La Paz, Baja California Sur (BCS). El estandarte ofertorio del actual Gobernador de BCS, para alcanzar el triunfo electoral, se recargó en la promesa de acabar “rapidito” con el problema de la inseguridad. Aseguró “saber cómo” y se jactó de que a él “no le temblaría la mano”.

Lo cierto es que todo resultó una falsa promesa de campaña. Una más de las tantas que nos han endilgado desde que la democracia nacional fue secuestrada por el sistema de franquicias partidistas que permiten el control del poder al grupo entronizado, mediante la simulación y el engaño.

También te podría interesar Criterios de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pese a ser sólo una falsa promesa más, resultó más ofensiva su natural afrenta, al constatar que lejos de mejorar el problema de la inseguridad, a partir de la actual administración, se han disparado los índices de criminalidad y la escalada de violencia no encuentra precedente histórico.

Evidentemente, no sabe cómo, le tiembla más que la mano, y no tiene la voluntad política ni la determinación necesarias para enfrentar con éxito la problemática, la grave problemática que hoy tiene a la sociedad sudcaliforniana padeciendo una constante inseguridad que lejos de disminuir, parece acentuarse en un cruento consecutivo, que no hay promesa de «mejor futuro» que tranquilice a los habitantes de la entidad.

A la excusa, el pretexto, la simulación y el ocultamiento, se suma el reparto de culpas. Todos somos responsables. Todos, menos el gobierno en turno.

Y en ese juego perverso de negación, se satura el suministro de notas oficiales en los medios afines al gobierno estatal, de “buenas noticias”, que hablan de bonanza económica, incremento de fuentes de empleo y otros importantes logros, reales o imaginarios, que en autoría meritoria se adjudica el gobierno del «mejor futuro». El esfuerzo propagandístico es costoso, pues los jilguerillos encargados de difundir los “logros oficiales” cobran indefectiblemente sus aportes en la rentable labor de difundir los méritos del aparato gubernamental.

Lo único cierto es que no existe un plan concreto de acción, ni a corto ni a mediano plazo, tendiente a frenar eficazmente la inseguridad que nos agobia. No existe coordinación entre las fuerzas del orden, ni estrategia que a partir de inteligencia aplicada, nos brinde un plan adecuado y eficaz de prevención, disuasión, contención, persecución y sanción del delito.

No contamos, pese a lo grave de la situación, con un solo policía de carrera al frente de las corporaciones policiales. Se improvisa con amigos, conocidos, arrimados y endosados. En procuración de justicia se insiste en sostener en el empeño al petulante importado que ha dejado claro en el tiempo que lleva en el cargo, que lejos de contribuir a solucionar la problemática, su incompetencia lo ha vuelto parte de la misma.

Se ha recurrido a la Federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses, que a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el Ejecutivo Estatal despojarse de su arrogancia y aceptar que su “medicina” resultó charlatanería, por más que “aumente la dosis”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010, sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder. Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden.

Poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de 93 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta capital, acusados por despojo agravado con furtividad, John Joseph Moreno Rutowski y Joella Corado fueron liberados este lunes, con la resolución a su favor de un amparo federal; ahora, y tras pagar 15 mil pesos de fianza cada uno, se ha indicado que el proceso en su contra sigue pero fuera del penal, por lo que tendrán que estar yendo a firmar al Poder Judicial del Estado.

El caso de John y Joella ha llamado la atención de la sociedad civil, sumándose varios, moralmente y en su defensa, al considerarlo un «preso político», pues el primero ha representado a pescadores de Punta Lobos, cerca de Todos Santos, al Sur del municipio de La Paz, quienes se han opuesto a la instalación del desarrollo turístico Tres Santos; se presume que fue esta la causa «no oficial» de haberlo aprehendido, y en su momento se delataron diversas irregularidades, como el uso de pruebas falsas, lo que Arturo Rubio Ruiz calificó como «terrorismo de Estado».

También te podría interesar Feminicidio en Baja California Sur. La violencia nuestra de cada día (III).

El mismo abogado, a través del un breve texto por redes sociales anunció que «siendo las 14.00 horas del 21 de agosto, la Juez Primero Penal de La Paz, BCS, resuelve otorgar la libertad provisional bajo caución a John Moreno. Segurá enfrentando la acusación del supuesto delito de despojo pero sin restricción de su libertad personal. En cumplimiento a la resolución de amparo otorgado a John por la Justicia federal, se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se revocó la misma para dictar en su lugar una libertad caucional.»

Este lunes, tras ser liberados John y Joella, fueron recibidos por su familia, activistas y pescadores de Todos Santos, en las afueras del Cereso de La Paz. Alan Flores, de Diario El Independiente publicó que John Moreno «se dijo consciente de ser un “preso político” y expuso que su batalla legal y las denuncias interpuestas en contra del desarrollo inmobiliario “Tres Santos” fueron factor para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercitara acción penal en su contra, “cualquier conocedor en el ramo del derecho lo podrá advertir muy rápido”, dijo el abogado».

«Finalmente relató —se cita en la misma fuente— que en sus más de 3 meses en prisión preventiva fue bien recibido por sus compañeros de celda, “son unas personas muy buenas, unos seres humanos que la verdad mis respetos por ellos”, así como con el personal administrativo y guardias del Cereso de La Paz, quienes aseguró “en todo momento me mostraron mucho respeto (…) Siempre me dieron mi espacio, pues uno simplemente se dedicó a reflexionar, a estudiar, a leer, yo no salía de mi celda más que de vez en cuando a escuchar los cantos que mis compañeros, toda mi familia y mis seres queridos me ofrecían por las tardes y por las noches».

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis 

 

“¿Por qué salió tan tarde, por qué andaba sola?»

«El Ministerio Público no hizo nada»

«No le gustó lo que preparó de desayunar»

“Se muere uno en vida”

«Me habló para decirme que iba a matar a Mariana»

«Quiero que caiga todo el peso de la ley»

“Lo primero que hicieron fue revictimizarnos”

“Le dije: debes sentirte contento, ya la mataste”

“Levantemos la voz y pidamos justicia para nuestras hijas”

Testimonios de madres de hijas víctimas de feminicidio,

publicado en El País. Marzo de 2017.

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dedicaré esta tercera entrega a uno de los temas menos discutidos, comprendidos y difundidos en Baja California Sur, pero que forma parte sustancial de la violencia nuestra de cada día: los feminicidios entendidos como la expresión irreparable de la más terrible, profunda, denostada e ignorada violencia de género, esa que se origina en la misoginia, en la aversión y el odio a las mujeres, como primera causa del fenómeno.

Feminicidio y machismo

Cuando hablamos de feminicidio, lo primero que surge en la discusión es la incomprensión de la propia noción: ¿porqué feminicidio y no homicidio? ¿Qué de especial tienen los asesinatos de mujeres cuando se matan más hombres? La respuesta es relativamente sencilla: las circunstancias en que mujeres y hombres son asesinados son muy diferentes y, obedecen a razones también muy diferentes, aunque ocurren en el mismo contexto social y cultural. Las circunstancias primero: a ellos los matan otros hombres, generalmente con armas de fuego, en el espacio público y como resultado de una gresca provocada por una demostración de fuerza individual o colectiva para dejar bien asentado quién o qué grupo domina tal o cuál actividad. Los hombres matan a otros hombres, para demostrar su poderío.

También te podría interesar Narcocultura y necropolítica. La violencia nuestra de cada día (II).

A ellas, también las matan los hombres para demostrar su poderío, pero sobre ellas. Las matan por lo general, en el espacio privado, sus parejas, exparejas, padres, hermanos, parientes y amigos, es decir, los hombres más cercanos a sus vidas, los que se supone las aman, cuidan y protegen. Las violan, acuchillan, apuñalan, asfixian, ahorcan, golpean, envenenan, queman, destrozan. Las matan por el sólo hecho de ser mujeres.

Y ello ocurre en un contexto social y cultural específico. Decía al principio, que feminicidio y violencia extrema contra las mujeres son de los temas menos discutidos, comprendidos y difundidos en nuestra entidad, pero que forman parte sustancial de la violencia nuestra de cada día. Entre las razones que explican esta situación, se encuentra, en primer lugar, el machismo, cuya definición resumiré así: se trata de un modelo negativo de masculinidad, una forma de relacionarse que se aprende desde la infancia y funge como modelo para todo intercambio personal, esto es, no se presenta sólo con relación a las mujeres, sino también hacia los otros hombres, los niños, las niñas y las personas subordinadas.

También te podría interesar A 3 años del inicio de la narcoviolencia en BCS. La violencia nuestra de cada día… (I)

Esta es la clave: se trata de una forma de relación en la que prima la desigualdad: alguien está arriba y para sostenerse en ese lugar, requiere que alguien esté abajo. Se trata de una pretensión de dominio que se ejerce especialmente sobre las mujeres, pero que también explica la rivalidad entre los hombres, la búsqueda interminable de conquistas sexuales y la necesidad de exhibir rasgos supuestamente viriles, tales como el valor, la indiferencia al dolor: los hombres son valientes, no lloran, son seductores y, sobre todo, desprecian los valores femeninos (Marina Castañeda en El machismo invisible regresa, 2007). Es precisamente en este desprecio que se originan la violencia, la discriminación y la explotación de las mujeres, todos mecanismos que terminan por desatar la violencia feminicida.

Todos los estudios sobre violencia contra las mujeres señalan que existe un continuo de violencia donde el feminicidio, la violación, el hostigamiento, la pornografía y el abuso físico a las mujeres y a las niñas, son expresiones de la violencia sexual masculina, esa que, al amparo del machismo, ejercen los hombres sobre las mujeres.

Pandemia nacional

Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en los principales medios de nuestro país, se publican los datos que testimonian la tragedia que representa el feminicidio en México, donde siete mujeres son asesinadas cada día y sólo 25% de los casos son investigados como feminicidios (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, marzo 2017). El 9 de marzo de 2017, el periódico El País, dedicó un número especial al feminicidio en México, porque ocupamos el lugar 16 en asesinatos contra mujeres en el mundo.

Desde 2013, la representación de ONU Mujeres en México calificó a la violencia feminicida como una pandemia que provoca siete feminicidios al día, de los cuales, una cuarta parte se concentran en cinco municipios del territorio nacional, comenzando por Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua, seguidos de Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; y Ecatepec de Morelos, Estado de México. Baja California Sur se encuentra en la zona de influencia de dos de las entidades (Baja California y Sinaloa) donde la violencia feminicida ha alcanzado dimensiones epidémicas.

Cifras escalofriantes en BCS

Según el Estudio sobre Violencia Feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010 (Incháustegui, 2012), los asesinatos de mujeres por razón de género tuvieron un repunte entre 2007 y 2010, período en el que se presentó un incremento de 106.2% con relación a otros periodos. El mismo estudio demostró que entre 1985 y 2010 se registró un total acumulado de 36 mil 606feminicidios en México y, que Baja California Surocupaba el lugar 16 en defunciones femeninas con presunción de asesinato (a sólo una posición por debajo del Distrito Federal que ocupaba el lugar 15), con una tasa de 2.9, esto quiere decir que, en 25 años, ocurrieron un total de 92 asesinatos de mujeres en nuestra entidad, con un promedio anual de cuatro.

Según el estudio Violencia Feminicida en el Estado de Baja California Sur. Investigación Diagnóstica, 2007-2014, (Lorella Castorena, ISMujeres, 2015), para dimensionar la evolución del fenómeno en BCS, basta con señalar que en 1985 nuestra entidad ocupaba la posición 26 —una por encima de la vecina Baja California que ocupaba el sitio 27— y que 25 años después, ascendió al lugar 16, es decir, escaló 10 puntos en el rango nacional sobre feminicidios en el período 1985-2010.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infromática (INEGI), en el período comprendido entre 2010-2016, en BCS ocurrieron 81 asesinatos de mujeres, con un promedio de doce mujeres asesinadas por año. La diferencia entre un período y otro es enorme: mientras en 25 años (1985-2010) se asesinaron 92 mujeres a un promedio de cuatro mujeres por año, en el período siguiente, que sólo abarca 6 años (1910-2016), fueron asesinadas 81 mujeres, a un promedio de doce por año. Esto significa que en BCS, en los 6 años más recientes, se triplicaron los asesinatos los asesinatos de mujeres.

Invisibilidad

A partir de entonces y más específicamente desde 2014, las cifras publicadas sobre los homicidios de mujeres fueron opacadas por la ola de violencia generalizada que desataron los denominados «homicidios alto impacto» consignados así por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De hecho, en el informe de occisos en eventos de alto impacto que se encuentra en la página oficial de la PGJE, se recogen los asesinatos ocurridos entre el 31 de julio del 2014, al 15 de abril del 2017, con un total de 560 personas asesinadas, sin que sepamos cuántos fueron hombres y cuántas mujeres, ni tampoco nada de las circunstancias en que éstos ocurrieron. Sólo un número y nada más, esto es opacidad.

Según la información registrada por INEGI relativa a las defunciones por homicidio según sexo entre 2007 y 2016, que se muestran en la siguiente gráfica, los asesinatos de mujeres —un promedio de diez por año— y los homicidios —asesinatos de hombres, un promedio de 35 por año— tuvieron hasta 2013 un comportamiento similar. Entre 2014-2016, el promedio de homicidios se elevó a 153 por año, en tanto que el promedio de asesinatos de mujeres se elevó a doce.

Hasta donde se puede reconstruir la información estadística con base en los datos de INEGI, Baja California Sur “contribuye” a la pandemia feminicida con el asesinato de una mujer al mes desde 2010. El feminicidio, es, ante todo, un crimen de odio, que consiste en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, que ocurre en un contexto social, cultural e institucional, en el que prima el machismo y donde la violencia de género contra las mujeres ha sido invisibilizada, transcurre normalizada y permanece impune.

No es asunto prioritario

Hasta la fecha y a pesar de un tremendo y profundamente machista “estire y afloje” entre el Congreso del Estado, el Ejecutivo Estatal y la sociedad civil observante —que sería objeto de un artículo completo—, en febrero del 2014, Baja California Sur fue la última entidad en reformar el Código Penal para incluir la figura de feminicidio, cuando se aprobó la adición del Artículo 256 Bis, que a la letra dice: «Artículo 256 Bis.- Homicidio Agravado por Feminicidio. Cuando el homicidio sea ejecutado sobre una mujer por razón de su género, se impondrá de veinticinco a cincuenta años de prisión y multa de trescientos a novecientos días de salario mínimo vigente, así como la pérdida del derecho a heredar que pudiera tener respecto a la víctima».

«Existen razones de género de parte del sujeto activo, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
2. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
3. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;
5. Exista antecedente de violencia en el ámbito familiar, laboral, vecinal o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; o
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.»

A pesar de esta clara adición al Código Penal vigente, no existe en BCS un solo caso de los 71 homicidios de mujeres ocurridos desde entonces y hasta 2016, que hayan sido juzgados desde esta perspectiva. De hecho, priman la confusión, la resistencia y la ignorancia propias de una sociedad machista. Antes decía que la violencia contra las mujeres en general y la feminicida en particular, han sido opacadas por la violencia generalizada de los últimos años. Quienes se oponen a avanzar en este campo, han encontrado el argumento perfecto: hay otras prioridades.

Tipos de femincidio en BCS

Para terminar, incorporamos algunos resultados de nuestra investigación sobre el feminicidio en Baja California Sur, que están siendo actualizados con la finalidad de crear el Observatorio sobre Violencia Feminicida en nuestra entidad, como una iniciativa ciudadana y académica, sobre un problema urgente. Los datos corresponden a 73 feminicidios ocurridos en BCS durante el período 2007-2014. A finales de este año, tendremos procesada toda la información correspondiente a 2015-2017. Por lo pronto, lo que hemos avanzado se muestra a continuación.

En Baja California Sur predominan los feminicidios íntimos, esto es, los cometidos por hombres con quienes las víctimas tenían o habían tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. En este tipo, se incluye también al hombre que asesina a una mujer —amiga o conocida— que rechazó entablar con él una relación íntima.  En BCS, 30 de los 73 casos identificados corresponden a esta categoría, 24 de los cuales fueron perpetrados por la pareja de la víctima en solitario; en un caso el feminicida se hizo acompañar por dos amigos y entre los tres, golpearon y violaron a la mujer antes de matarla. En otro caso, la pareja estaba acompañada por la amante. En cinco de los 30 casos de feminicidio íntimo, el perpetrador fue la expareja.

Dado que ocho de las 73 mujeres víctimas de feminicidio eran menores de 15 años, incluimos al feminicidio infantil y feminicidio familiar, que es el asesinato de una niña hasta los 14 años cometido por un hombre solo o en complicidad con otro u otra, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña y que se produce en el contexto de una relación de parentesco entre víctima y victimario/a. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. En el caso de BCS, se han cometido ocho feminicidios infantiles, todos ellos consumados en su entorno familiar: tres por la pareja de la madre, uno por la expareja de la madre, dos por el padre, uno por padre y madre y, uno por la pareja de la madre y la madre.

Otro tipo identificado fue el feminicidio por conexión que se comente cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que intenta o mata a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. En BCS esto ocurrió en un caso en que la víctima fue asesinada por la pareja de su amiga, un exmilitar que previamente había matado a su amiga.

Identificamos también un caso de feminicidio por prostitución que consiste en el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometido por uno o varios hombres. Entran en esta tipología los casos en los que él o los victimarios asesinan a la mujer motivados por el odio y la misoginia que despiertan en estos la condición de prostituta de la víctima. Los casos también conllevan la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio por prostitución en la mente de los asesinos: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”. En el caso ocurrido en BCS se trataba de una sexoservidora y bailarina de espectáculo nocturno cuya pareja la asesinó porque ella ya no quería prostituirse.

Cuatro casos pueden identificarse como feminicidio no íntimo, uno, el que se refiere al que fue cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación, pero que previamente fue agredida sexualmente hasta morir a manos de un extraño. En este tipo se considera también el caso del vecino que mató a su vecina, sin que existiera entre ambos algunos tipos de relación o vínculo. En esta categoría entrarían cuatro de los 73 casos identificados en nuestra base de datos.

Finalmente, el colectivo Femincidio.Net propone la noción de feminicidio sexual sistémico para explicar el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en cuenta a los posibles y actuales victimarios.

En la categoría de feminicidio sexual sistémico desorganizado, se considera al asesinato de mujeres que está acompañado —aunque no siempre— por el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado; y pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles, o en el interior de sus domicilios.

En tanto que el feminicidio sexual sistémico organizado, se refiere al asesinato de mujeres que está acompañado por secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a través de un largo e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de género de las niñas y mujeres.

Con base en todos los datos aportados por nuestras fuentes, podemos afirmar que en Baja California Sur se han cometido en siete años 73 feminicidios —poco más de diez por año—, de los cuales al menos 34, podrían considerarse feminicidio sexual sistémico desorganizado, en tanto que ocho feminicidas entrarían en la categoría de perpetradores de feminicidio sexual sistémico organizado.

Crece la brutalidad

Algunas hipótesis vienen a la mente cuando vinculamos el hecho de que la violencia en México se ha disparado a partir del 2006 a niveles de barbarie y brutalidad terrorífica, violencia que, sumada al machismo y misoginia característicos de la cultura mexicana, ha terminado por convertir a las mujeres en botín de guerra y por naturalizar e invisibilizar aún más —si se puede— la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Hoy sabemos que las víctimas de la violencia de género son cada vez más jóvenes y que la saña con se cometen los feminicidios se ha incrementado: cadáveres de mujeres que han sido previamente torturadas, violadas y luego descuartizadas y desmembradas son tirados cada vez más cerca de la vista de todos, en desagües, ríos o parques públicos. Para Ana Güezmez García, representante en México de ONU Mujeres, México vive una situación similar a la de países que padecieron conflictos armados como Guatemala o Colombia, donde las mujeres quedaron a merced de los bandos en conflicto y la violencia de género se normalizó, a tal grado que todos los días desaparecen decenas, cientos de mujeres jóvenes que a menudo son víctimas de redes de explotación sexual, otro de los grandes negocios de los cárteles de la droga que además, trafican armas e inmigrantes, extorsionan y secuestran.

En México y en Baja California Sur, la violencia feminicida se ha acentuado y brutalizado desde la expansión del crimen organizado y la impunidad. Es terrible e indignante que, a pesar de las evidencias, la barbarie y la brutalidad, la violencia contra las mujeres apenas existe en la agenda del Gobierno Estatal y del Poder Legislativo, que se niegan a reconocer el problema, no terminan por ajustar la legislación y se resisten a declarar las alerta de género, escudándose en argumentos legaloides y lo que es peor, al negarse a reconocer que hemos llegado a límites impensables, no existe costo político ni condena social, ni legal para las autoridades que no actúan conforme a la ley. Si ante la violencia social y la provocada por el crimen organizado y desorganizado impera la impunidad, frente a la violencia de género y el feminicidio, se suman la negación e invisibilización de una realidad que cada día nos cercena lo que nos resta de dignidad.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Juez Primero de Distrito en Baja California Sur, otorga el amparo de la justicia federal en favor de John Moreno y Joella Corado, para los siguientes efectos:

a) Que la Juez Primero Penal del Fuero Común de esta circunscripción municipal tramite de inmediato el incidente de revisión de medidas cautelares, y se pronuncie sobre la solicitud planteada por John y Joella, a través de sus defensores, acerca de que se les conceda el beneficio de la libertad. Para ello, el Juez de Distrito se basa en el criterio sostenido para tal efecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que el quinto transitorio de la reforma al Sistema Penal Mexicano, faculta a los jueces penales del sistema tradicional para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas los indiciados; sin que ello signifique, alterar las reglas de tramitación del procedimiento penal, puesto que dicha revisión constituye una circunstancia incidental de carácter sustantivo, accesoria al juicio principal, que puede redundar en un beneficio para el imputado.

b) Toda vez que el auto de formal prisión pone de manifiesto que la Juez Primero Penal del Fuero Común al dictar el auto de formal prisión realizó una deficiente motivación cuya violación formal impide al quejoso defender adecuadamente sus intereses en el proceso de origen, al no satisfacer el derecho fundamental previsto en el Artículo 16 Constitucional, se concedió el amparo para el efecto de que deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva con libertad de jurisdicción, en la cual examine la agravante prevista en el Artículo 314 bis del Código Penal de Baja California Sur y, en su caso, precise en cuál de las hipótesis se ubica la conducta atribuida al aquí quejoso, desde luego, expresando la motivación respectiva.

También te podría interesar Represión, fabricación de delitos y mentiras oficiales en BCS.

¿Qué sigue?

Una vez que la sentencia de amparo cause ejecutoria, resultará de cumplimiento obligatorio en sus términos, para la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo, en este caso, la Juez Penal de esta municipalidad, quien habrá de tramitar de inmediato el incidente de revisión de la medida cautelar y resolver sobre la libertad caucional de John y Joella, y deberá dictar un nuevo auto de término constitucional, que puede ser de libertad, o bien de formal prisión, pero sin decretar prisión preventiva oficiosa, y al emitirlo deberá subsanar las violaciones a los derechos humanos de John y Joella en que incurrió al dictarles el auto de formal prisión que hoy les mantiene inconstitucionalmente en prisión.

¿Cuándo?

Siendo el cumplimiento de la sentencia de amparo de orden público y toda vez que los términos en que fue obsequiado el mismo, la Juez Primero Penal podría tramitar mañana mismo el incidente de revisión de medidas cautelares y por ende otorgar la libertad caucional a los procesados de inmediato, pues ello no le para perjuicio alguno al supuesto ofendido en la causa penal, y por ende no requiere mayor dilación; pero también puede optar por esperarse a que se declare ejecutoriada la sentencia de amparo, esto es que el supuesto ofendido o la misma Juez, no se inconformen con la resolución de amparo y dejen transcurrir los diez días hábiles que marca la ley para que puedan interponer el recurso de revisión para que el Tribunal Colegiado ratifique modifique o revoque la sentencia de amparo. O también puede cualquiera de los dos, el presunto ofendido en la causa penal, que en el juicio de amparo tiene el carácter de tercero interesado, o la Juez, interpongan dicho recurso de revisión, en cuyo caso, la sentencia de amparo causaría ejecutoria hasta que concluyera la revisión a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito, lo que puede tardar cuatro o seis semanas más.

Conclusión

Como hemos sostenido el equipo de defensores de John y Joella desde que se dictó el auto de formal prisión, el mantenerlos en prisión, resulta violatorio de sus derechos humanos. Hoy la Justicia Federal nos da la razón, y no existe duda jurídica alguna al respecto, por lo que sólo es cuestión de un breve compás de espera para que los procesados recuperen su libertad.

Por cuanto hace a la lucha contra el megaproyecto depredador que se desarrolla en Todos Santos, ha quedado claro que el privar de la libertad a John fue insuficiente para detener la lucha jurídica que de manera contundente y frontal encabeza John Moreno, para detener la obra, cancelarla y sancionar a dicha empresa, por los delitos ambientales y violaciones administrativas cometidas en ese proceso.

Y si desde la celda en que fue injustamente recluido, John sostuvo la lucha, con mayor razón continuará en la misma, tan pronto recupere su preciada libertad.

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis

 

“La narcocultura, es la criatura ideológica excremental de un pueblo hundido en una crisis.”     Arsinoé Orihuela, 2015

 

La Paz, Baja  California Sur (BCS). El título «Narco Cultura»: nace una identidad, se desmorona un país ilustra con perfección lo que nos ocurre en México y Baja California Sur: la narco-cultura se ha instalado en casi todos los resquicios que ha dejado el proceso de desmoronamiento democrático, político y social de nuestro país. En su artículo titulado La violencia en México (2015), David Huerta escribe: “en el documental Narco Cultura (2013), del cineasta y fotógrafo de guerra Shaul Schwarz, una niña mexicana del norte responde a la pregunta «¿Qué quieres ser cuando seas grande?», con estas cuatro palabras: «novia de un narco». La escritora Gabriela Damián comenta de modo sucinto: «Tantas derrotas al mismo tiempo en una frase».”

Así es: la narcocultura representa todas nuestras derrotas como sociedad, como cultura, como ciudadanía, frente al estado y, frente al narco. En el número 8.2 del año 2011, la revista electrónica e-misférica (Hemispheric Institute,) dedicó un dossier titulado #narcomáquina, en el que las editoras de la New York University, Jill Lane y Marcial Godoy-Anativia, escribieron en la nota inicial lo siguiente: “hemos aprendido, en diálogo [con] un sinnúmero de académicos, artistas y activistas colaboradoras/es, que lo <<narco>> nombra el colapso del orden social como lo conocemos: el aumento del autoritarismo, el deterioro de la sociedad civil, la erosión de los derechos humanos, la transformación de ciudades y pueblos en espacios fantasmagóricos y teatros de guerra, y el surgimiento (o regreso) de la <<violencia expresiva>>—una violencia mortífera cuyo único propósito es representar su propio poder- […] cuerpos degollados y mutilados cuelgan de los puentes, junto a las infames <<narcomantas>>, en Tamaulipas o Monterrey; se desechan multitudes de cadáveres en las carreteras de Veracruz o en Guadalajara; aparecen numerosas bolsas llenas de cabezas humanas en Acapulco o en D.F.; se hallan emigrantes centroamericanos dentro de fosas comunes (narcofosas); y día a día se leen en la prensa noticias sobre secuestros, corrupción y las fluctuantes líneas de combate entre los carteles, mientras que los propios periodistas, junto a fotógrafos y corresponsales de los medios sociales, son ejecutados arbitrariamente. Activistas de derechos humanos, incluyendo a los líderes de la lucha en contra del feminicidio en Ciudad Juárez, tampoco se escapan de la muerte.”

También te podría interesar A 3 años del inicio de la narcoviolencia en BCS. La violencia nuestra de cada día… (I)

Con este retrato certero y doloroso, ese dossier publicado hace seis años, sólo anticipaba lo peor. La violencia lejos de aminorar se ha acrecentado y desparramado por todo el país y, Baja California Sur no es la excepción. Al contrario, la identidad que se fundamenta en la narco-cultura se ha asentado en BCS desde hace ya varios años, antes, mucho antes, de que la violencia nuestra de cada día se dejara ver en versión mortífera. Según los datos contenidos en la página Semáforo Delictivo habría un total acumulado de homicidios entre enero de 2014 y junio de 2017, de 596 personas asesinadas en nuestra entidad. Con base en los datos del semáforo, BCS está en rojo, esto es por encima de la media histórica o tasa nacional, porque aquí ocurren el doble o más de la tasa nacional de delitos de homicidio, extorsión, robo a vehículos, robo a casa y violaciones.

En paralelo —nunca mejor dicho porque no circulan por las misma vías y nunca se tocan—, nuestras calles son patrulladas constantemente por comandos armados, tanto del ejército como de las policías federal y estatal, en un entorno que les repele y teme, mientras suenan narcorridos a todo volumen en las casas, en las palapas marisqueras se comen tostadas llamadas “sicaria”, se bebe cerveza en antros que llevan nombres narcos como el de Laurita Garza, donde la “buchonería”, la banda sinaloense y los cuerpo hiper-sexuados de las jóvenes se disponen al frenesí de la narcocultura y la necro política (política de la muerte).

Héctor Domínguez Ruvalcaba sostiene en su libro Nación Criminal (Ariel, 2015), que la relación estrecha entre el crimen organizado y el estado ha dado lugar al establecimiento de la necro-política o la soberanía sumaria que decide a su arbitrio sobre la vida y la muerte. Más que un Estado débil, lo que predomina en México es una cultura política donde la intervención de lo criminal ha sido históricamente reincidente, de allí que no pueda concebirse sin las prácticas ilícitas de las autoridades, de la clase política y, consecuentemente, de amplios sectores de la sociedad.

Cultura es la cuestión. Hace unos días atestiguamos una de las formas en que opera la identidad que deriva de la narco-cultura, esa que se ha construido sobre y entre las moronas de un país dejado a la mala. Sólo como ejemplo, refiero algunos detalles de lo que ocurrió durante el funeral de “El Ojos” el pasado 24 de julio El funeral “se realizó al estilo de las ceremonias fúnebres que se destinan a los jefes del narcotráfico en México: flores blancas, gente armada, música y vítores. Una multitud despidió al narcotraficante cargando enormes arreglos florales y lanzando vivas, sin los rostros cubiertos y sin temor a ser identificados. ´Felipe, Felipe, ¡ra-ra-rá! ´“.

Justo a esos vítores son a los que se refiere David Huerta (La violencia en México, La Huerta Grande, 2015) cuando habla de la “consagración de vulgares criminales, secuestradores, ladrones, asesinos y torturadores, vistos como héroes de un público absurda y temerosamente arrobado ante ellos —y ante sus <<hazañas>>—“. Narcorridos, telenovelas, series, películas, novelas, blogs y páginas de redes sociales donde se elogian los hechos de los asesinos y traficantes de drogas que han sido idealizados, heroizados y legitimados a través de las empresas productoras de medios y las editoriales, que han encontrado en los y las desposeídas de la era neoliberal, un enorme nicho de mercado, un gran negocio montado sobre lo que Arsinoé Orihuela llama la bancarrota cultural de México (Narcocultura, la bancarrota cultural de México, Regeneración, 23 Septiembre, 2015).

Siguiendo a Orihuela, debemos asumir que la narcocultura ha avanzado de manera irrefrenable enarbolando los elementos identitarios característicos del narco, no de forma marginal o periférica, sino de un modo profundo y al alza. En algún momento, en México naturalizamos el “narco way of life” y lo integramos en el imaginario colectivo. Cuando los niños y adolescentes cantan narcorridos, juegan a ser capos, aspiran a narcotraficantes, beben cerveza y consumen coca, y, las niñas y adolescentes con sus cuerpos hipersexualizados sueñan con ser novias de un narco, estamos frente al desmoronamiento cultural, social y político de este país. Que, por cierto, no se cae a pedazos en lo económico, precisamente porque el crimen organizado y su apología a través de las enormes industrias culturales que le soportan, agregan grandes cantidades de capital al PIB, aunque no tengamos los datos para corroborar semejante afirmación.

Vivir del crimen es un gran negocio, tanto para quienes lo practican, como para quienes lo reproducen, representan, glorifican y condenan a través de los melodramas, que Orihuela define como “maquinaria propagandística monstruosa, en tamaño y en escrúpulos, que tiene una agenda inconfesable, pero a todas luces reconocible: crear una cultura colectiva dominante alrededor del narco.”

Por eso decía antes que, el Estado y su aparato represor de la violencia y la sociedad circulan por caminos paralelos y nunca se tocan. Como sostiene Domínguez Ruvalcaba, si lo criminal es histórica y culturalmente reincidente, es porque las prácticas ilícitas están ancladas en las autoridades, la clase política y, en amplios sectores de la sociedad.

En el México de hoy, los partidos políticos, los medios y una parte de la sociedad, están ocupados en el juego perverso de las elecciones del 2018. Pululan encuestas, apuestas en las huestes partidistas sobre las terriblemente antidemocráticas figuras de “este es el bueno”, “este es mi gallo”, “ahora sí se nos hizo”, “mi gallo va a la cabeza”, “vamos con todo”, “si no estás conmigo, estás en mi contra”, “soy el futuro”. Ninguno ni ninguna de quienes aspiran a gobernar este país sumergido en la violencia más terrible y deshumanizada que hayamos vivido jamás, por naturalizada y comercializada, ha dicho una sola palabra para condolerse del dolor que nos asola. Nadie ha pedido siquiera perdón, por los ya cientos de miles de desaparecidos y desaparecidas. Por los miles de niños y niñas que todos los días se quedan a la deriva y que son raptados por el crimen organizado para engrosar sus filas.

Miles de familias mexicanas viven la tragedia de la violencia nuestra de cada día. Millones de mexicanos y mexicanas, vemos con azoro cómo se roban millones y millones y millones de pesos de las arcas públicas, como se hacen negocios multimillonarios con nuestros recursos naturales y nacionales. Quienes más nos enteramos, sabemos que los bancos han ganado fortunas con nuestras disfortunas. La narcocultura, bien acompañada del poder político, las grandes empresas del entretenimiento y la complacencia social que glorifican al consumo medran con el sufrimiento y el dolor y lo peor, normalizan, naturalizan y legitiman la violencia.

Como dice Orihuela: “La hipocresía es indecorosa: los países más castigados por la narcoviolencia, y presuntamente más comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, son sedes de las grandes producciones de narcoprogramación. Con las leyes de Seguridad Nacional, los agentes de Estado pueden entrar a un domicilio particular sin una orden de cateo, solo por la caprichosa disposición de un funcionario. ¿Por qué esas leyes, pretendidamente inflexibles, no disponen regular los contenidos de las televisoras?”

Cada vez que desde la cultura se interpreta al crimen organizado a través de figuras filántropas y heroicas, perdemos la oportunidad de construir un país democrático. Los cultos a la santa muerte o a Malverde, son apenas índices de la violencia criminal, pero que hacen la labor de mitificar la ilegalidad. Mientras en México, predomine la ilegalidad naturalizada y normalizada por esta cultura dominada por el narco, la corrupción y la impunidad sobre el estado de derecho, no podremos construir una democracia ancha y profunda más allá de los tremendos procesos electorales que se avecinan.

Para cerrar, dos reflexiones que ilustran todo lo que he dicho. La primera, es de Guillermo Ríos, guionista de la serie de televisión Capadocia: “Como escritor me nutro de la realidad y obviamente un tema fascinante es el narco. ¿Quién no quiere oír las historias de estos hombres que tienen acceso a todo lo que esta sociedad consumista nos ha enseñado que es lo que vale la pena: ¿mujeres hechas a la medida con chichis y nalgas de silicón, Ferraris, jets, mansiones, el alcohol más caro, viajes a cambio de atreverse a trasgredir el orden social, de correr el riesgo de morir jóvenes?”

La segunda, de Carlos Monsiváis, citado por David Huerta: “Una sociedad inmovilizada ante la matanza, que no reconoce como suyas a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es también en definitiva la gran víctima propiciatoria. Concentrar la energía judicial, política, social, ética de la nación y sus instituciones en el esclarecimiento de este fenómeno es asunto de justicia y de reconstrucción social. Uno de los grandes apoyos de la violencia es la protesta ocasional, rutinaria, que no espera consecuencias. Esto, como lo demuestra Huesos en el desierto, ya no puede ni debe suceder.”