Supresión del Programa de Estancias Infantiles. Causas y consecuencias

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A dos meses de iniciada la nueva Administración Federal, nos hemos encontrado con decisiones polémicas dictadas por el Ejecutivo, en su mayoría relacionadas con el manejo de recursos públicos. Medidas drásticas, algunas con la apariencia de haber sido decididas de forma apresurada, que responden más a un capricho que a una debida planeación. La más reciente de estas medidas ha sido la cancelación de los apoyos para guarderías y estancias infantiles que prestan servicios a madres y padres trabajadores. Con la intención abordar mejor el tema deberemos precisar dos aspectos.

El primero: el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tenía como objetivo garantizar, por medio de una aportación económica, el acceso al servicio de cuidado y atención infantil a aquellos padres, madres o tutores cuyos ingresos no rebasaran la llamada Línea de bienestar mínimo, y no contaran con el servicio por medio de instituciones públicas o de seguridad social.

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Para cumplir con dicho objeto, el programa se desarrollaba en convenio con estancias infantiles particulares y afiliadas, las cuales debían cumplir con una serie de requisitos por parte de la persona encargada, su personal y el inmueble, convirtiéndose en un establecimiento formal con obligaciones patronales, fiscales y prediales. La estancia infantil era entonces una pequeña empresa beneficiaria directa del subsidio que se le brindaba en forma de un apoyo único para la adecuación del inmueble, mobiliario, póliza de seguro y programa interno de Protección Civil, dejando muy en claro que el resto de los gastos administrativos —entiéndase trámites municipales, estatales y hacendarios— no podían considerarse dentro del apoyo.

Las personas que aplicaban podían escoger una estancia afiliada al programa, y así, el monto de apoyo se entregaba mensualmente a la persona responsable de la guardería, ya fuera mediante depósito o transferencia bancaria para completar de esa forma las cuotas por el servicio que los usuarios pagaban.

Segundo: el desaseado manejo de los recursos públicos caracterizó a la pasada Administración Federal, específicamente en este tema: sobrecupo para inflar números; corruptelas en la repartición de los espacios; o simplemente obviar requisitos tanto de estancias infantiles como de los responsables de éstas y de usuarios finales de los apoyos, entre otros. Males notorios que una correcta indagatoria permitiría identificar a los culpables y proceder contra ellos con todo el peso de la ley, garantizando la permanencia del apoyo y beneficios para los afiliados que cumplieron cabalmente con la normatividad aplicable.

Lo correcto entonces no es suspender el programa, sino perseguir y sancionar penalmente a quienes lucraron con ello de una manera indebida; así como llevar a cabo una reestructuración del mismo, acompañada de una adecuada fiscalización y verificación del manejo transparente del recurso. El suspender el programa de golpe, provocará una cadena de afectación mayúscula a los beneficiarios, tanto directos como indirectos, cumplidos e incumplidos; comenzando con el usuario, la madre soltera incapaz de pagar por el servicio, se ve orillada a prescindir del mismo.

La falta de este ingreso repercute de forma inmediata al presupuesto de la estancia, y se traduce en la necesidad de recortes de insumos y sobre todo, de recursos humanos; ello ocasiona que miles de madres y padres trabajadores se queden sin lugar para el cuidado de sus hijos y otras decenas de miles de desempleados. Reducir los apoyos a la mitad y otorgarlos directamente a los usuarios finales, porque “supuestamente” garantiza un mejor control del recurso, no resuelve el problema que la misma Administración Federal ha creado, sólo complica más los procedimientos y pone en riesgo el bienestar de los menores, quienes son los beneficiaros directos del programa.

Atendiendo los derechos humanos de los infantes, previstos en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a la infancia y al interés superior del menor, corresponde al Estado Mexicano brindar asistencia social, desarrollo y educación integral para los infantes por lo que es irresponsable que el gobierno federal pretenda remitir esa responsabilidad a los familiares de los menores.

El interés superior del menor forma parte de las políticas públicas y tiene el carácter de obligatorio sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo infantil, pues las guarderías cubren una importante labor educativa en la edad preescolar de los infantes; sobretodo, es una exigencia reglamentaria que el personal que atienda las capturas de tiempo completo sea profesional, regular y esté frecuentemente capacitado y actualizado.

Si el Estado descuida su obligación en este campo, se generan esquemas sociopolíticos y culturales donde se estigmatiza la figura femenina, al imponer la carga a las abuelas, para la cual no están ni obligadas ni preparadas; se limita la libre evolución de su personalidad, se sobrecarga de trabajo a personas que no necesariamente tienen la vocación, la capacidad y la disposición para hacerlo, y se frena el desarrollo integral de los niños a su cuidado.

Transferir el dinero directamente a las familias, deja en manos de los padres la decisión de enviar o no a los menores a una guardería o estancia infantil. Es muy probable que los padres en muchos casos elijan atender otras prioridades y por lo tanto, las criaturas permanezcan en el abandono respecto a esta etapa temprana de su crecimiento, la cual requiere que el Estado les brinde a los menores un espacio seguro, armónico, de cuidado y desarrollo personal.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Venezuela: ¿De qué lado estar?

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empezaré por el final, y estoy seguro que esto se leerá como un cliché, sin embargo, pienso ampliarlo a profundidad en los párrafos siguientes. Debemos estar del lado de la democracia, la transparencia, la libertad y los derechos humanos; ni apoyar al gobierno de Guaidó, ni apoyar al gobierno de Maduro, incluye lo mencionado anteriormente.

Para poder entender cómo se llegó a esta situación en Venezuela, es muy importante reflexionar lo que sucede en dicho país en términos históricos, geográficos, económicos y políticos. Venezuela está localizada en un punto económicamente estratégico que genera intereses empresariales, los cuales rebasan la política internacional. Es imposible pensar en Venezuela y no incluir la palabra “petróleo” en todo esto.

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Petróleo, petróleo y… ¡Más petróleo!

Estados Unidos tiene la tasa más alta de carros por habitante en el planeta, para poder sostener esta sociedad dependiente del petróleo y sus derivados —como el plástico, ropa, cosméticos, etcétera— habría que preguntarse, ¿de dónde viene el petróleo que consume el país norteamericano? Una parte importante viene del Medio Oriente: Arabia Saudita, Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos, países con una centena de denuncias anuales de violaciones a los derechos humanos; con ellos, Estados Unidos se ha aliado para obtener hidrocarburos en grandes cantidades.

Cerca de estos países se encuentran aledaños: Irak, recordemos la invasión en 2003 y las posteriores acciones militares para lograr el control de recursos petroleros de dicha nación árabe, y así expandir su posición geoestratégica en Medio Oriente; Siria, tampoco olvidemos que en el 2013, con el desarrollo de nuevos yacimientos petroleros y gasoductos sin la participación de compañías estadounidenses ni europeas, provocó que EUA apoyara a los grupos rebeldes e ingresara sin autorización al territorio Sirio; y Palestina, en su caso hay que señalar que Israel —país que tiene un conflicto histórico-bélico con Palestina y Libia— es el mayor aliado de Estados Unidos en sus decisiones más erráticas.

Después de esta insultante síntesis sobre Estados Unidos, su necesidad de petróleo y los lugares de donde se abastece, ahora pasemos a la temporalidad con lo que se surte de hidrocarburos. El petróleo que viene del Medio Oriente toma 45 días hasta Texas, pero el que viene de la nación americana sólo toma cinco días en llegar —sí, un buen tiempo Estados Unidos compró petróleo a Venezuela. Es muy importante considerar la reducción de costos que representaba traer petróleo de Venezuela y no de Medio Oriente. Con los datos antes compartidos, es impensable no considerar que el gobierno de Donald Trump tiene intereses económicos alejados del fortalecimiento democrático que jura “instaurar”. Hasta aquí en el plano económico e internacional, pasemos a la historia.

De lo sublime a lo ridículo

Desde 1958 y durante 40 años, en Venezuela existió “El Pacto de Puntofijo”,un acuerdo entre dos partidos políticos de derecha que se alternaron el poder entre uno y otro cada elección. Lo que se garantizó durante esos años y a costa de la democracia venezolana, fue proteger el dinero, la estabilidad y la administración del poder en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. No es impensable imaginar la enorme cantidad de protestas que esta situación generó, y por ello no puede se puede olvidar “El Caracazo”, la orden del gobierno para disparar a manifestantes, donde murieron más de 3 mil personas; entre los militares que se negaron a disparar se encontraba el comandante Hugo Chávez Frías, quién en 1998 fue electo presidente de la República de Venezuela.

Con Hugo Chávez como presidente, la democracia en Venezuela fue de lo sublime a lo ridículo; los avances y logros van desde la reducción de la pobreza del 54% al 23% en el 2012, la disminución de la mortalidad infantil en un 50%, las matrículas universitarias pasaron de 800,000 a 2,600,000 bolívares, lo que se tradujo en 75 universidades públicas y la erradicación del analfabetismo en todo el país. En 2002 hubo un intento de golpe de Estado fallido fomentado por el gobierno norteamericano de aquella época, y un posterior sabotaje económico a través de las industrias petroleras, lo cual orilló a Venezuela a una transición en su administración micro y macroeconómica hacia una administración de Estado.

Por estas razones, Venezuela cerró su política económica exterior y redujo cada vez más la construcción de un desarrollo social. Debido al boicot industrial de algunas empresas que al reducir los productos de necesidades básicas para el país, generaron un descontento masivo al que el gobierno de Nicolás Maduro sólo ha sabido responder con represión en vez de hacerlo con procesos de democracia participativa; a esto hay que sumar la infinidad de denuncias por actividades, procesos y numeralia fraudulenta durante sus elecciones más recientes.

Guaidó y sus aliados

Pasemos a Juan Guaidó, pues es importante no perder de vista a la oposición Venezolana y quienes la respaldan. Guaidó, en las recientes semanas se fue a una plaza, convocó a miles de personas y ahí se autoproclamó “Presidente encargado”. ¿Les recuerda a alguien? No hace muchos años Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo mismo en el Zócalo de la capital de México, posterior al fraude electoral de Felipe Calderón. Creo, por congruencia, queridos Lectores, quienes con mofa y razón criticaron esta acción del actual Presidente, no pueden ahora respaldar la anticonstitucional “presidencia” de Guaidó en Venezuela.

Guaidó, un ingeniero con posgrado en Administración Pública, y con un reconocimiento social por su activismo en la defensa del voto y la construcción de democracia participativa vecinal, viene de un partido llamado Voluntad Popular, de donde han emanado opositores de renombre, pero también es un espacio de representación plagado de irregularidades y problemas judiciales, así como de presos políticos a los cuales el gobierno de Maduro nunca ha podido aportar las pruebas por las que se les condena.

Los primeros respaldos a Guaidó han llegado de quienes se caracterizan por ser gobiernos abiertamente racistas, sexistas, clasistas, homofóbicos, como el de Donald Trump o Jair Bolsonaro. Si consideras que coincides con ellos, es de suma importancia preguntarte, estimado Lector o Lectora, ¿cuál es tu nivel de empatía y solidaridad con quienes sufren la represión y la violencia de gobiernos de este tipo? Sí, es verdad, hay una enorme frustración porque se cree que no apoyar el golpe de Estado en Venezuela es respaldar el gobierno de Nicolás Maduro, y tal cosa dista de toda verdad y realidad.

Pareciera que existen dos polos, por un lado el de los países que buscan a toda costa tumbar a Maduro e imponer a Guaidó, y por el otro el de quienes buscan que la situación precaria, opaca y represiva de Venezuela continúe como está, pero justo en medio hay una enorme postura cargada de memoria histórica, que penosamente tendré que sintetizar.

¿Hay una tercera opción?

La organización colectiva e influencia política de la oligarquía —sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada— en América Latina, se ha caracterizado por diversos tipos de “acción política empresarial”; las primeras tres de las siguientes prácticas han sido más comunes en el pasado y en los períodos de crisis:

1) Protestas y revueltas.

2) Golpes de Estado.

3) Invasiones militares.

4) Elecciones con acomodos empresariales a partidos o candidaturas populistas.

5) Candidaturas y gobiernos conservadores.

No podemos olvidar a los estudiantes, artistas, curas y disidentes durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y como estos sucumbieron siendo secuestrados, torturados, fusilados y desaparecidos por los militares chilenos, como el caso de Víctor Jara y cientos de miles de más personas. Tampoco puede pasar desapercibido el golpe de Estado que sucedió en la década de los 60’s con Rafael Videla en Argentina, durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, se aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política.

Hay que recordar que en Argentina, posterior al golpe de Estado, a la Junta Militar le era pertinente eliminar a todos aquellos individuos que fueran “traidores” al régimen, no necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas: cualquiera con un pensamiento político era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o de derecha, tan sólo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Una de las formas de acabar con la oposición consistía en drogar y llevarse en avionetas a los “inculpados”, para después arrojarlos desde grandes alturas, con la intención de que murieran por el impacto en la caída contra el mar o ahogados por el influjo de las drogas a las que habían sido sometidos. Se estima alrededor de 30, 000 desapariciones durante dicho periodo.

Comparto estos datos históricos porque es humanamente imposible apoyar un golpe de Estado en Venezuela aunque el respaldo venga de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y España, mucho menos conociendo las antecedentes de éstos. Además que no sólo es inconstitucional, si no ilegal bajo la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, tampoco es atinado continuar las cosas bajo las condiciones en las que el gobierno de Maduro se victimiza, inclusive con el respaldo de Italia, Rusia, Bolivia, Grecia, Austria, Nicaragua y China.

En las cuartillas anteriores he compartido el contexto de ambos polos sobre este tema, y cómo sus antecedentes nos acercan a un punto central, en el que coincido con lo que mencionan varios intelectuales, entre ellos Chomsky y Zayas: la solución es una negociación como en tiempos pasados, cuando países latinoamericanos con sociedades polarizadas políticamente no podían resolver sus diferencias. Pepe Mujica afirma que a “Estados Unidos le importa un carajo la democracia […] y a Maduro tampoco“, y coincido.

Debe realizarse un llamado a elecciones totales, supervisadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con intermediarios de alta credibilidad internacional para el diálogo, como pueden ser el mismo Pepe Mújica, Antanas Mockus o Bernie Sanders, y una lista interminable de figuras con experiencia en mediación y procesos de paz, ya que el diálogo y las negociaciones transparentes son lo que nos acerca a la democracia, a la libertad y la satisfacción de los derechos humanos. ¿De qué lado estar ante la crisis de Venezuela? Del lado de la humanidad.

La minería y el uso de suelo. Conflictos y complicaciones

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las primeras minas en la historia de la civilización humana, fueron hechas principalmente para extraer los metales que los antiguos pobladores usaban con el propósito de fabricar herramientas diversas. Como parte fundamental en la historia mundial, la minería ha estado muy ligada al desarrollo económico del planeta, tanto así que no existiría la revolución industrial sin la existencia de este ramo.

Sin embargo, resulta en una situación paradójica, ya que la minería es uno de los sustentos principales en el ámbito industrial y es al mismo tiempo, una actividad primaria muy cuestionada. Como definición breve y completa, tenemos que la minería es “una actividad económica del sector primario que permite la extracción y explotación de los minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo”. Pero, ¿por qué es tan satanizada en tiempos recientes?

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Seríamos muy ingratos al no reconocer la aportación de la minería en los avances de la civilización humana, tanto así que en plenas Guerras Mundiales, los alemanes y los franceses se disputaron la región del Ruhr —área cercana a estas dos naciones—, porque el ser propietario implicaba tener acceso al carbón, el cual es necesario para la producción de acero, y por consecuencia, del poderío mundial.

Otro ejemplo más reciente es el caso de Mauritania, país africano que posee uno de los yacimientos de hierro más grande del mundo, ubicado en medio del desierto del Sahara, en la región de Zuérate, donde hasta hace poco no había ni vestigio de vida. Dicho sitio, aparte de poblar un área muy inaccesible, representa uno de los más altos ingreso para esa nación, que por cierto presume también de tener el tren más largo del mundo, por donde se mueven toneladas de hierro hasta el puerto de Nuadibú. Partiendo de los ejemplos anteriores, aún nos seguimos preguntando, ¿qué mal ha causado la minería para que en muchos países le nieguen el uso de suelo?

Con el objetivo de hacer una comparación y entrar en detalle, vamos a ejemplificar con el caso de una empresa que produce refresco de cola, y la cual hace campañas y más campañas para que la gente consuma sus productos, a sabiendas que no traen ningún beneficio para la salud. Lo mismo pasa a las empresas mineras; no se puede crear una mina en cualquier parte del mundo sin que vaya afectar la estructura, el suelo y el hábitat ecológico, ya que una mina altera la superficie terrestre para buscar su objetivo, y muchas veces, a expensas de utilizar grandes cantidades de agua, del entorno para sus procedimientos químicos, y resultando en una grave contaminación cuando no se tienen las regulaciones necesarias.

Una buena parte de la población cree —y con razón—, que ya no cabe otra mina en el mundo o que ya tenemos suficiente con las minas existentes, pero la opinión de empresarios y de algunos gobiernos, es todo lo contrario: consideran que se ocupa de este sector para avanzar en las economías regionales. Una cosa sí es innegable, que el instrumento que regula este tipo de actividades es el Plan Municipal de Desarrollo, precisamente de ahí se emana la reglamentación del uso de suelo, lo que viene a crear o rechazar posibles áreas para instalar minas.

¿Minería en BCS?

No se puede juzgar a un municipio si éste pretende crear o ampliar zonas mineras, o si son comunidades que dependen totalmente de esta actividad; imaginemos que en Guerrero Negro quisieran cerrar o restringir la salinera, probablemente el pueblo estaría condenado a desaparecer. La otra cara de la moneda se presenta cuando tenemos un municipio autosuficiente y con grandes áreas de conservación, sería lamentable que lo echaran a perder.

Para el caso de Baja California Sur existe la Ley de Desarrollo Urbano, reformada el 31 de diciembre del 2006 y publicada en el Diario Oficial del Estado, de allí, en su artículo 58, capitulo II, aparece de forma explicita los tipos en los que se debe ordenar el suelo y sus reservas territoriales, se clasifican en las siguientes: Zonas Urbanas, Zonas de Conservación, Reservas Territoriales, Provisiones para la Creación de Centros de Población y Áreas Rurales.

A la par, cada municipio debe de tener un Plan de Desarrollo Interno acorde a su realidad, pudiéndose reformar en caso de que el Cabildo así lo requiera. No obstante en todos y cada uno de los reglamentos, se debe de tener mucho cuidado de no cambiar Zonas de Conservación, por áreas de minerías, porque estaríamos condenando al planeta a su deterioro, sería como aprobar la tala de algún bosque para instalar una empresa maderera.

En noticias recientes, ha habido muy malas experiencias en el manejo del medio ambiente por parte de las minerías, esto que no quiere decir que todas las empresas mineras sean iguales, sin embargo, hay que agregar las condiciones de trabajo de los empleados. México ya tuvo una amarga experiencia en el accidente de la mina Pasta de Conchos, acaecida el día 19 de febrero del 2006, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, donde fallecieron sepultados 65 mineros.

En el sitio de internet Quimtia, aparecen detallados los ocho pasos a seguir por una empresa minera, para ser amigable con el medio ambiente; considero que si viviéramos en un mundo donde todo sale como dicen los manuales, no tuviéramos problemas para autorizar la creación de nuevas minerías.

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33 Años del CREE. La atención a personas con discapacidad en La Paz

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Tierra Incógnita

Por Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el mes de febrero de 1986 se finalizó la construcción de uno de los edificios en La Paz, que ha sido un pilar en cuanto a la atención hacia las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea de forma transitoria o permanente. Con la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se dio paso al establecimiento de una política de atención a este sector de los grupos vulnerables, no solamente en el aspecto de rehabilitación física, sino también en el diagnóstico y atención de situaciones propias del ámbito de la educación especial.

En el contexto internacional, en los años 70’s, ocurre un gran vuelco respecto al enfoque de la atención que deberían tener las personas con algún tipo de minusvalía —término en boga en aquellos años y que incluía al de discapacidad, acuñado recientemente. Las posturas de las instituciones del Estado que apoyaban a esta población vulnerable, se cimentaban en un enfoque que proponía que las personas con algún tipo de discapacidad no podían convivir en espacios comunes con las personas que no presentaban esa condición, y es por ello que se construyeron escuelas o “centros especiales” en donde únicamente asistían personas con dichas características.

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Lo anterior, además de acarrear una gran carga económica por el hecho de tener un sistema paralelo de educación, provocaba el que la desigualdad y el trato peyorativo hacia las personas con discapacidad se perpetuara. Es así como en esta realidad histórica sale a la luz el famoso “informe Warnock,” el cual enunciaba las múltiples desventajas que tenía la manutención de un sistema educativo paralelo y discriminatorio; por lo que la mayoría de los países del mundo rehicieron sus políticas educativas y firmaron diferentes acuerdos internacionales que, posteriormente —como en México—, fueron ratificados por sus Congresos y elevados a rango de Ley.

De esta manera, con el arribo de Miguel de la Madrid Hurtado a la Presidencia de la República (1982), inicia la concreción de una serie de medidas tendientes a modificar las instancias de gobierno, tanto de educación como de salud, y ajustarlas a esta nueva realidad. Al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Paloma Cordero de la Madrid inicia la construcción de una gran cantidad de edificios en los diferentes estados del país.

Periódico “Marea Política”, febrero de 1986

En lo que corresponde a Baja California Sur, se encontraba en la gubernatura Alberto A. Alvarado Arámburo, y su esposa, Teresa Soto de Alvarado, encabezaba el DIF de nuestra Entidad, y fue a ellos a quien les tocó ser los encargados de vigilar que se aplicara el recurso de 420 millones de pesos para que se construyera el edificio que albergaría el CREE. Dicho edificio se construyó en un terreno de 15 mil metros cuadrados, siendo 4 mil 305 metros los de obra construida; el mencionado terreno actualmente se encuentra en el predio que comprenden las calles bulevar Constituyentes de 1975 entre Luis Donaldo Colosio y Politécnico Nacional, colonia “El Conchalito” de esta capital.

El edificio del CREE contó con un área de Educación Especial, en la cual se aplicaban diagnósticos y se daba atención a alumnos que presentaban discapacidad intelectual, así como severos problemas de aprendizaje; sin embargo, esta área fue cerrada a principios de la primera década del año 2000. Un área que hasta la actualidad sigue funcionando de forma exitosa en el CREE es la de Rehabilitación. Asimismo, desde hace unos 10 años, se destinó un área de este centro al Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD), el cual se encarga de dar apoyo administrativo y realizar acciones de orientación a las personas que presentan discapacidades, desde el punto de vista médico-clínico.

Desde sus inicios, el CREE ha perseguido los siguientes objetivos: prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de acciones de investigación que disminuyan la incidencia de invalidez; proporcionar atención de rehabilitación a las personas con discapacidad, de acuerdo a las normas y lineamientos del DIF; llevar a cabo la valoración integral que le permita brindar a los usuarios el tratamiento adecuado, ya sea dentro del mismo o a través de su canalización a otras instituciones del sector; realizar actividades de investigación, enseñanza y seguimiento de casos, con objeto de actualizar e incrementar los conocimientos médicos, técnicos, psicológicos y sociales para prevenir y tratar las diferentes formas de discapacidad; además de todos los aspectos administrativos necesarios en el ejercicio de ello, así como los que le confieren las disposiciones legales aplicables.

Las áreas con las que contó en un inició el CREE, fueron el vestíbulo, Gobierno, Educación Especial, Enseñanza, Valoración, Tratamiento, taller de órtesis y prótesis; así como los servicios generales, pasos a cubierta y caseta central. Los especialistas que estaban planeados para laborar en esta instancia eran: trabajadora social, médico pediatra, médico en comunicación humana, psicólogo, técnico en rayos X —ya que el centro cuenta con este equipo—, técnico en electroencefalografía, oftalmólogo, ortopedista, psiquiatra infantil, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, técnico en prótesis y órtesis; y maestros de grupo, aprendizaje y de lenguaje.

Durante este mes de febrero se conmemoran 33 años de funcionamiento ininterrumpido del CREE, el cual se transforma para ofrecer la respuesta adecuada que necesitan y reclaman las personas con algún tipo de discapacidad, así como sus familias.

Asesinos seriales y la pena de muerte; el caso de Ted Bundy

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 24 de enero de 1989, en Bradford, Florida, fue ejecutado en la silla eléctrica Theodore “Ted” Robert Cowell Bundy, un joven psicólogo y estudiante de Derecho nacido en Burlington, Vermont. Conocido por ser un hombre inteligente, elocuente y carismático, Bundy hizo a un lado un futuro promisorio en la vida política norteamericana, para dedicarse a la actividad que lo llevó a la fama internacional: secuestrar y asesinar mujeres. Algunos analistas estiman en un centenar el número de sus víctimas, sin embargo, sólo fue condenado por un asesinato, aunque en diversas entrevistas, Theodore Bundy aceptó haber privado de la vida a 36 mujeres, en una época en la que el feminicidio no existía en el marco punitivo legal.

El haber confesado una treintena de asesinatos, fue una perversa estrategia para eludir o al menos, postergar su ejecución, ya que negociaba la información que permitía a las autoridades encontrar el cuerpo de cada una de sus víctimas a cambio de privilegios carcelarios, buscando así culminar su negociación con el cambio de la pena de muerte por una de reclusión prolongada. Incluso, Bundy llegó a solicitar una pena reducida, jugando con el dolor de los familiares de las víctimas, pero en última instancia, las familias desecharon la negociación para asegurarse de que el también llamado “asesino de estudiantes” fuera ejecutado en la silla eléctrica.

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Ted Bundy en su juicio.

El término “asesino serial”, alcanzó fama internacional gracias en gran parte a la difusión que se le dio a la investigación de los crímenes cometidos por Ted Bundy, pues su captura fue ampliamente publicitada, así como las entrevistas que se le realizaron durante su proceso judicial. En una de las entrevistas más difundidas, Bundy afirma que la mejor manera de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir.

¿Pena de muerte?

La criminología moderna define al asesino serial como el sujeto que mata a tres o más personas, en eventos separados, bajo patrones operativos y victimológicos similares; se distingue del asesino múltiple, ya que este sujeto en un sólo ataqué priva de la vida a tres o más personas. Si bien muchos autores sostienen que los asesinos seriales han existido en todas las sociedades a lo largo de la historia, lo cierto es que su estudio se ha concretado de manera sistematizada a partir de la segunda mitad del siglo XX; gracias a los medios masivos de comunicación, actualmente se da mayor cobertura a esta modalidad criminal.

Existen muchas teorías y clasificaciones que se han elaborado en torno a la naturaleza y metodología asignable a los asesinos seriales, no obstante, todos los estudios coinciden en que después de ser capturados, no hay un sistema penitenciario o tratamiento terapéutico que garantice su reincorporación al entorno social. Hasta hoy en día no existe registro forense de un caso exitoso de reincorporación al estrato social en libertad, de un convicto asesino serial. Son candidatos ideales a la pena de muerte.

En cátedra, el doctor García Ramírez sostenía que el asesino serial desarrolla su potencial criminal en las grandes urbes, donde el anonimato y la sobrepoblación garantizan el espacio de impunidad necesario para su actuación; el México moderno es un campo de caza ideal para este tipo de criminales, pues el grueso de la población —en términos generales— al migrar del campo a las ciudades, facilitó el espacio para el desarrollo de sus psicopatologías. Desde 1975, la situación apuntaba ya a la incapacidad del estado mexicano para hacer frente a las problemáticas derivadas de la criminalidad y la falta de un sistema penitenciario, el cual diera a la sociedad la certeza de que el delincuente pudiera ser reinsertado funcionalmente al entorno social.

En 1975, Sergio García Ramírez publica La prisión, obra en la que señala que: El sistema penal mexicano se encuentra en crisis. Lejos de frenar la delincuencia, parece auspiciarla. En su interior se desencadenan angustiosos problemas de conducta. Es instrumento propicio a toda clase de inhumanos tráficos (alcohol, drogas, sexo, etcétera). Nada bueno consigue en el alma del penado y si la agrava y emponzoña con vicios y afiliaciones criminales. Mina el cuerpo del recluso, lo enferma y postra y devuelve a la vida libre un hombre atravesado por los males carcelarios. Se muestra incapaz de enseñar el camino de la libertad y más parece arrojar temporalmente presas que ya ha hecho indefectiblemente suyas para recuperarlas más tarde.

Pionero del sistema penal de “puertas abiertas”, en el cual el recluso puede salir los fines de semana para convivir con su familia, o bien, salir a laborar durante el día con reclusión nocturna, García Ramírez pugnó por un sistema penal en que el encierro o el confinamiento se reservara exclusivamente para sujetos de alta peligrosidad; asimismo, planteó que se aplicara a los internos los programas de externación progresiva, sujeta a evaluación y supervisión a cargo de un equipo profesional multidisciplinario, que a través de técnicas terapéuticas preparan al interno para una vida en libertad que les permita integrarse al tejido social.

50 años después, nuestro sistema penitenciario es incapaz de cumplir con los objetivos trazados por el programa presentado por el doctor García Ramírez; actualmente estamos lejos de considerar el internamiento como una herramienta de reinserción social, pues resulta una verdad conocida que los centros de reclusión son cotos de capacitación y reclutamiento que utiliza la delincuencia organizada para alimentar sus tropas. Con un sistema penitenciario ineficaz, nos preguntamos si en algunos casos, como el de los asesinos seriales confesos, tal vez sería conveniente reimplantar en nuestro país la pena de muerte.