UABCS invita a cursar Maestría y Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos

FOTO: UABCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) invita a las personas interesadas en fortalecer su formación académica y profesional en el campo de los derechos humanos a participar en el proceso de ingreso 2027-I de la Maestría y el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, cuyo registro de aspirantes cierra el próximo 15 de octubre.

Ambos programas se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, condición que abre para las y los estudiantes la posibilidad de solicitar una beca, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos por la instancia correspondiente.

Por su carácter interinstitucional, el posgrado es operado por la Red Nacional de Derechos Humanos, integrada por las universidades Autónoma de Campeche, Autónoma de Tlaxcala, de Guanajuato, Iberoamericana, Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Chiapas y Autónoma de Baja California Sur, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esta colaboración permite conjuntar capacidades académicas, infraestructura y recursos de las instituciones participantes, conformando una alternativa de formación especializada para quienes buscan desarrollar competencias de alto nivel en investigación y generación de conocimiento en materia de derechos humanos.

La Maestría y el Doctorado tienen entre sus propósitos contribuir a la formación de recursos humanos altamente especializados, capaces de analizar, desde una perspectiva de derechos humanos, los principales problemas y debates contemporáneos en la materia, así como generar conocimiento original mediante la investigación.

El programa representa también una estrategia para fortalecer la formación académica de profesionales vinculados con este ámbito, particularmente funcionariado público, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes, contribuyendo con ello a impulsar la investigación científica y fortalecer las acciones de promoción, difusión y salvaguarda de los derechos humanos en el país.

Como parte del proceso de selección, las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos la presentación de los exámenes EXANI III de Ceneval, de conocimientos de inglés y psicométrico, además de participar en una entrevista con el comité de posgrado, relacionada con el proyecto de investigación que se pretende desarrollar, así como entregar la documentación correspondiente.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa y los requisitos de ingreso en la página oficial de la universidad, www.uabcs.mx, así como realizar el registro correspondiente antes del 15 de octubre.

Diseñado bajo el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, busca articular la formación profesional con el desarrollo integral de las personas y coloca el paradigma de los derechos humanos como un componente central de los procesos educativos.

De esta manera, el posgrado concibe la formación académica no sólo como una vía para la especialización profesional, sino también como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana, contribuir a una mejor calidad de vida y favorecer el desarrollo de instituciones comprometidas con los principios democráticos y los derechos humanos.

Para mayores informes, pueden comunicarse con el Departamento de Posgrado de la UABCS, a través del correo electrónico [email protected].




Congreso de BCS lanza convocatoria de la Medalla Dionisia Villarino

 

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado, integrada por la diputada Arlene Moreno Maciel, presidenta, y las diputadas Alondra Torres García y Dalia Collins Mendoza, secretarias,  dio a conocer las bases de la convocatoria para el otorgamiento de la Medalla María Dionisia Villarino Espinoza.

En rueda de prensa, la diputada Moreno Maciel precisó que la distinción se otorga al reconocimiento de la mujer sudcaliforniana más destacada por su participación activa en el desarrollo e impulso del Estado en sus aspectos políticos, social, cultural, educativo o científico, y a favor de las causas de las mujeres sudcalifornianas.

Ahí mismo, puntualizó que la convocatoria estará abierta para que todas las mujeres de Sudcalifornia, incluyendo a todas aquellas personas que estén legalmente constituidas como mujeres.

Recordó que, a diferencia de otras ediciones, en esta ocasión, dentro de las bases se dará apertura a todas aquellas mujeres que incluso ya hubiesen participado en las ediciones anteriores, al considerar que todos aquellos proyectos o aportaciones en el desarrollo e impulso del Estado que se concreten en el año de la convocatoria puedan ser reconocidos.

Es preciso señalar que dentro de las bases se destacan como requisitos ser ciudadana sudcaliforniana, distinguirse por sus actividades y aportaciones en diversos ámbitos de la vida social y política, haber entregado una propuesta escrita de intención, entre otros.

Así mismo, se anunció que la recepción de los documentos será recibida desde este 9 de octubre y hasta las 15:00 horas del día 30 de octubre del presente año, en las instalaciones del Congreso de BCS, o bien vía correo electrónico en formato PDF individual, al correo [email protected].

Finalmente, quien resulte acreedora recibirá un estímulo económico de, una medalla y un diploma el cual será entregado en sesión solemne el día 10 de noviembre de 2026 a las 9:00 horas en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo.




Rotonda se denominará «Rotonda de las Sudcalifornianas y Sudcalifornianos Ilustres”

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En reconocimiento a mujeres sudcalifornianas cuya participación ha sido trascendente y memorable en la historia sudcaliforniana, el Congreso del Estado modificó el nombre de la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres a “Rotonda de las Sudcalifornianas y Sudcalifornianos Ilustres”.

Además de la modificación en la denominación, se implementaron adecuaciones al lenguaje del cuerpo normativo de la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales del Estado. Además, se busca impulsar propuestas para denominar a más sudcalifornianas ilustres. 

Los motivos de la modificación atienden a una deuda histórica con las mujeres y en particular con las de esta entidad: “el desarrollo humano del Estado no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la mitad de la población, a las mujeres”, afirmó la diputada Arlene Moreno Maciel, iniciadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la XVII Legislatura.

Añadió que uno de los factores para avanzar en este proceso es lograr que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de participación en los ámbitos público y privado, sin discriminación de género.

Se reformaron los Artículos 1, 26, 28, 29, 30, 32, 33 y 34, de dicha ley para adecuar los artículos complementarios y normativos.

De acuerdo al dictamen, la comisión de Igualdad de Género solicitó estudio de impacto presupuestario a la Unidad de Impacto Presupuestario del Poder Legislativo, la cual concluyó que, en caso de ser aprobada, no causará impacto presupuestario alguno a las dependencias responsables de su implementación.




Servicios periciales en el proceso penal mexicano

FOTOS: Tribuna de México | CEIEG.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los servicios periciales constituyen el conjunto de disciplinas científicas, técnicas y artísticas que auxilian a las autoridades de procuración e impartición de justicia para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito.

Su finalidad consiste en aportar conocimiento especializado que permita:

  • Descubrir y preservar indicios.
  • Analizar evidencia física.
  • Reconstruir hechos.
  • Identificar víctimas y responsables.
  • Determinar causas y mecanismos de muerte.
  • Proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones judiciales.

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Los resultados de esta actividad se materializan mediante:

  • Dictámenes periciales.
  • Informes técnicos.
  • Testimonio del perito en juicio oral.

Entre las especialidades más frecuentes destacan:

  • Medicina forense.
  • Criminalística de campo.
  • Genética forense.
  • Química forense.
  • Toxicología.
  • Balística.
  • Documentoscopía.
  • Grafoscopía.
  • Informática forense.
  • Antropología forense.
  • Odontología forense.
  • Tránsito terrestre.
  • Psicología forense.
  • Contabilidad forense.
  • Ingeniería forense.
  • Valuación.

Origen histórico de los servicios periciales en México

Antecedentes coloniales: Durante la Nueva España, la función pericial era rudimentaria. Los jueces recurrían ocasionalmente a médicos, cirujanos, boticarios y agrimensores para ilustrar cuestiones técnicas relacionadas con lesiones, muertes o conflictos patrimoniales. No existía una estructura especializada.

Siglo XIX: nacimiento de la medicina legal mexicana: La verdadera génesis de los servicios periciales ocurre durante el siglo XIX. Con la influencia del positivismo científico europeo comenzaron a desarrollarse la medicina legal, la toxicología y la antropología criminal. La Ley de Organización de Tribunales del Distrito Federal de 1880 reconoció expresamente a los peritos como auxiliares de la justicia. Posteriormente se consolidaron los Consejos Médico-Legales.

Siglo XX: institucionalización: Durante gran parte del siglo XX los servicios periciales permanecieron ligados a las Procuradurías de Justicia. El modelo inquisitivo-mixto vigente hasta 2008 descansaba en:

  • Ministerio Público investigador.
  • Policía judicial.
  • Servicios periciales.

Los peritos formaban parte de la estructura jerárquica de la procuraduría. Su función principal era producir prueba documental para integrar la averiguación previa.

Reforma constitucional de 2008: La reforma penal de 18 de junio de 2008 transformó radicalmente el sistema. Se transitó al sistema acusatorio y oral, bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad, igualdad procesal e inmediación. La prueba pericial dejó de ser un documento prácticamente incontrovertible y pasó a convertirse en evidencia científica debatible, información sujeta a contradicción, explicada por un experto ante el tribunal. A partir de esta reforma, la calidad metodológica del peritaje adquirió una importancia sin precedentes.

Importancia de la prueba pericial en el proceso penal

Actualmente la prueba pericial es una de las fuentes de convicción más relevantes. En muchos delitos constituye la prueba principal.

Por ejemplo:

Homicidios

  • Genética.
  • Balística.
  • Criminalística.

Delitos sexuales

  • Medicina forense.
  • Psicología.
  • Genética.

Delitos financieros

  • Contabilidad forense.
  • Informática.

Delitos ambientales

  • Biología.
  • Hidrología.
  • Geología.
  • Ecología.

Desaparición de personas

  • Genética forense.
  • Antropología forense.
  • Odontología forense.

Funciones esenciales

La prueba pericial permite:

  1. Objetivar la investigación.
  2. Corroborar o descartar hipótesis.
  3. Evitar condenas injustas.
  4. Reducir errores judiciales.
  5. Combatir la impunidad.
  6. Garantizar el debido proceso.

En el sistema acusatorio moderno el ideal es que la decisión judicial descanse más en evidencia científica que en confesiones o testimonios aislados.

PROBLEMA ESTRUCTURAL: Los peritos dependen de la Fiscalía. En la mayoría de los estados mexicanos los servicios periciales siguen formando parte de las Fiscalías Generales. Ello implica dependencia administrativa, presupuestal y jerárquica. Es decir, los mismos órganos encargados de sostener la acusación penal son quienes generan buena parte de la evidencia científica.

Aunque jurídicamente los peritos están obligados a actuar con objetividad, existe una tensión institucional evidente.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado la necesidad de fortalecer la independencia técnica y científica de los servicios forenses.

MODELO RELATIVAMENTE AUTÓNOMO: México todavía no posee un Sistema Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, sin embargo, existen entidades que han desarrollado esquemas más independientes que el modelo tradicional.

JALISCO: Es el ejemplo más robusto de autonomía forense en México El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y científica. No forma parte orgánicamente de la Fiscalía del Estado, aunque auxilia tanto a las autoridades de procuración como de impartición de justicia.

CDMX: El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México y no a la Fiscalía capitalina. Su función consiste en auxiliar técnicamente a las autoridades judiciales mediante servicios periciales. Aunque no es un organismo autónomo constitucional, sí constituye un modelo independiente de la fiscalía.

¿Qué debemos hacer en BCS para crear un Instituto Estatal de Ciencias Forenses Independiente?

Desde una perspectiva jurídica e institucional, BCS podría impulsar una reforma integral.

Primera etapa: reforma constitucional local

La Constitución Política del Estado debería reconocer:

  • El Instituto Estatal de Ciencias Forenses.
  • Su autonomía técnica.
  • Su autonomía científica.
  • Su autonomía presupuestaria.
  • Su personalidad jurídica propia.

De manera similar a:

  • Auditoría Superior.
  • Tribunal de Justicia Administrativa.
  • Fiscalía Autónoma.

Segunda etapa: Ley del Instituto Estatal de Ciencias Forenses

Expedir una ley especial que establezca:

Objeto Realizar toda actividad científica y forense del estado.

Principios

  • Independencia.
  • Imparcialidad.
  • Objetividad.
  • Transparencia.
  • Cadena de custodia.
  • Calidad científica.

Facultades

  • Servicios periciales.
  • Servicio médico forense.
  • Banco genético.
  • Registro de personas fallecidas no identificadas.
  • Antropología forense.
  • Búsqueda e identificación humana.

Tercera etapa: Gobernanza autónoma

Se recomienda un Consejo Directivo integrado por:

  • Poder Judicial.
  • Congreso del Estado.
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos.
  • Universidades
  • Colegios de profesionistas.
  • Sociedad civil.

Ello impediría el control político o ministerial.

Cuarta etapa: Servicio profesional pericial

Crear una carrera científica basada en:

  • Mérito.
  • Certificación.
  • Evaluación periódica.
  • Acreditación internacional.

Quinta etapa: Acreditación de laboratorios

Alinear todos los laboratorios a:

  • ISO/IEC 17025.
  • ISO 17020.
  • Estándares ENFSI.
  • Recomendaciones ONU.
  • Recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Propuesta estratégica para BCS

Considero que el mejor modelo para Baja California Sur sería una combinación de:

  1. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (autonomía administrativa).
  2. INCIFO de la Ciudad de México (vinculación con la impartición de justicia).
  3. Mecanismos internacionales de identificación humana derivados de la crisis de desapariciones.

Con ello, BCS podría convertirse en la primera entidad del Noroeste del país en contar con un Instituto Estatal de Ciencias Forenses verdaderamente independiente, capaz de atender no sólo la investigación penal, sino también la identificación humana, la protección de víctimas y el combate a la impunidad mediante evidencia científica objetiva.

Desde una perspectiva de política pública, la creación de este instituto constituiría probablemente la reforma más importante del sistema de procuración y administración de justicia sudcaliforniano desde la implementación del sistema penal acusatorio.

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BCS ante los huracanes: la prevención que todavía debe convertirse en protección efectiva

FOTOS: Euronews | Animal Político.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuatro vehículos atrapados por la corriente en el arroyo El Salto Seco, a la altura de Ocho Cascadas, ofrecen una imagen concreta del riesgo en Los Cabos. El Ayuntamiento informó que una retroexcavadora ayudó a retirarlos mientras los cuerpos de emergencia vigilaban el lugar. Hubo respuesta institucional, pero el episodio plantea una pregunta preventiva: ¿cómo evitar que el siguiente conductor llegue a ese mismo punto cuando el agua ya representa una amenaza?

La documentación oficial consultada hasta el 29 de septiembre de 2026 permite identificar brechas de prevención, actualización de información y protección territorial. No acredita una negligencia generalizada de todas las corporaciones ni permite atribuir cada daño a una autoridad. Sí muestra que, junto con brigadas y refugios, persisten familias expuestas en cauces, solicitudes legislativas de actualización y necesidades técnicas reconocidas en instrumentos de planeación. El problema rebasa el pronóstico meteorológico. Protección Civil forma parte de un sistema que incluye gobiernos municipales, administración estatal, dependencias federales, servicios públicos, ordenamiento urbano y vivienda. Si el riesgo se reproduce donde vive la población, la eficacia no puede medirse únicamente por rescates exitosos. También debe examinarse cuánto peligro se redujo antes de que comenzaran las lluvias.

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El antecedente de Odile, en 2014, ilustra una vulnerabilidad decisiva: las comunicaciones pueden fallar precisamente cuando más se necesitan. El informe federal del 22 de septiembre describía una recuperación desigual de las redes telefónicas y señalaba a Los Cabos entre las zonas más afectadas. Esa experiencia obliga a evaluar mecanismos de aviso capaces de funcionar cuando desaparecen la electricidad, internet o la señal celular. Hubo aprendizaje institucional. La Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que su carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, creada en 2017, respondió a la devastación de Odile. En junio de 2024 entregó al gobierno lo que presentó como el primer Atlas de Riesgo Estatal. La ciencia aportó una herramienta importante; disponer de ella, sin embargo, no demuestra automáticamente su aplicación efectiva en cada municipio.

El 28 de mayo de 2026, el Congreso estatal aprobó exhortar a Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o elaborar sus atlas municipales. También pidió utilizar y difundir esa información e informar sobre avances. El acuerdo constituye evidencia de una preocupación institucional vigente, aunque no demuestra que los cinco ayuntamientos carezcan por completo de atlas o presenten idénticas deficiencias. La diferencia importa. Un atlas estatal ofrece una visión territorial amplia, mientras la decisión de cerrar un vado, evacuar una colonia o revisar un permiso requiere información local detallada. La existencia de cartografía debe traducirse en decisiones verificables. El rezago preventivo aparece cuando conocer un peligro no basta para modificar las condiciones que mantienen expuestos a habitantes, escuelas, vialidades y servicios.

La dimensión social está reconocida por las propias autoridades. En un comunicado de la temporada 2026, Protección Civil de Los Cabos informó que notificó a personas asentadas en el arroyo El Pedregal, afluente de El Cajón, junto al vado del Zacatal. El gobierno anunció limpieza del cauce y trabajo con áreas jurídicas, desarrollo urbano, asentamientos humanos y representantes ejidales para buscar alternativas habitacionales seguras. El anuncio confirma tanto una intervención como una vulnerabilidad persistente. Advertir a una familia que vive en un cauce resulta indispensable; ofrecerle una alternativa segura requiere una política distinta y sostenida. La información revisada no permite conocer cuántas viviendas fueron efectivamente reubicadas mediante esas acciones. Presentar una gestión anunciada como una solución concluida ocultaría la distancia entre el compromiso y su resultado.

Los Cabos concentraba 351,111 habitantes, el 44 por ciento de la población estatal, según el Censo 2020 del INEGI. Es una referencia histórica, no una estimación de población actual. Esa concentración ayuda a entender la escala del desafío: vivienda, desplazamientos cotidianos y servicios deben organizarse en un territorio donde los escurrimientos intersectan espacios habitados y rutas de circulación. La evidencia científica explica por qué el agua merece tanta atención como el viento. Un estudio publicado en la revista del CIBNOR sobre la cuenca de San José del Cabo identifica la vulnerabilidad natural de su llanura aluvial. La intensidad y duración de las lluvias, combinadas con la forma del terreno y la red de drenaje, pueden generar caudales capaces de desbordarse.

Por eso, reducir la comunicación pública a la categoría del huracán ofrece una explicación insuficiente. Miguel Ángel Imaz Lamadrid, investigador de la UABCS especializado en gestión del riesgo, advirtió en agosto de 2026 que deben considerarse también la cercanía y los efectos del ciclón. Recomendó conocer refugios y trasladarse con anticipación cuando las autoridades indiquen evacuar, antes de que el tránsito se complique. Las recomendaciones individuales necesitan respaldo operativo. Una persona puede conocer el refugio más cercano y aun así requerir transporte, acompañamiento o atención médica. La protección efectiva exige verificar esas necesidades por localidad, especialmente para personas mayores, con discapacidad o dependientes de cuidados. Esta es una exigencia de diseño preventivo, no una afirmación de que tales servicios estén ausentes en todos los municipios.

Los Cabos reportó para 2026 más de cuarenta refugios y trece brigadas especializadas, además de disponibilidad del parque vehicular municipal. También anunció inspecciones de estructura, accesos, servicios básicos y abastecimiento. Son avances relevantes. Para evaluar su suficiencia hacen falta capacidades comprobables: cuántas personas admite cada inmueble, qué suministros tiene y cuánto tarda el traslado desde las áreas identificadas como peligrosas. En comunicación, el Ayuntamiento acordó que su Dirección de Comunicación Social sería la única instancia autorizada para emitir información oficial sobre contingencias. Unificar mensajes puede reducir contradicciones, pero requiere protocolos rápidos y respaldo técnico. El objetivo debe ser que cada aviso indique territorio, horario y conducta esperada, sin que la centralización se convierta en un obstáculo para advertir riesgos inmediatos. Otro comunicado municipal reconoció dudas sobre las actividades escolares y explicó que una eventual solicitud de suspensión debía presentarse ante la autoridad estatal competente. El documento no prueba una suspensión tardía. Sí muestra un punto sensible de coordinación: las familias necesitan saber con suficiente anticipación quién decide, cuándo se comunica y qué condiciones cambian la operación de escuelas y transporte.

La mirada sobre el estado tampoco puede limitarse al corredor turístico. En abril de 2026, el Congreso pidió reparar caminos vinculados con la ruta Dos Mares 500. El promovente explicó que comunidades rurales habían expresado preocupación por vías necesarias para emergencias y movimiento de productos agropecuarios. Es un testimonio indirecto, recogido en tribuna, que relaciona seguridad y actividad económica cotidiana. La prevención territorial debe incluir accesos rurales, abastecimiento y continuidad de servicios. Un camino deteriorado puede dificultar la evacuación o el auxilio; una interrupción prolongada puede afectar ingresos y suministro. Estas consecuencias potenciales explican por qué la protección civil necesita coordinación con obras públicas y mantenimiento, además de personal preparado para actuar durante el fenómeno.

El Programa Hídrico Regional disponible en la UABCS plantea mejorar estaciones climatológicas, instalar instrumentación hidrométrica en arroyos y operar un servicio hidrológico estatal con pronósticos de crecidas y alertas tempranas. Son propuestas técnicas, no pruebas de obras ejecutadas. Su relevancia consiste en señalar que la vigilancia debe conocer también el comportamiento del agua en las cuencas.

El financiamiento constituye otra discusión abierta. El Congreso solicitó en abril de 2026 información sobre preparación y alertas; durante el debate se planteó crear un fondo estatal para desastres. Una propuesta legislativa no acredita por sí misma falta absoluta de recursos. La evaluación rigurosa requiere distinguir presupuesto aprobado, dinero ejercido, mantenimiento, equipos disponibles y reservas para responder sin improvisaciones. También hay resultados favorables que deben incorporarse. El gobierno estatal reportó saldo blanco al cierre de la temporada 2025, revisión de refugios y limpieza de cauces. Reconoció además beneficios de las lluvias para mitigar la sequía. Ese balance debe contrastarse con indicadores de daños y prevención: sobrevivir a una temporada no elimina automáticamente la exposición de la siguiente.

Para cerrar esa brecha, las evaluaciones posteriores deberían documentar horarios de aviso, cierres de cruces, evacuaciones y restablecimiento de servicios. Comparar esos registros con los pronósticos disponibles permitiría identificar decisiones oportunas y retrasos concretos, sin convertir las críticas en acusaciones indiscriminadas. También ayudaría a asignar responsabilidades entre dependencias y sostener mejoras más allá de los cambios de administración.

Esta investigación utiliza documentos, declaraciones oficiales publicadas y análisis académico; no incluye entrevistas directas con damnificados. Por ello, los testimonios institucionales no sustituyen la experiencia de las familias. Incorporarla mediante evaluaciones públicas ampliaría el diagnóstico y permitiría saber si la protección anunciada llega realmente a cada comunidad expuesta durante las emergencias. Ser un referente exige publicar resultados comparables, corregir problemas repetidos y explicar qué cambió después de cada emergencia. La confianza se construye cuando atlas, alertas, vivienda segura y refugios funcionan juntos. Frente al próximo arroyo crecido, la medida decisiva será cuántas personas pudieron ponerse a salvo antes de necesitar un rescate.

Referencias:

  • Chávez-López, S., & Mendoza-Albañez, A. (2016). Aspectos geomorfológicos e hidrográficos de la cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México, como factor de riesgo a inundaciones. Áreas Naturales Protegidas Scripta. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2016.02.02.02.0006
  • Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026a, 28 de abril). Aprueba Congreso de BCS exhorto para reparar caminos del off-road “Dos Mares 500”. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9115-aprueba-congreso-de-bcs-exhorto-para-reparar-caminos-del-off-road-dos-mares-500
  • Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026b, 30 de abril). El Congreso de BCS aprobó solicitar un informe de la temporada ciclónica 2026. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9124-el-congreso-de-bcs-aprobo-solicitar-un-informe-de-la-temporada-ciclonica-2026
  • Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026c, 28 de mayo). Exhortan a los municipios de BCS a actualizar sus Atlas de Riesgo. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9187-exhortan-a-los-municipios-de-bcs-a-actualizar-sus-atlas-de-riesgo
  • Gobierno del Estado de Baja California Sur. (s. f.). Generan lluvias y ciclones 2025 beneficios para BCS: Consejo Estatal de Protección Civil. https://www.bcs.gob.mx/generan-lluvias-y-ciclones-2025-beneficios-para-bcs-consejo-estatal-de-proteccion-civil/
  • H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-a). Encabeza Christian Agúndez mesa de trabajo para reforzar la atención y preparación ante la temporada de huracanes 2026. https://www.loscabos.gob.mx/encabeza-christian-agundez-mesa-de-trabajo-para-reforzar-la-atencion-y-preparacion-ante-la-temporada-de-huracanes-2026/
  • H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-b). Mantiene Gobierno de Los Cabos operativo de prevención y auxilio ante lluvias. https://www.loscabos.gob.mx/mantiene-gobierno-de-los-cabos-operativo-de-prevencion-y-auxilio-ante-lluvias/

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