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La Paz, Baja California Sur (BCS). El aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y no puede ser menor a 15 días de salario, recordó la directora de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), Claudia Leticia Hirales Meza, al destacar que este derecho aplica para todas las personas trabajadoras, o de forma proporcional cuando el tiempo laborado es menor a un año.

Hirales Meza señaló que esta prestación es fundamental para la estabilidad económica de las familias durante la temporada decembrina. Subrayó que ningún centro de trabajo puede condicionarla, reducirla o sustituirla con entregas en especie, ya que se trata de una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Indicó que, conforme se acerca la fecha límite, aumentan las solicitudes de orientación sobre montos, fechas de pago y situaciones relacionadas con la terminación laboral. En ese sentido, invitó a las personas trabajadoras a acercarse a PRODET para recibir acompañamiento oportuno. “Nuestro compromiso es brindar asesoría gratuita y dar seguimiento a los casos donde existan dudas o posibles irregularidades”, expresó.

Asimismo, llamó a las empresas a cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones o conflictos laborales, y reiteró que la Procuraduría mantendrá atención continua durante diciembre para ofrecer información clara y mecanismos de apoyo accesibles.

Finalmente, agregó que las personas interesadas en asesorías, dudas o en agendar citas pueden acercarse a cualquiera de las direcciones municipales de PRODET o llamar al número telefónico (612) 1242965, donde se brinda atención gratuita y acompañamiento profesional.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno de Baja California Sur, junto con la Federación y el Ayuntamiento de Los Cabos, refuerza la prevención de chikungunya mediante el método biológico Wolbachia, estrategia que la secretaria de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, destacó como fundamental ante el aumento significativo de la enfermedad en América y Asia.

La segunda etapa de implementación, que inicia a mediados de este mes, indicó Guluarte Castro, contempla liberar mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, inofensiva para las personas, la cual bloquea la transmisión de dengue, zika y chikungunya.

“Estos mosquitos se aparearán con los zancudos silvestres, generando nuevas generaciones incapaces de transmitir estas enfermedades a los humanos”, explicó la secretaria, recordando que el método cuenta con la validación de la Organización Mundial de la Salud y ha mostrado resultados positivos en diversos países.

Desde 2018, esta estrategia se aplica con éxito en La Paz, por lo que la administración estatal gestionó su implementación en Los Cabos mediante la transferencia tecnológica recibida del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).

El modelo preventivo se complementa con brigadas de control larvario y unidades de nebulización, reduciendo de manera conjunta los riesgos de infección. Esta semana, la ocupación hospitalaria por dengue en la entidad es menor al 1.2% de las camas disponibles en las instituciones de salud.

La sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Servicios de Salud contó con la participación de la secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota; la secretaria general de la Sección 61 del SNTSA, Isabel de la Peña Angulo; la subsecretaria general de Gobierno, Claudia Elena Meza de la Toba; y el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Bogdan Arriaga Benis.

FOTO: CEA.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Estatal del Agua (CEA) impulsa obras y acciones estratégicas con una inversión cercana a 140 millones de pesos para mejorar el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en Baja California Sur.

Al respecto, la directora general, Tatiana Davis Monzón, destacó que entre las intervenciones más importantes se encuentran la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Loreto y sus dos cárcamos principales, así como la modernización de pozos estratégicos, como el pozo 3 del acueducto de Santa Rosalía y el pozo Chula Vista en San Ignacio, ambos en Mulegé.

En La Paz, la CEA amplía la red de alcantarillado en las colonias Bahía Dorada y Jericó, beneficiando a cientos de familias. En zonas rurales, construye dos plantas desaladoras en San Cosme (Loreto) y Punta Alta (La Paz), y amplía la red de agua potable en Las Barrancas, Comondú.

Asimismo, desarrolla estudios técnicos para el proyecto de la presa El Novillo, cuya construcción estará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); ha brindado capacitación al personal de los organismos operadores municipales, además de suministrar materiales y equipos de desinfección para fortalecer los servicios locales.

Estas acciones reflejan la planeación estratégica y coordinación con los gobiernos municipales y CONAGUA, garantizando el uso eficiente de los recursos y la mejora en la calidad de vida de la población urbana y rural.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado legisló la regulación de los polarizados en vehículos, unificando criterios para clarificar la interpretación de la Ley de Tránsito Terrestre de Baja California Sur.

La nueva legislación que entrará en vigencia en todo el Estado, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, establece que los vidrios de vehículo podrán ser obscurecidos con películas de control solar de hasta el 20% de transmisión de luz visible hacia el interior.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Comunicaciones, Transportes, Movilidad y Seguridad Vial de la XVII Legislatura, que integran los diputados Sergio Huerta Leggs, presidente; Omar Torres Orozco y Sergio Polanco Salaices, secretarios, la cual realizó un trabajo de derecho comparado entre los reglamentos municipales con la legislación federal y normas oficiales mexicanas en la materia.

Se determinó que en la entidad se respetará el oscurecimiento que haya sido instalado por el fabricante del vehículo que cumpla con los anteriores parámetros.

La graduación de la película de control solar podrá ser mayor de 20% de transmisión de luz visible hacia el interior, en vidrios laterales y vidrio trasero, cuando se requiera por razones médicas, debidamente acreditadas mediante certificado por especialista, establece el dictamen.

Pormenoriza que las autoridades que apliquen las nuevas disposiciones deberán utilizar los instrumentos autorizados y certificados para medir la graduación de la película solar instalada.

En cuanto al vidrio frontal, se mantiene la norma vigente que prohíbe su oscurecimiento y solo permite una franja de un máximo de 25 centímetros de ancho en la parte superior del vidrio parabrisas.  Sin embargo, se exceptuarán los vehículos al servicio de personas que acrediten médicamente ante la autoridad enfermedades de la piel o padecimientos médicos, que sean afectados por la exposición al sol, para lo cual se les expedirá un distintivo para el vehículo.

El decreto reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley de Tránsito Terrestre de Baja California Sur, derivado de una iniciativa ciudadana presentada a través del diputado Venustiano Pérez Sánchez, a raíz de observaciones de automovilistas ante las diferencias en la normatividad en los reglamentos municipales de tránsito y vialidad en los parámetros que indica la misma ley, así como una interpretación errónea de la ley, que esto generaba.