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Cuando las aerolíneas te roban el tiempo en nombre de Josefa…

FOTO: El Universal.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En una acción ejemplar, Andrés Manuel López Obrador hizo renunciar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, por lograr, mediante un amigo de ésta, que Aeroméxico retrasara un avión entre la Ciudad de México y Mexicali. El vuelo 198 fue demorado y Josefa hizo un aterrizaje forzoso fuera de la pista de la Cuarta Transformación (4T). Ojalá así sean las acciones, contundentes y expeditas, con quienes cometen actos más que cuestionables, que incluso requieren otro tipo de castigo, no sólo la renuncia, por ejemplo la cárcel. Josefa no puso a tiempo su reloj o se quedó dormida y eso hasta el trabajo le costó, pero le quedará el consuelo de pasar a la historia como la primera mártir de la 4T.

Pero ¿quién es el alto funcionario de Aeroméxico que a petición de Josefa retrasó el vuelo? Empleado de la aerolínea que se dio la prerrogativa de decidir sobre 38 minutos de la vida de todos los demás pasajeros, considerándolos así sujetos de menor importancia, cuyas ocupaciones, citas, trabajos, familias, urgencias y agendas en general le valieron menos que complacer a Josefa González.

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¿Qué acciones va a tomar Aeroméxico contra este poderoso funcionario que decide sobre el tiempo de los pasajeros? ¿De qué manera la compañía aérea resarcirá a los ultrajados de ese vuelo? Y es que el avión no fue retardado por Josefa, que ya hasta se quedó sin chamba, sino por uno o varios miembros de Aeroméxico, en un acto prepotente y falto de ética.

Y aunque en un comunicado la aerolínea dirigida por Andrés Conesa ya se disculpó y expuso que buscará entrar en contacto con los pasajeros para atenderlos —aunque con un poco de dilación—, ¿qué garantías tenemos los usuarios de la mayor compañía de transportación aérea del país, de que cuando se retrasen sus vuelos no es por capricho de sus empleados? ¿Quién nos asegura que no retienen el despegue por esperar a un amigo o familiar o por el pedido de algún otro funcionario o político influyente? Podrán culpar a la saturación de la terminal aérea Benito Juárez y soslayarse regocijados en la cancelación del NAIM; pero a partir del retraso de Josefa cada moratoria en un itinerario causará cuando menos suspicacia en el usuario común que no ostenta cargo público alguno y no tiene el poder de la influencia.

El escándalo es nacional por el cargo que tenía Josefa, por su amistad con el funcionario todopoderoso de Aeroméxico y por que el Presidente de la República la hizo renunciar en tiempos de la claudicación de Germán Martínez, el mayor chapulín azul, siendo ambos de los primeros bateados de esta nueva y administración federal. De los hierros de campaña ya tendrá AMLO más descalabros, las indeseadas pero necesarias alianzas políticas para asegurar la Presidencia, ya irán cobrándole la factura a Morena.

Al final del corto vuelo de Josefa por los aires de la administración federal, ¿quién responderá por el atropello cometido contra los demás pasajeros que no tienen un cargo público, que no son famosos y que no tienen un amigo en Aeroméxico? Ya lo sabremos cuando culmine la investigación que la compañía aérea ha iniciado por las anomalías detectadas en el proceder del manejo aeroportuario del vuelo mencionado. Esperemos que ni los implicados, ni la empresa misma queden impunes por el robo del precioso tiempo de los usuarios. Asunto del que también deberá entregar cuentas a la sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Taxis vs Uber. Las batallas por las calles en Los Cabos

FOTO: Internet

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las primeras manifestaciones de los taxistas en Cabo San Lucas contra la entrada de las unidades Uber, son ahora nimiedades comparadas con el tipo de agresiones y violencia generadas con la escalada del conflicto por la pelea de las vialidades cabeñas; principalmente las de la zona turística de la urbe y las adyacentes a la carretera transpenisular hacia San José del Cabo. Retenciones de operadores, bloqueos viales y amedrentamientos verbales escalaron a choques, atropellamientos y golpizas, incluso a la agresión sobre los usuarios —en su mayoría turistas extranjeros. Esas son las escenas cotidianas de violencia por la defensa de un territorio otrora controlado por algunos grupos de taxistas locales, que obviamente no ven bien la entrada de una competencia, que los obliga a mejorar su servicio y a detener sus abusos en cuanto a los cobros de tarifas que se hacen al gusto del tripulante.

Una realidad en este complejo y primitivo asunto es que, a nivel mundial, Uber ha generado conflictos con los taxistas locales en las grandes urbes europeas, asiáticas y americanas, y sobre todo en éstas últimas, principalmente en Buenos Aires y Bogotá en donde las disputas han causado personas gravemente heridas. Por supuesto, las ciudades mexicanas no han sido la excepción. En todos lados la presencia del servicio de taxi por aplicación mediante dispositivos móviles de Uber y otras empresas ha ocasionado conflictos políticos, judiciales y callejeros.

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Otra realidad en este asunto es que, antes de la llegada de los servicios de transporte apoyados en nuevas tecnologías, a la mayoría de los taxistas locales, ya fueran los de la Ciudad de México, los de Cabo San Lucas o a los de cualesquiera otras urbes poco les interesaba el cliente, menos proporcionarle un buen servicio, ni su comodidad; les interesaba el cliente sólo monetariamente; y en muchos servicios los operadores cometían diversos robos, ya fuera con taxímetros alterados ­—cuando contaban con uno—, independientemente de si el servicio era diurno o nocturno, o simplemente cobrando el monto que se les antojara sin considerar la distancia a recorrer. Obvio, si no apoyabas tu propio atraco, pues no te proporcionaban el servicio; incluso algunos taxistas se daban el lujo de exponerte diversas excusas cuando les hacías la parada y les indicabas a que lugar te dirigías: “híjole joven, es que no voy para allá.”, “es que ya voy de salida”, “está muy lejos, luego quién me paga el regreso.”, “hasta allá son…”, obviamente pidiéndote una cantidad estratosférica por el servicio, monto que pocas veces un cliente estaba dispuesto a pagar; o condicionándote el traslado: “El pago es en dólares, eh!”. Todos los atropellos mencionados eran cometidos por operadores dueños de la unidad o por el chofer contratado por el propietario de la misma.

Debe quedar claro que no me refiero a todos los taxistas, pues en muchas ocasiones tuve servicios, además de eficientes, hasta interesantes, en los que platicar con el operador fue un verdadero abrevadero de todo tipo de conocimiento, desde curiosidades y trivialidades mundanas hasta conversaciones sobre política, religión, historia o filosofía; y es que uno nunca sabe quién labora detrás del volante y dependiendo del operario era el estado del vehículo.

Los servicios de Uber y otras plataformas aun no están regulados completamente y en varias ciudades operan violando las normativas de transporte público, lo que nos lleva al origen del problema: las autoridades. Fueron éstas las que permitieron la entrada de los servicios de este tipo, aún antes de regularizar sus permisos y equipararlos a los que ya obtenían los prestadores de servicios del lugar. Otro asunto son las irregularidades en las que muchos taxistas tradicionales operan: falta de tarjetón de identificación del conductor, unidades en pésimo estado y sucias, entre otras. Los grupos de taxistas a veces corresponden a una sola persona, quien es dueña de varias unidades y las da para ser operadas por terceros, un negocio bastante redituable que muchas veces opera irregularmente al amparo de autoridades que no ejercen las acciones correspondientes cuando se incumplen las normas; el negocio de los taxis se convirtió en un asunto de grupos de poder que controlan pequeños territorios, sobre todo en ciudades pequeñas, como es el caso de Cabo San Lucas.

Noticia nacional e internacional

Si las autoridades reguladoras de este tipo de prestación de servicios han brillado por su ineficacia, ahora hasta las autoridades viales y las municipales lucen por su incompetencia en el conflicto, que ya se ha salido de control, pues hasta los usuarios han sido agredidos. Cabo San Lucas es semana tras semana nota estatal, nacional e internacional por los eventos de violencia que ahí suceden; mientras las autoridades no toman acciones que frenen la violencia que se apodera de las calles del destino turístico más importante de Sudcalifornia.

Un taxista que embiste con su camioneta el auto de un conductor de Uber, vehículo que a su vez se impacta con un auto particular, con saldo de dos heridos; un grupo de taxistas que sigue a un vehículo de Uber y hace bajar al conductor en presencia de los turistas extranjeros que pretendían abordarlo, y ahí lo golpean brutalmente, además de amenazarlo de muerte; servidores públicos gritando a una mujer y a una niña que no aborden una unidad de Uber, al grado de provocar el llanto de la menor y hacer salir corriendo a ambas. Esas son las notas periodísticas que posicionan a Cabo San Lucas como una ciudad rudimentaria; a eso agregamos la violencia criminal que no cesa, tenemos un destino turístico de primera categoría ubicado en el nivel más atrasado de gobierno y civilidad. Los videos tomados por ciudadanos sobre esos sucesos cunden en las redes sociales; esa imagen de sudcalifornianos violentos y primitivos que se pelean a golpes las calles, incluso en detrimento del turismo internacional son la estampa que está caracterizando la Presidencia Municipal de Armida Castro.

La violencia ha llegado a tal grado que algunos dueños de negocios como hoteles y restaurantes han solicitado de manera pública a sus clientes evitar el uso de la plataforma Uber, aduciendo que es ilegal en México y que contratar sus servicios puede generar más violencia con el gremio de los taxistas. El conflicto está desbordado en Los Cabos, las batallas por las calles amenazan con esparcirse a otros lugares de la entidad; mientras las autoridades brillan por su ineficacia en el cargo y el usuario nacional o extranjero es agredido con toda impunidad.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.




Tribunal Superior de Justicia en BCS discrimina a personas con discapacidad

FOTOS: Arturo Rubio Ruiz.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este fin de semana, causó una gran polémica en La Paz un evento en el que elementos de la Policía Preventiva le impidieron a una menor con discapacidad motriz disfrutar en compañía de dos familiares, de un juego mecánico acondicionado para ser utilizado por personas en silla de ruedas en el malecón paceño. Como los dos familiares no evidenciaban discapacidad motriz, el oficial policíaco los obligó a bajarse del juego. Disociar juego y convivencia familiar es absurdo, pero esa fue la absurda exigencia de los elementos del orden. La experiencia fue traumática y dolorosa para la menor.

Es evidente que a los cuerpos de seguridad les falta capacitación, sensibilidad y sentido común, para conducirse en ese tipo de situaciones, sin embargo, tales carencias no son exclusivas de los cuerpos de Seguridad Pública. Para las personas con limitaciones motrices, sobre todo las que necesitan silla de ruedas o andadera para desplazarse, es un verdadero calvario asistir a una audiencia de apelación en las instalaciones del Poder Judicial de Baja California Sur, pues las oficinas donde se realizan las audiencias de apelación, se encuentran en la planta alta del edificio, y no se cuenta con elevadores eléctricos o mecánicos que les  permitan el acceso adecuado a las instalaciones.

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Se aprobó, hace tiempo, un presupuesto para adecuar las instalaciones, pero en lugar de hacer lo propio, se construyeron oficinas lujosas para el pleno y la Presidencia del Tribunal, y ¿qué creen? Si un gobernado quiere asistir a la oficina del Presidente, debe subir las escaleras, porque tampoco están habilitadas las instalaciones para que una persona con discapacidad motriz pueda desplazarse adecuadamente.

Las instalaciones del Tribunal en Cabo San Lucas, adolecen de la misma carencia, pues la Oficialía de Partes Común y el Juzgado Primero Civil, se ubican en la planta alta, así que si un promovente tiene discapacidad motriz, pasa las de Caín para acceder a las instalaciones.

Por su fuera poco, a los genios de la administración de las instalaciones sede del Poder Judicial en la capital del Estado, se les ocurrió convertir en salida de emergencia, la puerta originalmente diseñada como de acceso principal. En consecuencia, las personas con discapacidad que llegan en transporte público al tribunal, tienen que rodear todo el edificio para poder acceder al mismo. Ello es irrelevante y hasta saludable para quien goza de plena movilidad corporal, pero es un martirio para quien camina con andadera o se desplaza en silla de ruedas. Es discriminatorio y en algunos casos, resulta un acto de crueldad.

Leyes discapacitadas

La LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación (Artículo 1º) e impone la obligación a al TSJE de adoptar las medidas necesarias para que toda persona ejerza y goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y en las demás leyes.(art 3º), y define como CONDUCTA DISCRIMINATORIA (Artículo 5º  fracción XXII) el limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos.

La ley es clara, pero se convierte en letra muerta, cuando el órgano del poder público encargado de su aplicación, es omiso al respecto. ¿Quién va a sancionar a los titulares del monopolio de la aplicación de la ley en la impartición de justicia?

Si en el Estado existiera una comisión para prevenir y eliminar la discriminación, con plena autonomía presupuestal y orgánica, seguramente tomaría cartas en el asunto, pero como eso no ocurre, las personas con discapacidad motriz seguirán en el limbo de la invisibilidad judicial. Si tuviéramos una Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sensibilidad sobre el tema, hace mucho que habrían hecho una recomendación al respecto, pero en BCS dicha Comisión no pasa de ser un ornato inútil y costoso.

Si en el Congreso del Estado los diputados que integran la Comisión Contra la Discriminación, en lugar de andar “futureando”, atendieran su encomienda, seguramente ya habrían llamado al Presidente del Tribunal para que, en comparecencia ante la asamblea de representantes populares, explicara lo absurdo de su proceder, pero eso no va a suceder. No saben que pueden hacerlo, o lo saben pero no es un tema que les interese.

Si al Gobernador del Estado le interesara el tema, ya hace mucho que hubiera exhortado al Poder Judicial para enmendar su dislate, pero como no es un tema en el que tenga un interés personal, ni los discapacitados motrices significan un número importante de votantes, tampoco moverá un dedo al respecto.

En síntesis, sólo nos queda a los gobernados llamar la atención sobre el tema, y ante una negativa manifiesta del Tribunal a subsanar su grave irresponsabilidad, promover un juicio de procedencia contra esos magistrados insensatos y discriminadores. En fin, mientras toman conciencia nuestros magistrados judiciales, las personas con discapacidad motriz seguirán sufriendo discriminación en su peregrinar por los pasillos judiciales.

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Tadeo Meza, el último de los Independientes

FOTOS: Frank Aguirre.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Estamos a la vuelta de la esquina de iniciar una nueva década. Un nuevo régimen político nos gobierna, y aunque a veces parezca un Deja Vú, está por abrirnos la puerta a otra época. 2018 pasó por encima de partidos y candidatos ciudadanos por igual. Resta menos de un año seguido de elecciones en algunas partes del país, desde las presidenciales hasta las intermedias en Puebla y Baja California, que suceden actualmente.

Existe un último intento de representar por la vía sin partidos, uno que busca a través del trabajo de base social, con una pléyade de voluntarios, docentes, investigadores, estudiantes, jubiladas, profesionistas, microempresarios, y personas entusiastas que buscan abrir el congreso. Buscan hacerlo con el último de los independientes de ésta década: Tadeo Meza, candidato a Diputado por el Distrito 16 en Baja California.

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Sentado a un lado de él en un avión, me encuentro en un viaje incómodo, de esos que les dicen “el vuelo maldito”. Sale súper tarde (11:45 pm), retrasado, rumbo a la Ciudad de México, lo que hace que pierdas horas de vida por el cambio de horario, y también horas de sueño. Llegas a eso de las 5 am, si bien te va.

El candidato, desvelado a mi lado, se le nota con un estado de ánimo ambivalente (cansado pero entusiasta), ha sido un día largo dice: el segundo y último debate muy temprano, previo a eso una desvelada practicando retórica y esgrima verbal; después recorrer las calles casa por casa; grabar promocionales a la hora de la comida; comer; volver a la calle a un crucero en un clima de locos en el que no se sabe si hace calor o frío; hacer la maleta y salir rumbo a Tijuana, rayando antes de que cierre el vuelo. Platicamos  de su pasado, de su persona, de sus intenciones, de sus motivaciones:

Tadeo es chinola, como le dicen en Ensenada a los sinaloenses. Nació en Los Mochis, tiene 33 años. En su adolescencia casi termina yéndose de mojado cuando su madre se enteró era homosexual. Ella decidió dejar de pagarle sus estudios, y en su desesperación, Tadeo encontró entre sus pocas posibilidades cruzar de mojado. Su conciencia y su tío le instaron a declinar la idea, no así su tío, quien años después fue aprehendido por cruzar ilegal la frontera, incluso hicieron un capítulo de su historia en NatGeo, hay un actor que la hace de Tadeo en las escenas biográficas, afirma el candidato entre risas. Hoy en día, es candidato independiente a Diputado local del Distrito 16 de Baja California, que se ubica en la zona urbana de Ensenada.

El sufrir  y la empatía como móvil

Desde chico se ha enfrentado a un sistema —comparte Tadeo—, un sistema familiar conservador, un sistema patriarcal, un sistema discriminatorio, violento, homofóbico, un sistema económico —Perderle miedo a eso es no temerle a ningún otro sistema, menos al gobierno—, de chico su padre al enterarse de su preferencia sexual, decidió intentar matarles a ambos chocando, una y otra vez, a toda velocidad, en el coche en el que iban, contra lo primero que se le pusiera enfrente. No lo logró.

A temprana edad aprendí a valerme por sí mismo y saber lo que es que tu vida penda de un hilo: deudas aquí, gastos por acá, rentar un lugar indigno para vivir, tratando de estudiar y a la vez trabajar para poder costear tus estudios, pero también para poder saciar el hambre y sobre todo pagar las deudas que cada día crecen y crecen y crecen. Le echas un chingo de ganas para “salir adelante”. ¡Esa! es la realidad de millones de personas en Baja California que creen están abrumadoramente solas, que nadie las representa y que los políticos solo buscan su propio beneficio.

A mi me ayudaron mis amigos, mis maestros y por eso estoy en deuda con mi ciudad, con Baja California, con mi país y me toca regresarles más de lo que me dieron… Por eso quiero representarles… A los engañados, a los no escuchados, a las minorías, a los cansados, a los decepcionados, nos toca a nosotros quienes sufrimos la ciudad, que nos represente alguien que haya sufrido la ciudad, no los mismos de siempre que viven en privilegio.

Hace más de una década le desaparecieron a una amiga, abusaron sexualmente de ella y aventaron su cuerpo por la carretera desde un auto en movimiento, para que los coches pasasen por encima de su cuerpo. Falleció. El caso hasta la fecha sigue impune, a pesar de marchas, protestas, de huelgas de hambre y de conocer al culpable. Desde entonces se convirtió en un acérrimo demandante de la alerta de género la cual no ha sido activada por Kiko Vega (Gobernador actual) para proteger la imagen turística del Estado —afirma Tadeo—, como si el dinero y las impresiones estuvieran por encima de la seguridad y de la vida de las personas. Por eso vamos a abrir el Congreso y los vamos a abrir del Congreso, para que las instituciones públicas se activen con la alerta y paren esta masacre a las mujeres, paren ésta impunidad.

“Menos políticos que muerdan, y más políticas para los perros”

De pequeño sus padres le enseñaron a rescatar animales de la calle y cuidar de la mayor cantidad posible, a pesar de sus limitaciones económicas. Desde entonces su sueño de niño era tener una casa propia con patio enorme para meter a todos los perros que cupiesen. A sus 27 años lo logró. Sin embargo, comparte en breve, su hipoteca ésta en riesgo, sin trabajo constante y con sus ahorros al límite, se está jugando todo por la primer representación ciudadana en la historia de Baja California.

Afirma que como psicólogo ha notado el patrón que existe entre el maltrato animal y la violencia de género, los feminicidios o asesinatos en general. Por eso la lógica de defender a los que no tienen voz, como trabajo preventivo para que la violencia no escale a hasta a los que sí pueden hablar. —Si no tienes respeto por un animal, no tienes respeto por la vida en general—, concluye.

¿Por qué la transición de maestro, psicólogo, de actor social a figura política?

Creo que disputando los cargos de elección popular, es una forma fuerte para contribuir a quebrar la homofobia, que no es otra cosa que ignorancia. No uso mi preferencia como una bandera para ocupar un cargo, entiendo que mi sexualidad no es un mérito, pero en nuestro caso, para quienes nos discriminan definitivamente es un móvil.

Soy el maestro que se enfrentó al partido del Presidente, el migrante que llegó con nada a Ensenada y con una licenciatura, una Maestría, un Doctorado se convirtió en Director Universitario a sus 26 años, y tras años de activismo es el último candidato independiente de ésta década. Esa historia va a abrir puertas a otras personas para inspirarse, para colaborar, para participar para involucrarse, para darles valor o sacarlas del escepticismo. Al menos ya lo estamos logrando en la campaña: personas que no votaban desde Vicente Fox (2000), adultos mayores que nunca habían votado por elección ideológica ahora van a ser hasta representantes de casilla o gente que no conocía la diferencia entre un regidor y un diputado ahora entiende las bases del sistema político mexicano.

Tras discutir sobre los procesos de estrategia internos de su campaña, escuchar del proceso de voluntariado y el trabajo de comunicación tanto en redes sociales, en medios de comunicación y en la calle, me queda claro que algunas candidaturas independientes, como la de Tadeo Meza, sanan la democracia mexicana. Promueven el voto reflexionado, reducen los costos electorales de financiamiento público, son creativas, vencen el voto nulo o la abstención, reducen la basura electoral y generan ciudadanía al promover la participación voluntaria en los procesos electorales.

Aunque aún no vivimos en democracia —porque en realidad nuestro sistema político mexicano es un sistema parlamentario representativo—, se construye todos los días, como lo hacen en el distrito 16, y como bien dice Touraine ¿Qué es la Democracia, si no un grupo de personas comunes organizándose y disputando la lógica común?

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Ciudadanos combatiendo la corrupción en BCS

FOTOS: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, ubica a México en el lugar 130 de 180 naciones evaluadas. El sexenio anterior enfatizó una tendencia constante al alza en los niveles de corrupción e impunidad, lo que sirvió de estandarte en la exitosa campaña electoral del actual Presidente de la República.

El eje central de la política del Gobierno Federal contra la corrupción gira en torno a tres grandes programas: austeridad, transparencia y estado de bienestar. El proyecto de nación que presenta el actual Ejecutivo, no contiene un programa claro de combate a la corrupción, pues los programas anunciados encuadran más en el campo de la prevención que en los del combate y erradicación. Encontramos una grave omisión en cuanto a los mecanismos encaminados a denunciar y castigar.

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A lo anterior, habremos de agregar que la corrupción como práctica constante, encuentra cobijo en la impunidad que se negocia desde el espacio cupular. Y es que es el mismo grupo en el poder, el que se encarga de denunciar, investigar, perseguir y sancionar los actos de corrupción.

Ante ese panorama, consideramos imperativo que el ciudadano se incorpore en labores complementarias al eje de acción planteado por el Ejecutivo federal para lograr prevenir, inhibir y erradicar la corrupción. Nos toca entonces asumir nuestra responsabilidad ciudadana, específicamente en las labores de denuncia ante posibles actos de este tipo, y de exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es claro que el combate a la corrupción es una tarea de imposible realización, si los ciudadanos no participamos activa, efectiva, sistemática y permanentemente en el proceso.

BCS organizada

Específicamente en Baja California Sur, contamos con referentes de éxito alcanzado por la sociedad civil cuando de manera organizada y masiva participa en actividades de interés público. Somos referente a nivel continental, por haber sido el primer Estado en América Latina que frenó a la megaminería de extracción de metales a cielo abierto, antes de que iniciara operaciones, evitando con ello los daños ambientales que actualmente sufren otros Estados de la República Mexicana, que aunque han logrado expulsar esa minería, lo han hecho tras seis, ocho o diez años de operación, esto es, cuando ya se generaron daños al medio ambiente, muchos de ellos irreparables.

En materia de seguridad, el mejor antídoto contra el robo a casa habitación ha sido la organización vecinal, en la que los ciudadanos se han unido para participar en labores de prevención de ese delito.

Letras contra corruptos

A partir de la experiencia de esos exitosos modelos, arrancamos en el Estado, un programa ciudadano de combate a la corrupción y la impunidad. El esquema es sencillo: un grupo de profesionales del Derecho y Ciencias Forenses, a través de la asociación civil LETRAS, Legalidad y Transparencia A.C., ofrecen asesoría legal, apoyo logístico, acompañamiento y en su caso, representación legal. La idea es brindarle al ciudadano que tenga conocimiento de un hecho de corrupción que resulte comprobable, la oportunidad de denunciarlo, sin tener que padecer el viacrucis que implica recorrer las instancias burocráticas oficiales, estructuradas estratégicamente para desanimar este tipo de denuncias.

Si el ciudadano tiene conocimiento de un hecho delictivo, y cuenta con información suficiente que nos permita allegarnos datos de prueba que hagan sostenible la formulación de imputación ante los tribunales, el equipo de abogados y peritos de LETRAS se hacen cargo de toda la carga procesal, sin costo alguno para el denunciante.

Estamos convencidos de que la sociedad civil organizada representa el factor decisorio en el combate a la corrupción y la impunidad. Contamos con las exitosas experiencias de que existe registro en materia de defensa al agua y al medio ambiente sano, así como en las actividades de prevención del delito. Ahora trabajamos para llevar ese ejercicio en el campo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si los programas federales se enfocan en la prevención de la corrupción, a nosotros nos toca aplicarnos en el campo de la denuncia, integración de carpetas de investigación, compilación e incorporación de datos de prueba, acompañamiento y coadyuvancia en la persecución ante tribunales, para alcanzar finalmente la sanción de todos aquellos malos servidores y particulares que se involucren en actos de corrupción.

LETRAS ha iniciado esta campaña, y a una semana de iniciar operaciones ya contamos con varias carpetas de investigación, que se integran contra servidores públicos imputables, y la lista se engrosará con las denuncias que se vayan incorporando. Si tienes conocimiento de un acto de corrupción y consideras que existen datos de prueba que nos permitan acreditarlo, acude en horario laboral a nuestras oficinas ubicadas en calle Instituto Politécnico Nacional 503 local 1, en colonia El Conchalito, casi frente a la Delegación de la Secretaría de Economía, a dos cuadras del palacio de Justicia Federal.

Al ejercicio de participación ciudadana en el combate a la corrupción que plantea LETRAS,  se han sumado ya otras dos organizaciones civiles, y un par de “lobos solitarios”. Ya sea de manera individual, o a través de un colectivo, es importante para el éxito de este esfuerzo de participación ciudadana, que todos nos sumemos, como denunciantes, observadores, asesores, difusores, etcétera. En el combate a la corrupción, migremos de las redes sociales a los Tribunales de enjuiciamiento. Todos podemos y debemos participar, tenemos mucho que ganar y nada que perder.

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