Marina Garmendia Gómez, presidente del INE en BCS, en entrevista exclusiva para CULCO BCS. FOTO: Cortesía.

Especial Elecciones 2018

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque el debate no es nuevo, tras el sismo de la Ciudad de México, se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del dinero público que, a través del Instituto Nacional Electoral (INE), se destina a los partidos políticos, en este caso, de cara a las Elecciones 2018; CULCO BCS entrevistó en exclusiva a Marina Garmendia Gómez, consejera presidente del INE en BCS, quien habló sobre éste y otros importantes tópicos electorales. Esta es la primera de dos partes.

El sismo de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 19 de septiembre, removió también el tema del dinero otorgado a los partidos políticos para sus campañas, solicitándose que éste se entregara a los damnificados y la recontrucción —fue un pedido ciudadano que se replicó mucho en redes sociales y medios de comunicación. Para las Elecciones 2018, a nivel nacional, el INE solicitó más de 25 mil millones de pesos —de ellos, casi 39 MDP serían para los partidos—, sin embargo, y aunque el presupuesto no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados —lo que deberá definirse en las próximas semanas—, los propios partidos políticos han dado de qué hablar en cuanto a regresar esos recursos, y el Instituto también ha hecho lo propio. Recientemente, el INE anunció que regresaba a la Federación 115 millones de pesos para los afectados por el sismo.

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¿Qué pasaría si los partidos políticos no recibieran dinero público de la Federación, recursos que les gestiona el INE? Garmendia Gómez respondió que “lo que podríamos pensar, si no hubiera financiamiento público y sólo hubiera financiamiento privado, lo primero que se tendría que definirse es —que es la parte más importante—, ¿quiénes pueden aportar?, que sería el sector privado. Entonces, ¿quiénes aportarían recursos a un partido político? Algunos de los elementos o entes que están prohibidos (actualmente, pues aclara que sí existe la posibilidad de financiamiento privado) son empresas, sindicatos, recursos públicos. Creo que nunca podría ser que los gobiernos de los Estados o los municipios transfirieran recursos, ¡eso sería imposible!”.

“La ley tendría que ser muy específica en señalar quiénes pueden aportar —precisó—, y de aquí la otra cuestión que habría que ver es la consecuencia de ¿qué capacidad tendrían los partidos políticos para conseguir esos recursos? Uno podría pensar que aquellos partidos que tradicionalmente han mostrado más fuerza electoral, son los que estarían mejor posicionados para conseguir recursos, a diferencia de los partidos menores, que tiene menos presencia nacional, que tienen votaciones más bajas. Ahí podría uno pensar que están en desventaja, es decir, si usted va a dar su dinero a un partido o a un candidato, probablemente lo daría por aquel por aquel que tienen más posibilidades de ganar, y eso colocaría a los partidos en una situación de inequidad, y eso es también modificar el sistema electoral que busca la equidad, para eliminarla (…) Si quitamos eso, entonces, dejamos que cada partido político consiga sus recursos y por lo tanto las garantías de equidad para participar desaparecen”.

La Presidente del INE BCS explicó que actualmente, el tema de los recursos se maneja “a nivel central”, de manera que en el caso de Baja California Sur, no hay una cantidad específica administrada aquí, sino que los recursos los envían ya etiquetados desde la Ciudad de México. “Nosotros recibimos un presupuesto por partidas y por proyectos, o sea no hay una bolsa, o una cuenta bancaria en donde haya una cantidad que se administre discrecionalmente, sino que todos los recursos están canalizados (…) Como se sabe, hay en la mesa algunas iniciativas por reducir o modificar el financiamiento que reciben los partidos políticos, si esto llegara a ocurrir, afectaría esta bolsa de recursos que se solicitan, se tendrían que disminuir (…) Estaríamos a la espera si se reduce, por el contexto que se está viviendo, y tendría que hacerse un ajuste”.

Respecto a la cifra de 25 mil MDP que el INE solicita a nivel nacional para llevar a cabo las Elecciones 2018, y que en su momento se criticó como una cifra escandalosa —de hecho, sí se considerarían las elecciones más caras en la historia del país—, Garmendia Gómez dijo que “lo que puedo decir —que es muy importante—, es que la cifra en sí misma parece muy grande y es grande, pero representa sólo 38 centavos de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, 38 de cada 100”. Sea la cantidad que se decida finalmente, en noviembre se integra el Consejo Local y a partir de inicia el proceso electoral formalmente, por lo que para el próximo mes ya se tendría debidamente establecido el presupuesto.

Sí se puede

Actualmente, con ciertas limitantes, los partidos políticos en México, legalmente, sí pueden recibir financiamiento privado para sus campañas, sin embargo, aún no es bien aprovechado. “No la han explotado porque tienen los recursos públicos, pero es posible”, señaló la Presidente del INE BCS, agregando que a la fecha, “casi la totalidad” del dinero que utilizan los partidos en sus campañas proviene del financiamiento público que se les otorga a través de esta Institución, a nivel nacional.

Derivado de esa percepción —de que es excesivo el dinero que se da a los partidos políticos—, se le cuestionó si debería reformarse al respecto. “Los partidos políticos actualmente tienen permitido conseguir recursos. Legalmente, está permitido que realicen actividades a través de las cuales puedan tener recursos propios o financiamiento privado. Pareciera que, incluso por la pregunta, que si esto amerita una reforma: no se necesita una reforma, lo pueden hacer. Los partidos políticos pueden recibir dinero de sus simpatizantes, de sus militantes, pueden hacer sorteos y pueden recibir también recursos de personas físicas (…) Lo que pasa es que los partidos políticos —podríamos pensar—, no le han dado mucha importancia porque su principal fuente de ingresos es el financiamiento público, pero la Ley ya lo permite”.

Eliminar representantes

Señaló que el asunto no es solamente eliminar o disminuir el financiamiento a los partidos políticos, “sino también de hacer modificaciones a la forma de elegir diputados y senadores eliminando la representación proporcional: van un poco los dos temas”. Sin embargo, en su opinión, “eliminar la representación proporcional debilitaría o impactaría a los partidos políticos con menos representación; esta reforma vendría a beneficiar a los partidos políticos más grandes en detrimento de los más chicos”. Admite que el tema de los partidos políticos ha desencantado a la ciudadanía que incluso no ha faltado quien plantee que desaparezcan, pero entonces ¿cómo se gobernaría?: “hay quien dice que se desaparezca a todos, que ya no haya dinero; uno se pregunta, pues sí los desaparecemos, incluso cambiamos el modelo electoral, de ser representativo a ser un monárquico, o no sé cuál la forma que pensaríamos si desaparecemos a las piezas o instituciones clave en una democracia como son los partidos”.

“Ha habido otras propuestas —apuntó Marina Garmendia—, como la de mantener el financiamiento público que reciben los partidos, pero sólo del INE, no el que dan los Estados, porque los partidos políticos están recibiendo dinero por dos vías, la Federal y la de cada una de las entidades. Hay propuestas que insisten en eliminar ese dinero a los partidos nacionales, no así a los partidos estatales o locales”.

Política y memes

Se cuestionó a Garmendia Gómez, que en su función política, ¿qué es lo que considera peor o más difícil en la política?, y su respuesta fue muy breve: “Mi función es fundamentalmente administrativa, no política”. Y al preguntarle, en palabras del reportero, ¿qué opinión le merece un Presidente de la República al que se le hacen chistes e incluso se le ofende abiertamente, y un Gobernador que en BCS no está en una situación muy diferente?, la Presidente del INE reiteró que aunque antes hacía análisis político, su función actual es administrativa.

Sin embargo, sí opinó que los tiempos actuales les hacen más difíciles estar expuestos, y parecería que los mandatarios son de quienes más quejas o burlas hay, pero a otros les hubiera tocado igual de haber existido el presente auge de las redes sociales. “Lo que sí pienso es que el actual Gobernador y el actual Presidente —al igual que cualquier figura pública—, gracias a los modernos medios de comunicación, estamos más expuestos (…) Probablemente hubiera ocurrido lo mismo con los anteriores”.

FOTO: El Sudcaliforniano.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A efecto de evitar la presencia ciudadana y poder concretar la simulación en el proceso de autorización al incremento en el costo del transporte público de La Paz, que se especula oscilará entre un 20 y un 40% —lo que significa que el pasaje costará de 12 a 14 pesos—, la sesión correspondiente se llevará a cabo en un pequeño recinto ajeno a la sede municipal, en día y hora atípico, pues se llevará a cabo en el salón del DIF Municipal ubicado en calle Nayarit, a mano izquierda, antes de llegar a los cuatro altos de la calle Ramírez, en la colonia Pueblo Nuevo, mañana lunes a las ocho de la mañana.

Se buscó un recinto ubicado en una zona sin estacionamientos públicos, de calles angostas, de acceso controlado, en el horario de mayor carga vehicular, pues coincidiría el traslado de los potenciales manifestantes con la hora de entrada de escolares y empleados.

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Este cambio de recinto, día y horario, hace de esta sesión lo más parecido a una sesión secreta, pues el objetivo es el mismo: minar la presencia activa de ciudadanos opositores al criminal incremento al precio del transporte público de La Paz, que a través de esta simulación van a concretar.

Todo este procedimiento de engaño y ocultamiento para perjudicar al sector poblacional más vulnerable de La Paz: los usuarios del transporte público, obedece a los fuertes compromisos económicos y políticos del Presidente Municipal y su camarilla con el pulpo del transporte.

Lo único cierto es que el transporte público, tal y como se encuentra actualmente estructurado, es un cáncer urbano, que subsiste en sus deficiencias única y exclusivamente por las complicidades y componendas entre concesionarios y servidores públicos.

Si para los concesionarios no es negocio, que renuncien a la concesión y listo. Abran las expectativas a otras opciones de servicio. Hay muchas alternativas funcionales.

Tenemos una dinámica de transporte urbano de mediados del siglo pasado. Aumentar la tarifa solo prolongará un par de años la estructura de un transporte público caro, contaminante, inseguro, antihigiénico e incómodo. Urge ya una red de transporte colectivo operativo, y no un consecutivo de incrementos periódicos que sólo enriquecen a los concesionarios y perjudican no sólo a los usuarios, sino a toda la red vial urbana.

FOTO: Colectivo Pericú.

El Ayuntamiento de La Paz debería ocuparse del tema con seriedad, pensando en funcionalidad a largo plazo, planeando y definiendo políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo con visión  y compromiso social, pero como estos bandidos del Ayuntamiento sólo tienen tres años para enriquecerse, en lugar de resolver el problema e iniciar un programa efectivo y ambicioso, de 20 ó 30 años de transición, como se hace en las ciudades de primer mundo, eligen pactar un chanchullo con el pulpo del transporte, y autorizarles mañana el incremento al costo del servicio, a cambio de subacuáticas daciones en pago o especie, que incluyen el acarreo de votantes cautivos durante el próximo proceso electoral.

Esto ocurrirá mañana a las ocho de la mañana, pues eligieron el lugar, día y hora para que actúe en su favor el mejor de sus cómplices, el más rentable de sus aliados: nuestra indiferencia y apatía ciudadana. Todo indica entonces que mañana festejaremos el cumpleaños de Baja California Sur, con un duro golpe al bolsillo del grupo social más desfavorecido.

A la inseguridad y la sangrienta escalada de violencia urbana, a la carencia de agua y al incremento de su suministro, se suma otra puñalada a la economía familiar de muchos paceños, que tendrán de enfrentar el incremento tarifario en el transporte público.

A menos que mañana acudamos todos, media hora antes de la hora programada para llevarse a cabo la sesión de cabildo, y les dejemos muy en claro –de manera pacífica y respetuosa—, que no estamos de acuerdo con su nefasto proceder.

¿Qué podemos hacer?

Diversas asociaciones de la sociedad civil nos convocan para manifestarnos en contra. La cita es en el salón del DIF Nayarit y Ramírez en la colonia Pueblo Nuevo, mañana lunes a las 7:30 de la mañana.

De sus archivos personales, doña Irma da a conocer fotos tomadas unos cuantos días después del ciclón Liza (30 de septiembre de 1976). En las fotos se ve el «Cerro Atravesado», zona donde muchas viviendas fueron arrasadas por el huracán. Esta región es entre El Cajoncito y la actual colonia Agua Escondida, en La Paz . Fotos: Irma del Carmen de la Peña León.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando le pregunté a doña Irma de la Peña sobre lo que vivió durante y después del ciclón Liza, no batalló en hurgar en su memoria: el recuerdo de hace 41 años lo tiene tan fresco como el lodo que cubría la treintena de cadáveres que vio de camino de la casa de su padre a la suya, luego de la fatídica tardenoche del 30 de septiembre de 1976 en La Paz. En entrevista exclusiva para CULCO BCS, la mujer relató, especialmente, la zozobra de los días posteriores al huracán. Los muertos. La incomunicación. La ayuda que nunca llegó.

Irma del Carmen de la Peña León tenía 29 años entonces, y estaba casada con el señor Alberto Azcárraga Martínez, y el hijo de ambos, Alberto, tenía sólo 6 meses de edad. El 30 de septiembre de 1976 era quincena y hacía calor, recuerda. Su padre, don Luis de la Peña Castro, con la intuición de los antiguos rancheros, urgió a su hija y familia para que se acomodaran en su casa, ubicada en Independencia y Altamirano, colonia centro —a una cuadra del Centro de Salud de la 5 de Mayo. Sin llevarse nada de su vivienda ubicada sobre la calle Colima en la colonia Infonavit —casa en la que la mujer aún vive—, en casa de su papá pasaron la noche del huracán que más muertos ha dejado en Baja California Sur, cifra en la que aún no logran ponerse de acuerdo ni las autoridades ni las fuentes que hay al respecto.

Lo que doña Irma más recuerda es el día siguiente: el 1 de octubre, cuando con su esposo e hijo se dirigieron a su casa en la colonia Infonavit. «Parecía que habían bombardeado La Paz«, dijo. En el transcurso de la casa de sus papás a su vivienda, cruzando a como podían por la Forjadores, asegura que desde la Secundaria Morelos hasta la Colima vio aproximadamente 30 o más ciudadanos muertos, semienterrados y llenos de lodo, quienes había sido literalmente lanzados a las calles por los arroyos. Muchos más no tuvieron la misma «suerte», pues la corriente los llevó directo al mar, sin que nunca se supiera de su paradero.

Debido al calor y los cadáveres en descomposición, pronto se generó una peste, y las autoridades se vieron en la necesidad de llevar en «camionadas» la enorme cantidad de muertos que dejó Liza en las calles. La señora cuenta que se supo que los llevaban en varios camiones, envueltos en sábanas, los cubrían con cal, y fueron apilados por grupos en una fosa común en Los Sanjuanes. Días después, algunas personas salieron a las calles a reclamar a los desaparecidos, pero nunca se supo de varios: fue inútil llevar un registro de los cadáveres, ya que para no acarrear infecciones el gobierno los enterró con la mayor premura posible. Junto con los muertos, se sepultaron muchos datos: al parecer no hubo periodistas que informaran la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir. Hasta la fecha, de lo acontecido hay información imprecisa, pendiente.

Volviendo al día siguiente, 1 de octubre, día en que doña Irma regresó a su casa de Infonavit, cuenta que hubo personas que lograron sobrevivir, literalmente, atados a los árboles o los techos, como fue el caso de una de sus tías y su familia cuando el agua inundó la casa habitación —»Liza fue mucho más agua que viento», señala—, y a como pudieron se amarraron con gruesos mecates del techo, subiendo de uno en uno por el lavadero. En el caso de esa vivienda de esos parientes, a sólo un par de cuadras de la Colima, por la Jalisco, el agua habría cubierto al menos un metro.

En la casa de Irma se perdió o echó a perder todo lo que estuvo impregnado por el espesor del agua, pese a todo, y habiendo sobrevivido ella y sus familiares más cercanos, cree que no fue nada comparado con lo que siguió. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en la casa de la Colima? Le pregunté. Dijo que nunca se sabría, el nivel del agua no era para haberse ahogado, pero tal vez, en medio de la desesperación hubieran salido en su carro para resguardarse, y —¿quién podría saberlo?— morir como el caso de un taxista y su familia que salieron en su vehículo y fallecieron todos ahogados, atorados por una corriente de agua.

Alrededor de un mes, doña Irma y familia estuvieron sin luz ni agua potable. Prácticamente invisibles del resto de la República Mexicana, estuvieron incomunicados. Se dice que el Gobierno del Estado recibió ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero en palabras de la sobreviviente, aunque se murmuró que hubo barcos con grandes cargas con todo tipo de ayudas, ni ella ni sus conocidos vieron absolutamente nada. Doña Irma también recuerda que años después, se supo de osamentas encontradas en el fondo de algunos asentamientos, como en el frente de su casa: huesos humanos. Quién sabe quiénes serían y si alguien los habría reclamado alguna vez.

El 30 de septiembre de este año se cumplieron 40 años del ciclón Liza, la tragedia más grande de Baja California Sur. No hay una cifra oficial de muertos; los números van del medio millar hasta quienes creen que fueron alrededor de 10 mil personas. Tampoco hubo muchos eventos en la capital del estado que recordaran esta fecha.

Las fotografías aquí publicadas corresponden a los archivos personales de doña Irma del Carmen de la Peña León. Su esposo, don Alberto —ya fallecido—, las tomó sólo unos días después del ciclón, en octubre de 1976. Habían permanecido en sus álbumes fotográficos por décadas, hasta ahora. En las imágenes se alcanza a apreciar el «Cerro Atravesado», entre la zona de El Cajoncito y la colonia Agua Escondida, sitio donde hubo viviendas que fueron totalmente arrasadas por el viento y el agua que trajo Liza.

FOTO: Internet.

Especial Elecciones 2018

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el reciente sismo en la Ciudad de México, aún no se define si habría modificaciones en la distribución del dinero federal destinado para las Elecciones 2018, debido a un reclamo ciudadano de aplicar parte de éste en apoyo a las víctimas del desastre; sin embargo, al momento de publicar este artículo, los recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) ya había anunciado solicitar para los sufragios del próximo año asciende a 25 mil 45 millones de pesos —18 mil 256 millones para el gasto operativo del INE, y 6 mil 788 millones para los partidos políticos—, lo que, de aprobarse, lo convertiría en el presupuesto para elecciones más alto de la historia en México.

Además, a nivel estatal, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEE BCS) ha solicitado 168 millones de pesos para las Elecciones 2018, de los cuales: 128 millones serían para este Instituto —56 MDP para su operación regular y 72 MDP para sus gastos por todo el proceso electoral—, y casi 39 MDP para los partidos políticos. Así lo informó Rebeca Barrera Amador, consejera presidente del IEE BCS, quien concedió una entrevista exclusiva para CULCO BCS. A continuación presentamos la segunda y última parte de esta entrega. DA CLIC AQUÍ PARA LEER LA PRIMERA PARTE.

Este presupuesto total de 168 MDP, el IEE BCS lo solicita al Gobernador de BCS, lo aprueba el Congreso del Estado y finalmente es Finanzas la secretaría que lo remite al Instituto conforme a su calendario, aunque «hasta ahora, nunca se ha aprobado lo que el IEE BCS solicita», aclaró Barrera Amador, quien expresó que con o sin elecciones, este organismo requiere anualmente de 56 millones de pesos para su operación. También enfatizó que debe quedar en claro que aproximadamente la cuarta parte es para los partidos políticos, y que quizá más adelante sería oportuno una reforma para que éstos busquen sus propios recursos.

«Me gustaría que quedara muy en claro que esa cantidad tiene que ver con las gestiones del Instituto respecto al presupuesto para los partidos políticos. Estamos hablando que para el presupuesto de los partidos políticos son 38 millones 935 mil 479 pesos (…) Para el IEE tenemos fraccionado nuestro presupuesto en dos: 56 millones para lo que es la actividad normal, lo que es la operatividad; y para lo que es el proceso electoral tenemos presupuestado 72 millones 289,407 pesos, donde están todos los rubros correspondientes a los gastos de un proceso electoral. Suman 128 mil 652 pesos (para el IEE BCS) (…) Creo que no deben de mezclarse, porque nosotros sólo somos gestores para considerar esos recursos, entonces esos recursos son para los partidos políticos, para su funcionamiento. Considero que una de las cuestiones que en un momento dado pudiera crearse como una reforma es que los partidos políticos gestionaran sus propios presupuestos, mientras tanto, está así el sistema».

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De los casi 39 MDP que estarían en poder de los partidos políticos en BCS, 12 millones 321,354 pesos se destinarían a gastos de campaña —aparte, habría 246,427 pesos para las campañas de candidaturas independientes—; y el doble de este dinero —es decir, 24 millones 642,708 pesos— se otorgaría para sus actividades ordinarias permanentes; otros gastos que tendrían los partidos serían 985,708 pesos para «franquicias postales y telegráficas», y 739,281 para «actividades específicas como entidades de interés público». Todo ello, según el documento facilitado por el IEE BCS donde se lee que «por el momento no se cuenta con la distribución del financiamiento desglosada por partido político, ya que ésta no ha sido aprobada por el Consejo General».

Elección difícil

Hasta agosto pasado, el padrón de electores en Baja California Sur es de 503,996 ciudadanos que podrían votar en las Elecciones 2018. Casi medio millón de sudcalifornianos estarían votando por centenares de candidatos, para dar el triunfo a poco más de 100 personas que ocuparán los distintos cargos. El 1 de julio de 2018, en BCS se van a renovar: cinco alcaldías; cinco sindicaturas y 48 regidurías; además de 21 diputaciones locales: 16 de mayoría relativa y cinco de representación proporcional. Todo ello, sólo a nivel estatal, pues el ciudadano además emitirá los votos para los cargos federales: Presidente de la República, Diputado y Senador. En total, cada votante sudcaliforniano tendrá en sus manos cinco boletas, lo que no había ocurrido antes.

Sobre su percepción general de las Elecciones 2018, la Presidente del IEE BCS dijo «vamos a ser honestos: es un proceso complejo, que tendrá 30 elecciones a nivel nacional, se va a renovar el Poder Legislativo: legisladores federales en la Cámara de Senadores y el Congreso de la Unión; siendo una elección intermedia (en BCS) para Ayuntamientos y diputados locales.  Será un proceso difícil, complejo».

La capacitación electoral de los ciudadanos que estarán en las casillas el día de las votaciones —una parte importante para la preparación de las elecciones—, la llevará a cabo, íntegramente, el INE; sin embargo, el IEE BCS —precisó Barrera Amador—, apoyará en esa parte y tendrá la obligación de hacer un acompañamiento en todo el proceso electoral. «Pareciera complejo, pero no lo es: nosotros tenemos la información de todo lo que conlleva nuestra elección local, lo que los funcionarios deben saber; qué candidaturas comunes y coaliciones hay; nuestras particularidades como Estado; en relación a consultas populares; todas estas particularidades tienen que transmitirse a los ciudadanos y la responsabilidad se parten en dos».

FOTO: Cortesía.

La reelección es otro tema novedoso para las Elecciones 2018, y en BCS se aplicaría por primera vez en su historia. Ahora un presidente municipal tiene derecho a reelegirse una vez, y un diputado hasta en tres ocasiones. «Sí se va a aplicar por primera vez, luego del sufragio efectivo no reelección que conocemos, en este proceso electoral va a ser por primera vez y quienes contiendan tendremos que llevar también el principio de la paridad de género y otros requisitos (…) Es un reto ante lo tribunales por que no hay nada escrito y cualquier caso puede analizarse en su contexto».

FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En días pasados, se llevó a cabo en el Ayuntamiento de La Paz una intentona de atraco al erario municipal, vía contratación ilegal de una empresa abarrotera como “cobradora” del impuesto predial. La idea era contratar a una empresa de dudosos orígenes, que a cambio del 30% de lo obtenido, se encargaría de cobrar la carga tributaria correspondiente al impuesto predial.

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La ilegalidad

El municipio no puede “transferir”, vía contrato privado,  la facultad económico coactiva que le permite cobrar el impuesto predial. El Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de mexicanos y extranjeros el contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. En contrapartida, es atribución del Estado establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público. El ejercicio de esta facultad es un procedimiento regulado por la legislación tributaria.

Cuenta entonces, el Ayuntamiento, con una facultad económico coactiva, para realizar el cobro de manera directa, sin acudir ante un tribunal judicial, a través de un procedimiento administrativo que se realiza mediante una vía ejecutiva con dos partes, el Estado-ejecutor y el contribuyente-deudor, sin mediar un tercero imparcial, por lo que no compete a la función jurisdiccional su implementación.

En consecuencia, el Ayuntamiento de La Paz no necesita contratar un despacho de cobranzas, simplemente debe ejercer sus facultades, sin mayor contingencia procesal, pues tratándose del impuesto predial, el deudor obligado, el titular de los derechos reales del predio en cuestión, es un causante “cautivo”, que no puede ni esconder ni desaparecer su propiedad, y por tanto, si no paga al ser requerido, el Ayuntamiento embarga y en su caso remata el inmueble para obtener el cobro.

Las contribuciones sobre las que opera el procedimiento administrativo de ejecución son los impuestos (el predial entre ellos), aportaciones de seguridad social, derechos y aprovechamientos, excluyéndose para el cobro de los llamados “productos”, que son las contraprestaciones por los servicios que preste el órgano público actuando como ente privado.

Lo anterior significa que sólo para el cobro de aprovechamientos (derecho privado) el Ayuntamiento podría necesitar un despacho de cobranza, ante la incapacidad técnico operativa de su Departamento Jurídico para actuar en consecuencia; pero en el caso de los impuestos, de ninguna manera puede trasferir la potestad económico coactiva para el cobro, y mucho menos renunciar a ella para que una empresa privada de cobranza intente el cobro de los impuestos.

En otras palabras, la jurisprudencia establece la exclusividad  (e intransferibilidad) de la facultad económico coactiva del Ayuntamiento, pues se trata de una potestad soberana que se ejerce unilateralmente en sus relaciones de derecho público (tesis 61, 104 y 107 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, año 1917-1965, tercera parte,- Segunda Sala, páginas 80, 136 y 140).

¿Cómo cobrar el impuesto predial?

1. Se requiere el pago. Si el contribuyente es omiso,
2. Se decreta el embargo o secuestro bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal procediéndose a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Dentro del crédito fiscal se incluirán los gastos de ejecución y de recargos
3. Se emite resolución liquidataria de la autoridad determinándose el crédito fiscal que debe
4. Se emite mandamiento de ejecución de la resolución que inicia el procedimiento administrativo que debe estar debidamente fundado y motivado, y
5. Remate de los bienes embargados y aplicación del monto obtenido, a las arcas municipales.

Conclusión

La facultad de cobro del impuesto predial es intransferible, y contratar a una empresa de cobranza para su realización, es ilegal e incluso delictivo, pues implica un desvío de recursos públicos. El Ayuntamiento debe despedir a su Director Jurídico, por la manifiesta evidencia de ignorancia jurídica e incapacidad operativa. No podemos permitir que se sigan saqueando impunemente el erario municipal paceño.