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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuatro vehículos atrapados por la corriente en el arroyo El Salto Seco, a la altura de Ocho Cascadas, ofrecen una imagen concreta del riesgo en Los Cabos. El Ayuntamiento informó que una retroexcavadora ayudó a retirarlos mientras los cuerpos de emergencia vigilaban el lugar. Hubo respuesta institucional, pero el episodio plantea una pregunta preventiva: ¿cómo evitar que el siguiente conductor llegue a ese mismo punto cuando el agua ya representa una amenaza?

La documentación oficial consultada hasta el 29 de septiembre de 2026 permite identificar brechas de prevención, actualización de información y protección territorial. No acredita una negligencia generalizada de todas las corporaciones ni permite atribuir cada daño a una autoridad. Sí muestra que, junto con brigadas y refugios, persisten familias expuestas en cauces, solicitudes legislativas de actualización y necesidades técnicas reconocidas en instrumentos de planeación. El problema rebasa el pronóstico meteorológico. Protección Civil forma parte de un sistema que incluye gobiernos municipales, administración estatal, dependencias federales, servicios públicos, ordenamiento urbano y vivienda. Si el riesgo se reproduce donde vive la población, la eficacia no puede medirse únicamente por rescates exitosos. También debe examinarse cuánto peligro se redujo antes de que comenzaran las lluvias.

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El antecedente de Odile, en 2014, ilustra una vulnerabilidad decisiva: las comunicaciones pueden fallar precisamente cuando más se necesitan. El informe federal del 22 de septiembre describía una recuperación desigual de las redes telefónicas y señalaba a Los Cabos entre las zonas más afectadas. Esa experiencia obliga a evaluar mecanismos de aviso capaces de funcionar cuando desaparecen la electricidad, internet o la señal celular. Hubo aprendizaje institucional. La Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que su carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, creada en 2017, respondió a la devastación de Odile. En junio de 2024 entregó al gobierno lo que presentó como el primer Atlas de Riesgo Estatal. La ciencia aportó una herramienta importante; disponer de ella, sin embargo, no demuestra automáticamente su aplicación efectiva en cada municipio.

El 28 de mayo de 2026, el Congreso estatal aprobó exhortar a Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o elaborar sus atlas municipales. También pidió utilizar y difundir esa información e informar sobre avances. El acuerdo constituye evidencia de una preocupación institucional vigente, aunque no demuestra que los cinco ayuntamientos carezcan por completo de atlas o presenten idénticas deficiencias. La diferencia importa. Un atlas estatal ofrece una visión territorial amplia, mientras la decisión de cerrar un vado, evacuar una colonia o revisar un permiso requiere información local detallada. La existencia de cartografía debe traducirse en decisiones verificables. El rezago preventivo aparece cuando conocer un peligro no basta para modificar las condiciones que mantienen expuestos a habitantes, escuelas, vialidades y servicios.

La dimensión social está reconocida por las propias autoridades. En un comunicado de la temporada 2026, Protección Civil de Los Cabos informó que notificó a personas asentadas en el arroyo El Pedregal, afluente de El Cajón, junto al vado del Zacatal. El gobierno anunció limpieza del cauce y trabajo con áreas jurídicas, desarrollo urbano, asentamientos humanos y representantes ejidales para buscar alternativas habitacionales seguras. El anuncio confirma tanto una intervención como una vulnerabilidad persistente. Advertir a una familia que vive en un cauce resulta indispensable; ofrecerle una alternativa segura requiere una política distinta y sostenida. La información revisada no permite conocer cuántas viviendas fueron efectivamente reubicadas mediante esas acciones. Presentar una gestión anunciada como una solución concluida ocultaría la distancia entre el compromiso y su resultado.

Los Cabos concentraba 351,111 habitantes, el 44 por ciento de la población estatal, según el Censo 2020 del INEGI. Es una referencia histórica, no una estimación de población actual. Esa concentración ayuda a entender la escala del desafío: vivienda, desplazamientos cotidianos y servicios deben organizarse en un territorio donde los escurrimientos intersectan espacios habitados y rutas de circulación. La evidencia científica explica por qué el agua merece tanta atención como el viento. Un estudio publicado en la revista del CIBNOR sobre la cuenca de San José del Cabo identifica la vulnerabilidad natural de su llanura aluvial. La intensidad y duración de las lluvias, combinadas con la forma del terreno y la red de drenaje, pueden generar caudales capaces de desbordarse.

Por eso, reducir la comunicación pública a la categoría del huracán ofrece una explicación insuficiente. Miguel Ángel Imaz Lamadrid, investigador de la UABCS especializado en gestión del riesgo, advirtió en agosto de 2026 que deben considerarse también la cercanía y los efectos del ciclón. Recomendó conocer refugios y trasladarse con anticipación cuando las autoridades indiquen evacuar, antes de que el tránsito se complique. Las recomendaciones individuales necesitan respaldo operativo. Una persona puede conocer el refugio más cercano y aun así requerir transporte, acompañamiento o atención médica. La protección efectiva exige verificar esas necesidades por localidad, especialmente para personas mayores, con discapacidad o dependientes de cuidados. Esta es una exigencia de diseño preventivo, no una afirmación de que tales servicios estén ausentes en todos los municipios.

Los Cabos reportó para 2026 más de cuarenta refugios y trece brigadas especializadas, además de disponibilidad del parque vehicular municipal. También anunció inspecciones de estructura, accesos, servicios básicos y abastecimiento. Son avances relevantes. Para evaluar su suficiencia hacen falta capacidades comprobables: cuántas personas admite cada inmueble, qué suministros tiene y cuánto tarda el traslado desde las áreas identificadas como peligrosas. En comunicación, el Ayuntamiento acordó que su Dirección de Comunicación Social sería la única instancia autorizada para emitir información oficial sobre contingencias. Unificar mensajes puede reducir contradicciones, pero requiere protocolos rápidos y respaldo técnico. El objetivo debe ser que cada aviso indique territorio, horario y conducta esperada, sin que la centralización se convierta en un obstáculo para advertir riesgos inmediatos. Otro comunicado municipal reconoció dudas sobre las actividades escolares y explicó que una eventual solicitud de suspensión debía presentarse ante la autoridad estatal competente. El documento no prueba una suspensión tardía. Sí muestra un punto sensible de coordinación: las familias necesitan saber con suficiente anticipación quién decide, cuándo se comunica y qué condiciones cambian la operación de escuelas y transporte.

La mirada sobre el estado tampoco puede limitarse al corredor turístico. En abril de 2026, el Congreso pidió reparar caminos vinculados con la ruta Dos Mares 500. El promovente explicó que comunidades rurales habían expresado preocupación por vías necesarias para emergencias y movimiento de productos agropecuarios. Es un testimonio indirecto, recogido en tribuna, que relaciona seguridad y actividad económica cotidiana. La prevención territorial debe incluir accesos rurales, abastecimiento y continuidad de servicios. Un camino deteriorado puede dificultar la evacuación o el auxilio; una interrupción prolongada puede afectar ingresos y suministro. Estas consecuencias potenciales explican por qué la protección civil necesita coordinación con obras públicas y mantenimiento, además de personal preparado para actuar durante el fenómeno.

El Programa Hídrico Regional disponible en la UABCS plantea mejorar estaciones climatológicas, instalar instrumentación hidrométrica en arroyos y operar un servicio hidrológico estatal con pronósticos de crecidas y alertas tempranas. Son propuestas técnicas, no pruebas de obras ejecutadas. Su relevancia consiste en señalar que la vigilancia debe conocer también el comportamiento del agua en las cuencas.

El financiamiento constituye otra discusión abierta. El Congreso solicitó en abril de 2026 información sobre preparación y alertas; durante el debate se planteó crear un fondo estatal para desastres. Una propuesta legislativa no acredita por sí misma falta absoluta de recursos. La evaluación rigurosa requiere distinguir presupuesto aprobado, dinero ejercido, mantenimiento, equipos disponibles y reservas para responder sin improvisaciones. También hay resultados favorables que deben incorporarse. El gobierno estatal reportó saldo blanco al cierre de la temporada 2025, revisión de refugios y limpieza de cauces. Reconoció además beneficios de las lluvias para mitigar la sequía. Ese balance debe contrastarse con indicadores de daños y prevención: sobrevivir a una temporada no elimina automáticamente la exposición de la siguiente.

Para cerrar esa brecha, las evaluaciones posteriores deberían documentar horarios de aviso, cierres de cruces, evacuaciones y restablecimiento de servicios. Comparar esos registros con los pronósticos disponibles permitiría identificar decisiones oportunas y retrasos concretos, sin convertir las críticas en acusaciones indiscriminadas. También ayudaría a asignar responsabilidades entre dependencias y sostener mejoras más allá de los cambios de administración.

Esta investigación utiliza documentos, declaraciones oficiales publicadas y análisis académico; no incluye entrevistas directas con damnificados. Por ello, los testimonios institucionales no sustituyen la experiencia de las familias. Incorporarla mediante evaluaciones públicas ampliaría el diagnóstico y permitiría saber si la protección anunciada llega realmente a cada comunidad expuesta durante las emergencias. Ser un referente exige publicar resultados comparables, corregir problemas repetidos y explicar qué cambió después de cada emergencia. La confianza se construye cuando atlas, alertas, vivienda segura y refugios funcionan juntos. Frente al próximo arroyo crecido, la medida decisiva será cuántas personas pudieron ponerse a salvo antes de necesitar un rescate.

Referencias:

• Chávez-López, S., & Mendoza-Albañez, A. (2016). Aspectos geomorfológicos e hidrográficos de la cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México, como factor de riesgo a inundaciones. Áreas Naturales Protegidas Scripta. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2016.02.02.02.0006
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026a, 28 de abril). Aprueba Congreso de BCS exhorto para reparar caminos del off-road “Dos Mares 500”. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9115-aprueba-congreso-de-bcs-exhorto-para-reparar-caminos-del-off-road-dos-mares-500
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026b, 30 de abril). El Congreso de BCS aprobó solicitar un informe de la temporada ciclónica 2026. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9124-el-congreso-de-bcs-aprobo-solicitar-un-informe-de-la-temporada-ciclonica-2026
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026c, 28 de mayo). Exhortan a los municipios de BCS a actualizar sus Atlas de Riesgo. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9187-exhortan-a-los-municipios-de-bcs-a-actualizar-sus-atlas-de-riesgo
• Gobierno del Estado de Baja California Sur. (s. f.). Generan lluvias y ciclones 2025 beneficios para BCS: Consejo Estatal de Protección Civil. https://www.bcs.gob.mx/generan-lluvias-y-ciclones-2025-beneficios-para-bcs-consejo-estatal-de-proteccion-civil/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-a). Encabeza Christian Agúndez mesa de trabajo para reforzar la atención y preparación ante la temporada de huracanes 2026. https://www.loscabos.gob.mx/encabeza-christian-agundez-mesa-de-trabajo-para-reforzar-la-atencion-y-preparacion-ante-la-temporada-de-huracanes-2026/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-b). Mantiene Gobierno de Los Cabos operativo de prevención y auxilio ante lluvias. https://www.loscabos.gob.mx/mantiene-gobierno-de-los-cabos-operativo-de-prevencion-y-auxilio-ante-lluvias/

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

El Vigía del Desierto

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El filo de la lezna entra con una resistencia seca en la vaqueta curtida con corteza de palo blanco. En los ranchos encaramados en las espaldas minerales de la Sierra de Guadalupe y de San Francisco, el silencio sólo lo rompe el crujido del cuero y el viento caliente que baja barriendo los cañones. Aquí, las manos que labran las teguas, las polainas y los aparejos tienen la piel cuarteada por décadas de sol y salitre serrano; son manos de hombres que rebasan los sesenta y setenta años. No hay muchachos sentados al lado aprendiendo el oficio. En los corrales de piedra seca, donde el ganado criollo aprende a ramonear ramas espinosas entre biznagas y cardones, la soledad ha dejado de ser una condición del aislamiento geográfico para convertirse en un veredicto demográfico: la cultura del ranchero choyero, forjada durante más de dos siglos a la sombra de los antiguos caminos misionales jesuitas, se está quedando sin herederos.

La fractura no es fortuita ni obedece únicamente al paso del tiempo. De acuerdo con estudios socioambientales y diagnósticos agrarios disponibles en la entidad, las sequías recurrentes han menguado los hatos caprinos y bovinos, reduciendo al mínimo la producción artesanal del queso de aro y obligando a las familias serranas a vender sus animales antes de verlos morir de sed. Pero la estocada definitiva no baja del cielo seco, sino que sube desde el litoral. A menos de 200 kilómetros hacia el Sur, el corredor de Los Cabos y La Paz expande sin descanso una maquinaria hotelera e inmobiliaria que devora brazos jóvenes a cambio de salarios de intendencia, jardinería o cocina. Los hijos y nietos de los rancheros no montan a caballo ni curten pieles; visten uniformes de poliéster en lavanderías de lujo y habitan colonias polvorientas sin drenaje en la periferia de Cabo San Lucas, donde el agua potable llega cada dos semanas en pipas que cobran precios exorbitantes, mientras a pocos metros los campos de golf de los desarrollos turísticos se mantienen de un verde fosforescente mediante desalinizadoras privadas.

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Esta transferencia de vidas no solo vacía la montaña, sino que transmuta el significado del territorio. Más al Sur, donde la Sierra de la Laguna se suaviza hacia el Golfo, los antiguos enclaves mineros de El Triunfo y San Antonio exponen otra cara de este reordenamiento. Poblados que vivieron el esplendor de las chimeneas inglesas del siglo XIX y que luego languidecieron como sombras de adobe, experimentan en los últimos años un rescate patrimonial impulsado primordialmente por fundaciones y fideicomisos de inversión privada. Museos de impecable museografía, cafeterías de diseño y restaurantes de corte gourmet han florecido alrededor de la colosal chimenea La Ramona. Sin embargo, como han advertido investigadores locales y pobladores de la zona, este renacimiento opera bajo una curaduría selectiva: el patrimonio histórico se restaura y se exhibe en función de la capacidad de pago del visitante extranjero o del visitante de fin de semana, mientras la población nativa queda relegada a proveer servicios menores en un paisaje que ya no le pertenece en términos de decisión ni de usufructo.

El contraste resulta desgarrador. Por un lado, la memoria viva de la sierra profunda —la que conserva el manejo sustentable del desierto, el conocimiento botánico ancestral y la memoria oral de las misiones— carece de subsidios efectivos, de relevo generacional y de protección estatal, reduciéndose paulatinamente a una estética folclórica de souvenir vendida en las tiendas de los aeropuertos. Por el otro, la memoria estática de los viejos pueblos mineros se esteriliza, mercantilizándose como una experiencia colonial chic que maquilla el pasado extractivo mientras los acuíferos subterráneos de la región continúan bajo estrés crónico, amenazados por la especulación inmobiliaria y los proyectos mineros latentes que los propios serranos han tenido que frenar en asambleas comunitarias.

La sudcalifornidad, entendida como ese pacto secular de supervivencia frente a la aridez extrema, no está desapareciendo por agotamiento biológico, sino por desalojo económico. El modelo hegemónico de desarrollo en la península ha decidido que el desierto sólo tiene valor si colinda con una alberca infinita o si sirve como escenografía rústica para el consumo fugaz. Cuando el último viejo guarde sus herramientas en el fondo de una casa de piedra y el ganado no reconozca ya un silbido humano en la quebrada, no se habrá apagado simplemente una labor rústica: se habrá consumado la pérdida irremediable de una civilización que supo florecer en la escasez, sepultada por la prisa de un paraíso artificial que jamás ha sabido qué hacer con su propia memoria.

Fuentes consultadas y referencias técnicas

▪  Cariño Olvera, Micheline, & Monteforte, Mario. Del saqueo a la conservación: historia ambiental contemporánea de Baja California Sur, 1940-2003. SEMARNAT / UABCS, 2008.

▪  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Agropecuario 2022: Resultados definitivos para Baja California Sur. Publicado en 2023.

▪  Urciaga García, José, & Monteforte, Mario. Crecimiento económico y sustentabilidad en Baja California Sur. UABCS, 2017.

▪  Registros del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER: Monitoreo de producción pecuaria y sequía recurrente en zonas serranas de Baja California Sur (2021-2025).

▪  Documentos públicos de zonificación y programas de manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre / Sierra de San Francisco (CONANP).

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FOTO: SNE.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur (SNE BCS) realizará este viernes 2 de octubre la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, en Cabo San Lucas, donde estarán disponibles más de 300 vacantes de empleo formal para personas que se encuentren en búsqueda de una oportunidad laboral.

La jornada tendrá lugar en Plaza Patio Los Cabos, ubicada en avenida de Las Brisas número 2440, colonia Brisas del Pacífico, donde las personas interesadas podrán establecer contacto directo con empresas que cuentan con oportunidades de contratación.

El titular del SNE, José Manuel Rojas Aguilar, invitó a quienes buscan incorporarse al mercado laboral a participar en esta feria, en la que podrán conocer las vacantes disponibles y postularse de acuerdo con su perfil e intereses.

Para participar, únicamente será necesario presentar una identificación oficial o CURP; con ello podrán realizar el proceso de postulación a la vacante de su elección.

Rojas Aguilar destacó que este tipo de jornadas permiten acercar a la población oportunidades de empleo formal y facilitar el contacto directo con las empresas, por lo que reiteró la invitación a las personas interesadas a participar y conocer las opciones disponibles.

FOTO: Congreso del Estado.

 La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado designó a Irlendy Ingrid García Silva como titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur (TEE BCS) para el periodo 2026-2030.

En sesión del jueves 1 de octubre, la Comisión de Asuntos Políticos que preside la diputada Alondra Torres García presentó el dictamen con los 10 aspirantes que se registraron, de los cuales dos reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria: Irlendy Ingrid García Silva y Mario Alberto Carrazco Rodríguez.

La elección se dio luego de ser aprobado el dictamen de la comisión y previa comparecencia de los aspirantes, en apego al Decreto 3287, mediante el cual se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para crear la nueva figura de la defensoría.

En apego al dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Eduardo Van Wormer Castro, tomó la protesta de ley a la titular electa por el pleno.

Cabe recordar que  la Comisión Permanente de Asuntos Políticos emitió una nueva convocatoria, realizó la revisión de las solicitudes y documentación de las personas aspirantes registradas y emitió el dictamen puesto a consideración del pleno.

La Defensoría Pública Electoral del TEE BCS es una figura destinada a la defensa de los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos, enfocada particularmente en los sectores vulnerables como la comunidad indígena, afrodescendiente, mujeres, adultos mayores, entre otros.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diferencias en los viáticos deben provenir de las circunstancias de la comisión y no de la jerarquía de quien la cumple, señaló la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena), al presentar ante el pleno iniciativa que busca adicionar un Artículo 36 Bis a la Ley de los Trabajadores, para eliminar como factor de diferenciación, exclusivamente, la condición personal del puesto, categoría, nivel salarial o jerárquico de quien cumple la comisión.

Vázquez Jacinto enfatiza al mencionar que no se busca sustituir las facultades que corresponden a los poderes del Estado, ayuntamientos y demás entes públicos para administrar sus recursos, puesto que cada autoridad podrá establecer, dentro del marco jurídico, las medidas que estime adecuadas siempre y cuando se dé cumplimiento a los principios de no discriminación laboral.

Ahí mismo, aseveró que la adición del Artículo 36 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur pretende reconocer expresamente que las personas trabajadoras designadas para cumplir una comisión fuera de su lugar de adscripción reciban los viáticos necesarios para sufragar los gastos indispensables con motivo de su cumplimiento.

“Los recursos que se asignan para cumplir con dicha encomienda del servicio público se asignan con un criterio que resulta contrario a los principios de equidad y no discriminación, ya que, entre más alto el rango del funcionario, mayores viáticos se le asignan; por el contrario, trabajadores de menor rango reciben menos apoyo para salir a cumplir con las comisiones”, planteó.

Indicó que la iniciativa no establece cantidades específicas, ni determina un incremento obligatorio de las partidas destinadas a viáticos, no obstante, cada ente público deberá realizar las adecuaciones que resulten necesarias atender los derechos de las y los trabajadores designados, considerando la duración, la necesidad de pernocta, las condiciones de traslado, los costos del lugar de destino y otras circunstancias.

Finalmente, expresó que la reforma establece expresamente que cuando dos o más personas, sean trabajadoras o servidoras públicas, deban salir a cumplir comisiones, deberán recibir iguales cantidades por concepto de viáticos cuando concurran las mismas circunstancias, con independencia de su puesto, categoría, nivel salarial o jerárquico.