FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Buscamos que las empresas encuentren mayores incentivos para cumplir con sus obligaciones y contraten formalmente a personas jóvenes que, de otra manera, podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a una oportunidad laboral”, sentenció la diputada Karina Olivas Parra (PT) al presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado materia de fomento al primer empleo.

Olivas Parra precisó que la propuesta consiste en establecer un estímulo fiscal mediante una reducción del 100% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) durante un periodo de 12 meses a las empresas que contraten formalmente a personas jóvenes de primer empleo.

En tal sentido, la promovente indicó que no se trata de disminuir indiscriminadamente la recaudación estatal, sino utilizar de manera estratégica una parte del potencial del sistema tributario para incentivar una conducta económica deseable: la contratación formal de jóvenes y la creación de nuevos puestos de trabajo; es decir, no se busca reducir derechos, ni flexibilizar obligaciones patronales; por el contrario, se busca que las empresas puedan contratar formalmente a personas jóvenes.

Detalló, además, que el mecanismo que se plantea con dicha propuesta es el de un estímulo temporal y focalizado, por lo que, para evitar que el estímulo sea utilizado para sustituir empleos existentes, se propone establecer como requisito que los patrones no hayan realizado durante los 60 días anteriores a la contratación ni durante el periodo de aplicación del estímulo, despidos de personal permanente que desempeñen funciones iguales o similares a las que realizará la persona joven beneficiaria.

La iniciativa también condiciona el beneficio a la incorporación del joven trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y con ello que el primer empleo sea realmente un primer empleo formal, y no simplemente una ocupación temporal.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado probó un punto de acuerdo presentado por el diputado Omar Torres Orozco (PT) para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para implementar protocolos de movilidad, rutas alternas y la exención temporal del cobro de peaje cuando haya afectaciones al tránsito de las vías generales de comunicación.

Recordó que el pasado 1 de septiembre, a la salida de la carretera transpeninsular de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo, se registró un bloqueo por alrededor de 45 personas, entre familiares y amigos de dos familias que exigían avances en la localización de dos jóvenes reportadas  como desaparecidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Este bloqueo de la carretera transpeninsular provocó afectaciones a la ciudadanía, incluyendo estudiantes, trabajadores que se trasladan a sus centros laborales, que diariamente utiliza esta vialidad, así como a la actividad turística de la zona.

Las personas cabeñas tienen el derecho constitucional a la manifestación, sin embargo, debe ejercerse de manera responsable, evitando generar perjuicios a terceros y sin obstaculizar la movilidad, expuso el iniciador.

De ahí el llamado es garantizar el tránsito inmediato y seguro de ambulancias, bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad, respetando en todo momento los derechos humanos y el derecho a la manifestación y protesta social pacífica.

Además, exhorta también a CAPUFE a suspender temporalmente el cobro de peaje cuando manifestaciones o protestas afecten sustancialmente el libre tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció el desempeño de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), al destacar el fortalecimiento financiero de la empresa, la mejora de sus instalaciones y la generación de obras en beneficio de las comunidades sudcalifornianas.

Durante la Conferencia para el Pueblo, el director general de la API, Narciso Agúndez Gómez, informó que en 2025 los ingresos generados por la actividad portuaria crecieron 61.9 por ciento, al pasar de 269 millones de pesos en 2021 a 435 millones de pesos en 2025.

Precisó que este incremento fue resultado de mejoras en los procesos de recaudación, supervisión y acuerdos comerciales. Con estos recursos, la API BCS atiende tres principales rubros: el fortalecimiento de la empresa, la modernización de infraestructura y la realización de obras y acciones de responsabilidad social.

En este sentido, dio a conocer que se han destinado 182.23 millones de pesos a cuatro etapas y 38 acciones adicionales para modernizar el Puerto de Pichilingue, además de 28.3 millones de pesos para trabajos de dragado.

Entre las acciones de responsabilidad social se encuentra la rehabilitación de la dársena y el malecón del puerto de Loreto, con una inversión de 14.5 millones de pesos, así como la construcción del varadero para pescadores “La Playita”, en Santa Rosalía, con 61 millones de pesos.

También se realizó la reconstrucción del muelle turístico de Puerto San Carlos, con 20.4 millones de pesos, en colaboración con FONMAR, y se destinan 174 millones de pesos a obras en el malecón costero de La Paz. Asimismo, se trabaja en la rehabilitación del parque El Manglito y la construcción de una cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre.

Para 2027, se proyecta una quinta etapa de modernización del Puerto de Pichilingue, además de la rehabilitación y mantenimiento de bulevares en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Continuarán los trabajos en El Coromuel, la “Playa Inclusiva”, los 9.15 kilómetros del malecón costero y el muelle fiscal de La Paz, así como la conclusión del parque inclusivo “Todos a Bordo”.

Finalmente, el Gobernador destacó los resultados alcanzados por la API BCS y señaló que el fortalecimiento de la empresa permite continuar impulsando obras y acciones en beneficio de las comunidades de Baja California Sur.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Cristian Fabrizio del Castillo Miranda, representante del PRI en el Congreso del Estado, propuso elevar en Baja California Sur el porcentaje de las candidaturas jóvenes a un 30%.

Actualmente, la ley vigente considera una candidatura de fórmula joven para diputación local y una de cabildo; la propuesta busca reformar el Artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que el 30% de las candidaturas sean para personas jóvenes de entre 18 y 29 años cumplidos al día de la elección en candidaturas a diputaciones y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos del Estado.

Mediante reforma al Artículo 102 de dicha ley añade que “los partidos políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición en todas sus modalidades deberán garantizar que al menos el 30% de todas las candidaturas que se presenten a diputaciones tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, sean para personas jóvenes con edad entre 18 y 29 años cumplidos al día de la elección, asegurando una distribución alternada y equitativa en las fórmulas postuladas”.

De igual manera, faculta al Instituto Estatal Electoral (IEE BCS) para rechazar el registro del número de candidaturas en las que no se integre el 30% de las candidaturas juveniles, fijando al partido político un plazo improrrogable de 48 horas para la sustitución de estas.

Establece en los artículos transitorios que el IEE BCS contará con un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de su decreto, para realizar las adecuaciones a su Reglamento de Elecciones, lineamientos de registro de candidaturas, así como a los formatos. En tanto que los partidos políticos con registro ante el IEE BCS deberán adecuar sus documentos básicos, estatutos y reglamentos internos conforme al decreto en un plazo que no exceda 120 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, mediante la cual busca modernizar el trabajo legislativo y adecuarlo a los nuevos desafíos tecnológicos, científicos y sociales, a fin de fortalecer, desde el Congreso del Estado, el derecho de la población respecto al desarrollo de la ciencia e innovación.

Precisó que la reforma a los Artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en materia de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, para convertirla en la Comisión de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, atiende a las necesidades de la sociedad actual, aunadas a la llegada de la era digital e inteligencia artificial.

“Ante las necesidades de crecimiento de la economía mexicana, la ciencia, la innovación tecnológica y la creatividad deben ser piezas fundamentales para enfrentarlas. El desarrollo de México no solo depende del capital económico y de la mano de obra, sino también del avance científico, tecnológico y del entorno institucional que lo permita, estimule y detone”, añadió.

En tribuna, Saldaña Cisneros precisó que la iniciativa también atiende a diversas  modificaciones de ley, las cuales permitieron, entre otros, la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal, así como de la abrogación de la Ley de Ciencia y Tecnología del 20 de marzo de 2005 tras la llegada de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para Baja California Sur.

Concluyó al considerar necesario modificar la denominación actual de la comisión en comento, para convertirla en la nueva Comisión de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, coincidente y congruente con el objeto de la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente.