FOTOS: Noé Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Hablar de los ejidos y ejidatarios en México es tema muy controversial por ser parte importante de la historia del siglo XX, y también por ser en la actualidad un lugar de “dudosas” actividades de desarrollo económico. Al menos en lo que respecta a Baja California Sur, se observa que la mayoría de los ejidos aún viven en el atraso económico, al mismo tiempo que los ejidatarios poseen amplias superficies de tierra improductivas, y si encontramos algún ejido que aparentemente se encuentre estable, es por tener un padrinazgo gubernamental.

Breve historia

Si pudiésemos hablar de una tierra donde la propiedad colectiva está por encima de la propiedad privada, estaríamos hablando del ejido en su esencia, y a su vez nos trasladaríamos a la América precolombina. Los aztecas tenían una división de clases y ciertas jerarquías, asimismo, separaban la propiedad privada de la tierra colectiva. De esa forma, en sus constantes guerras, los mexicas iban adquiriendo más terrenos para el monarca. Las tierras llamadas tlatocalli eran propiedad absoluta del rey, el pillali abarcaba los terrenos que el rey repartía entre los nobles y guerreros, y también existían los calpulli, extensiones de tierra comunal donde los jefes de familia se repartían las parcelas para cultivarlas. Antes de la llegada de los españoles, el monarca podía quitar y ceder cuando quisiera los territorios que dominaba.

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Durante la etapa de la Colonia, en la Nueva España la propiedad de la tierra no cambió su organización de manera drástica,  ya que los indígenas aún no podían tener sus propios terrenos, los cuales eran asignados a los españoles, y a su vez, ellos explotaban a la población para trabajar los campos y obtener los beneficios de la producción. Una vez alcanzada la Independencia en 1821 —cuando España finalmente la reconoció—, después de 11 años de lucha armada, el México Independiente no puso cuidado en la reglamentación de la tierra. Fue el 25 de junio de 1856 cuando el presidente Ignacio Comonfort decretó una ley denominada Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, llamada coloquialmente como “Ley Lerdo”, por ser Miguel Lerdo de Tejada el Ministro de Hacienda que la elaboró, y además ser su principal promotor.

Esta nueva ley tenía la función primordial de incrementar el movimiento económico del Estado, buscando los logros del pujante desarrollo agrario que ocurría en los Estados Unidos, donde la producción agrícola estaba en su mayor apogeo. Uno de los sectores que más se opusieron a esta ley fue el religioso, ya que incluía también una separación de la iglesia y la propiedad de tierra. Durante el Porfiriato se emitieron dos ordenamientos fundamentales: el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras, esto el 15 de diciembre de 1883, y la ley sobre la ocupación de terrenos baldíos, emitida el 26 de marzo de 1894. Esta última ley abría la posibilidad que compañías principalmente extranjeras, pudieran adquirir a precio simbólico grandes extensiones de tierras que el Gobierno consideraba se tenían que explotar. Hubo casos de compañías deslindadoras que compraron superficies exageradas, incluyendo a las localidades y habitantes que se hallaban dentro de sus predios.

Entre las famosas compras de grandes extensiones de tierra, se encuentra la llevo a cabo el magnate estadounidense Wiliam Randolph Hearts, quien fue popularizado en la película Ciudadano Kane, el cual adquirió millones de hectáreas en el estado de Chihuahua. Asimismo, la península de Baja California fue vendida a varios personajes y compañías, entre ellas Colorado Rivers Land Company, empresa que daba un trato explotador a los mexicanos que trabajaban en las grandes cosechas de algodón del Valle de Mexicali.

Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, con los caudillos liderados por Emiliano Zapata, se pensaba que habría un reparto agrario justo y que se acabarían los grandes latifundistas, algo que Francisco I. Madero incumplió. Como es sabido en la historia nacional, vinieron las revueltas que tantas muertes y atraso generaron en el país, a causa de la inestabilidad política generada por el golpe de Estado que orquestó Victoriano Huerta. Se puede decir que oficialmente la figura del ejido mexicano surgió el día 6 de enero de 1915, con la pronunciación de una ley que declara nula las concesiones hechas a latifundistas y se ordena la restitución de tierras a través de la recién fundada Comisión Nacional Agraria; esta ley toma para sí los postulados del Plan de Ayala de los zapatistas, los cuales se plasmarían de manera contundente en la Constitución de 1917, bajo el auspicio de Venustiano Carranza.

La Ley recién creada por la fracción carrancista en Veracruz, marcó el comienzo de la Reforma Agraria más grande de México y América Latina; a lo largo de un periodo inicial de paz social que va desde 1920 hasta 1934, tiempo en el que el general Lázaro Cárdenas tomó posesión como Presidente de la República, la repartición de predios no se hizo tan efectiva y fue precisamente Cárdenas quien hizo repartos masivos de tierras a personas de localidades atrasadas económicamente. Esto inició históricamente el día 6 de octubre de 1936 y lo siguieron haciendo los presidentes posteriores, hasta que casi se terminaron los terrenos por repartir. En 1992, con Carlos Salinas de Gortari como mandatario, entró en vigor una ley que ponía fin al reparto agrario —me pregunto si es que aún quedaban tierras—, incluso se “volteó la tortilla” drásticamente con la inclusión de la”privatización del ejido”, lo cual consistía en convertir al productor ejidal en empresario.

Se estima que más de dos terceras partes de terrenos y bosques fueron distribuidos. En la actualidad existe un gran debate sobre la magnitud de los costos, los vicios, las aspiraciones y los fracasos en el reparto masivo de tierras, lo que formó una determinada cultura en los campesinos, quienes hoy en día son carne de cañón en las aspiraciones de muchos políticos que sólo buscan lograr sus objetivos; tal como dijimos al principio, éstos convierten a los ejidatarios en dependientes del padrinazgo en turno.

Escríbeme a noeperalta1972@gmail.com

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FOTO: CNN

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales  y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC-ONU), el derecho humano a la movilidad es el derecho de toda persona y colectividad de disponer de un sistema integral de movilidad aceptable, suficiente, accesible y de calidad que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento efectivo de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo.

Debe entenderse el derecho a la movilidad en dos dimensiones:

1.- Una individual en la cual cada persona pueda decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado.

2.- Una dimensión colectiva, ésta se refiere al derecho a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades de la sociedad, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

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El derecho a la movilidad implica una constante interrelación entre tres factores:

1. La diversidad en los medios de transporte.
2. El espacio público.
3. La infraestructura vial y de apoyo.

FOTO: Modesto Peralta Delgado

La interacción armónica y funcional de estos tres factores es la meta del marco regulatorio de la movilidad, y resulta indispensable para brindar al ser humano un nivel de vida adecuado y conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental para erradicar la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación; apuntado lo anterior, en Baja California Sur necesitamos un marco legal que siente las bases normativas para concretar en la cotidianidad el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.

El problema que enfrentamos es que pese a la importancia del tema, y al hecho de haberse realizado cinco foros sobre éste, en los que se presentaron 300 ponencias, —muchas de ellas valiosas por su aporte técnico y perspectiva vigentes—, el Ejecutivo estatal decidió ignorarlas y centrar el enfoque en convertir lo que sería la Ley de Movilidad, en una herramienta de control político y económico, centrando la publicidad de su proyecto en dos premisas, que como promesas de campaña, resultan meros ganchos engañosos.

Por un lado promete “modernizar la infraestructura de movilidad urbana, mediante una oferta amplia y competitiva de transporte, así como un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, mientras arremete contra el gremio transportista, prometiendo en su discurso acabar mediante esta Ley con el conflicto que dicho gremio enfrenta con los operadores de Uber; conflicto que, ha sido alimentado por el Gobierno del Estado, con el objeto de generar presión social para que el Congreso del Estado apruebe su proyecto de Ley de Movilidad. Y necesita mucha presión, pues el cuerpo legislativo se integra de manera mayoritaria por diputados de oposición.

Lo cierto es que Uber no requiere de una Ley de Movilidad para operar, pues atento al orden legal mexicano para los particulares, lo que no está expresamente prohibido, por consecuencia natural, está permitido. En contrapartida, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, debe estar soportado en una Ley aplicable al caso. En otras palabras: el ciudadano puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, en tanto la autoridad sólo puede hacer aquello para lo cual está legalmente facultado, y debe plasmar por escrito, de manera fundada y motivada, todo acto de molestia que afecte la esfera de derechos de un particular.

El servicio que prestan los conductores de Uber o de cualquiera otra plataforma similar, es un servicio que la justicia Federal ha definido como prestación entre particulares, y por tanto, escapa de la esfera jurídica de aplicación del actual marco legal sudcaliforniano que regula el transporte público. Pero, ¿necesitamos una Ley de Movilidad? Atendiendo a la exigencia constitucional que reconoce el derecho humano a la movilidad, sí es necesario adecuar la legislación del Estado a los estándares actuales en dicha materia; lo que no necesitamos, es que el Gobierno del Estado alimente un conflicto para generar presión social, la cual le permita imponer su voluntad al Poder Legislativo.

El proyecto de Ley que presenta el Ejecutivo de nuestro Estado es un buen ejemplo de un mal ejercicio de “copiar-pegar” al elaborar un texto legislativo; tomaron como texto base la Ley de Movilidad vigente en Quintana Roo, pero le rasuraron aspectos torales, para convertirla en un engendro legal cuyo principal objetivo es darle al Gobernador un poder absoluto sobre el control del transporte público, a través de la creación de un Instituto cuyo titular sería designado discrecionalmente por el Gobernador, con facultades que le permiten un control, incondicional, sin contrapeso legal ni participación de los sectores de la sociedad civil.

Aprobar esta iniciativa de ley, tal y como está enviada por el Ejecutivo, de ninguna manera resolverá el problema de la movilidad que presenta la Entidad,  ya que no solucionará el conflicto entre conductores de Uber y taxistas, arrebatará a los Ayuntamientos una fuente importante de ingresos derivados de la expedición de licencias y permisos relacionados con el transporte, circulación vehícular y movilidad en general, tanto de personas como mercaderías; asimismo, sujetará la operación del transporte multimodal a las exigencias personales del Gobernador en turno, mantendrá la constante exclusión para los grupos vulnerables, en particular, de quienes presentan discapacidad física o intelectual, y mantendrá los estándares de ineficacia y retraso en el transporte colectivo, así como la marginación atávica en que actualmente se encuentran los ciclistas y peatones.

El Congreso debe ignorar el proyecto elaborado por el Ejecutivo y elaborar uno propio, a partir de los aportes que desde la sociedad civil se plasmaron en los foros sobre el particular se realizaron, basando la estructura normativa en el respeto humano a la movilidad, siguiendo los postulados plasmados por la ONU.

Finalmente es importante recalcar que la Ley de Movilidad no resolverá ningún problema y se convertirá en letra muerta, si no se incluye en su proyección y aplicación un programa estatal integral de movilidad y planeación urbana, fincado en políticas públicas con visión tridimensional, buscando soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo, a la problemática actual y futura, partiendo del diagnóstico ciudadano plasmado en los foros efectuados: una Ley vinculada a un plan de ordenamiento que enfrente los retos que implica el crecimiento poblacional y urbanístico.

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FOTOS: Facebook Rosaura Zapata Cano

Sexo + Psique

Por Yaroslabi Bañuelos 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empecemos por el final. Rosaura Zapata Cano, la única mujer cuyos restos descansan en la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, murió el 25 de julio de 1963. En aquellos días, más de mil 500 kilómetros de montañas y mar separaban su cuerpo de la reseca tierra que albergó su infancia. Apenas ocho veranos antes, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas y gozaron del derecho al voto por primera vez en la historia de este país, después de una ardorosa lucha que convirtió el sufragio femenino en una realidad.  No era una época fácil para las mujeres, pero, ¿cuándo lo ha sido?

La familia Zapata Cano vivió la misma trama que muchos hogares de la etapa prerrevolucionaria: un padre ausente, dificultades económicas y una madre que hizo milagros para no zozobrar en el hambre y el abandono. Por esta razón, a los 6 años, la pequeña María Rosaura partió a la Ciudad de México junto a su madre, Elena Cano, para así reencontrase con don Claudio Zapata, militar de profesión, quien hacía tres años había participado en la sublevación del general Manuel Márquez de León contra el régimen de Porfirio Díaz.

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Casa donde nació la maestra Rosaura Zapata

El libro Sudcalifornianos Ilustres de la Rotonda de Leonardo Reyes Silva, nos narra un detalle triste de este pasaje familiar; ya que cuenta que en aquellos años, cuando explotó el “Plan Revolucionario de El Triunfo”, el gobierno culpaba a Elena Cano de la actitud revolucionaria de su marido. Lamentablemente, no es raro que en la actualidad se siga responsabilizando a las mujeres de ciertas conductas por parte los hombres. Quizá la presión social fue el motivo principal, sumado a la serie de carencias que sufrían en La Paz, por el que la señora Elena y su hija se fueron a radicar a la Gran Ciudad, escapando de las penurias y reuniéndose con el capitán Claudio Zapata, que ya había sido indultado.

En el antiguo Distrito Federal,  la joven Rosaura estudió en la “Escuela Nacional para Profesores”, graduándose como maestra de educación primaria y convirtiéndose a través de los años en una pionera en la creación y consolidación de los primeros jardines de niños en México. En 1902 obtuvo una beca de capacitación pedagógica en San Francisco y Nueva York. En 1904, apoyada por Justo Sierra, viajó a Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra para estudiar los sistemas de educación preescolar creados por Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Fröbel. Cuando regresó a México, la maestra continuó con la promoción educativa e instaló un gran número de jardines de niños a lo largo del país, asimismo, aplicó en la enseñanza la metodología pedagógica que había aprendido en Europa.

Además de ser educadora y autora de diversos libros sobre educación preescolar, Zapata Cano fue Inspectora General de los jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En 1952 fue distinguida con la “Medalla Ignacio Manuel Altamirano” por sus 50 años de servicio docente, y en 1954, año de su jubilación, se le concedió la “Medalla Belisario Domínguez” del Senado de la República, en reconocimiento a sus méritos en favor de la educación.

Cabe señalar que en el libro de Reyes Silva citado anteriormente, se indica que el gasto autorizado por el gobierno para los viajes de capacitación de Rosaura sólo fue de 400 pesos, mientras los consentidos del Porfiriato disfrutaban de paseos alrededor del mundo derrochando el erario público. También se dice que hubo un jefe que restringió los viáticos de la profesora, porque según él, ella tenía que consultárselo previamente.

Pionera entre la desigualdad

El hecho de que este funcionario desconocido haya relegado a la maestra no se refleja un comportamiento aislado ni fortuito, sino un fenómeno estructural en el ámbito social, académico y laboral que todavía se observa. Aunque hoy en día se ha avanzado en materia de equidad de género y derechos laborales a comparación de la situación que se vivía en el país hace algunas décadas, hay cifras que alarman y confirman que en México persiste la brecha salarial y la desigualdad entre hombres y mujeres. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en nuestro país el 60% de las mujeres trabajadoras carece de seguridad social y de protección a sus derechos laborales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en La Paz, la tasa de participación económica por parte de la población masculina económicamente activa es de 74.1%, en cambio la participación femenina es sólo del 49.6 %. Por otro lado, la tasa de ocupación en el sector informal —aquellos trabajos que no cuentan con prestaciones ni seguridad social, como el ambulantaje— por parte de las mujeres representa el 22.3%, resultando más alta que la tasa que presentan los hombres, la cual es del 19.5%. Y en el caso de los sudcalifornianos que sufren de desempleo y tienen una edad entre 25 y 44 años, el 37.4% son hombres, pero un 50.3% de las personas desempleadas son mujeres. Es por ello que los logros y las luchas de mujeres profesionistas y trabajadoras adquieren una relevancia mayor ante estas condiciones sociales que hacen más duro el camino en la búsqueda de una mejor calidad de vida y el goce pleno de sus derechos.

La profesora Rosaura Zapata nació y creció en una época en la que las oportunidades de desarrollo intelectual, laboral y social para las mujeres, eran muy limitadas. Sin embargo, Rosaura logró desprenderse de las fauces de esta desértica península —casi isla— donde no existía más opción que pasar los días tejiendo el hastío o esperando noticias de ultramar; a principios del siglo XX, el destino habitual para las mujeres era únicamente ser la bonita mujer florero de un hombre acaudalado o la perfecta imagen de la “buena esposa” y la “buena madre”. Zapata Cano sorteó la soledad, las carencias y los desplantes machistas, pero sobresalió digna y luminosa en un mundo gobernado por la desigualdad.

No tuvo hijos y jamás se casó. Abrazar sus sueños y dedicarse con pasión a perseguir los propios ideales, construir un desarrollo profesional impecable y entregarse al quehacer comunitario fue un acto valiente, sobre todo al estar inmersa en una sociedad que desdeña a las mujeres “solas”, aquellas que eligen otra ruta de vida diferente a la maternidad y el matrimonio.

No obstante, ¿la maestra Zapata Cano es la única mujer ilustre que ha nacido en tierras sudcalifornianas? Baja California Sur alberga extraordinarias científicas, artistas, deportistas, profesoras, investigadoras, activistas y luchadoras sociales que, pese a las adversidades y a veces desde la invisibilidad, intentan construir una comunidad saludable, diversa y justa. Conviene reflexionar y reconocer a aquellas mujeres que tejen utopías y que crean con sus acciones un mundo menos hostil.

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FOTOS: Frank Aguirre.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Hace unas semanas, algunos medios empezaron a compartir noticias sobre quejas y denuncias acerca del Mercado Orgánico y Artesanal (MOA) de La Paz. Entre los principales opositores se encuentran empresarios de grandes cadenas y comercios locales de renombre y antaño, quienes colaboran en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz (Canaco). Los principales argumentos que pueden apreciarse en la entrevistas que realizaron los medios digitales o impresos, y entre las personas cercanas a dichos empresarios, son:

• Que el Mercado Orgánico genera pérdidas a los negocios aledaños.
• Que entorpece el estacionamiento para su clientela.
• Que es “competencia desleal”.
• Que lo que se vende ahí “no es orgánico”.

Antes de continuar creo es importante responder: ¿qué es un mercado orgánico?, ¿de dónde surgió?, ¿por qué es importante?, ¿cuánto tiempo tiene?, ¿dónde se ubica?, ¿cómo inició esta problemática?, pero sobre todo ¿por qué debe importarme?

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FOTO: Frank Aguirre

El MOA existe en La Paz desde hace más de un lustro; comenzó con la coordinación de productores de vegetales y frutas —las cuales se cultivan de forma ecológica, o sea que no se les agrega ningún pesticida o herbicida. Los agricultores y rancheros venían desde Todos Santos, El Pescadero, El Valle de Santo Domingo, San Pedro y de aquí mismo, de La Paz; ellos decidieron compartir espacio, precios y la venta de otros productos orgánicos-comestibles y artesanales no prefabricados.

Este tianguis se ubica actualmente en el Centro Histórico de nuestra capital, sobre las calles Francisco I. Madero entre Constitución y 5 de mayo. El MOA funciona como un espacio público, ya que cualquier persona puede acceder a él; allí se vende una gran variedad de productos: lácteos elaborados de forma casera y ecológica, embutidos hechos a mano y sin conservadores, frutas y verduras orgánicas, productos de limpieza amigables con el medio ambiente como detergentes, jabones y champús —el agua que se mezcla con estos productos se puede reutilizar. También hay a la venta textiles, comida típica del Sur de México, comida italiana y cocina argentina, así como artesanías y joyas hechas a mano, pintura, música ¡y hasta una recicladora de plástico, vidrio y aluminio!

FOTO: Facebook Mercado Orgánico

Hace algunas semanas, el Ayuntamiento de La Paz decidió cerrar las calles Madero y Constitución para la instalación del Mercado Orgánico, como uso de suelo temporal; esto a manera de iniciativa con la intención de comenzar una primera etapa de recuperación del Centro Histórico. Con sigilo, dicha acción poco a poco atrajo a más personas, ya que al abrirse la vialidad exclusivamente para peatones, ésta se transformo en un espacio público.

En mi libro La Calle Es Nuestra explico se relevancia como espacio público, pues: en efecto, la calle es un espacio público —en extinción— y puede convertirse en muchas otras cosas más a parte de ser sólo una vía para los coches. Formas hay muchas: un parque, un bazar, una sala de lectura, un festival, un mercado, una pista de maratón o una vía recreativa. La calle es importante como espacio público temporal, ya que contamos con muy pocos parques y espacios públicos adecuados, pues tenemos una ciudad construida para los coches y no para las personas.

Abrir temporalmente las calles a los habitantes de la ciudad para que disfruten de un espacio amplio, seguro y gratuito para la recreación, vinculación y consumo es ser vanguardista. Sucede en España, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Holanda o Alemania. Sus beneficios son:

• Inclusión social, ya que no hay restricciones de acceso, clase social, edad o preferencias recreativas.
• La promoción de hábitos de vida saludables (caminar).
• La interacción social, apropiación y experimentación de la ciudad a partir de un escenario en el que se recupera el espacio para el público.
• La reactivación económica de comunidades y de los negocios aledaños.
• Contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente, al disminuir el número de autos y los niveles de ruido.
• Permite mejorar la convivencia, comunicación y cohesión social, esto último elemental para los movimientos sociales de la ciudad.
• Es un espacio idóneo para para dar a conocer de manera constante las injusticias que suceden en la ciudad, las necesidades por cuidar nuestro medio ambiente y exponer el trabajo ciudadano que loablemente se realiza desde hace años y demostrar recetas exitosas de organización y trabajo colectivo con la finalidad de difundir el mensaje a un nuevo público, crear una conciencia colectiva y sumar aliados.

En pocas palabras, la existencia del MOA es importante porque crea comunidad, atrae personas, genera nuevas dinámicas de convivencia, pero sobre todo, porque promueve y fortalece el consumo local de negocios aledaños a él. Ahora el Mercado Orgánico y Artesanal se encuentra en peligro de ser reubicado o fragmentado; autoridades locales que por iniciativa propia solicitaron se trasladaran a la calle, ahora sin justificación comprobable piensan remover el tianguis una vez más a otro lugar no consensuado ni conciliado con sus locatarios, pero sí contemplado por la insistencia de algunos empresarios del Centro y colaboradores.

FOTO: Frank Aguirre

Se piensa —erróneamente— que el MOA genera pérdidas a los comercios que se ubican cerca del mismo, sin embargo, esto es un mito sin fundamentos. ¿Cerrar la calle por seis horas, una vez a la semana, puede generar pérdidas sustanciales? Valdría la pena pensar si eso aplica para cada ocasión que cierran el malecón durante una semana (Carnaval), días (actividades deportivas) o temporales (Baja Mil, Fiestas de Fundación de La Paz).

En pláticas con los consumidores recurrentes del Mercadito Orgánico he descubierto que muchos comenzaron a visitar de forma habitual panaderías, cafés, restaurantes, librerías y hasta supermercados aledaños de forma frecuente ya que les queda cerca, de paso, o hay en esos lugares productos que no encuentran en otra parte de la ciudad, ni en el mismo Mercadito. Con la mano en la cintura puedo osar en asegurar que el MOA genera ganancias indirectas a los negocios aledaños a él.

FOTO: Facebook Mercado Orgánico

Para poder salir de este malentendido, se necesita buscar un concilio y demostrar los beneficios totales que generan tanto el MOA, como la apertura de las calles para el público y las ganancias indirectas, producto de las dinámicas urbanas y sociales del mismo. Quienes conforman el Mercado Orgánico deben estar dispuestos a replantearse la forma en la que han venido operando, superar sus diferencias, abrir sus procesos de ingreso a otros potenciales vendedores sin perder el sentido artesanal u orgánico, y atender con mayor diligencia a las sugerencias de quienes buscan que el lugar persista. La unión hace la fuerza. Consume Local.

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FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La media península continuamente se ha visto amenazada ante la tentativa de despojo de ciertos territorios, esto por parte de grandes empresas mineras y grupos inmobiliarios; respecto al tema de la megaminería, los dos casos más notorios —debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados— son Los Cardones y el proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa. Te presentamos la segunda y última parte de este ensayo. Para leer la primera parte dar CLIC AQUÍ  .

En lo referente a los desarrollos inmobiliarios se tiene el despojo de varios territorios adyacentes a la línea de costa, principalmente, privatización que se ha ido expandiendo y concretando en diversas zonas costeras del Estado con el establecimiento de grandes desarrollos turísticos y con la venta de terrenos a particulares, primordialmente a extranjeros; con el consecuente cierre de accesos públicos a una gran cantidad de playas. Esto ha limitado el libre tránsito del ciudadano, privilegiando esos espacios para pocos individuos, particularmente a turistas extranjeros, pero también a nacionales. Expoliación que se está haciendo una constante en grandes extensiones de playas al sur del Estado, generando gran inconformidad social.

Aunque los casos son muchos, son dos los asuntos que llaman la atención por la enérgica protesta de la ciudadanía que han generado; por un lado, la privatización de un tramo carretero entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte del proyecto Zona Dorada, con la consecuente privatización de las playas inmediatas. Y, por el otro, el despojo de la playa de Punta Lobos a los pescadores de Todos Santos por parte del desarrollo turístico denominado Tres Santos. Asunto que ha convocado a cientos de inconformes en diversas manifestaciones pacíficas, y no solamente de la comunidad de Todos Santos, sino de otros lugares de Estado, así como a residentes extranjeros; pues en este caso el segmento de la sociedad afectada de manera directa es un buen ejemplo del crisol que es la población sudcaliforniana, ya que en el pueblo mágico cohabitan nativos, mexicanos originarios de otros Estados, así como una gran cantidad de gente procedente de otros países.

La cimentación del complejo Tres Santos invade la playa, Punta Lobos (2015).

Mi insistencia en manejar el diverso origen de los integrantes de la sociedad sudcaliforniana, principalmente en lo que a los conflictos sociales mencionados se refiere, obedece a que esa diversidad de origen y de pensamiento inherente de las personas ha permitido al segmento social que se opone a la minería tóxica y a algunos mega-desarrollos inmobiliarios, resignificar una lucha que se ha librado desde hace años contra entes empresariales dispuestos a despojar a los sudcalifornianos de lo que les corresponde por derecho propio, su tierra y su mar.

Y aunque esa batalla se ha librado desde tiempo atrás, ahora busca distintos causes y ha encontrado en los cruces culturales de los sudcalifornianos nuevas estrategias de lucha; que se han manifestado principalmente en el uso de marcos legales nacionales e internacionales y en los simples, pero a veces desconocidos, derecho y obligación de la ciudadanía de vigilar y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes en cualquier asunto de interés público, como evidentemente lo son los temas de la minería y los desarrollos inmobiliarios.

Esos conflictos sociales, el minero y el privatizador —despojador— de territorios costeros, se han ido unificando y deviniendo en una lucha opositora de ciudadanos que enarbolan la defensa de su territorio; lucha que ha cohesionado a más y diversos sectores de la sociedad: instituciones académicas, colegios de abogados, ingenieros, médicos y de otras especialidades, autoridades ejidales e incluso algunos delegados, regidores y presidentes municipales que abiertamente han mostrado su rechazo al despojo en ambas vertientes —aunque su postura pública no siempre es coherente con sus actos de gobierno.

Ciudadanos manifestándose contra el despojo (2015).

Esa lucha opositora es ya una resistencia ciudadana permanente ante los embates de los grandes capitales nacionales e internacionales, avalados por el Gobierno Federal en el caso minero y, por otros órdenes de gobierno en algunos asuntos de megadesarrollos turísticos y venta de predios. Multitudinarias manifestaciones se dieron el 6 de agosto de 2015 en La Paz y el 8 del mismo mes en Cabo San Lucas, en las cuales la lucha unificada de ambos movimientos fue notoria, aunque estas no han sido las únicas protestas ni manifestaciones ciudadanas en este sentido.

Afortunadamente la consigna de luchar contra la minería tóxica y el despojo territorial es una latente en los sudcalifornianos y va más allá de las facciones o partidos gobernantes en todos los niveles. Así quedó claro con las protestas ciudadanas que se dieron en la explanada del palacio de gobierno estatal el 29 de agosto de 2018 ante un nuevo intento de conceder un cambio de uso de suelo para el establecimiento de Los Cardones. Protestas que se hicieron extensivas a Andrés Manuel López Obrador en su primer visita a Baja California Sur como presidente de la República en septiembre del mismo año. En ambas gestas resurgió combativo ese crisol humano del que hablamos; fueron tantos como diversos los individuos en protesta ciudadana, de diferentes filiaciones políticas y religiosas, así como de diversos orígenes, pero todos unidos por un fin común: la preservación de su territorio y sus derechos humanos fundamentales.

Manifestación contra la minería en el palacio de Gobierno estatal, La Paz (2018).

Este movimiento participativo social es coordinado desde diversos lugares de la Entidad por varias organizaciones no gubernamentales, y a su vez dirigido hacia los distintos frentes de lucha mencionados; pero también se ha caracterizado por la espontaneidad de sus manifestaciones, ya que además de organizaciones de activistas congrega a gran cantidad de ciudadanos sin filiación alguna. Además, el movimiento social antidespojo que se desarrolla en Baja California Sur, incluye también a grupos empresariales importantes, sobre todo a algunos relacionados al ramo turístico e inmobiliario, lo que podría parecer incongruente con lo que señalo.

Sin embargo, a estos sectores es a los que más pueden dañar económicamente las empresas mineras debido a sus consecuencias contaminantes y, por supuesto, también les afecta la privatización de las áreas inmediatas a las playas, pues éstas son por mucho uno de los principales atractivos para el turismo de todas las capacidades económicas que visita el Estado. En su mayoría estos empresarios son de Baja California Sur, ya sea de origen o por elección, y sus negocios difícilmente podrían competir con los grandes desarrolladores inmobiliarios nacionales y transnacionales que se apropian de vastas extensiones de terrenos costeros y mantienen cautivos a turistas de gran capacidad económica en sus instalaciones.

El asunto privatizador y de despojo territorial está bien definido, y parece cerrar ya un área geográfica con el atraco de Punta Lobos, si se piensa en lo que ha sucedido desde La Paz hasta Los Cabos bordeando la costa del Golfo de California y, de Cabo San Lucas hasta Punta Lobos siguiendo las playas del Océano Pacífico. Línea de costa en la que abundan desarrollos de este tipo. Área en la que un caso merece mención particular y es el de Cabo Pulmo, asunto en el que gracias a la protesta social y a la presión internacional se logró detener el enorme desarrollo turístico que varias veces se ha pretendido emplazar en el Parque por diversas autoridades.

Y digo que el área está bien definida, pues es la parte sur del Estado, cuyos límites al norte son Todos Santos en la vertiente del Pacífico y La Paz en la del Golfo de California; y en su centro, para intentar coronar el despojo del territorio a los sudcalifornianos, cada tanto y desde hace años se impulsa el establecimiento de la megamina a tajo abierto, ahora denominada Los Cardones.

Aunque el panorama parece desolador, la inconformidad ciudadana ante el despojo cada vez se fortalece más y logra más adeptos en un escenario donde la sociedad está cada vez más informada y politizada gracias al desprendimiento de los medios de comunicación oficialistas y, en gran medida, debido al acercamiento a la internet. Indudablemente a lo anterior ha coadyuvado la integración a la sociedad sudcaliforniana de cientos de miles de inmigrantes interestatales y de algunas decenas de miles de extranjeros.

El despojo a los pescadores expuesto y discutido en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

En los conflictos sociales generados por el sector minero y una parte de los proyectos de desarrollo inmobiliario,ya están involucrados y alertas decenas de miles de ciudadanos sudcalifornianos. Y ante los “oídos sordos” de las autoridades varios de estos conflictos escalarán de intensidad, pues un gran sector de la ciudadanía ha demostrado que no se va a quedar “cruzados de brazos” ante el despojo en sus múltiples formas. Las manifestaciones en contra de las empresas mineras y los despojos de territorios costeros se han ido multiplicando, sobre todo en la capital del Estado, en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en Todos Santos. Lo que ha llevado a los manifestantes de diversas luchas sociales a tender lazos entre movimientos, a unirse en frentes de lucha, y así canalizar y dar salida a las inconformidades comunes mediante el ejercicio de la más elemental democracia; que implica la participación de la sociedad en la toma de las decisiones del gobierno.

Hasta ahora los grupos inconformes han manifestado su repudio a la instalación minera, a los cierres carreteros y a la privatización de playas mediante la protesta pacífica en las calles y plazas, principalmente; pero han dado un enorme paso al defenderse y confrontar legalmente a diversas corporaciones y autoridades mediante encuestas ciudadanas, mandatos civiles y más argumentos de orden legal. En cuanto al asunto del despojo inmobiliario en Punta Lobos, Todos Santos, por parte de la compañía de capital transnacional Mira Companies, —y en los otros despojos que prevalecen en el Estado— habrá que esperar para ver que rumbo legal siguen las protestas ciudadanas y que papel juegan en la defensa de los inconformes los otros frentes de lucha ya plenamente organizados, en el caso de la minería y de la privatización de otros lugares costeros.

Todo parece indicar que la ciudadanía sudcaliforniana está madurando políticamente y ya vislumbra que sólo con la colaboración entre los distintos grupos y organizaciones que defienden el territorio, es que se logrará revertir o al menos aminorar los efectos nocivos del despojo que en muchos casos implica el establecimiento de las empresas mencionadas. El más claro ejemplo de esto es la organización del “1er Congreso Ciudadano sobre Megaminería, Megadesarrollos y Derechos Humanos“, mismo que se llevó a cabo en Todos Santos en el año de 2016 con la participación de sudcalifornianos e invitados nacionales, entre ellos el padre Alejandro Solalinde y Jesús Robles Maloof. Aquí cabe señalar que en ese tiempo, y para una de las mesas de trabajo de ese congreso, inició la reflexión que nutre este texto.

El padre Alejandro Solalinde en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

Lo expuesto demuestra que el proceder de los inconformes rebasa con creces el activismo recalcitrante y que es producto de la preparación y de una cada vez más organizada y politizada sociedad multicultural, que ya está entendiendo que es en última instancia la poseedora de su devenir social y ambiental; lo que ha llevado a que en Baja California Sur se intensifique la protesta ciudadana contra el despojo. Es la sociedad civil la que está siendo el fiel de la balanza en los diferentes procesos de autorización —amañados o no— de proyectos mineros y de desarrollos inmobiliarios entre las autoridades y los empresarios. Incluso logrando detener diversos intentos de atracos sociales y medioambientales como en los casos de Balandra, Cabo Pulmo y en La Sierra de la Laguna, ante los intentos de establecer la mega mina a tajo abierto Los Cardones y, en varias ocasiones no sólo sin la ayuda de las autoridades sino a pesar de estas.

Robles Maloof en el Congreso ciudadano de Todos Santos (2016).

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