FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Foro Latinoamericano de Profesionales en Seguridad, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que todos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social.

Las fuerzas de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso o se han producido, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de sancionarlos.

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La seguridad pública depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la Policía, de la correcta procuración y administración de justicia, de las políticas estatales y de las condiciones sociales que se generen a partir de la participación o apatía ciudadana en las labores de prevención del delito, teniendo como objetivo la tranquilidad y armonía social que se obtiene a través de la labor de prevenir, contener, combatir y sancionar las conductas socialmente lesivas.

En su proceso de ejercicio, la seguridad pública tiene distintas fases tendientes a evitar, combatir y sancionar los delitos:

Prevención: Programas de detección y erradicación de los focos generadores de conductas delictivas.

Disuación: Aquello que no se pudo prevenir, habrá que disuadir a los potenciales delincuentes, para que no lo hagan, trabajando en el ánimo del delincuente, para inhibir su intención criminal. Si pese al esquema de disuasión que se plantea por los cuerpos de seguridad, el delincuente decide llevar a cabo su delito, pasamos a la

Contención: Esquema de protección que pretende evitar la comisión del delito, utilizando para ello, la inteligencia policial, aplicando todas las herramientas tecnológicas que la modernidad y el presupuesto ponen al alcance de las corporaciones de seguridad pública, y —de ser el caso— haciendo uso de la fuerza, de manera racional y proporcional, en los casos que sea estrictamente necesario. Si la contención no es suficiente, entonces viene el

Combate: Aquí se da la flagrancia o cuasiflagrancia en la persecución del delito. Si recabamos en la investigación suficientes datos de prueba, pasamos a la

Persecución: Donde se integran las carpetas de investigación para reunir los medios de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial, buscando que el delincuente sea castigado, el daño reparado y la víctima protegida, a través de la salida alterna o la sentencia que imponga

Sanción: Al delincuente y en los casos en que se le castigue con penas de prisión, teniendo como objetivo que el reo, al cumplir su estancia carcelaria, alcance la

Reinserción Social: A efecto de que se incorpore a la sociedad de manera armónica, evitando que vuelva a delinquir.

Participación Ciudadana

¿En qué fase del proceso se incorpora la participación ciudadana en el tema de seguridad pública? Resulta determinante en la etapa de prevención, en tres actividades muy concretas, exigible a los particulares, con el apoyo y la directriz del Estado, a través de sus órganos de educación, salud y seguridad pública:

1. Formativa: En el hogar, hacia el seno del hogar. Vamos a educar a nuestros pequeños con valores, inculcándoles los principios cuyo seguimiento garantizan un desenvolvimiento social saludable, complementando los programas oficiales de educación, salud, esparcimiento, recreación, tanto en los espacios privados como públicos destinados a la convivencia, haciendo énfasis en la cultura, el arte, el deporte y la conciencia ecológica, generando todas las oportunidades necesarias para el desarrollo integral y armónico de nuestra niñez y juventud.
2. Correctiva: Toca a los padres corregir a los pequeños. Formar y corregir con el ejemplo. Ser congruentes con los valores que inculcamos, vigilar que los espacios de desenvolvimiento escolar social y familiar, se encuentren libres de factores de riesgo que propicien la violencia o las adicciones.
3. Alertiva: Detectar y evitar los riesgos corremos frente al embate de la delincuencia, a través de organización vecinal, contando con el apoyo de los operadores de proximidad social y prevención del delito, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, que deben implementar programas permanentes de orientación y apoyo a la ciudadanía. Esta fase es determinante en la prevención del delito, pues la participación activa de la ciudadanía en las organizaciones vecinales es el mejor inhibidor de las conductas delictivas.

Conclusión

Somos parte de la responsabilidad colectiva, específicamente en el campo de la prevención del delito, de la mano de las autoridades. El que el Estado no cumpla con su parte, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas de prevención del delito, específicamente en ámbito familiar y social, atendiendo nuestra función formativa, correctiva y alertiva.

Sin soslayar nuestra responsabilidad, tenemos el derecho irrestricto de exigir al Estado, el diseño, implementación y seguimiento de programas y acciones eficaces de  prevención, disuasión, contención, combate, persecución y sanción del delito, con el más alto nivel de eficiencia, hasta recuperar la paz, armonía, tranquilidad social que nos han sido arrebatadas.

Es importante que los ciudadanos asumamos un rol proactivo en el tema de seguridad pública, participando en las organizaciones vecinales e incorporándonos a la Contraloría Ciudadana*  de reciente integración en el Estado, o cualquier otro espacio de participación desde la sociedad civil organizada, que nos permita ser severos escrutadores del quehacer público. Necesitamos pasar de simples espectadores vulnerables a celosos escrutadores del quehacer oficial en materia de seguridad pública.

Ya no queremos falsas promesas, ni pretextos, ni reparto de culpas. Queremos resultados, y debemos exigirlos.

*  Contraloría Ciudadana, La Paz, BCS.

FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Especial Elecciones 2018

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). En exclusiva para CULCO BCS, Marina Garmendia Gómez, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur (INE BCS), concedió una entrevista donde abordó el tema del abstencionismo y la nulidad del voto, ¿a quién beneficia?, entre otros temas relacionados a las Elecciones 2018. Esta es la segunda y final entrega de esta entrevista, para leer la primera parte DA CLIC AQUÍ.

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¿A quién beneficia cuando el ciudadano se abstiene de votar o anula su voto? “Favorece a los partidos de más fuerza, así en plural, no es un partido, son muchos partidos. Favorece al partido que está gobernando, porque ‘yo no me opongo, me aparto’. Ese sentimiento de rechazo a lo que no les gusta de la política, lo deja seguir existiendo, sigue ganando, lo importante es informarse y participar, si no las cosas siguen igual”, dijo.

“No perjudica ni beneficia a todos por igual —explicó Garmendia Gómez. Favorece o perjudica a los partidos políticos, pero no todos los partidos tienen la misma fuerza. Lo que se sabe es que todos los partidos tienen seguidores o simpatizantes y que votan por ese partido pase lo que pase, se conoce como ‘voto duro’: siempre han votado por la misma fuerza política. Cuando, quienes están inconformes con esa fuerza política se abstienen, pues la fortalecen, ¿sí me explico? Por que quienes sí van a votar, los que siempre lo han hecho vuelven a manifestarlo, y al abstenerse es como dejarlos solos (…) Al no participar, simplemente lo que se hace es que lograr que las cosas sigan de la manera que están”.

La paradoja

El reportero le comentó a la Presidente del INE BCS que tuvo experiencia como capacitador electoral en varios procesos electorales, y siempre se batalló para integrar a los ciudadanos de las mesas directivas de casilla —las personas que reciben la votación; en ese sentido, le comentó que parecía una paradoja que el Instituto trabajara también para los partidos políticos, pero pareciera que éstos les afectara en su imagen ante la ciudadanía. La licenciada concedió la razón, aunque enfatizó que es más el gobierno y su falta de resultados.

“Creo que más que los partidos, diría que los gobiernos, porque a los gobiernos los identificamos por los partidos de que provienen, y lamentablemente el uso la administración de los recursos públicos no ha sido lo que se ha esperado de muchos gobiernos, y las promesas de campaña que hacen los candidatos no las cumplen tal como los ofrecieron. Se genera, no la percepción, sino la realidad, que muestra casos de corrupción o de ineficacia y por supuesto es lógico que los ciudadanos digan ‘esto no funcionó’. El problema es que estas ideas generan un rechazo total, porque entonces las personas lo que hacen es apartarse, incluso pueden llegar a pensar que no quieren participar y no van a votar (…) La opción sería que, al revés: se informaran más, que conocieran más, razonar de qué forma van a participar, votando por una opción diferente de aquella que le ha estado decepcionando, en lugar de que haya un rechazo total al INE, a los partidos a los gobiernos. Es justamente la participación de la ciudadanía la que puede hacer cambiar las cosas, si no, aquello que no nos gusta se va a desarrollar sin oposición”.

Sobre el mismo tema, y en base a la experiencia como capacitador electoral, se le comentó también que aún muchas personas creen que el INE BCS es un organismo de los gobiernos. En palabras sencillas, ¿cómo dejar en claro que no es así? “Hay una percepción de que el INE, y en general todas las instituciones públicas formamos parte del gobierno. Es importante decir que el gobierno es un poder que se renueva cada seis o tres años, a nivel federal y local, y que el INE es un órgano de Estado y que trasciende el periodo de uno o de otro gobernante (…) Cuando hay un nuevo Presidente o Gobernador hay cambios, se cambian o se crean nuevas oficinas, o disminuyen secretarias —lo origina quien tiene el poder en ese momento—, mientras que en el INE estamos exactamente igual”. Además, indicó que hay serie de ‘candados’ para que, quienes trabajan en el Instituto, se integre al gobierno que haya ganado, una vez pasadas las elecciones.

Resultados y retos

Ante las Elecciones 2018, y al futuro, ¿qué hace falta para que crezca la credibilidad y la participación de la ciudadanía?, se le preguntó, y dio su respuesta más corta: “Resultados”. Las personas asocian la democracia con resultados, en la medida en que los gobiernos y las legisladoras dan resultados hay más confianza y participación”.

El tema tenía que ver con el primer cuestionamiento que se le hizo a Marina Garmendia Gómez: ¿cuál es el reto o la mayor dificultad que le espera al INE BCS en los comicios de julio del siguiente año? “Lo más difícil es lograr convocar a un número muy grande de ciudadanos y ciudadanas para que se hagan cargo de la responsabilidad de atender las mesas directivas de casilla. Generalmente en todos los procesos electorales es la parte más complicada (…Pero) ya hay mucha experiencia acumulada, tenemos unas series de reglamentos, lineamientos y manuales (…) La otra parte depende de la voluntad de las ganas de participar, del compromiso de la ciudadanía, puesto que no hay una remuneración directa, aunque es obligación de acuerdo con la ley, no hay sanciones para quien no cumpla con este trabajo, sí dependemos de la voluntad de las personas”, dijo. Finalmente, hizo una invitación a la ciudadanía a sumarse como observador electoral, cuya convocatoria ya está abierta, y son quienes pueden acreditarse para estar presente el día de las votaciones y mantenerse bien informado de todo el proceso electoral.

Marina Garmendia Gómez, presidente del INE en BCS, en entrevista exclusiva para CULCO BCS. FOTO: Cortesía.

Especial Elecciones 2018

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Aunque el debate no es nuevo, tras el sismo de la Ciudad de México, se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del dinero público que, a través del Instituto Nacional Electoral (INE), se destina a los partidos políticos, en este caso, de cara a las Elecciones 2018; CULCO BCS entrevistó en exclusiva a Marina Garmendia Gómez, consejera presidente del INE en BCS, quien habló sobre éste y otros importantes tópicos electorales. Esta es la primera de dos partes.

El sismo de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 19 de septiembre, removió también el tema del dinero otorgado a los partidos políticos para sus campañas, solicitándose que éste se entregara a los damnificados y la recontrucción —fue un pedido ciudadano que se replicó mucho en redes sociales y medios de comunicación. Para las Elecciones 2018, a nivel nacional, el INE solicitó más de 25 mil millones de pesos —de ellos, casi 39 MDP serían para los partidos—, sin embargo, y aunque el presupuesto no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados —lo que deberá definirse en las próximas semanas—, los propios partidos políticos han dado de qué hablar en cuanto a regresar esos recursos, y el Instituto también ha hecho lo propio. Recientemente, el INE anunció que regresaba a la Federación 115 millones de pesos para los afectados por el sismo.

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¿Qué pasaría si los partidos políticos no recibieran dinero público de la Federación, recursos que les gestiona el INE? Garmendia Gómez respondió que “lo que podríamos pensar, si no hubiera financiamiento público y sólo hubiera financiamiento privado, lo primero que se tendría que definirse es —que es la parte más importante—, ¿quiénes pueden aportar?, que sería el sector privado. Entonces, ¿quiénes aportarían recursos a un partido político? Algunos de los elementos o entes que están prohibidos (actualmente, pues aclara que sí existe la posibilidad de financiamiento privado) son empresas, sindicatos, recursos públicos. Creo que nunca podría ser que los gobiernos de los Estados o los municipios transfirieran recursos, ¡eso sería imposible!”.

“La ley tendría que ser muy específica en señalar quiénes pueden aportar —precisó—, y de aquí la otra cuestión que habría que ver es la consecuencia de ¿qué capacidad tendrían los partidos políticos para conseguir esos recursos? Uno podría pensar que aquellos partidos que tradicionalmente han mostrado más fuerza electoral, son los que estarían mejor posicionados para conseguir recursos, a diferencia de los partidos menores, que tiene menos presencia nacional, que tienen votaciones más bajas. Ahí podría uno pensar que están en desventaja, es decir, si usted va a dar su dinero a un partido o a un candidato, probablemente lo daría por aquel por aquel que tienen más posibilidades de ganar, y eso colocaría a los partidos en una situación de inequidad, y eso es también modificar el sistema electoral que busca la equidad, para eliminarla (…) Si quitamos eso, entonces, dejamos que cada partido político consiga sus recursos y por lo tanto las garantías de equidad para participar desaparecen”.

La Presidente del INE BCS explicó que actualmente, el tema de los recursos se maneja “a nivel central”, de manera que en el caso de Baja California Sur, no hay una cantidad específica administrada aquí, sino que los recursos los envían ya etiquetados desde la Ciudad de México. “Nosotros recibimos un presupuesto por partidas y por proyectos, o sea no hay una bolsa, o una cuenta bancaria en donde haya una cantidad que se administre discrecionalmente, sino que todos los recursos están canalizados (…) Como se sabe, hay en la mesa algunas iniciativas por reducir o modificar el financiamiento que reciben los partidos políticos, si esto llegara a ocurrir, afectaría esta bolsa de recursos que se solicitan, se tendrían que disminuir (…) Estaríamos a la espera si se reduce, por el contexto que se está viviendo, y tendría que hacerse un ajuste”.

Respecto a la cifra de 25 mil MDP que el INE solicita a nivel nacional para llevar a cabo las Elecciones 2018, y que en su momento se criticó como una cifra escandalosa —de hecho, sí se considerarían las elecciones más caras en la historia del país—, Garmendia Gómez dijo que “lo que puedo decir —que es muy importante—, es que la cifra en sí misma parece muy grande y es grande, pero representa sólo 38 centavos de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, 38 de cada 100”. Sea la cantidad que se decida finalmente, en noviembre se integra el Consejo Local y a partir de inicia el proceso electoral formalmente, por lo que para el próximo mes ya se tendría debidamente establecido el presupuesto.

Sí se puede

Actualmente, con ciertas limitantes, los partidos políticos en México, legalmente, sí pueden recibir financiamiento privado para sus campañas, sin embargo, aún no es bien aprovechado. “No la han explotado porque tienen los recursos públicos, pero es posible”, señaló la Presidente del INE BCS, agregando que a la fecha, “casi la totalidad” del dinero que utilizan los partidos en sus campañas proviene del financiamiento público que se les otorga a través de esta Institución, a nivel nacional.

Derivado de esa percepción —de que es excesivo el dinero que se da a los partidos políticos—, se le cuestionó si debería reformarse al respecto. “Los partidos políticos actualmente tienen permitido conseguir recursos. Legalmente, está permitido que realicen actividades a través de las cuales puedan tener recursos propios o financiamiento privado. Pareciera que, incluso por la pregunta, que si esto amerita una reforma: no se necesita una reforma, lo pueden hacer. Los partidos políticos pueden recibir dinero de sus simpatizantes, de sus militantes, pueden hacer sorteos y pueden recibir también recursos de personas físicas (…) Lo que pasa es que los partidos políticos —podríamos pensar—, no le han dado mucha importancia porque su principal fuente de ingresos es el financiamiento público, pero la Ley ya lo permite”.

Eliminar representantes

Señaló que el asunto no es solamente eliminar o disminuir el financiamiento a los partidos políticos, “sino también de hacer modificaciones a la forma de elegir diputados y senadores eliminando la representación proporcional: van un poco los dos temas”. Sin embargo, en su opinión, “eliminar la representación proporcional debilitaría o impactaría a los partidos políticos con menos representación; esta reforma vendría a beneficiar a los partidos políticos más grandes en detrimento de los más chicos”. Admite que el tema de los partidos políticos ha desencantado a la ciudadanía que incluso no ha faltado quien plantee que desaparezcan, pero entonces ¿cómo se gobernaría?: “hay quien dice que se desaparezca a todos, que ya no haya dinero; uno se pregunta, pues sí los desaparecemos, incluso cambiamos el modelo electoral, de ser representativo a ser un monárquico, o no sé cuál la forma que pensaríamos si desaparecemos a las piezas o instituciones clave en una democracia como son los partidos”.

“Ha habido otras propuestas —apuntó Marina Garmendia—, como la de mantener el financiamiento público que reciben los partidos, pero sólo del INE, no el que dan los Estados, porque los partidos políticos están recibiendo dinero por dos vías, la Federal y la de cada una de las entidades. Hay propuestas que insisten en eliminar ese dinero a los partidos nacionales, no así a los partidos estatales o locales”.

Política y memes

Se cuestionó a Garmendia Gómez, que en su función política, ¿qué es lo que considera peor o más difícil en la política?, y su respuesta fue muy breve: “Mi función es fundamentalmente administrativa, no política”. Y al preguntarle, en palabras del reportero, ¿qué opinión le merece un Presidente de la República al que se le hacen chistes e incluso se le ofende abiertamente, y un Gobernador que en BCS no está en una situación muy diferente?, la Presidente del INE reiteró que aunque antes hacía análisis político, su función actual es administrativa.

Sin embargo, sí opinó que los tiempos actuales les hacen más difíciles estar expuestos, y parecería que los mandatarios son de quienes más quejas o burlas hay, pero a otros les hubiera tocado igual de haber existido el presente auge de las redes sociales. “Lo que sí pienso es que el actual Gobernador y el actual Presidente —al igual que cualquier figura pública—, gracias a los modernos medios de comunicación, estamos más expuestos (…) Probablemente hubiera ocurrido lo mismo con los anteriores”.

FOTO: El Sudcaliforniano.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A efecto de evitar la presencia ciudadana y poder concretar la simulación en el proceso de autorización al incremento en el costo del transporte público de La Paz, que se especula oscilará entre un 20 y un 40% —lo que significa que el pasaje costará de 12 a 14 pesos—, la sesión correspondiente se llevará a cabo en un pequeño recinto ajeno a la sede municipal, en día y hora atípico, pues se llevará a cabo en el salón del DIF Municipal ubicado en calle Nayarit, a mano izquierda, antes de llegar a los cuatro altos de la calle Ramírez, en la colonia Pueblo Nuevo, mañana lunes a las ocho de la mañana.

Se buscó un recinto ubicado en una zona sin estacionamientos públicos, de calles angostas, de acceso controlado, en el horario de mayor carga vehicular, pues coincidiría el traslado de los potenciales manifestantes con la hora de entrada de escolares y empleados.

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Este cambio de recinto, día y horario, hace de esta sesión lo más parecido a una sesión secreta, pues el objetivo es el mismo: minar la presencia activa de ciudadanos opositores al criminal incremento al precio del transporte público de La Paz, que a través de esta simulación van a concretar.

Todo este procedimiento de engaño y ocultamiento para perjudicar al sector poblacional más vulnerable de La Paz: los usuarios del transporte público, obedece a los fuertes compromisos económicos y políticos del Presidente Municipal y su camarilla con el pulpo del transporte.

Lo único cierto es que el transporte público, tal y como se encuentra actualmente estructurado, es un cáncer urbano, que subsiste en sus deficiencias única y exclusivamente por las complicidades y componendas entre concesionarios y servidores públicos.

Si para los concesionarios no es negocio, que renuncien a la concesión y listo. Abran las expectativas a otras opciones de servicio. Hay muchas alternativas funcionales.

Tenemos una dinámica de transporte urbano de mediados del siglo pasado. Aumentar la tarifa solo prolongará un par de años la estructura de un transporte público caro, contaminante, inseguro, antihigiénico e incómodo. Urge ya una red de transporte colectivo operativo, y no un consecutivo de incrementos periódicos que sólo enriquecen a los concesionarios y perjudican no sólo a los usuarios, sino a toda la red vial urbana.

FOTO: Colectivo Pericú.

El Ayuntamiento de La Paz debería ocuparse del tema con seriedad, pensando en funcionalidad a largo plazo, planeando y definiendo políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo con visión  y compromiso social, pero como estos bandidos del Ayuntamiento sólo tienen tres años para enriquecerse, en lugar de resolver el problema e iniciar un programa efectivo y ambicioso, de 20 ó 30 años de transición, como se hace en las ciudades de primer mundo, eligen pactar un chanchullo con el pulpo del transporte, y autorizarles mañana el incremento al costo del servicio, a cambio de subacuáticas daciones en pago o especie, que incluyen el acarreo de votantes cautivos durante el próximo proceso electoral.

Esto ocurrirá mañana a las ocho de la mañana, pues eligieron el lugar, día y hora para que actúe en su favor el mejor de sus cómplices, el más rentable de sus aliados: nuestra indiferencia y apatía ciudadana. Todo indica entonces que mañana festejaremos el cumpleaños de Baja California Sur, con un duro golpe al bolsillo del grupo social más desfavorecido.

A la inseguridad y la sangrienta escalada de violencia urbana, a la carencia de agua y al incremento de su suministro, se suma otra puñalada a la economía familiar de muchos paceños, que tendrán de enfrentar el incremento tarifario en el transporte público.

A menos que mañana acudamos todos, media hora antes de la hora programada para llevarse a cabo la sesión de cabildo, y les dejemos muy en claro –de manera pacífica y respetuosa—, que no estamos de acuerdo con su nefasto proceder.

¿Qué podemos hacer?

Diversas asociaciones de la sociedad civil nos convocan para manifestarnos en contra. La cita es en el salón del DIF Nayarit y Ramírez en la colonia Pueblo Nuevo, mañana lunes a las 7:30 de la mañana.

De sus archivos personales, doña Irma da a conocer fotos tomadas unos cuantos días después del ciclón Liza (30 de septiembre de 1976). En las fotos se ve el «Cerro Atravesado», zona donde muchas viviendas fueron arrasadas por el huracán. Esta región es entre El Cajoncito y la actual colonia Agua Escondida, en La Paz . Fotos: Irma del Carmen de la Peña León.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando le pregunté a doña Irma de la Peña sobre lo que vivió durante y después del ciclón Liza, no batalló en hurgar en su memoria: el recuerdo de hace 41 años lo tiene tan fresco como el lodo que cubría la treintena de cadáveres que vio de camino de la casa de su padre a la suya, luego de la fatídica tardenoche del 30 de septiembre de 1976 en La Paz. En entrevista exclusiva para CULCO BCS, la mujer relató, especialmente, la zozobra de los días posteriores al huracán. Los muertos. La incomunicación. La ayuda que nunca llegó.

Irma del Carmen de la Peña León tenía 29 años entonces, y estaba casada con el señor Alberto Azcárraga Martínez, y el hijo de ambos, Alberto, tenía sólo 6 meses de edad. El 30 de septiembre de 1976 era quincena y hacía calor, recuerda. Su padre, don Luis de la Peña Castro, con la intuición de los antiguos rancheros, urgió a su hija y familia para que se acomodaran en su casa, ubicada en Independencia y Altamirano, colonia centro —a una cuadra del Centro de Salud de la 5 de Mayo. Sin llevarse nada de su vivienda ubicada sobre la calle Colima en la colonia Infonavit —casa en la que la mujer aún vive—, en casa de su papá pasaron la noche del huracán que más muertos ha dejado en Baja California Sur, cifra en la que aún no logran ponerse de acuerdo ni las autoridades ni las fuentes que hay al respecto.

Lo que doña Irma más recuerda es el día siguiente: el 1 de octubre, cuando con su esposo e hijo se dirigieron a su casa en la colonia Infonavit. «Parecía que habían bombardeado La Paz«, dijo. En el transcurso de la casa de sus papás a su vivienda, cruzando a como podían por la Forjadores, asegura que desde la Secundaria Morelos hasta la Colima vio aproximadamente 30 o más ciudadanos muertos, semienterrados y llenos de lodo, quienes había sido literalmente lanzados a las calles por los arroyos. Muchos más no tuvieron la misma «suerte», pues la corriente los llevó directo al mar, sin que nunca se supiera de su paradero.

Debido al calor y los cadáveres en descomposición, pronto se generó una peste, y las autoridades se vieron en la necesidad de llevar en «camionadas» la enorme cantidad de muertos que dejó Liza en las calles. La señora cuenta que se supo que los llevaban en varios camiones, envueltos en sábanas, los cubrían con cal, y fueron apilados por grupos en una fosa común en Los Sanjuanes. Días después, algunas personas salieron a las calles a reclamar a los desaparecidos, pero nunca se supo de varios: fue inútil llevar un registro de los cadáveres, ya que para no acarrear infecciones el gobierno los enterró con la mayor premura posible. Junto con los muertos, se sepultaron muchos datos: al parecer no hubo periodistas que informaran la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir. Hasta la fecha, de lo acontecido hay información imprecisa, pendiente.

Volviendo al día siguiente, 1 de octubre, día en que doña Irma regresó a su casa de Infonavit, cuenta que hubo personas que lograron sobrevivir, literalmente, atados a los árboles o los techos, como fue el caso de una de sus tías y su familia cuando el agua inundó la casa habitación —»Liza fue mucho más agua que viento», señala—, y a como pudieron se amarraron con gruesos mecates del techo, subiendo de uno en uno por el lavadero. En el caso de esa vivienda de esos parientes, a sólo un par de cuadras de la Colima, por la Jalisco, el agua habría cubierto al menos un metro.

En la casa de Irma se perdió o echó a perder todo lo que estuvo impregnado por el espesor del agua, pese a todo, y habiendo sobrevivido ella y sus familiares más cercanos, cree que no fue nada comparado con lo que siguió. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en la casa de la Colima? Le pregunté. Dijo que nunca se sabría, el nivel del agua no era para haberse ahogado, pero tal vez, en medio de la desesperación hubieran salido en su carro para resguardarse, y —¿quién podría saberlo?— morir como el caso de un taxista y su familia que salieron en su vehículo y fallecieron todos ahogados, atorados por una corriente de agua.

Alrededor de un mes, doña Irma y familia estuvieron sin luz ni agua potable. Prácticamente invisibles del resto de la República Mexicana, estuvieron incomunicados. Se dice que el Gobierno del Estado recibió ayuda humanitaria de Estados Unidos, pero en palabras de la sobreviviente, aunque se murmuró que hubo barcos con grandes cargas con todo tipo de ayudas, ni ella ni sus conocidos vieron absolutamente nada. Doña Irma también recuerda que años después, se supo de osamentas encontradas en el fondo de algunos asentamientos, como en el frente de su casa: huesos humanos. Quién sabe quiénes serían y si alguien los habría reclamado alguna vez.

El 30 de septiembre de este año se cumplieron 40 años del ciclón Liza, la tragedia más grande de Baja California Sur. No hay una cifra oficial de muertos; los números van del medio millar hasta quienes creen que fueron alrededor de 10 mil personas. Tampoco hubo muchos eventos en la capital del estado que recordaran esta fecha.

Las fotografías aquí publicadas corresponden a los archivos personales de doña Irma del Carmen de la Peña León. Su esposo, don Alberto —ya fallecido—, las tomó sólo unos días después del ciclón, en octubre de 1976. Habían permanecido en sus álbumes fotográficos por décadas, hasta ahora. En las imágenes se alcanza a apreciar el «Cerro Atravesado», entre la zona de El Cajoncito y la colonia Agua Escondida, sitio donde hubo viviendas que fueron totalmente arrasadas por el viento y el agua que trajo Liza.