnerables de ser infiltrados por la misma.

3.- El Gobierno nacional cuenta con un policía por cada 4 mil 800 mexicanos. Lo deseable sería tener un policía por cada mil habitantes.

4.- La mayoría de los gobernadores de los territorios bajo violencia por el crimen organizado se han declarado incompetentes y han exigido al Gobierno Federal que se haga cargo de enfrentar a dichos criminales a través del ejército.

Ante éste panorama desolador, para muchas personas es lógico que el Ejército tome cartas en el asunto “porque son más”, “porque están mejor preparados”, “porque son menos corruptibles”, con respecto a esto último, ¿estamos seguros? No intento generalizar porque —al igual que muchos— conozco amigos cercanos, los cuales tienen padres, tíos o hermanos, que son parte del mando militar; sin embargo, el control disciplinario, la transparencia con la que opera el Ejército y el escrutinio profesional sobre sus elementos está fuera de control. Únicamente entre 2008 y 2011, durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, se presentaron 457 denuncias contra el ejército por violaciones a derechos civiles, la mayoría por allanamiento de morada, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Cada vez que leo las noticias y fallos de jueces contra marinos o militares, no puedo evitar pensar en lo ilógico que sería recrudecer la “guerra contra el narcotráfico“. Algunos casos de este tipo son el de Magdalena Saavedra, quien fue violada en grupo durante 11 horas, por las Fuerzas Armadas; o las 28 mujeres detenidas e inculpadas por delitos que no cometieron y que fueron forzadas a inculparse mediante golpes, tortura y  violaciones. Asimismo, en Coahuila un grupo de 20 soldados violaron y agredieron físicamente a trece mujeres el 11 de julio el 2006; también se conoce el caso de Valentina Rosendo, originaria de la etnia me´phaa, quien a sus 17 años fue abusada sexualmente por dos soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo al sur de Guerrero.

A pesar de toda esta monstruosidad, hace pocos días se aprobó en el Senado una de las más grandes pesadillas para la sociedad civil organizada: La Guardia Nacional. Un zombi, como dice Alfredo Lecona, de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Militarizar la seguridad pública es anticonstitucional; según el Artículo 129 de la Constitución, en tiempos de paz los militares no pueden ejercer más funciones “que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

El Artículo 21 establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública serán de carácter civil […] Hay quienes claman que la policía tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, y el Ejército de combatir enemigos de la nación, es decir, cuando éste está a cargo de la seguridad pública significa que el enemigo son los integrantes de esa nación.

Lo que se pretende con la Guardia Nacional es lo siguiente: el Jefe de Estado puede ordenar directamente la intervención de la Marina y el Ejército, y tiene control expedito sobre el despliegue de fuerzas armadas bajo términos ambiguos; las Fuerzas Armadas en ese sentido podrán “levantar” personas sin criterios específicos —como las “acciones preventivas”—, por lo que el Ejército y la Marina tendrán en las calles una mala regulación del uso de la fuerza, con protocolos deficientes y sin supervisión.

Desde el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reporta ni un sólo registro de muertos, heridos o detenidos a partir de sus enfrentamientos, ni los datos de homicidios publicados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), tampoco se puede acceder a los datos o información que permita evaluar con detalle la forma de trabajo en materia de seguridad pública tanto del Ejército como la Marina.

Entonces, ¿por qué consideramos que no funcionará la Guardia Nacional? Porque esto tiene 12 años haciéndose igual:

1.- El número de homicidios a nivel municipal no se redujo, sino que incrementó, especialmente si estaban involucrados elementos de la Sedena.

2.- El número de civiles heridos y muertos durante enfrentamientos, en el periodo de 2008 a 2014, fue en aumento.

3.-  De 2006 a 2011, sólo el 1.9% de los enfrentamientos tuvieron una orden judicial; tanto la Marina como el Ejército operaron sin planes de inteligencia o investigación durante esos años. O sea, estos grupos operan en base a ocurrencias que surgen durante patrullajes.

4.- En el 70% de las detenciones durante el sexenio de Calderón hubo tortura como búsqueda de una confesión, muchos de esos casos terminaron en confesiones falsas debido a la violencia ejercida contra los detenidos.

5.- Cuando el Ejército toma a su cargo la seguridad pública en un municipio, esto incrementa la violencia en un 8% y aumentan los homicidios a nivel municipal un 9% , no necesariamente como consecuencia de enfrentamientos entre militares y criminales, como se ha mencionado anteriormente en ésta columna.

Lo que más me indigna de toda está situación, es el giro que dio el discurso de Andrés Manuel López Obrador; como candidato afirmó “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, no están preparados para esta función”. No obstante, hace apenas unos días otorgó a los militares atribuciones más grandes de las que ya tenían en materia de seguridad pública, recordemos que esa no es su función. Lo errático es que su postura fue respaldada por funcionarios que hace un año estaban contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y ahora junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvieron mayoría en el Senado para aprobarla.

¿Qué advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Guardia Nacional:

1.- Se abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares. Ya sabemos que pasa cuando te levanta el Ejército: no reporta levantamientos, hay privación de la libertad injustificada, torturas y asesinatos extrajudiciales.

2.- Hay una indebida regulación de los alcances del fuero militar, es decir, mayor impunidad para los casos de violación de derechos civiles como la tortura, el abuso sexual y la privación de la libertad de inocentes.

3.- No cumple con los estándares internacionales que se comparten en la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), como es establecer que las tareas de seguridad pública correspondan a fuerzas civiles —es decir, a la Policía—y que ésta se encuentre bajo mecanismos de control civil y que las Fuerzas Armadas le correspondan la seguridad en las fronteras y eventuales situaciones de conflicto armado. La iniciativa actual no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, peso sí altas probabilidades de que la situación empeore.

Cabe mencionar que sorprende las respuestas en redes sociales. A quienes de forma directa o indirectamente hemos colaborado en la iniciativa de ‘Seguridad Sin Guerra‘, se nos ha tildado desde panistas, priístas, fresas o “fifís”; han surgido descalificaciones sin argumentos como el reclamo de “¿por qué estuvieron callados los otros sexenios?”. Como señaló Citlali Nepomuceno, el debate sólo se centra en descalificar a quienes no piensan como el Presidente, una narrativa sin conciencia sobre las luchas recientes; ya no importan los argumentos, el análisis o el debate de ideas, sino la repetición de un discurso disciplinado, justo como la partidocracia del PRI y del PAN llevaba haciéndolo por décadas.

Dirán en medios, en declaraciones y en las redes, que se incluyó a la sociedad civil organizada, a expertos opositores, sin embargo, no es nada más que otra simulación equiparada a los foros de movilidad que realizó el mismo gobierno de Carlos Mendoza Davis. Ahora veamos esto desde otra perspectiva:

Si fuera el PRI, ¿qué sentirías? Si fuera el PAN quien estuviera promulgando ésta iniciativa, ¿qué dirías? En cualquier momento Morena dejará de ser ubicua y omnipresente; cuando eso suceda, el poder militar pasará a otras manos, ¿y si esas manos fuera la de un gobierno opaco, conservador, racista, aporofóbico, con aversión hacia la diversidad sexual, cultural, de pensamiento, o a la diversidad teórica y filosófica, como en Brasil? En lo personal considero esta situación como peligrosa y alarmante, más allá de lo que algunos piensen sobre la estrategia contra el huachicoleo o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la Guardia Nacional es la más grande pifia de éste sexenio y difícilmente será superada. Espero equivocarme, sin esperanzas.

Es hora de voltear a ver los procesos de justicia restaurativa en los barrios afroamericanos de Estados Unidos; los centros de readaptación social en Islandia o Finlandia; discutir sobre otro modelo económico que no se sostenga sobre la pobreza y explotación de la mayoría; analizar la política de seguridad municipal de la alcaldía de Morelia o los procesos de paz en Colombia; así como la regulación sanitaria de adicciones en Portugal y Noruega. Seguridad sí, sin guerra.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Modesto Peralta Delgado / Interior: Internet

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Muchas veces, a lo largo de nuestra educación, hemos escuchado acerca del proceso por el cual el ser humano se convirtió de nómada a sedentario, dando origen a los primeros núcleos de población, donde todas personas convivían aglutinadas, compartían y establecían reglas —aunque no escritas—, pero que tenían la obligación de seguir. Con el paso del tiempo, estos núcleos de población fueron el centro de atención de muchas personas que vivían en zonas dispersas, o simplemente se empezaron a desarrollar centros culturales, donde los propios habitantes podían estudiar o ejercer algún “puesto público” en los inicios de lo que ya se llamarían formas de gobierno.

Un ejemplo de las primeras ciudades —que hasta cierto punto fueron asentamientos planeados para ese fin, y los cuales contaban con múltiples edificios públicos y de esparcimiento—, se da en la Antigua Grecia, donde se les nombró polis, como es el caso de las ciudades-Estado de Atenas y Esparta. Desde entonces, y pasando por las distintas etapas de la civilización, las ciudades se adecuaron al periodo en el que vivieron, por ejemplo, las ciudades feudales generalmente estaban conformadas por un castillo, a veces amurallado, y a su alrededor vivían los súbditos del reino, o en el caso de la América prehispánica, donde las ciudades se construían alrededor del templo ceremonial, que era su centro de unión.

También te podría interesar: ¿Por qué son necesarias las licencias de construcción?

Llegando al siglo XX, donde ya entran en acción los vehículos automotores, encontramos que las ciudades siguen un ritmo de crecimiento a muy acelerado, y muchas veces desordenado, donde el “exceso de pobladores” empieza a crear problemas de atención y de suministro de servicios básicos, así como de vialidades; según estudios, en la década de 1950 la población urbana mundial era del 20%, mientras que en la década del 2000 la población urbana llego al 50%, con la tendencia a seguir creciendo.

En México,el crecimiento de la población urbana tuvo un incremento extraordinario en la década de los 50’s y 60’s, este crecimiento desmedido de las ciudades del país se debe principalmente al enorme desarrollo industrial en los últimos años. Actualmente, la población que vive en ciudades es del 78%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Hasta ahora, observamos que el incremento de las zonas urbanas en México y en el mundo es irreversible, pero ¿qué ventajas o desventajas tienen las zonas urbanas que la zona rural? Las ventajas se centran básicamente en los beneficios que trae a los individuos a raíz de tener mejor calidad de vida, pues a los gobiernos no les resulta caro aplicar eficientemente los recursos a una población que se halle junta, como las escuelas, centros de cultura, áreas de esparcimiento, entre otros ejemplo, y también por ser polo de atracción para los negocios y empleos.

Pero las desventajas también son múltiples y se resumen en la gran contaminación que existe, la congestión vehicular, los excesos de desechos que afectan la salud y también los problemas más comunes como la demanda de superficies, agua y servicios públicos. Aunque el problema se agudiza más en los países en desarrollo, es posible controlar y ordenar el crecimiento urbano, y no tener que arrastrar con situaciones graves como es el caso de las favelas de Brasil.

Los Planes de Desarrollo Urbano, conocidos como “PDU”,  son los mecanismos adecuados —esto para tener una idea clara— que marcan hacia dónde debe crecer y desarrollarse la ciudad, y sobre todo, para definir por áreas qué uso del suelo se les debe otorgar a las distintas zonas de la ciudad; no podría ser posible, que en medio de una zona residencial halla un taller mecánico, o que en zona de playa exista una planta empacadora de atún.

El PDU, se trabaja con profesionales del área, como arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros municipales, urbanistas o afines, quienes en conjunto con la Dirección de Obra Públicas de cada ayuntamiento crean el PDU acorde con el crecimiento de la zona urbana; asimismo, se debe diseñar un documento técnico donde se expongan el ordenamiento territorial, y se prevenga mediante una organización el desarrollo futuro de la ciudad. El PDU nos permite también ordenar el uso de suelo de las distintas zonas y evitar los problemas ya mencionados.

En lo referente a la ciudad de La Paz, el pasado 18 de julio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur el nuevo PDU; a partir de dicha publicación se presentaron protestas por parte de distintas asociaciones que participan en la defensa del agua, esto por una posible entrada de la megaminería a tierras sudcalifornianas, ya que con dicho documento se avalaría legalmente su apertura. Mientras se vuelve a analizar el documento, es importante que el PDU sea público y se construya con base en foros que cuenten con la participación de todos los personajes que deben de estar involucrados en el tema, pero que tampoco es viable que entre en un plano político, porque si no, estos intereses pueden echarlo a perder.

Escríbeme a noeperalta1972@gmail.com

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Internet

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La función pública en los regímenes democráticos, se rige por principios de honestidad, transparencia, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, bajo esquemas normativos que buscan alcanzar la máxima eficiencia con el menor costo posible. Desafortunadamente, en muchos casos, ese objetivo resulta malogrado —principalmente— por la corrupción.

El eje rector de la propuesta de la actual administración pública de los tres niveles, es el combate a la corrupción, y si bien no existe en el texto constitucional un concepto jurídico que la defina, fundamentalmente por tratarse de un concepto sociológico, en el discurso político y en la propuesta que genera la normatividad que rige la vida del Estado, se ha ubicado la interpretación y el combate a la corrupción, en el campo de la aplicación del Derecho Penal, a través de diversas figuras delictivas, cuyo común denominador es la protección del erario y del buen funcionamiento del servicio público; es así como surgen los diversos tipos penales que sancionan con cárcel y multas las conductas que a criterio del legislador, transgreden el servicio público y lesionan o ponen en peligro el erario.

También te podría interesar: Reconocen paternidad de pareja gay. Las resoluciones relevantes de SCJN en 2018

Entre esas figuras delictivas, destaca el peculado, que en términos generales, se concreta cuando un servidor público desvía o distrae de su destino, dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, organismos descentralizados, municipios o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración o en depósito.

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, vinculado a proceso por peculado.

Si bien en sus orígenes únicamente se consideraba a los servidores públicos como probables perpetradores de este delito, actualmente las legislaciones modernas previenen un supuesto en el cual, el peculado puede ser cometido por particulares, ya sea por personas físicas (individuos) o jurídicas (sociedades, empresas, asociaciones) bajo la figura denominada peculado impropio.

Ésta es probablemente la figura delictiva más antigua, entre las destinadas a sancionar el desvío de recursos públicos; los romanos entendían la importancia de sancionar los actos de corrupción, para mantener sanas las finanzas públicas y su administración, y sancionaban severamente el peculado.  El peculatus, era una forma agravada del hurto de dinero público, o disposición indebida de un botín de guerra obtenido por las tropas romanas.

En BCS, intocables

Hoy en día, hablando específicamente de Baja California Sur, ha sido un reproche social reiterado, el dispendio, derroche y desvío de recursos públicos, que queda al descubierto en cada cambio de administración, y siendo tan importante combatir el peculado, por ser el referente de corrupción por excelencia, en la práctica encontramos que no se sanciona.

De hecho, a la fecha, no existe registro histórico de algún servidor público que haya sido penalmente sancionado por la comisión del delito de peculado en este Estado; probablemente, el caso más cercano a ello, fue el del ex Alcalde de Loreto, de apellido oriental, que si bien fue condenado en primera y segunda instancia, un amparo lo exoneró, porque el Ministerio Público no supo integrar adecuadamente el expediente de averiguación previa con el que fincó su acusación.

Cuatro son, a grandes rasgos,  los factores que históricamente han cobijado con franca impunidad a los servidores públicos que han saqueado las arcas estatales y municipales:

Complicidades

La complicidad o componenda entre quién delinque y quién tiene a su cargo la integración del expediente de investigación y acusación, es de los factores que más influye para que la corrupción permanezca en el sistema. El hecho de que el Ministerio Público dependa del Procurador de justicia, y éste del Gobernador en turno, somete el ejercicio de la persecución delictiva, a las directrices y vertientes que marque el Gobernador, al grado de que la facultad persecutora —en muchos casos— se utiliza más como herramienta de control político y venganza, que como un verdadero ejercicio de representación social.

Incapacidad técnica

Otro de los factores más sobresalientes es la incapacidad técnica del personal a cuyo cargo se encuentra la integración de la carpeta de investigación del hecho delictivo. A la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cuenta con protocolos de actuación que sean específicos para delitos cometidos por servidores públicos, y su dirección de servicios periciales no cuenta con un cuerpo pericial en materia de auditoría administrativa y contable, que le permita afrontar con eficacia, el reto de dictaminar en la mayoría de los casos en los que las finanzas públicas se ven lesionadas.

Ausencia de controles

Invariablemente el encargo de contralor municipal o estatal, recae en una persona allegada al respectivo titular del ejecutivo, lo que propicia corruptelas y omisiones en el desempeño del encargo.

Complacencia ciudadana

La corrupción encuentra tan arraigada en nuestro servicio público, que para la mayoría de los ciudadanos, es “normal”, que los servidores públicos lucren ilícitamente en el ejercicio de su encargo. “Robé poquito”, fue un exitoso eslogan de campaña de un político nacional. “Robó pero hizo obra pública”, dicen refiriéndose a cierto ex gobernador. En la percepción colectiva, la corrupción no es mala, si se hace “con moderación”.

Hilario Ramírez “Layín”, ex alcalde de San Blas, Nayarit, famoso por haber confesado que “robo poquito” durante su administración.

¿Qué necesitamos para castigar, inhibir, prevenir y finalmente erradicar el peculado?Debemos revertir completamente la visión complaciente y tolerante que se tiene de la coexistencia de la corrupción y el ejercicio público; la percepción y postura ciudadana, debe ser radical e inflexible. Cero tolerancia. Ni partícipe ni pasivo espectador de actos de corrupción.

Si queremos acabar con la impunidad en el Estado, podemos empezar por dotar al Procurador de Justicia, y a los contralores, de plena autonomía orgánica y presupuestal; asimismo, crear un instituto autónomo que brinde a los servicios periciales, la capacitación técnica y soporte logístico necesarios para que ejerzan su labor con honradez y eficacia.

Cualquier proyecto de combate a la corrupción que no dote de autonomía administrativa, presupuestal y soporte técnico a las instituciones encargadas de supervisar el ejercicio público, investigar y perseguir los delitos, y dictaminar al respecto, será mera simulación y empeño estéril.

—

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.