El Mijis, de chavo banda a político. Entrevista con Pedro Carrizales

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). La noche comenzaba a caer en el segundo piso del convento Proyecto Centro Cruces, en la Ciudad de México. Un lugar, al parecer del siglo XVIII, que desde hace décadas se utiliza para oficinas, espacio de retiro, o como local de eventos para organizaciones y hospedaje/internado para actividades de varios días de duración.

Las personas asistentes al Programa de Liderazgos Progresistas, nos habíamos enterado, apenas un día antes, de que el fin de semana estaríamos conociendo a Pedro Carrizales, alias El Mijis. El TweetStar y renombrado Diputado a nivel nacional, conocido por su política poca ortodoxa y su historia de vida que contrasta con la del político convencional. Alguien que rompe cualquier estereotipo de política. La expectativa era alta. La curiosidad por los cielos. Las preguntas hacía él eran muchas: ¿quién es Pedro Carrizales? ¿Tiene agenda o le marcan línea? ¿Qué es un mijis? ¿como rayos terminó en un chavo banda —como él hace énfasis cada que puede— en la política?

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El Mijis es un hombre como cualquier otro. Abuelo a sus 40 años. Albañil de profesión. Católico, como el mexicano promedio de este país. Y con dos intentos de asesinato en su contra. La primera vez, a sus 18 años, lograron su cometido. En la sala del quirófano pudieron revivirle, a pesar de las puñaladas que le dieron en un riñón, en el hígado y en un pulmón. Volvió a la vida. La segunda cuando a unas semanas de haber declarado su intención de proponer una iniciativa que prohibiera el maltrato animal, como represalia —se sospecha de empresarios involucrados en peleas de gallos y tauromaquia—, intentaron asesinarlo a balazos. Fallaron. Desde entonces trae escoltas, aunque no es de su agrado. Todos deberíamos de traer escolta, el país es inseguro para todos, dice.

A pesar de su edad aún se considera Chavo Banda, y por eso el día en que tomó protesta como Diputado en el Congreso Local de San Luis Potosí se fue de playera, pantalones de mezclilla, unos tenis, sus crucifijos y sus joyas fake, para hacerle honor al lugar de donde viene: del barrio. Este acto no sólo fue para que medios, votantes y compañeros legisladores no olviden de dónde viene, sino un acto simbólico que busca reivindicar la política a la que él aspira, una en la que cualquiera con conocimiento y buen corazón pueda participar. Aunque seas “chavo banda”.

De cholo a político

Su madre falleció en su ausencia, y por años no pudo perdonarse no estar con ella en sus últimos momentos. Su pena era tal que intentó suicidarse. No lo logró. Años después, durante uno de sus días de rutina, en sus días de pesar, por instinto, ayudó a una ancianita —en sus palabras— a subir el camión con sus bolsas del mandado, de reojo, cuando me dio las gracias me recordó a mi madre. “Se parece a mi jefa”, pensé; y justo como ella me dio la bendición por haberle ayudado, en ese momento sentí algo que no puedo describir de otra forma más que una iluminación: ayudar a los demás en abandono.

Desde entonces se dedicó a conseguir comida para los que no tienen, techo para los migrantes, gestionar servicios públicos para los que no tienen agua, luz, o recolección de basura. Una vez en un barrio que estaba acostumbrado a vivir entre la basura —botes, envolturas de sabritas por todos lados, pañales, bolsas, vasos tirados— hicimos un concurso con otras colonias a ver quien lo limpiaba más rápido… ¡Todos ganaron! —exclamó El Mijis. La idea era enseñarles que en nada de tiempo podrían darle otra imagen a su colonia y además sacar dinero de eso, separamos la basura y conseguimos un acuerdo para que de forma periódica recolectaran las chatarreras, el pet, fierro viejo, aluminio, cartón y papel. Desde hace años esas colonias marginadas separan su basura a diferencia de otras de alto ingreso. Demostré que el ambientalismo no es cuestión de clase social. Y así es como he venido haciendo política desde hace años, demostrándole a la gente que ellos pueden organizarse y sacarse a sí mismos adelante.

Acaba el ejercicio. Todos los asistentes tuvimos la oportunidad de sentarnos a su lado y aventarle un par de preguntas, esperar la respuesta, soltar una réplica. A puerta cerrada, dejamos los mesabancos atrás y nos acercamos en círculo entorno a El Mijis, como quien se acerca a una fogata para alejar el frío, nosotros, para alejar la ignorancia y saciar nuestra curiosidad por la verdad de la persona que teníamos enfrente.

Llegó la hora de cenar. En el comedor comunitario, aislados en una esquina, mientras todas y todos cenaban y convivían, busqué a El Mijis. Estaba con su escolta echándose un caldo, los acompañaba también su hija. Pedí permiso para acompañarlos. Me senté. Platicamos de su vida en Los Cabos, de su participación contra la minería a cielo abierto en San Luis Potosí, de cuando le dio la vuelta al país promoviendo la bicicleta, y de cómo evitó que sus compas del barrio se dejarán de matar entre ellos.

Antiminero y pacificador

Pedro Carrizales vivió en Baja California Sur. En Los Cabos. Tenía 19 años. Fue mesero, cocinero, guardia, en una época en la que el alcohol y la desvelada era lo aspiracional. Huyó de la explotación laboral, y regresó a San Luis, en el camino no durmió en su camarote, en el ferry, rumbo a Mazatlán, por temor a que el barco se hundiera. Fue su primera vez en altamar.

A hecho de todo: obrero-constructor, promotor cultural, activista del ciclismo urbano, y luchador contra el neoextractivismo, contra la minera San Xavier en San Pedro, San Luis Potosí. Hace 10 años de eso. Sufrió los golpes de la represión judicial al asistir a unas protestas, en aquellos tiempos en los que New Gold Inc, a través de su filial minera San Javier, compró funcionarios y policías para impedir que triunfara el gran rechazo popular contra la minería a cielo abierto en el cerro de San Pedro. Hoy, este emblemático cerro —que aparece en el escudo del Estado de San Luis Potosí— no existe, fue reducido a polvo gracias a la impunidad y la corrupción, pues la empresa nunca ha tenido los permisos legales para explotar el yacimiento de oro y plata a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de San Luis. El Mijis sí tienen en su agenda la temática ambiental, y no teme en poner distancia con López Obrador de ser necesario, pues admira a la persona más que al personaje, pero él está casado con sus ideales, no con los partidos ni la fama.

También ha sido pacificador, mediador de violencia. En San Luis Potosí, en 2009, logró que 240 pandillas dejarán de luchar, pelear y matarse entre ellas. Fue una tregua en sus barrios. ¿Cómo lo hizo? Los puso a hacer las paces con torneos de fucho, música, baile y círculos de diálogo entre los cabecillas. Su pasado en el barrio le permitió ganarse la confianza para fungir como mediador. Redujo como nadie la inseguridad en colonias marginadas de San Luis Potosí, sin disparar una sola bala.

Aborto

Soy Católico, sigo creyendo en mi “Chuy” —se persigna, y se adelanta El Mijis, como quien dice, poniéndose el huarache antes de espinarse—, pero eso no tienen NADA que ver con la forma que hago política, porque yo soy funcionario para todos, no sólo para creyentes, y creo que no deben de estar en la cárcel mujeres que decidan interrumpir su gesta. Sobre todo sin son pobres, mijis; sobre todo si están solas; sobre todo si no tienen trabajo; si su pareja les abandona. Yo tengo una hija. Sé lo que es la incertidumbre de no planear un embarazo, mijis, y gracias a mi Diosito optamos por tenerla, pero yo no voy a imponer mis decisiones y creencias sobre otros. Se llama “libertad de decisión”.

Cansada su escolta, y su hija un poco impaciente, agotada, cruzaban miradas, mientras Pedro Carrizales no paraba de contar anécdotas: de su reciente nombramiento Doctor Honoris Causa junto al doctor Mireles; su conferencia en Harvard; y el acercamiento que tuvo Netflix con él para hacerle un documental. Era hora de irse, aunque él es una caja de historias, un hombre en constante evolución, al final también es un humano que ocupa descanso. Insistió en que era hora de dormir. Intercambiamos números, una clásica selfie, un apretón de manos, un abrazo y el deseo mutuo de tener un buen camino en lo que siguiera. Seguramente volveremos a cruzar camino, le dije. Que así sea, mijis, me contestó.

OVNIS

Dice El Mijis que es inconcebible para él no creer que existe vida inteligente en alguna otra parte del universo, y en ese tenor los objetos voladores no identificados deben de pertenecer a alguna vida inteligente fuera de la tierra. ¿Su fundamento? Las conclusiones que le surgieron después de leer a Stephen Hawkins: La Teoría del Todo.

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Las dunas costeras. El caso Todos Santos

FOTO: Profepa / Interior: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Norma Oficial Mexicana NOM NMX-AA-120-SCFI-2016, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas, en su numeral 3.11 define las dunas costeras como grandes acumulaciones de arena que se encuentran interconectados entre sí, influenciadas por condiciones ambientales, principalmente el viento, que las moldean y modifican su morfología. Las dunas funcionan como reservas sedimentarias de las playas, son hábitat de especies endémicas o en alguna categoría de riesgo, representan sitios únicos en términos de biodiversidad, singularidad paisajística o geomorfológica. Se encuentran divididas en tres categorías: embrionarias, primarias, secundarias, terciarias y dunas transgresivas o de evolución.

Las dunas costeras se forman por grandes acumulaciones de arena no consolidada, y representan un importante bastión de defensa contra las corrientes marinas, los vientos dominantes y la combinación de ambos factores al suscitarse fenómenos meteorológicos que impactan en la zona. Su preservación es vital para los asentamientos humanos cercanos. En el caso de Todos Santos, en opinión de expertos en la materia, la remoción de las dunas costeras pondría en peligro a toda la comunidad.

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Existen antecedentes en la Entidad que nos ilustran el panorama al respecto. A principios de siglo, una empresa hotelera que cuenta entre sus accionistas a importantes políticos mexicanos, construyó un hotel en la zona de El Médano, a un costado de la desembocadura del arroyo Salto Seco, en Cabo San Lucas. Para mejorar la vista desde sus habitaciones, la empresa removió las dunas —que a la sazón alcanzaban los nueve metros de altura—, contando para ello con la complacencia o complicidad de las autoridades ecológicas de los tres niveles de gobierno. Poco tiempo después entró un huracán y les cobró la factura. El agua alcanzó el nivel del tercer piso de la instalación hotelera. Para preservar el inmueble, levantaron un muro de 6 metros de altura. Entonces desapareció la playa, y el hotel bajó de categoría comercial. Entonces intentaron construir dos escolleras para rellenarlas y volver a tener playa, pero al hacer la batimetría, resultó que a10 metros de la orilla, ya tenía como 50 metros de profundidad y era imposible retener las piedras.

En el caso de Todos Santos, la remoción de las dunas costeras permitiría que un huracán devastara gran parte del asentamiento humano constituido en la zona.

En general, la línea costera del Estado depende en gran medida, de la fuerza de contención de las dunas, para su equilibrio, de ahí la importancia que implica su preservación. El Código Penal en vigor para el Estado, del numeral 367 al 372 previene y sanciona como delito –incluso agravado— que se sanciona con pena de prisión la ocupación o invasión de dunas; su cambio ilícito de uso de suelo; descargar o depositar residuos utilizados en la construcción sobre dunas; extraer suelo, arena o cubierta vegetal de éstas; provocar un incendio que las ponga en peligro; emitir gases o partidas sólidas o líquidas; y descargar, depositar o infiltrar aguas residuales, líquidos industriales, generar emisiones tóxicas, generar o manejar residuos que causen daños a las dunas.

Atendiendo a una denuncia ciudadana, la autoridad municipal clausuró la semana pasada, una obra en construcción que se fincaba sobre una duna costera en el área de Las Tunas en Todos Santos. El procedimiento previo puso en evidencia el desconocimiento que tienen nuestras autoridades municipales, de la importancia que representa para el equilibrio ecológico y la seguridad de la comunidad, la preservación y respeto a las dunas costeras. De hecho, el marco legal que protege las dunas es relativamente reciente, por lo que a finales del siglo pasado, su protección y preservación era nula o escasa.

Otro problema que enfrentamos en esta materia, es la confusa asignación de atribuciones y responsabilidades entre la federación, el Estado y el Municipio. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen facultades y obligaciones en materia ambiental, la mayoría de ellas concurrentes, y dispersas en una difusa reglamentación. Esa concurrencia competencial permite que eludan sus responsabilidades, y se limiten en muchos casos, a realizar el cobro de derechos, sin llevar a cabo sus obligaciones de supervisión y sanción. Aunado a lo anterior, ninguna dependencia relacionada con el cuidado ambiental, cuenta con una plantilla de inspectores o supervisores suficientes para vigilar nuestros bastos litorales.

Todo lo anterior, sumado a la alta corruptibilidad de algunos servidores públicos, ha permitido y propiciado que algunos particulares pongan en peligro los ambientes costeros de la entidad, ocasionando daños ecológicos irreparables o de costosa reversión.

En conclusión, atendiendo a la importancia que reviste la preservación de nuestras dunas costeras, todos los habitantes de la Entidad tenemos la obligación cívica de denunciar cualquier acto que implique un atentado a la estabilidad de nuestro ambiente costero, en particular, de nuestras dunas. Tanto el Ministerio Público como las autoridades municipales tienen la obligación de atender nuestra denuncia y ordenar de inmediato las diligencias mínimas indispensables para garantizar su protección. Para una mejor integración del expediente o carpeta de investigación respectiva, es conveniente tomar fotografías o videograbar la zona, y precisar la ubicación exacta del sitio.

Todos los habitantes y visitantes de la Entidad, debemos constituirnos en celosos vigilantes del sano equilibrio de nuestro entorno.

No a la mina (II)

FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social. La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

Promovente minero flanqueado por guardias de seguridad privada, Cabildo La Paz 2015.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que: “EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Protestas afuera de TV Azteca BCS 2015.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

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5 Estrategias para fomentar en los niños el amor por la lectura

FOTOS: Internet

Sexo + Psique

Por Yaroslabi Bañuelos

La Paz, Baja California Sur (BCS). La literatura es quizá la forma más bella y poderosa de encantamiento, cuando las palabras son colocadas sobre la hoja en el orden preciso, logran una sutil magia en el cerebro; la poesía, los cuentos, las leyendas y las novelas crean infinitos universos paralelos que fácilmente nos arrebatan de la cotidianidad o del hastío en el que nos hallamos inmersos, o por el contrario, algunos versos e historias provocan que entremos en contacto con realidades crudas y dolorosas que muchas veces nos negamos a ver, ya que de otra forma sería insoportable. En los niños, la literatura actúa como un hechizo capaz de tejer redes de crecimiento intelectual, emocional y social. Un niño que lee con alegría y gusto suele ser un niño más feliz, sensible y empático.

Algunos estudios pedagógicos señalan que cuando los pequeños carecen de habilidad lectora, pueden aparecer problemas en el ámbito escolar y dificultades en el aprendizaje, así como baja autoestima, escasa tolerancia a la frustración y poco autocontrol. Los beneficios de leer por placer y de tener un acercamiento a la literatura en la infancia, abarcan el desarrollo de la empatía, el autoconocimiento y la capacidad para reconocer emociones; asimismo, la lectura favorece a las habilidades lingüísticas, ya que el hábito lector enriquece el vocabulario y las expresiones verbales, incluso ayuda a mejorar la ortografía y la comprensión de diversos textos. También estimula la imaginación y la creatividad; de igual forma beneficia al desarrollo cognitivo, ya que fortalece los procesos de atención, memoria y concentración.

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Existen variadas estrategias que permiten promover el hábito de la lectura entre los más pequeños, esto partiendo de un contexto hogareño y familiar. A continuación se enlistan cinco de las técnicas más utilizadas para alimentar el amor y la pasión por la literatura desde una edad temprana:

1. Predicar con el ejemplo

El aprendizaje por imitación es uno de los mecanismos más efectivos en la adquisición de nuevas conductas. Si las niñas y niños observan continuamente que sus padres, tíos, hermanos mayores, abuelos, o las personas más cercanas, “devoran” libros, esta actitud fomentará la curiosidad por la lectura y los mantendrá motivados.

2. Crear un hábito

Es recomendable establecer una rutina diaria para compartir la actividad lectora con los niños, ya que los pequeños se sienten más cómodos y seguros siguiendo planes conocidos; por ejemplo, basta con dedicar cada día —al menos— 20 ó 30 minutos para leer en familia. En un futuro, es muy probable que dicha actividad se convierta en parte de la vida cotidiana del adolescente, porque el acto de leer será visto como un comportamiento “natural”, y estará asociado con recuerdos agradables y de afecto. Asimismo, esta práctica ayuda a estrechar los vínculos familiares y fortalecer relaciones, por lo que los más chicos se sentirán acompañados y queridos.

3. Un ambiente propicio

Es de gran ayuda adaptar un rincón del hogar que esté especialmente destinado a la lectura, también es buena idea salir a leer al patio o al jardín, acomodarse en un sillón junto a una mesita con más libros, o incluso se pueden utilizar alfombras o tapetes para este fin; y por supuesto, elegir un espacio en el que los pequeños se sientan más cómodos y tranquilos. De igual forma, es muy beneficioso convertir la actividad lectora en un momento agradable y lúdico; ésta se puede combinar con juegos y dinámicas, asimismo, podemos acompañar la lectura con bocadillos, jugo, limonada, fruta, galletas, o algún alimento delicioso que sea del agrado de los niños.

4. Lectura participativa

Es conveniente animar a los niños y niñas a participar en la actividad lectora, por ejemplo, debemos permitir que ellos elijan los libros que más le atraigan, esto funciona como una motivación y ayuda a mantener el interés. Conforme los pequeños se desarrollen intelectual y emocionalmente, es importante guiarles a experimentar la lectura de distintos géneros literarios, esto con la intención de mejorar la perspectiva acerca de lo que les gusta leer. De la misma manera, resulta enriquecedor si alentamos la capacidad de análisis de los menores a través de reflexiones, preguntas sobre el cuento, poema o historia que leyeron, ejercicios de escritura, y sobre todo, escuchar siempre sus opiniones acerca del libro revisado.

5. Aprovechar las herramientas digitales

Un celular y una tableta no son enemigos de la infancia. Utilizados de forma consciente, y responsable, los dispositivos electrónicos también pueden ser herramientas para fomentar el hábito de la lectura, ya que en el mundo virtual es posible encontrar distintas Apps con esta finalidad, así como libros interactivos, audiolibros, entre otros recursos. Llegó el momento de adecuarnos a las nuevas tecnologías, y considerar que el papel y el libro digital son capaces de convivir perfectamente.

Otras estrategias para impulsar la lectura en el hogar:

Incluir al menos un libro en los regalos de navidad o cumpleaños.
Salir de paseo y aprovechar para leer en el parque, la playa o cualquier lugar que resulte agradable e inspirador.
Visitar librerías y bibliotecas junto a los niños.
Llevar siempre un libro para las esperas largas y tediosas.

Finalmente, hay que subrayar que para promover en los niños el gusto genuino por la lectura y los libros, como adultos conviene dejar de ver esta actividad como un simple ejercicio mecánico, o como una tarea escolar cuyo único objetivo es el pedagógico; la lectura por placer nunca debería ser una obligación, un castigo o una carga tediosa. Un libro puede convertirse en el mejor amigo de un niño, y también en una herramienta de introspección y socialización al mismo tiempo, pero sólo si la lectura se realiza por verdadero gusto y elección. Disfrutemos juntos de la magia de las letras.

No a la mina (I)

FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Los Cordero y su rancho Las Padercitas son la última línea de defensa, de resistencia física en la Sierra de la Laguna, son la última trinchera desde la que se impide la entrada de la compañía minera… REGD 07/2015.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha que durante años ha librado la población sudcaliforniana contra la megaminería fue coronada durante la asamblea pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio en Cabo San Lucas el domingo 3 de marzo de 2019. Cuando dijo “no a la mina” los asistentes estallaron en aplausos y en gritos de: ¡Presidente, Presidente, Presidente!, y desde entonces la algarabía ha cundido en el resto de la población del Estado. Sólo algunos sectores partidarios del priísmo y grupos empresariales relacionados al ramo minero han mostrado inconformidad o han manifestado que la decisión del Presidente es populista. Algunos funcionarios públicos de la más alta jerarquía se han aprovechado del “no a la mina” presidencial para montarse en una lucha ciudadana que no libraron.

En Baja California Sur se realiza minería de diversos tipos, pero desde hace años algunas empresas de capital nacional y/o transnacional han intentado establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en un área estratégica para la acumulación y distribución de agua en la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Y aunque la sociedad civil se manifestó en contra y exhortó a nuestros gobernantes a privilegiar la vida sobre el interés económico, la codicia prevaleció en las altas esferas empresariales y políticas; y una y otra vez autoridades municipales y federales dieron entrada a los diversos proyectos presentados para el establecimiento de la megamina e incluso otorgaron permisos condicionados, pero sin observar las disposiciones oficiales para tal efecto; todo esto, en el mejor de los casos, ante la inacción de las autoridades estatales. Para desgracia de los inversionistas y los funcionarios públicos involucrados en esos procesos amañados, la sociedad sudcaliforniana siempre estuvo expectante y dispuesta a protestar contra la megamina, es por eso que cada intento de establecerla fue detenido por una amplia protesta ciudadana a pesar de las autoridades municipales, estatales y federales en turno.

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Décadas de lucha

Los intentos por explotar esta región mediante megaminería datan al menos desde hace tres décadas, pero fue en el sexenio panista de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megamina a tajo abierto generó un gran conflicto social. En ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social, lo que obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a rechazar los proyectos. Tiempo después, durante la administración federal priísta de Enrique Peña Nieto, en octubre del año 2013, la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. ingresó ante las autoridades correspondientes el proyecto minero con algunas modificaciones y con el nombre de Los Cardones; cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en junio de 2014 por la Semarnat, a pesar de que parte de la zona que sería explotada se encuentra en un Área Natural Protegida decretada Reserva de la Biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa autorización fue condicionada a tener un plan de manejo de residuos mineros y a obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En ese entonces Exequiel Ezcurra, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, revisó la MIA aprobada, y señaló que era similar a las presentadas antes, y determinó que además tenía otras fallas.

El descontento social

El conflicto generado por los intentos de establecer la megamina fue particularmente álgido en los años 2014 y 2015. Como respuesta social al ingreso de la solicitud de cambio de uso de suelo de 2013, y ante la inminencia de su aprobación, en abril de 2014 se conforma el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) integrado por 37 organizaciones civiles y por ciudadanos sin filiación. También en abril de ese año, los guardias de Adamantium Private Security Services, compañía filial de Desarrollo Zapal S.A. de C.V., bloquearon por primera vez el acceso al rancho Las Padercitas, predio El Saucito —también conocido como El Encantado— ubicado en La Sierra de la Laguna; pero fueron echados por la familia Cordero, dueños del predio, y por ciudadanos de diversas partes del Estado que fueron a apoyarlos. Desde entonces la familia Cordero fue acosada e intimidada de diversas maneras, ya que su propiedad se encuentra en el área que la compañía minera pretendía devastar, y ellos se habían negado a ceder sus terrenos.

En junio de 2015 la entonces vocera del Freciudav, Irina Trasviña Mar, declaró que la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V. es propiedad de Invecture del Grupo Salinas, al igual que Adamantium Private Security Services (Oficio FRECIUDAV-0200615). Debido a lo anterior, no parece coincidencia que, desde el año 2012 Sergio Sarmiento, comentarista de Televisión Azteca, propiedad de Grupo Salinas, haya visitando Baja California Sur en varias ocasiones y participara en foros a favor de la minería. Por ejemplo, en uno de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) en La Paz, en noviembre de ese año. Lo expresado por Sarmiento causó enojo en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, pues demostró gran desconocimiento sobre el tema, principalmente en lo que considera grandes beneficios de la minería para los más pobres. Además de que criticó a los activistas opositores.

La aprobación de la MIA condicionada en junio de 2014 desencadenó una serie de fuertes protestas, pocas veces experimentadas en el Estado. El 7 de mayo el Freciudav emplazó un plantón en la explanada del Palacio de Gobierno estatal en La Paz, que luego trasladaría al Palacio Municipal; la protesta se mantuvo por 37 días, hasta que logró cierto respaldo de las autoridades. El 3 de agosto dentro de una gran manifestación, una caravana de más de 120 vehículos procedentes de diversos puntos del Estado se congregaron en el estacionamiento del Palacio Municipal y de ahí se dirigieron al centro de La Paz; en la calle Licenciado Primo Verdad, frente a las instalaciones de Tv Azteca, los ciudadanos gritaron consignas contra el proyecto minero, la empresa televisiva y su dueño Ricardo Salinas Pliego. Los inconformes quemaron dos piñatas que aludían al entonces secretario de la Semarnat, Juan José Guerra Abud y a Salinas Pliego. Posteriormente, los manifestantes continuaron su camino hasta la plaza del malecón; en ese lugar realizaron diversos eventos culturales e informaron a la ciudadanía de los riesgos que conlleva la minería de este tipo.

La violencia

El 3 de marzo de 2015 los guardias de Adamantium Private Security Services establecieron un campamento en las inmediaciones de Las Padercitas. Durante la noche del día 4 y la madrugada del 5 de ese mes el rancho fue saqueado y destruido; esa noche únicamente se encontraba Rodolfo Nava Rojas, amigo de la familia, a quien le habían encargado el rancho, pues don Jorge Cordero —diagnosticado con cáncer de hueso y fallecido en 2016— se había trasladado con otros familiares a La Paz para someterse a una quimioterapia. Alrededor de 30 individuos encapuchados atacaron el rancho. Rodolfo huyó a las cercanías desde donde presenció los hechos. Los atacantes destruyeron el corral y la casa, además se llevaron los escombros de ésta y todas las pertenencias de los Cordero; incluidas 13 vacas y tres borregas, así lo declaró Cristian Cordero, quien también señaló que a la mañana siguiente los abogados de Desarrollo Zapal se presentaron en el lugar acompañados de un notario público de La Paz para dar fe de que el rancho se encontraba abandonado. De acuerdo a Cristian, con esa acción la empresa inició un litigio civil contra la familia Cordero por la posesión del predio El Encantado o El Saucito.

Campamento de guardias de seguridad privada en las inmediaciones del rancho Las Padercitas 2015.

Desde su campamento, los guardias de seguridad continuaron acosando y amenazando a los Cordero. La violencia por parte de los promoventes mineros llegó a tal grado que la noche del 30 de mayo de 2015 Mario Martínez González —sobrino de don Jorge Cordero— y su esposa fueron despertados por varios disparos. Ellos habitaban una pequeña casa rodante en Las Padercitas. Les disparaban desde los arbustos y árboles; ellos salieron como pudieron del remolque y corrieron al monte. Los guardias de seguridad pasaron de las amenazas verbales al uso de armas para lograr que la familia Cordero abandonara el rancho. Mario señaló en una conversación con Radio Zapatista Sudcaliforniana que fueron más de 10 disparos. Aquí se puede escuchar la conversación grabada cuando la pareja estaba escondida en el monte.

Confluencia ciudadana

Tras las agresiones a la familia Cordero la lucha social contra el proyecto Los Cardones tomó un nuevo enfoque. Pues si desde hacía años gran parte de la sociedad sudcaliforniana se había manifestado en contra del proyecto, ahora la valiente resistencia de los Cordero ante los embates de Desarrollo Zapal se convertía en punto de confluencia de diversos grupos que ya venían librando sus propias gestas en contra de la megaminería tóxica, como Niparajá, Agua Vale Más que Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Freciudav. Incluso congregó a cientos de extranjeros residentes y a un sector de empresarios agrupados en la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), quienes hicieron público su rechazo al proyecto. Los grupos opositores a la megamina tenían un punto en común: sabían del gran impacto negativo que esta forma de despojo y explotación puede traer a la región.

La sociedad cerró filas en torno a la familia Cordero y colaboró con ellos con asesoría legal para levantar una denuncia por agresiones y despojo ante las autoridades, que por cierto empantanaron el proceso dando largas a las peticiones de los agraviados; la ayuda también fue en obra y en especie para la reconstrucción del rancho, al que fueron diversas caravanas desde diferentes puntos del Estado durante los meses de abril, mayo y junio de 2015. En abril un grupo de ciudadanos de Todos Santos convocó a una caravana para constatar las denuncias de la familia Cordero, a la que se sumó gente de otras partes, así como un grupo representativo del Freciudav; el 16 de abril por la mañana esa organización acudió a la presidencia municipal de La Paz para solicitar el apoyo de la policía, pues sabían que los guardias de Adamantium Security estaban armados.

La caravana quedó integrada por civiles, dos patrullas, algunos periodistas y un vehículo de migración; para los activistas la presencia de los agentes de migración fue para intimidar a los extranjeros residentes. La caravana se encontró con un portón que impedía el libre tránsito sobre el único camino vecinal de jurisdicción municipal de acceso hacia el rancho Las Padercitas. A un lado de éste había instalado un sanitario móvil, todo resguardado por seis guardias que se encontraban a unos 200 metros a bordo de una camioneta doble cabina de la empresa Adamantium. En el área del campamento los policías no encontraron armas, sólo una caja de balas vacía. Fue evidente que alguien les advirtió de la visita de inspección.

En otra caravana, realizada el 25 de abril, hubo un conato de pleito en las inmediaciones del rancho Las Padercitas, en donde uno de los guardias de seguridad privada identificado como vecino de la comunidad de El Rosario,se mostró violento ante el arribo de la misma y debió ser sometido por policías estatales y municipales. En esa ocasión, al inspeccionar los vehículos de los guardias se encontraron diversas pertenencias de la familia Cordero, mismas que habían sido sustraídas de su rancho la noche del 4 de marzo. Un vídeo y varias fotografías que muestran los hechos pueden ser consultados aquí. Después de ese incidente los guardias de Adamantium Security se retiraron del lugar, pero sólo temporalmente. A los pocos días regresaron y otra vez instalaron el campamento, aunque ahora ya no bloquearon el camino de terracería. El 2 de mayo se realizó otra caravana que también contó con el apoyo del Ayuntamiento y los policías municipales. En esta ocasión la misión fue reconstruir el corral derribado la noche del despojo, de acuerdo con los activistas, en una muestra de apoyo a la familia Cordero y como un mensaje para Desarrollo Zapal de que la ciudadanía estaba dispuesta a luchar al lado de los Cordero y por la defensa de su medio ambiente en contra de la entrada de la megaminería tóxica a Baja California Sur.

El 18 de junio de 2015 la familia Cordero se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañada por integrantes del Freciudav y ciudadanos sin ninguna filiación, en donde le entregaron un oficio al procurador Adonaí Carreón Estrada. En éste le exigieron que se protegiera el derecho de la ciudadanía a tener acceso a agua potable y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues expusieron que una megamina en la Sierra de la Laguna pondría en riesgo el abasto de agua para la población. También le reiteraron al procurador su irrestricto apoyo a la familia Cordero por los hechos ya mencionados y le exigieron una rendición de cuentas claras en referencia a las averiguaciones previas interpuestas en esa dependencia (LPZ/154/AMP1/2015, LPZ/155/AMP10/2015 y LPZ/162/AMP(/2015). La respuesta fue que ellos no tenían jurisdicción en el asunto y que debían dirigirse a las autoridades municipales

En julio de 2015 la ciudadanía pidió, mediante sus representantes del Freciudav, al Cabildo municipal de La Paz una audiencia abierta al público y a los medios de comunicación, para que expertos en diferentes materias les explicaran a los regidores y al presidente municipal Francisco Monroy lo pernicioso de la extracción minera a tajo abierto. El Cabildo sugirió una reunión conjunta con los promoventes mineros, pero los integrantes del Freciudav declinaron y solicitaron audiencia independiente.

El 6 de agosto se celebraron dos audiencias, por la mañana para los opositores a la megamina y por la tarde para los promoventes mineros. Ese día asistieron cientos de personas de varias ciudades del Estado, así como de diversos ejidos, para refrendar su rechazo al megaproyecto, la mayoría debió esperar afuera en la explanada del recinto legislativo. Los promoventes mineros llevaron acarreados de las colonias más humildes de La Paz, así como algunos partidarios de las comunidades El Triunfo y San Antonio. Los testimonios de los pagos de entre 100 y 200 pesos recibidos por los “manifestantes” para asistir al Cabildo fueron recabados por varios reporteros y por otros ciudadanos, circularon en las redes sociales y en algunos diarios locales. Incluso algunos acarreados, al enterarse de lo que implica establecer una megamina, cambiaron de bando o se retiraron del lugar.

A favor de la mina, palacio de Gobierno municipal, La Paz 2015.

En la audiencia de la tarde, en un acto sin precedentes, los promoventes entraron al recinto legislativo resguardados por guardias de seguridad uniformados; el mutismo de los Síndicos y de los elementos de la policía municipal presentes ante tal agravio sólo incrementó la zozobra ciudadana. Así mismo, esos guardias amedrentaron a reporteros y ciudadanos al fotografiarlos y/o filmarlos de frente con sus teléfonos celulares. Muchos de los ciudadanos opositores a la mina esperaron hasta la conclusión de la segunda audiencia. Hubo varios momentos ríspidos entre integrantes de ambas facciones que no pasaron de gritos e insultos.

El Pacto de Todos Santos

En asamblea popular del 12 de septiembre de 2014 una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, para exigir el respeto a sus derechos. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del Estado; también asistieron decenas de extranjeros residentes y algunos ciudadanos de otras partes de la República. Era una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de sudcalifornia, así como la defensa de la Entidad de cualquier megaproyecto minero, incluidos los submarinos, pues en ese año el proyecto submarino Don Diego para la extracción de fosforita del Golfo de Ulloa, al norte de la Entidad, ya generaba otro conflicto social. En ese caso los promoventes mineros incluso demandaron al periodista Carlos Ibarra, por haber expuesto los hechos ante la sociedad, lo que involucró en el conflicto a la prensa local, nacional e internacional, así como a diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El Pacto de Todos Santos cimentó las bases de una ciudadanía alerta y coordinada que manifestó públicamente que su lucha, además de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales, no dudaría en ejercer la resistencia y la desobediencia civil pacífica si los Ayuntamientos y el Gobierno Federal no escuchaban su reclamo y continuaban autorizando proyectos mineros; pues las autorizaciones se gestan desde el Gobierno federal y se aprueban en el Cabildo Municipal. Ese pacto hizo que las autoridades municipales del Baja California Sur avizoraran la magnitud y el poder de la reacción social, lo que llevó a que las siguientes administraciones se posicionaran, aunque tibiamente, del lado de los civiles; también como consecuencia de ese encuentro social el Gobierno Estatal del panista Marcos Covarrubias se manifestó en contra de Los Cardones, aunque sólo verbalmente. Los activistas empezaron a propagar la consigna, en redes sociales y foros, de que todo gobernante o aspirante a cargo del gobierno que apoyara los proyectos mineros y que no hiciera todo lo posible para impedirlos sería castigado en las urnas.

El 18 de septiembre los reclamos se hicieron extensivos y de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile; y fue en Todos Santos donde la población arremetió contra Peña Nieto y, además de exigirle el soporte gubernamental ante la crisis causada por el fenómeno meteorológico, le exigió la cancelación de los megaproyectos mineros; Peña hizo lo mismo que durante todo su sexenio, sudar, sonreír y enredarse en trabalenguas. El Pacto de Todos Santos congrega a más de 60 organizaciones civiles y más de 3 mil 500 ciudadanos, además de ser la manifestación social más coordinada y nutrida contra la megaminería, sus objetivos son de fondo, pues entre los principales está la derogación de la Ley Minera de 1992, misma que es en gran parte una de las causas de la propagación de los megaproyectos mineros y de los desastres ecológicos y sociales que estos generan, como la contaminación del Río Sonora con desechos tóxicos por parte de la Mina Cananea, de Grupo México, de Germán Larrea.

Tras el Pacto de Todos Santos la respuesta de los promoventes mineros no se hizo esperar y en enero de 2015 se anunció la conformación del Frente Prodesarrollo Sustentable, que en ese año hizo reuniones y emitió comunicados en los que encomiaba a la minería y a sus supuestos beneficios económicos y sociales; los promoventes mineros comenzaron a manejar en los medios de comunicación el término de minería sustentable. La gente que integró el Frente Prodesarrollo estaba ligada al priísmo más recalcitrante del Estado, a algunos personajes panistas, a organizaciones sindicales, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como a David de la Paz, coordinador de TV Azteca en la Entidad.

Ciudadanos organizados contra el despojo, Todos Santos 2016.

La vía legal

En agosto de 2015 el Freciudav interpuso una demanda contra la autorización condicionada de la MIA aprobada por la Semarnat en 2014. El 9 de febrero de 2017, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución correspondiente declarando la nulidad de dicha autorización. La declaratoria de nulidad impedía a la empresa promovente realizar cualquier actividad extractiva de minerales mediante la MIA mencionada, pues ésta carecía de una validación para los impactos ambientales que implica un emplazamiento minero como el de Los Cardones. Aunque la ciudadanía ganó esa batalla, la resolución del Tribunal Federal de Justicia se refería al caso particular de la MIA presentada de acuerdo a un proyecto y no hacía referencia sobre el futuro; es decir, si la empresa solicitaba otro resolutivo de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el fallo del Tribunal no establecía que éste se negara. El riesgo seguía latente pues la aprobación o negación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental es responsabilidad de las autoridades de dicha dirección y dependencia, que en ocasiones anteriores ya se habían mostrado afines y complacientes con los promoventes mineros, a pesar de que éstos incumplieran los requisitos y las diversas reglamentaciones correspondientes.

En la sentencia a favor del Freciudav se estableció que durante la tramitación y expedición de los permisos al proyecto minero Los Cardones no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley marca, ya que no se consideró que el artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera sólo pueden ser realizadas por las comunidades que ahí vivan —o con su participación— al momento de la expedición de la declaratoria; lo que no cumplía la empresa minera, ya que Desarrollo Zapal, Grupo Invecture y demás empresas y consorcios que están detrás del proyecto Los Cardones, son tanto nacionales como internacionales, y no tienen vínculo con Baja California Sur, y menos con el área que repetidamente han pretendido devastar. Pero esa es una restricción que los promoventes mineros podían intentar zanjar mediante la cooptación de particulares o comunidades avecindadas en la zona de impacto, y una negativa como la que entonces obtuvieron no fue impedimento para que intentaran obtener nuevamente el permiso para su proyecto.

Ese logro del Freciudav es un buen ejemplo de lo que una sociedad organizada y participativa puede alcanzar mediante la difusión de una problemática en diversos foros, así como en las redes sociales y, ejerciendo la protesta social pacífica e incluso la desobediencia civil; pero sobre todo empleando la vía legal para la solución de los conflictos sociales y ambientales. Una vez más la sociedad impedía el establecimiento de la megaminería tóxica en Baja California Sur.